por VÍCTOR HERRERO
La noticia más relevante para el futuro político de Chile no son los extraños e inconducentes cabildos constituyentes a los que ha convocado la Presidenta Michelle Bachelet, sino lo que sucedió anoche en Brasil.
En una votación transmitida en vivo por streaming en cientos de páginas Web de todo el mundo, la mayoría de la Cámara de Diputados de ese país decidió dar luz verde para iniciar el proceso de destitución (impeachment) de la mandataria Dilma Rouseff. Los congresistas partidarios de sacar a Rouseff del poder, quien fue reelegida como Presidenta hace menos de dos años con unos 50 millones de votos, actuaban anoche como una barra brava de fútbol. De hecho, cuando alcanzaron los 342 votos para iniciar el juicio político en contra de Rouseff, entonaron cánticos típicos de la fanaticada futbolera, que son los mismos en Brasil, Argentina, Uruguay o Chile.
Gran parte de los que votaron a favor de sacar a la gobernante del poder invocaron a Dios o Cristo, a sus propias esposas e hijos y, claro está, al etéreo mejor futuro para Brasil para fundamentar su voto.
Las revelaciones sobre la enorme red de corrupción pública que tiene como centro a la empresa semi-estatal Petrobras, así como un puñado de compañías de construcción gigantes y privadas, ciertamente han salpicado al oficialista Partido de los Trabajadores y sus máximos dirigentes. Pero también a decenas de políticos opositores del actual gobierno.
Sin ir más lejos, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, que ha sido uno de los principales impulsores del proceso de destitución de Rouseff, está involucrado en el escándalo Operação Lava Jato de Petrobras. La fiscalía brasileña lo acusa de aceptar sobornos de hasta 40 millones de dólares de la petrolera y de lavar dinero a través de iglesias evangélicas, por lo cual pide una sentencia de hasta 184 años de prisión. Pero anoche, Cunha se las daba de líder anti-corrupción. Es como si mañana, en nuestro país, los miembros del partido ultra derechista UDI Pablo Longueira, Jovino Novoa, Jaime Orpis o Ena von Baer se levantaran como faros en contra la corrupción política. Es como el viejo dicho: los gatos que cuidan la carnicería. O como afirma un observador brasileño: “Todo esto es una venganza entre ladrones”.
Los defensores de Dilma han argumentado de que todo este proceso oculta, en el fondo, un golpe de Estado. “Esto es un golpe en contra de la voluntad del pueblo, en contra de lo que dijeron las urnas hace menos de dos años, en contra de las políticas sociales, en contra de los pobres y del progreso social”, afirmó uno de los diputados que votó en contra del impeachment. Los vociferantes contrincantes, que lo abuchearon a él y todos los que votaron a favor de la Presidenta, lo ridiculizaron diciendo que en la votación de anoche no había ningún golpe, sino que era un mecanismo legal del ordenamiento jurídico brasileño. Después de todo, en diciembre de 1992 se había destituido al Presidente Fernando Collor de Mello por corrupción en un proceso similar.
Es verdad. Pero también lo es que en las últimas décadas los “golpes” en América Latina ya no son los clásicos movimientos encabezados por rabiosos militares, sino que golpes institucionales. Como sucedió, por ejemplo, en Honduras en 2009.
Sin embargo, el olor a un pseudo golpismo de antaño está en el aire. Antes de votar a favor de iniciar el proceso de destitución de Dilma, el diputado del Partido Social Cristiano, Jair Bolsonaro, un ex paracaidista de las fuerzas armadas, dedicó su voto a un coronel de las fuerzas armadas, el mismo que participó de las torturas a Rouseff cuando fue detenida por los servicios de seguridad de ese país en 1970.
¿Y qué tiene todo esto que ver con Chile? Mucho más de lo que se piensa. Cuando en 1964 los militares brasileños sacaron al mandatario socialdemócrata Joao Goulart del poder mediante un golpe de Estado, la derecha chilena lo celebró y lo tomó como un ejemplo de lo que había que hacer. Muy pronto, las nuevas autoridades militares aplicaron algunas políticas económicas liberales que entusiasmaron al conservadurismo chileno. “Los militares de Brasil habían hecho políticas de libre mercado. La gente de derecha en Chile opinaba que acá debían aplicarse similares recetas, pero el gobierno de la DC hacía todo lo contrario”, afirma el ex editorialista de El Mercurio Hermógenes Pérez de Arce en sus memorias.
De hecho, a mediados del año pasado los medios de prensa de derecha hicieron correr el rumor –o al menos la idea– de que, tal vez, la Presidenta Bachelet no iba a terminar su mandato y que lo mejor sería que alguien como Ricardo Lagos asumiera interinamente el gobierno. Algo similar sucedió en 1998, cuando después de la detención de Pinochet en Londres, muchos dirigentes de la derecha política y líderes gremiales, opinaron que lo mejor era retardar las presidenciales de 1999 dado el “delicado” momento político. En otras palabras, la derecha está siempre dispuesta a suspender los cronogramas democráticos. Y, con lo que sucedió ahora en Brasil, tienen una nueva herramienta en su arsenal anti-democrático.
Y esto no es una exageración. Si el mandatario venezolano Nicolás Maduro propusiera una Ley Mordaza a la prensa como la que la clase política chilena ha tratado pasar pillamente en la llamada agenda corta anti delincuencia y también en la nueva ley anti terrorista, El Mercurio y el resto del establishment mediático pondría el grito al cielo. Pero siendo Chile, los medios oficiales y columnistas oficialistas tratan de ponderar el derecho a la inocencia de los políticos y empresarios coludidos con el, para ellos, dudoso derecho a la información.
Como sea, lo que sucedió anoche en Brasil ni siquiera afecta sólo ese país. Lo ocurrido son muy malas noticias para la democracia de América Latina. Y el canto de barra brava futbolera de los opositores a Dilma Rouseff son peores noticias. Ahí está el potencial caldo de cultivo para un futuro proto-fascismo y golpismo sudamericano. Qué pena.
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Publicado originalmente el 18 de abril 2016 en diarioUchile
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