Uma campanha sobra a justiça

O eleitor brasileiro nunca discutiu ou votou no tipo de justiça que deseja. Desconhece quase tudo. Nada mais misterioso, secreto, insondável.

Esse distanciamento de uma justiça fechada em luxuosos palácios tem várias razões. Acontece, inclusive, para o povo, que tudo paga, desconheça quanto inacessível, cara, falha e faciosa.

Tudo na justiça é pago. Regiamente pago. Ganha quem paga mais.

Para falar com um juiz você tem que alugar os serviços de um advogado. Se não tem dinheiro (que bolsa família, que salário mínimo pode pagar um advogado?) precisa apresentar um atestado de miserabilidade.

Difícil, impossível, no país dos miseráveis, o pé no chão, ter direito à justiça gratuita. Faça um teste aqui para ver se consegue um advogado.

O certo a justiça brasileira fosse democrática. Social. Uma justiça justiça. Moro u?

ARGENTINA, JUSTICIA LEGITIMA PIDE DEFINICIONES A LOS CANDIDATOS NACIONALES Y LOCALES

Pide que los candidatos expliquen qué entienden por democratizar el Poder Judicial

Las reformas de los códigos, la oralidad de los procesos, la restitución del control de los fondos al Consejo de la Magistratura y la integración de la Corte Suprema son algunos de los ejes sobre los que los miembros del colectivo reclaman pronunciamientos.

El País/ Argentina

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“En este año electoral la cuestión de la Justicia no puede ser ignorada por las agrupaciones políticas que participan de los comicios a nivel nacional y local y todas ellas deben explicitar qué entienden por democratizar el Poder Judicial, de qué y de quiénes deben ser independientes los jueces y cómo se asegura el acceso a la justicia.” La agrupación Justicia Legítima propone de esta manera incluir en la agenda las cuestiones que competen al modelo de justicia que cada candidato propone. “Históricamente este tema nunca se trata en las campañas electorales y eso demoró la democratización de la justicia, el Poder Judicial, de hecho, no se renovó con el regreso de la democracia”, señaló a Página/12 Alicia Ruiz, jueza del Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires e integrante del colectivo que incluye a jueces, fiscales, defensores, funcionarios y empleados de tribunales de todo el país.

Los miembros de Justicia Legítima creen que si el modelo de Justicia nunca se incluyó en los debates de las campañas electorales es porque nadie estaba interesado en modificarlo. En cambio, el cuestionamiento de estas estructuras tradicionales fue casi la razón de ser de la irrupción de Justicia Legítima en diciembre de 2012. “Exhibir que el Poder Judicial no es una institución monolítica y uniforme fue y sigue siendo uno de los pilares de Justicia Legítima. Esa imagen que ha pretendido mostrar de sí mismo es, por el contrario, el resultado de la hegemonía de los sectores más corporativos que lo integran”, señalan sus miembros.

“Lo que no queremos es que se discutan fórmulas vacías de contenido”, explicó Ruiz, en alusión a quienes hablan de defender la “independencia judicial”, pero no explicitan a qué se refieren con esa frase. “No estamos dispuestos a conceder que estos temas se reduzcan a fórmulas efectistas, útiles para las campañas y aptas, a un tiempo, para evitar cualquier compromiso futuro. Es necesario que quienes aspiran a gobernar el país tomen posición respecto de cuál es la estructura, cuál es el papel y cuánta la importancia que le asignan a un poder del Estado de cuya conformación depende en buena medida que el orden democrático, el sistema de garantías y los derechos humanos se amplíen para asegurar más inclusión y más participación de todos y cada uno de nosotros”, afirma la agrupación.

En esa línea, Justicia Legítima enuncia temas concretos para poner sobre la mesa: las reformas de los códigos, la implementación de las leyes de organización de la Justicia y la oralidad de los procesos, la restitución del control de los fondos al Consejo de la Magistratura, son algunos de los ejes que propone, y que, según dice “no pueden ser dejados de lado ni reservados a los técnicos u obstruidas por quienes temen perder poder o privilegios”. Otro asunto de coyuntura importante es lo que llaman la “la ‘desintegración’ de la Corte Suprema” y la voluntad de algunos sectores de impedir su conformación plena, lo que afirman, “es una gravísima anomalía institucional que no puede persistir por la gravedad de sus consecuencias”.

“El imprescindible debate acerca de qué Corte queremos no puede obviar que aún debe completarse el número actual de sus miembros. Hay urgencia de cumplir con el diseño de la Constitución. La responsabilidad de aquellos que lo impidan no puede quedar impune. Las próximas elecciones habilitan al pueblo a decidir en las urnas qué modelo de Poder Judicial es más democrático, más plural y más preocupado por ampliar el marco de los derechos”, dicen. Ruiz destacó que la aparición de Justicia Legítima dio lugar al surgimiento de otras agrupaciones vinculadas a los tribunales y el derecho y que se revirtió la idea del Poder Judicial monolítico que representa a “la independencia”: “Hay muchos discutiendo de política desde el Poder Judicial y nos parece bien, no política partidaria, pero sí hay que decir que no somos todos iguales, no todos pensamos lo mismo, queremos distintas cosas, para el Poder Judicial y para la sociedad en que vivimos”.

“DESAFIO DE DEMOCRATIZAR” LA JUSTICIA. “El único Poder que el pueblo no vota”

El País/ Argentina

 

El ministro de Justicia destacó que “el voto es la base de la democracia” y dijo que, si no hay elección popular de representantes, “no es democracia, sino aristocracia”. Para el ministro Agustín Rossi, el fallo del máximo tribunal “legitima la legalidad corporativa”.

El kirchnerismo advirtió que, a pesar de que acatará el fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto la reforma del Consejo de la Magistratura y suspendió la elección popular de miembros de ese órgano, las reformas del Poder Judicial propuestas por Cristina Fernández de Kirchner podrían continuar a través de otras medidas y medios diferentes. En sintonía con lo que planteó la Presidenta en el acto por los 400 años de la Universidad de Córdoba, el ministro de Justicia, Julio Alak, sostuvo que la decisión del máximo tribunal es un escollo más en el “desafío de democratizar el único Poder que el pueblo no tiene posibilidad de votar” y anticipó nuevos pasos en ese sentido, al asegurar que “las luchas por la democratización nunca han sido fáciles”. En tanto, gobernadores alineados con la Casa Rosada y otros dirigentes políticos y sindicales criticaron la decisión de los magistrados y señalaron que ese mismo fallo es una prueba de la necesidad de avanzar con más cambios sobre los tribunales.

“Esperábamos que la Corte sacara una sentencia más democrática”, admitió Alak ayer al ser consultado por la decisión de la Corte Suprema. “¿Por qué tienen miedo de dejar que la gente vote, cuál es el problema?”, se preguntó el funcionario, que también sostuvo que “el pueblo nunca se equivoca y el voto es la base de la democracia”. Según recordó el ministro, la Argentina es “una república representativa” tal como establece la Constitución Nacional, pero sostuvo que, si un estamento puede elegir sus representantes sin la intermediación del voto popular, “no es democracia sino aristocracia”.

Otro miembro del gabinete que vertió su opinión sobre el asunto fue el titular de la cartera de Defensa, Agustín Rossi, quien dijo que el fallo “legitima la legalidad corporativa, dejando de lado la legitimidad popular”. Para el ex jefe de la bancada oficialista de la Cámara de Diputados (rol que cumplía cuando se aprobó la ley suspendida), “es malo que desestime como fuente de poder legítima la voluntad popular”, pero advirtió que “se seguirá debatiendo generando consensos” respecto del funcionamiento del Poder Judicial.

Por su parte, dos miembros del Consejo de la Magistratura alineados con el oficialismo criticaron en duros términos la decisión cortesana. “En el fallo de la Corte subyace un triple desprecio: a la soberanía popular expresada por el voto universal, al Congreso de la Nación en sus facultades y a los partidos políticos en general, a los que descalifica colocándolos como condicionantes de la independencia judicial”, dijo el senador Marcelo Fuentes. Para el neuquino, la sentencia implica “sostener” que “el voto debe ser calificado” y “sólo puede explicarse por una actitud en defensa del interés corporativo” de jueces y abogados.

“El debate en torno de la democratización de la Justicia continúa”, advirtió el legislador, anticipando también nuevas medidas sobre este tema. Hernán Ordiales, compañero de Fuentes en el Consejo como representante ante ese órgano del Poder Ejecutivo, fue más allá al afirmar que pese al fallo adverso de la Corte Suprema “no quedará en la nada” la reforma del Poder Judicial. “Creo que si la idea fuerza de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner es suficientemente importante, como yo creo que es desde el punto de vista de la filosofía política, va a terminar por consolidarse.”

El gobierno nacional también recibió el apoyo de gobernadores aliados, quienes criticaron asimismo a la Corte. Es el caso del tucumano José Alperovich, quien sostuvo que la sentencia “viola la voluntad popular” porque suspende “una ley aprobada en ambas Cámaras”. Por su parte, el mandatario de Jujuy, Eduardo Fellner, consideró que “con el fallo pierde la sociedad argentina en su conjunto”. En tanto, el entrerriano Sergio Urribarri calificó la decisión del máximo tribunal como “un resabio del pasado”, pero advirtió: “En modo alguno quiere decir que vayamos a renunciar a seguir accionando desde la política para democratizar las instituciones del país”.

El senador Aníbal Fernández insistió sobre la misma idea: “No nos vamos a detener; hay que seguir luchando hasta conseguir que sea la voluntad popular la que elija a los representantes en el Consejo de la Magistratura”. En tanto, el diputado Carlos Kunkel fue más allá y acusó al titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, de utilizar este fallo de “trampolín para dar un salto a la política” por sus “aspiraciones de llegar a la presidencia de la Nación”.

 

Argentina. Se busca consolidar “un gobierno de los jueces”

 

 

Juliana Di Tullio: “No quieren someterse a elección”

La presidenta del bloque de diputados oficialista consideró que el fallo de la jueza electoral María Servini de Cubria, que suspendió la elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura, pretende que “la Justicia siga estando lejos de los ciudadanos” y sostuvo que esa medida, además, “es la reafirmación de la pertenencia a una corporación”.

“El tema es que no quieren someterse a elección por parte de la ciudadanía y eso es un problema de concepción, no jurídico; no estamos discutiendo si es constitucional o no”, interpretó Juliana Di Tullio durante una entrevista en la que destacó la necesidad de apelar ese fallo de fondo que declara inconstitucionales a cuatro artículos de la reforma del órgano que controla y designa jueces.

La jefa de los diputados del Frente para la Victoria sostuvo que “la Constitución dice que nos regimos por un sistema representativo, republicano y federal, y no pone primero representantivo porque sí”, y recordó que “los representantes del pueblo los hemos invitado (a los jueces) a reflexionar, a salir de la corporación donde 700 jueces eligen al juez que va a ser parte del consejo de la magistratura”.

“Estamos además en un proceso electoral y frenarlo es una muy mala noticia para los ciudadanos”, afirmó Di Tullio, para quien “es una barbaridad que se siga diciendo a esta altura que un juez viene de un repollo. Todo juez representa a alguien, tiene historia política. No son hombres y mujeres alados que no vienen de ningún lugar”.

En 2001, “cuando confiscaron los depósitos de los argentinos, ¿fueron tan rápidos para declarar inconstitucional una medida del estado? ¿Al lado de que intereses están?”, planteó.

Domínguez: “La justicia debe perder su temor frente al pueblo”

Al referirse al pronunciamiento de la jueza federal con competencia Electoral, María Servini Cubría, que declara la inconstitucionalidad de la elección directa de los miembros del Consejo de la Magistratura, el titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, aseguró que “el artículo 114 de la Constitución Nacional, que crea el Consejo de la Magistratura, establece que la representación se hará en la forma y proporción que la ley instrumente” y destacó que la ley que plantea la modificación “emana de los representantes de la voluntad popular” en el Congreso.

Aníbal Fernández: “Preocupan los jueces que quieren gobernar”

Al ser consultado por el fallo de la jueza María Servini de Cubría que declaró inconstitucional la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, el senador kirchnerista criticó a los magistrados que con sus decisiones pretenden “entrometerse en la vida de la República”, sobre todo cuando se trata de “una ley que salió del Congreso y fue votada como corresponde”.

Durante una entrevista radial, Aníbal Fernández hizo referencia a “esta locura de otra vez volver a tolerar que los jueces quieran gobernar por los argentinos” y dijo no tener “ninguna duda” de que hay entre los jueces “una fuerte defensa corporativa, irrestricta, que termina siendo nociva para el bien común”.

El senador se manifestó “preocupando, y mucho”, y recordó “los desaguisados de fines la década del `90 y principios de la década pasada” que “hizo que los jueces creyeran que tienen facultades para gobernar”. Y en este sentido reiteró su defensa a la reforma del Consejo, enmarcada en el programa de democratización de la Justicia que impulsó el Ejecutivo nacional.

Por eso, consideró que, con su fallo, la jueza Servini de Cubría demostró que, para ella, “la voluntad popular no tiene ningún peso específico” y que, en cambio, sí lo tienen “instituciones muy respetables pero que ni siquiera son mencionadas en la Constitución Nacional sino que son instituciones de la coyuntura”.

Miguel Ángel Pichetto: El jefe de los senadores kirchneristas recordó que lo sucedido  con la ley de medios, que “tuvo un debate previo importante en la sociedad y luego en el ámbito propio del Congreso y está paralizada desde hace casi cuatro años”.

Cuestionó lo que denominó “la justicia cautelar” que “se ha ido consolidando y que no permite avanzar en reformas que el Parlamento ha votado, con supuestos visos de inconstitucionalidad y con argumentos muchas veces interesados en su propio sector”.

El legislador opinó que existe una distorsión “cuando los jueces quieren legislar” y aseguró que en Argentina “lo vienen haciendo, impidiendo la aplicación de las leyes o reformándolas en parte, anulando contenidos de algún artículo o incluso decretando la inconstitucionalidad de toda la ley”.

Criticó que uno de los argumentos de la jueza Servini para declarar la inconstitucionalidad de la ley sea la mención de una falta de equilibrio, al afirmar que “el concepto del equilibrio siempre es una apreciación de carácter muy subjetiva. Alguien puede decir que no tiene equilibrio y te voltean cualquier cosa“.

 

 

“¿Cómo puede ser que la justicia sea siempre para los poderosos, los que más tienen, para los que nos aplastan, nos reprimen y nos golpean?”

“¿Cómo un pueblo puede pensar bien de una Corte Suprema que nunca se pronuncia para el lado de los pobres, de los que más sufrimos? ¿Cómo puede ser que no podamos sentir la justicia en su plenitud, como corresponde?”

Anne Derenne

La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, escribió una carta abierta a los magistrados del máximo tribunal en la que les pide que “en este momento en donde hay tantas cautelares, en donde hay tanta injusticia, que ustedes alguna vez se pongan del lado del pueblo, no puede ser todo el tiempo del lado de las corporaciones” e insiste: “Tal vez ustedes nunca entendieron a las Madres, no entendieron lo que nos pasó, pero por favor entiéndannos ahora”.

Al inicio del comunicado, Hebe resalta que “hace mucho tiempo que las Madres esperamos justicia. Hace muchos años, para algunos no serán tantos pero para nosotras sí, que venimos luchando por la justicia, exactamente 36 años. Si bien hemos conseguido algunas cosas, no son todas las que queremos”.

Luego, la referente de Madres de Plaza de Mayo destaca el paquete de seis leyes promulgados por el Congreso Nacional e impulsado por el Ejecutivo para “democratizar la justicia” al mencionar que la reforma que “propone Cristina nos llenó de alegría, nos llenó de satisfacción, nos llenó de sorpresa pero también de responsabilidad, por eso sentimos la necesidad de escribirles a ustedes: a los señores de la Corte Suprema de Justicia, que para nosotros ha sido siempre la Corte Suprema de la Injusticia”.

En ese sentido, Hebe apunta: “¿Cómo un pueblo puede pensar bien de una Corte Suprema que nunca se pronuncia para el lado de los pobres, de los que más sufrimos? ¿Cómo puede ser que no podamos sentir la justicia en su plenitud, como corresponde? ¿Cómo puede ser que la justicia sea siempre para los poderosos, los que más tienen, para los que nos aplastan, nos reprimen y nos golpean?”

“Señores de la Corte Suprema no la voy a hacer muy larga: en nombre de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y los más de 30.000 desaparecidos que dieron su vida por una patria mejor, les pido por favor que alguna vez se pronuncien de nuestro lado para que las Madres empecemos a sentir que alguna vez, aunque sea de a gotitas, la Corte Suprema está cambiando”, afirma la referente en Derechos Humanos.

Y finalizó: “Los saludo a todos los miembros de la Corte Suprema con un grito en mi garganta en donde les digo: Señores, por favor queremos empezar a pensar que ustedes realmente son hombres y mujeres que piensan en la igualdad y en este saludo quiero decirles que tal vez ustedes nunca entendieron a las Madres, no entendieron lo que nos pasó, pero por favor entiéndannos ahora”. (Página 12, Buenos Aires)

CORPORACION DE MAGISTRADOS: “Una asociación que protege más intereses personales”

Por Ailín Bullentini

 

Desde que la iniciativa de Justicia legítima comenzó a tomar forma, continúa creciendo el grupo de jueces que decidieron formalizar su inconformidad con la añeja Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. Hay quienes manifiestan lentamente su rechazo a ese grupo al que definen como “corporativo” y “elitista”. Y están los que expresaron un “no va más” tajante al sistema “corporativo”, “cerrado” y “conservador” que propone ese colectivo, fundado en 1928, y lo concretaron en cartas de renuncia.

“No quiero pertenecer a un organismo que considere que el interés de la sociedad toda sea subalterno al de sus socios”.

“Se trata de una asociación que busca proteger más intereses personales que valores que hacen al buen funcionamiento de la Justicia, como por ejemplo la independencia de los jueces”.

“La sociedad toda le está pidiendo a la Justicia un cambio de mirada que la enfoque más, que abra las puertas”. Leer más 

Hay una jueza que “exige que los empleados se pongan de pie” cuando entra al juzgado

En su cuenta oficial de Twitter, Cristina Kirchner destacó  el reportaje que le hizo el diario Página 12 a la presidenta de la Cámara Criminal y Correccional para hablar “sobre cómo, quiénes y por qué quieren frenar la elección popular del Consejo de la Magistratura votada por mayoría absoluta del Legislativo”, según enumeró la jefa de Estado, quien dijo: “Pocas veces tanta crudeza y verdad”.

“Cómo vienen la mujeres en la Justicia, como Matrix, recargadas”, bromeó la mandataria, al remarcar la alusión que Garrigos de Rébori hizo a los ataques que sufre la procuradora Alejandra Gils Carbó, en contraposición con “un fiscal con distintas velocidades de actuación. Un clásico extensivo a jueces, camaristas, fueros y otras yerbas”, destacó Cristina en alusión a Guillermo Marijuán.

“La reflexión sobre politización de la Justicia merece capítulo aparte: ‘Basta mirar quiénes están sentados en el Consejo. Está Recondo y… ¿Quién es Recondo? ¿Es apolítico?’, se pregunta. ‘No, fue secretario de Justicia de Alfonsín’ (eso lo dice la periodista)”, reseñó Fernández de Kirchner, al destacar el tramo en el que la magistrada hacía referencia a la reforma judicial que establece el voto popular para la elección de integrantes del Consejo de la Magistratura. “O sea que es radical. ‘Hizo campaña diciendo que era anti kirchnerista’ (eso también lo dice la periodista). Pocas veces tanta crudeza y verdad. Mujer tenía que ser”, acotó CFK sobre Rébori.

“También aborda el ataque despiadado sobre la procuradora fiscal de la Nación Dra. Alejandra Gils Carbó por el nombramiento de fiscales subrogantes y ad hoc”, continuó la Presidenta que transcribió la contundente respuesta de la entrevistada: “No parece casual que todos los fiscales cuestionados son los que investigan narcotráfico, trata, tráfico de armas y lavado”. En su cuenta de la red social, Cristina Fernández destacó la tapa de la edición de ayer de este diario en la que Rébori “dispara ‘Para la gente la Justicia no es justa’. Imperdible reportaje. Habla sobre reforma y cambio de la lógica judicial”.

Los dichos de Rébori sobre la reforma del Consejo de la Magistratura recibió numerosos elogios de la Presidenta, quien también destacó notas publicadas ayer en otros medios. “`Lo que han hecho es directamente un forum shopping’. Por dios, ¿qué es eso?”, se preguntó, y rápidamente se respondió: “Fórum Shopping: Dícese de la práctica corriente y conocida en el Poder Judicial de elegir el juez que va a fallar lo que vos quieras. Simple: el juez te va a dar la razón, aunque la Constitución, la ley, la jurisprudencia y María santísima digan otra cosa”.

“Es la primera vez que alguien de la magistratura verbaliza públicamente esta verdadera corruptela judicial”, dijo CFK, apuntando el mecanismo que denuncia la jueza, en el que describe cómo distintos integrantes de la Justicia “presentan amparos y cautelares en todos lados, van probando, hasta que enganchan uno y consiguen lo que quieren: parar la ley”. A su vez la Presidenta no se privó de enviar un mensaje al gremio judicial, al pedir “un sindicato ahí”, luego de explicara que Garrigó cuenta que en su fuero hay una jueza que “exige que los empleados se pongan de pie” cuando entra al juzgado. “Alguien tiene que avisarles a esos trabajadores que las prerrogativas fueron abolidas por la Asamblea del año XIII.”

La jueza María Laura Garrigós de Rébori, flamante titular de Justicia Legítima, criticó las denuncias hechas para frenar la elección popular del Consejo de la Magistratura y calificó a esa andanada como “fórum shopping”, en alusión a la práctica de elegir el juez más conveniente.

“Lo que han hecho es directamente fórum shopping. Presentan amparos y cautelares en todos lados, van probando, hasta que enganchan uno y consiguen lo que quieren: parar la ley. Me parece una barbaridad que la Asociación de Magistrados se presente así, por derecho propio, diciendo: somos jueces, no queremos esta ley de esta manera”, criticó Garrigós.

Garrigós, que preside la Cámara Criminal y Correccional, asimismo aseguró que la reforma judicial “cambia” la vida de la gente y remarcó que “las cámaras de casación pueden ayudar mucho a resolver más rápido los planteos de arbitrariedad de las sentencias, que demoran en la Corte”

En la entrevista la jueza además opinó que la ley de medidas cautelares “tal como quedó, está bien y no tiene inconvenientes”.

“Una cautelar no puede durar más de seis meses. Si presentás un amparo por ejemplo de salud, tiene que ser resuelto rápido. De igual modo, es lógico partir de que el Estado es solvente, siempre va a pagar (en reclamos económicos)”, señaló.

Garrigós también se refirió a Justicia Legítima y destacó sobre la asociación que “nunca antes nos habíamos insertado en el conocimiento del hombre de a pie. Hoy mi vecina sabe qué es `Justicia legítima`”.

242 mortos e ninguém preso. O povo precisa eleger a justiça. Escolher no voto direto como vai acontecer este ano na Argentina

Nesta quarta-feira, mais de quatro meses após a tragédia da boate Kiss, dois sobreviventes deixaram o hospital, em Porto Alegre. Os estudantes Cristina Peiter, 23 anos, e Marcos Belinazzo Tomazetti, 25, estavam internados no Hospital de Clínicas. Cristina estuda Engenharia Florestal na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), e Marcos cursa Agronomia na mesma universidade.

Cristina teve 20% do corpo queimado e precisou ficar 25 dias internadas na CTI.

 

Ela passou 18 dias em coma induzido. O pai da jovem foi buscá-la na Capital na quarta. Os dois viajaram para a cidade de Casca, no Noroeste do Estado. Marcos, que também sofreu queimaduras, é natural de Dom Pedrito.

Para comemorar o feito, a justiça mandou soltar quatro réus. A decisão revoltou os familiares dos 244 mortos e centenas de sobreviventes. Inclusive dois ainda seguem internados em Porto Alegre. São duas jovens, Renata Ravanello, 25 anos, que está no Clínicas, e Ritchieli Pedroso Lucas, 19, internada no Mãe de Deus.

Justiça manda soltar

Tribunal justifica que não há motivos para manter prisões. Decisão revoltou familiares de vítimas da Kiss

por Luiz Roese

 

O que restou para os familiares de vítimas, depois da decisão judicial do Tribunal de Justiça do Estado (TJ-RS) que determinou a soltura dos quatro réus presos do processo da tragédia da Boate Kiss foi muita indignação e revolta. Como protesto, um grupo de aproximadamente 30 pessoas chegou a trancar por alguns minutos o trânsito na Avenida Borges de Medeiros, em frente ao TJ-RS, em Porto Alegre, depois da sessão de julgamento da 1ª Câmara Criminal.

“Tenho vergonha de ser brasileiro”, resumiu o presidente da Associação de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria (AVTSM), Adherbal Ferreira, logo depois do julgamento na 1ª Câmara Criminal que concedeu a liberdade aos quatro acusados. Ele havia saído na manhã de ontem de Santa Maria em um ônibus que levou cerca de 40 pessoas à Capital para acompanhar a sessão no TJ, à tarde.

“A responsabilidade pela integridade física dos quatro é dos desembargadores que colocaram eles na rua”, disse Ildo Toniolo, pai de uma vítima que foi a Porto Alegre para acompanhar a sessão do TJ. A decisão do TJ beneficiou os dois sócios da Kiss, Elissandro Spohr e Mauro Hoffmann, e os dois integrantes da banda Gurizada Fandangueira, o vocalista Marcelo de Jesus dos Santos e o produtor Luciano Bonilha Leão.

No primeiro habeas corpus relacionado à tragédia que foi analisado pela 1ª Câmara Criminal, foi julgado um pedido do advogado Jader Marques, que defende Elissandro Spohr, o Kiko, um dos sócios da Boate Kiss. Na solicitação, o defensor se refere ao que é chamado, no direito, de “inépcia da denúncia”. Marques entende que ela não deveria ter sido recebida pelo Judiciário ou poderia ter sido recebida em parte.

O advogado da AVTSM, Jonas Espig Stecca, foi ao TJ para fazer uma sustentação oral contra o pedido de Marques, mas sua exposição não foi permitida pelo desembargador Manuel José Martinez Lucas, que já julgou outros pedidos relativos à tragédia. O magistrado foi acompanhado em sua posição pelo também desembargador Julio Cesar Finger e pela juíza convocada Osnilda Pisa.

O pedido de Jader Marques foi negado por unanimidade, o que deu uma animada nos familiares que acompanhavam a sessão. Mas o julgamento que veio logo a seguir derrubou essa impressão.

O que estava em jogo era um habeas corpus do advogado Omar Obregon, que pedia a liberdade do vocalista da banda Gurizada Fandangueira, Marcelo de Jesus dos Santos. Apesar de a promotora Angela Salton Rotuno ter se manifestado contra a soltura dos presos, o relator deu seu voto se manifestando contra a manutenção da prisão dos acusados. “Temos que mudar o paradigma de que a polícia prende e a Justiça solta”, argumentou a promotora.

Mas foi justamente o que aconteceu. Em seu voto, Manuel José Martinez Lucas sustentou que não havia mais motivos para a prisão preventiva dos acusados. Um dos argumentos era o clamor público, mas, segundo o desembargador, agora ele estaria restrito ao “foro íntimo” dos familiares das vítimas. Outro motivo que poderia ser usado para a manutenção das prisões é uma “ameaça à instrução” do processo, mas, para Lucas, isso “precisaria ser mais concreto”. “Para o bom andamento do processo, o mais conveniente é a liberdade dos presos”, declarou Lucas.

Os outros magistrados tiveram o mesmo entendimento de Lucas. Finger disse que foi “a decisão mais difícil de sua vida”. Já a juíza Osnilda disse que os magistrados tinham que ser racionais. “E preciso ter coração, mas é preciso razão”, disse a magistrada.

 

Argentina. Diputados aprobó el ingreso democrático al Poder Judicial

Con 130 votos a favor, la Cámara baja sancionó anoche la ley que fija las pautas para el ingreso democrático e igualitario de personal al Poder Judicial, con los cambios introducidos en el Senado. Era el único de los seis proyectos de la reforma impulsada por el Ejecutivo que aún no había sido aprobado.

Cavani Rosas

Tras aprobar el blanqueo de capitales, el Frente para la Victoria y sus aliados consiguieron aprobar el último de los proyectos de modificaciones referido a distintos aspectos del funcionamiento la Justicia. Diputados avaló los cambios que fueron introducidos en el texto de la iniciativa por el Senado.

Los cambios realizados en la Cámara alta partieron de sugerencias que hizo llegar la Corte Suprema al Parlamento y que aceptó el Ejecutivo. Entre las modificaciones figura la concesión al reclamo de los magistrados del fuero federal de poder continuar con la designación directa, y ahora en forma “excepcional”, de los cargos de relator de cámara y secretario privado de primera instancia, aunque estos agentes “no podrán ser promovidos a planta permanente en forma definitiva”. El juez también podrá designar en forma directa dos cargos letrados, pero en las mismas condiciones que los anteriores.

Otra de las modificaciones fue descentralizar los concursos públicos para la designación de todos los cargos a la Justicia, que de acuerdo con el texto original del proyecto iban a estar en manos del Consejo de la Magistratura. Los cambios ahora establecen que la Corte Suprema se encargará de los concursos para el ingreso de personal (desde un empleado hasta un secretario) al Poder Judicial; la Procuraduría hará lo mismo para los distintos cargos en el Ministerio Público Fiscal, de igual modo lo resolverá por su parte la Defensoría, mientras que el Consejo de la Magistratura tendrá a cargo sólo los concursos de su propio personal.

Además del ingreso democrático e igualitario de personal al Poder Judicial y al Ministerio Público de la Nación a través de concursos públicos, la reforma impulsada por el Ejecutivo incluyó una reestructuración del Consejo de la Magistratura que, además de ampliar su conformación, estableció la elección a través del voto popular de los nuevos consejeros, aspecto que fue objetado judicialmente por sectores opositores, jueces, abogados y algunas ONGs.

Ya habían sido aprobadas también la regulación de las medidas cautelares en causas en las que el Estado o sus entes descentralizados son parte; la creación de tres nuevas cámaras de casación; la difusión de las resoluciones y acordadas de la Corte de los tribunales de segunda instancia; y la publicidad de las declaraciones juradas de jueces y funcionarios públicos. (Página 12)

 

Conselho da Justiça da Argentina vai ser eleito pelo povo

 

Apenas quedó promulgada la ley de reforma del Consejo de la Magistratura y formalizada la convocatoria a la elección popular de consejeros para el 27 de octubre, comenzó la lluvia de amparos, medidas cautelares y planteos de inconstitucionalidad que intentan frenar su aplicación. Ayer a la noche, en el juzgado electoral de María Servini de Cubría contabilizaban nueve presentaciones judiciales, mientras en el fuero Contencioso Administrativo recayeron por lo menos seis más. La mayoría son promovidas por fuerzas políticas de la oposición y desde entidades de las corporaciones de jueces y de abogados, además de particulares. La estrategia compartida por varios de ellos fue hacer demandas con argumentaciones variadas –aunque todas apuntan a lo mismo– y en fueros diferentes, con la expectativa de que alguna tenga éxito. En el mismo sentido, también anuncian planteos en varias provincias.

La ley de reforma del Consejo de la Magistratura, el organismo que elige y promueve la sanción o acusación contra jueces, quedó promulgada ayer. La nueva norma prevé la ampliación del número actual de 13 consejeros a 19 e incluye la elección a través del voto popular de 12 de ellos. Hasta ahora los elegían las propias corporaciones. Pero el Poder Ejecutivo dispuso que la votación de consejeros jueces, abogados y académicos o científicos se realice este año junto con las legislativas, el 27 de octubre, después de que sean elegidos los candidatos en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), el 11 de agosto.

La mayoría de las presentaciones judiciales cuestiona, con distintas fórmulas: el mecanismo para que a los consejeros de la Magistratura los elijan los ciudadanos de a pie; la nueva integración del cuerpo, que aumenta el número de científicos y académicos de uno a seis, además de añadir un consejero abogado; la sustitución de la mayoría agravada (dos tercios) hasta ahora requerida para elegir jueces o mandarlos a juicio político por una mayoría de la mitad más uno de los presentes; el requisito de que para que una lista de candidatos a consejeros pueda adherir a la de legisladores nacionales, tiene que tener la misma denominación en al menos 18 de los 24 distritos.

Según el titular de la Asociación de Magistrados (Amfjn), Luis Cabral, la reforma es una “vía de politización partidaria” del Consejo, que “afecta el equilibrio” del cuerpo que prevé la Constitución Nacional y otorgará “predominio a una mayoría electoral circunstancial”. “Los que somos jueces no tenemos ninguna pretensión de gobernar. Pero tenemos una obligación de constitucionalidad sobre los actos de otros poderes del Estado”, señaló el juez, como quien advierte a sus colegas qué deberían hacer con los amparos. También dijo que en caso de que la jueza electoral les rechace la presentación, es factible que recurran a la Corte Suprema con un “per saltum”.

La Amfjn abrió expedientes por dos vías. La entidad, como tal, se presentó en el juzgado de Servini de Cubría pidiendo que suspenda la aplicación de la ley del Consejo hasta que se resuelva el debate de fondo. Lo hizo con representación de abogados de dos orígenes políticos distintos: Alberto García Lema, del peronismo, y Enrique Paixao, de la UCR. Por otro carril, un grupo de camaristas de la Asociación (Lidia Soto, Mario Filozof, Diego Barroetaveña, Gustavo Valle, Fernando Ramírez y Héctor Guisado) pidieron, en su carácter de jueces, una acción declarativa de inconstitucionalidad en el fuero contencioso administrativo.

En el fuero electoral se presentaron también dos listas del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, entre ellas la de su titular, Jorge Rizzo; el radicalismo; el Frente Amplio Progresista (FAP) –el socialista Hermes Binner, Margarita Stolbizer (GEN), Víctor De Gennaro (Unidad Popular), Humberto Tumini (Libres del Sur) y Luis Juez (Frente Cívico)–; los diputados Elisa Carrió (Coalición Cívica) y Pino Solanas (Proyecto Sur); la diputada Patricia Bullrich (Unión Por Todos); el diputado nacional Alberto Asseff (Frente Peronista) y el partido El Movimiento. Al fuero Contencioso Administrativo recurrieron también el Colegio de Rizzo, la Federación de Colegios de Abogados (FACA), la agrupación Será Justicia y abogados particulares. Los jueces que intervendrán en distintos casos son María Alejandra Biotti, Esteban Furnari, Enrique Lavié Pico, Pablo Cayssials y Liliana Heiland.

El titular de la FACA, Ricardo de Felipe, planteó una demanda en San Nicolás. Pero desde esa entidad anunciaron que la intención es reproducir la apertura de causas y de pedidos de inconstitucionalidad en varias provincias. Lo que buscan las corporaciones de jueces y abogados al diversificar sus denuncias y argumentos es tener éxito aunque sea en el juzgado menos pensado. Mucho antes de que el Ejecutivo promoviera una ley que restringe el dictado de medidas las cautelares, la Corte advirtió que los jueces no deberían abusar de ellas ni usarlas para suspender íntegramente la aplicación de una ley. Eso equivaldría a legislar. Fue después de que jueces de Mendoza y Salta suspendieran la ley de medios con efectos generales.

Según las objeciones que plantea la mayoría, la Constitución habla de que los consejeros son “representantes” de sus estamentos, por lo tanto los jueces deberían elegir a los jueces, los abogados a los abogados y los académicos a los académicos. Alegan, a su vez, que las mayorías requeridas para aprobar concursos y sanciones afectan la “independencia externa” del Poder Judicial y el estado constitucional de Derecho. Sostienen que al modificar el número de consejeros y las mayorías se afecta el equilibrio porque el oficialismo concentra cuanto menos poder de veto.

“Somos un poder del Estado, no una corporación”, dijo ayer Cabral, apelando a una frase casi idéntica a la que usó el año pasado el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, después de la primera solicitada, con la que entró en escena “Justicia legítima”.

Según el cronograma establecido por el Gobierno, el 12 de junio vence el plazo para presentar alianzas electorales y el 22 es el límite para la presentación formal de candidaturas. Mientras que Cabral y algunos de sus colegas sostienen que pretenden ser “elegidos” por sus “pares” como consejeros y que no van a aceptar otros términos, el radicalismo anunció la posibilidad de armado de una alianza entre todos los partidos de oposición para postular consejeros en caso de no obtener ninguna medida judicial a su favor (ver aparte). De todos modos, en ese caso, habrá que ver cómo hacen para presentar una lista adjuntada a la de legisladores mientras esté vigente la exigencia de tener igual nombre en la mayoría de las provincias. Como sea, todo el mundo, por lo bajo, ya está barajando nombres.

Si la votación se hace finalmente en las PASO y luego en octubre, quedará conformado un Consejo de la Magistratura de transición de 25 integrantes, ya que los miembros actuales terminarán sus mandatos recién en noviembre de 2014, pero ya serán elegidos 12 nuevos consejeros: seis académicos o científicos de distintas disciplinas, que pueden ser bien distintas del derecho; tres abogados y tres jueces. Todos postulados vía partidos políticos.

El domingo último, el periodista Horacio Verbistky mostraba que la teoría de que el Consejo va a quedar en manos del Gobierno, que quiere controlar el organismo, no se sostiene si la oposición ganara las elecciones, que dominaría la mayoría.

Como próximos pasos, los jueces que han recibido amparos y presentaciones variopintas analizarán si tienen de competencia en el caso y si advierten alguna urgencia, tal vez alguno suspenda la ley. Lo que sea, terminará en la Corte Suprema, donde, por las dudas, ya ayer el mediático Ricardo Monner Sans planteó uno de sus clásicos reclamos. En el Gobierno anoche aguardaban cautelosos, y preferían no hacer pronósticos.

Confianza en la elección

“Confiamos en que el 27 de octubre puedan elegirse los integrantes del Consejo de la Magistratura. Estamos dentro de los tiempos administrativos contemplados para que la elección por voto popular del Consejo pueda concretarse”, señaló el jefe de la bancada del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, luego de que se promulgara ayer el proyecto de elección popular de los integrantes del órgano político de la Justicia. La ley forma parte del paquete de seis medidas impulsadas por el Poder Ejecutivo para lograr “la democratización de la Justicia”, así, amplía de 13 a 19 el número de miembros y establece la designación de 12 de ellos por voto popular y fue puesta en marcha con su publicación en el Boletín Oficial junto a la convocatoria para que en las primarias del 11 de agosto se elijan los candidatos que competirán en octubre. En medio de la ola de presentaciones judiciales por parte de la oposición y colegios de abogados para impedir la puesta en práctica de la norma, Rossi destacó que “la reforma no tiene ningún atisbo de inconstitucionalidad; por el contrario, alienta el mecanismo de participación” que busca la Constitución nacional.

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La ley, que reforma la composición y forma de elección de los integrantes del Consejo de la Magistratura, entró en vigencia a través de los decretos 576 y 577/2013 que publica hoy el Boletín Oficial con las firmas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner; del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina; y del ministro de Justicia, Julio Alak.

Pero, tal como habían adelantado representantes de abogados, jueces y partidos políticos de oposición, apenas sancionada la ley por el Congreso de la Nación, el 8 de mayo último, la Justicia recibió presentaciones de amparo pidiendo una medida cautelar que suspenda la elección de consejeros de jueces, académicos y abogados por voto popular.

Las primeras presentaciones fueron realizadas por los presidentes del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo, y de la Unión Cívica Radical, Mario Barletta, mientras que el titular de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Luis María Cabral, adelantó hoy en declaraciones radiales que hará lo mismo.
No obstante estas presentaciones ante la Justicia, el titular del bloque oficialista en la Cámara baja, el diputado Agustín Rossi, se mostró optimista respecto a que se cumplan los pasos necesarios para que el 27 de octubre los ciudadanos puedan ir a las urnas no sólo para elegir diputados y senadores, sino también consejeros abogados, jueces y académicos para integrar ese organismo.

“Confiamos en que el 27 de octubre puedan elegirse los integrantes del Consejo de la Magistratura. Estamos dentro de los tiempos administrativos contemplados para que la elección por voto popular del Consejo pueda concretarse”, dijo Rossi a Télam.

Con la formalización de la convocatoria para la elección por el voto popular de los consejeros abogados, jueces y académicos realizada hoy por el Poder Ejecutivo, y mientras la Justicia decide si da lugar o no a los amparos, los partidos políticos comenzaron a trabajar en el armado de listas, ya que el plazo concluye el 22 de junio.

En este marco, el jefe del bloque radical, Ricardo Gil Lavedra, reconoció hoy que existía “acuerdo entre casi todos los partidos políticos de oposición”, incluyendo al PRO y al Peronismo Federal, para ir “en una sola lista” a la votación de miembros del Consejo de la Magistratura, aunque “con una boleta suelta” y no adherida a la de diputados y senadores.
El jueves último, el senador puntano Adolfo Rodríguez Saá, del Peronismo disidente, adelantó su intención de ser candidato a consejero para este cuerpo del Poder Judicial en el marco de un acto en el que participó para homenajear al boxeador José María “El Mono” Gatica, junto con el Hugo Moyano y Gerónimo “El Momo” Venegas.

El calendario electoral pone como fecha límite para la presentación de pre-candidaturas el 22 de junio, fecha que vale para diputados, senadores y los 12 integrantes del Consejo de la Magistratura (3 abogados, 3 jueces y 6 académicos) que serán elegidos directamente por los ciudadanos.

El calendario continúa el 11 de agosto con las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), de la que resultarán los candidatos que cada partido político o alianza presente con vistas a los comicios parlamentarios del 27 de octubre, para las tres categorías.

La ley promulgada hoy en el Boletín Oficial establece, además, el cupo femenino en la integración de las listas de consejeros y la inclusión de un suplente por cada uno de los consejeros abogados (3), jueces (3) y académicos (6).

Pero la norma también consigna que para llevar candidatos a consejeros, un partido o frente electoral debe tener representación, con el mismo nombre, en 18 de los 24 distritos del país, un punto que también fue cuestionado por partidos de la oposición.
El senador del Frente para la Victoria, Marcelo Fuentes, aclaró a Télam que “esta proporción” es para los partidos políticos que quieran adherir la lista de candidatos a consejeros en la misma boleta de postulantes a legisladores nacionales, porque para presentar una lista de consejeros por separado (no adherida a la lista de candidatos a legisladores) sólo hace falta la presencia del partido político o alianza en al menos cinco distritos”.

La norma promulgada hoy forma parte del paquete de medidas que integran la Reforma Judicial impulsada por la presidenta Cristina Kirchner para “democratizar la Justicia”.

El Consejo de la Magistratura fue creado en 1994 como parte del acuerdo que dio lugar a la reforma de la Constitución Nacional, aunque recién entró en vigencia en 1998.

En el 2006, mediante una ley aprobada por el Congreso de la Nación, se modificó la composición del Consejo de la Magistratura, que pasó de 20 a 13 miembros.

Con la última reforma, aprobada por el Congreso Nacional el 8 de mayo, el cuerpo encargado de controlar, sancionar y elegir a jueces, no sólo cambió su composición, al pasar de 13 a 19 (mediante la ampliación de la cantidad de académicos), sino también la forma de elección de 12 de sus integrantes, que serán elegidos por voto popular.

El resto de los integrantes ya son elegidos por voto popular indirecto, porque son diputados (3) y senadores (3) y un representante del Poder Ejecutivo (Télam)

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