Argentina. Los ciudadanos podrán elegir a 12 miembros de la Magistratura en octubre

Democracia y poder popular por Dante Ginevra
Democracia y poder popular por Dante Ginevra

La ley, que reforma la composición y forma de elección de los integrantes del Consejo de la Magistratura, entró en vigencia a través de los decretos 576 y 577/2013 que publica hoy el Boletín Oficial con las firmas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner; del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina; y del ministro de Justicia, Julio Alak.

Pero, tal como habían adelantado representantes de abogados, jueces y partidos políticos de oposición, apenas sancionada la ley por el Congreso de la Nación, el 8 de mayo último, la Justicia recibió presentaciones de amparo pidiendo una medida cautelar que suspenda la elección de consejeros de jueces, académicos y abogados por voto popular.

Las primeras presentaciones fueron realizadas por los presidentes del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo, y de la Unión Cívica Radical, Mario Barletta, mientras que el titular de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Luis María Cabral, adelantó hoy en declaraciones radiales que hará lo mismo.
No obstante estas presentaciones ante la Justicia, el titular del bloque oficialista en la Cámara baja, el diputado Agustín Rossi, se mostró optimista respecto a que se cumplan los pasos necesarios para que el 27 de octubre los ciudadanos puedan ir a las urnas no sólo para elegir diputados y senadores, sino también consejeros abogados, jueces y académicos para integrar ese organismo.

“Confiamos en que el 27 de octubre puedan elegirse los integrantes del Consejo de la Magistratura. Estamos dentro de los tiempos administrativos contemplados para que la elección por voto popular del Consejo pueda concretarse”, dijo Rossi a Télam.

Con la formalización de la convocatoria para la elección por el voto popular de los consejeros abogados, jueces y académicos realizada hoy por el Poder Ejecutivo, y mientras la Justicia decide si da lugar o no a los amparos, los partidos políticos comenzaron a trabajar en el armado de listas, ya que el plazo concluye el 22 de junio.

En este marco, el jefe del bloque radical, Ricardo Gil Lavedra, reconoció hoy que existía “acuerdo entre casi todos los partidos políticos de oposición”, incluyendo al PRO y al Peronismo Federal, para ir “en una sola lista” a la votación de miembros del Consejo de la Magistratura, aunque “con una boleta suelta” y no adherida a la de diputados y senadores.
El jueves último, el senador puntano Adolfo Rodríguez Saá, del Peronismo disidente, adelantó su intención de ser candidato a consejero para este cuerpo del Poder Judicial en el marco de un acto en el que participó para homenajear al boxeador José María “El Mono” Gatica, junto con el Hugo Moyano y Gerónimo “El Momo” Venegas.

El calendario electoral pone como fecha límite para la presentación de pre-candidaturas el 22 de junio, fecha que vale para diputados, senadores y los 12 integrantes del Consejo de la Magistratura (3 abogados, 3 jueces y 6 académicos) que serán elegidos directamente por los ciudadanos.

El calendario continúa el 11 de agosto con las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), de la que resultarán los candidatos que cada partido político o alianza presente con vistas a los comicios parlamentarios del 27 de octubre, para las tres categorías.

La ley promulgada hoy en el Boletín Oficial establece, además, el cupo femenino en la integración de las listas de consejeros y la inclusión de un suplente por cada uno de los consejeros abogados (3), jueces (3) y académicos (6).

Pero la norma también consigna que para llevar candidatos a consejeros, un partido o frente electoral debe tener representación, con el mismo nombre, en 18 de los 24 distritos del país, un punto que también fue cuestionado por partidos de la oposición.
El senador del Frente para la Victoria, Marcelo Fuentes, aclaró a Télam que “esta proporción” es para los partidos políticos que quieran adherir la lista de candidatos a consejeros en la misma boleta de postulantes a legisladores nacionales, porque para presentar una lista de consejeros por separado (no adherida a la lista de candidatos a legisladores) sólo hace falta la presencia del partido político o alianza en al menos cinco distritos”.

La norma promulgada hoy forma parte del paquete de medidas que integran la Reforma Judicial impulsada por la presidenta Cristina Kirchner para “democratizar la Justicia”.

El Consejo de la Magistratura fue creado en 1994 como parte del acuerdo que dio lugar a la reforma de la Constitución Nacional, aunque recién entró en vigencia en 1998.

En el 2006, mediante una ley aprobada por el Congreso de la Nación, se modificó la composición del Consejo de la Magistratura, que pasó de 20 a 13 miembros.

Con la última reforma, aprobada por el Congreso Nacional el 8 de mayo, el cuerpo encargado de controlar, sancionar y elegir a jueces, no sólo cambió su composición, al pasar de 13 a 19 (mediante la ampliación de la cantidad de académicos), sino también la forma de elección de 12 de sus integrantes, que serán elegidos por voto popular.

El resto de los integrantes ya son elegidos por voto popular indirecto, porque son diputados (3) y senadores (3) y un representante del Poder Ejecutivo (Télam)

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Entrevista a Beinusz Szmuckler

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–Me parece que el origen de esto está en el lanzamiento de este movimiento denominado Justicia Legítima, integrado por una cantidad de jueces, de defensores públicos, de fiscales, que salió como reacción frente a las posiciones de la Asociación de Magistrados y funcionarios de la justicia Nacional, que a fines del año pasado había publicado un documento con un contenido de defensa corporativa muy fuerte, que mereció esa respuesta. Yo creo que esto es como un punto de partida. Es evidente que hay que transformar la Justicia. En esto creo que no hay diferencia, todo el mundo dice: “Sí, hay que reformarla porque esta Justicia no sirve”. No sirve a los intereses del pueblo, de la gente, que va a buscar soluciones a sus problemas en ese ámbito. Hay también una inmensa mayoría que no recurre a la Justicia, porque no tiene posibilidades de acceder, por diversas razones económicas, culturales.

– Tenemos la impunidad de los que tiene poder, poder económico, poder político, poder judicial. Y, por el otro, no hay justicia para los pobres que están presos o que tienen en trámite una causa penal donde está en riesgo su libertad, que también demora tantos años… Pero esas causas, en general, no son las que prescriben. Calcule que de los presos que hay, entre el 70% y 80% salen después en libertad absueltos. Es decir que estuvieron en prisión y, justamente, no se pudo probar que hubieran cometido delito. Entonces hay que cambiar muchas cosas. Hay que cambiar el código procesal, los códigos procesales, tanto el civil y comercial como el penal.

– En estos asuntos me parece que hay que ser clarito y no tener discurso hipócrita: todos los Poderes, acá y en el resto del mundo, todos los Poderes Ejecutivos quieren tener una Justicia que los acompañe. Eso es normal. Negar esa realidad es un absurdo. De la misma manera que los que no están en el Poder Ejecutivo quieren tener una Justicia que cuestione al Poder Ejecutivo. Esto es normal, es parte de la lucha. No quiere decir que esta realidad uno tiene que aceptarla así, yo creo que hay que tratar de modificar eso, en el sentido de que la Justicia tiene que actuar de acuerdo con las normas que regulan nuestra vida en sociedad. Acá, por supuesto, hay como una imagen ilusoria de que la ley resuelve todo, eso no es verdad. Pero también es cierto que el pacto que está subyacente en la Constitución es el que tiene que guiar a los jueces, porque eso es lo que garantiza la subsistencia del sistema. Sistema con el que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo.

– Se plantea que el Poder Judicial es el poder contramayoritario, y esto viene desde la Constitución de los Estados Unidos. Porque su función es evitar que la mayoría sojuzgue a la minoría. Ahora, ¿en qué parte de la historia la mayoría ha sojuzgado a la minoría? Siempre es la minoría la que ha sojuzgado a la mayoría. Entonces, lo que necesitamos es un Poder Judicial que acompañe los procesos de cambio. No la Corte menemista de la mayoría automática. Si no que esté consustanciada con los cambios del país y que defienda los intereses de la mayoría.