“La carrera hacia el saqueo de los recursos naturales no renovables no conduce en ningún país al verdadero progreso. Normalmente sólo sirve para enriquecer a alguien, dejando que la deuda la paguen las futuras generaciones”
por Paolo Moiola
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La poderosa bancada ruralista intenta cambiar leyes para despojar a pueblos indígenas de sus territorios.
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La Constitución brasileña —en su artículo 231— reconoce a los pueblos indígenas, su organización social, costumbres, lenguas, creencias y tradiciones, y los derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, correspondiendo al Estado demarcarlas, protegerlas y hacer que se respeten todos sus bienes. Sin embargo, dichos pueblos son víctimas de permanentes ataques desde el poder político y económico que buscan desplazarlos de sus territorios.
La población indígena en Brasil es de alrededor de 900,000 personas —pertenecientes a 305 grupos étnicos— de un total de más de 200 millones de habitantes. Para Carlo Zacquini, misionero italiano de la Orden de la Consolata que vive desde hace 48 años en el estado de Roraima, en el extremo norte, la situación es muy grave.
“Unos meses después de mi llegada a Brasil, era el 1 de mayo de 1965, en la desembocadura del río Apiaú, tuve la suerte de conocer a algunos indígenas que entonces eran llamados vaiká. Hoy sé que eran yanomami de la aldea Yõkositheri. Fue amor a primera vista. Más tarde tuve varios contactos siempre con el mismo grupo, hasta que [más adelante], tuve la oportunidad de comenzar a vivir entre los yanomami del río Catrimani. Poco a poco, mientras trataba de sobrevivir en ese lugar, muchas veces sin lo mínimo necesario, aprendí uno de sus idiomas y me puse a investigar su cultura”.
El hermano Zacquini habla de los indígenas como si fueran su familia. Y ciertamente lo son, hoy como ayer, cuando son objeto de ataques aún más vergonzosos que los del pasado por cuanto provienen de representantes del Congreso nacional que pertenecen a la poderosa bancada ruralista que intenta dejar sin efecto el alcance del capítulo correspondiente a los pueblos indígenas de la Constitución de 1988.
Uno de los casos más recientes y clamorosos es el proyecto de ley complementaria 227/2012, presentado por el diputado Homero Pereira —presidente de la bancada ruralista constituida por más de 230 legisladores entre deputados y senadores— que busca reglamentar el apartado 6 del artículo 231 de la Constitución. En particular, trata de someter las tierras indígenas al “interés público superior del Estado brasileño” anulando el derecho a la posesión y el uso exclusivo de los pueblos indígenas. Eso significaría justificar el latifundio y abrir las puertas a carreteras, oleoductos, centrales hidroeléctricas, ferrocarriles, minería, asentamientos humanos.
La propuesta de enmienda constitucional 215/2000 —presentada por el diputado Almir Sá— busca, por su parte, poner bajo el control del Congreso nacional, y por tanto de la bancada ruralista, la demarcación de las tierras indígenas, hasta ahora garantizada por la Constitución.
“Un pequeño número de ‘blancos’ —dice el hermano Zacquini— se ha apoderado de enormes extensiones de tierra y domina el gobierno nacional a través de ‘sus’ representantes. La vasta extensión del país, la confusión en la propiedad de la tierra y el poder económico han prevalecido sobre el sentido común y sobre la ley. Una ley que, si es favorable a los pueblos indígenas se la cambia, como está sucediendo ahora. A fin de cuentas, se dice a modo de justificación, las leyes vigentes, quienes las han hecho —y por tanto quienes pueden modificarlas— no son los indígenas”.
Territorios ambicionados
La bancada ruralista, llamada oficialmente Frente Parlamentario Agropecuario, sus poderosos patrocinadores —la Confederación Nacional de Agricultura, constituida por grandes propietarios agrícolas, grupos empresariales de la agroindustria y de la minería— y los medios de comunicación más influyentes, sostienen que 113 millones de hectáreas del territorio brasileño (13.3% del total, según datos de la organización no gubernamental Instituto Socioambiental) en manos de los pueblos indígenas son demasiados. “Demasiada tierra para pocos indígenas”, señalan.
Hay que decir —entre otras cosas— que a menudo se trata de una posesión teórica. Una parte considerable de las tierras indígenas es, de hecho, objeto de invasiones constantes y prolongadas por diversos actores: ganaderos, mineros, comerciantes de maderas preciosas, traficantes de la biodiversidad.
“¿Por qué, incluso en el caso de pueblos que han obtenido el reconocimiento de sus tierras, el gobierno no interviene con prontitud y eficiencia contra los invasores? De este modo se alimenta la mentalidad de que invadir tierras indígenas y destruir la naturaleza no representa un delito. Incentivadas por la impunidad, las invasiones se multiplican. Si los infractores fuesen los indígenas, muy rápidamente actuarían las fuerzas del orden para reprimirlos, incluso con violencia”, dice Zacquini.
El problema es que muchas veces ni siquiera el Estado respeta los territorios indígenas. Sucede, por ejemplo, con las megaobras previstas por el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC). Según la gubernamental Fundación Nacional del Indio (FUNAI), 201 obras del PAC afectan tierras indígenas. Las más impactantes son las centrales hidroeléctricas, en particular Jirau y Santo Antônio en el río Madeira (Rondônia), Teles Pires (Mato Grosso) y São Luiz (Pará) en el río Tapajós y la más grande de todas, la de Belo Monte en el río Xingú (Pará).
Obras devastadoras para el medio ambiente y para la existencia de decenas de pueblos indígenas, dan testimonio además de la falta de respeto al Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo, del cual Brasil es adherente.
Según el artículo 16 del Convenio, “los pueblos interesados no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se consideren necesarios, sólo deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa”. Su violación por parte del gobierno brasileño es patente.
“¿Por qué —se pregunta con razón el hermano Zacquini— cuando se piensa en el ‘progreso’, no se piensa casi nunca en las tierras de los latifundistas, a menudo sin cultivar, sino siempre y solamente en las indígenas?”. La afirmación se basa en números claros: en Brasil, cerca de 70,000 personas son propietarias de 228 millones de hectáreas de tierras improductivas, según datos del estatal Instituto Brasileño de Geografía y Estadística.
“Por tanto —concluye—, dadas las dimensiones continentales del país, no se puede decir [de buena fe] que, demarcadas las tierras indígenas, los demás habitantes no tendrán tierra donde vivir, trabajar y desarrollar todas las actividades posibles. Y, aparte de esto, se debe siempre recordar que los pueblos indígenas no devastan la naturaleza y los territorios como sí lo hacen los ‘avanzados’ y ‘cultos’ no indígenas”.
Carrera hacia el saqueo
En Roraima, donde vive el hermano Zacquini, están el Territorio Indígena de los Yanomami y la Reserva Indígena Raposa Serra do Sol, donde habitan varios pueblos: Makuxi, Vapichana, Ingarikó, entre otros. Ambos territorios tienen reconocimiento oficial, pero los problemas persisten.
“Son decenas las propuestas de ley presentadas por congresistas, varios de Roraima, para eliminar o reducir los derechos de los pueblos indígenas”, señala el misionero.
Por encima y por debajo de los territorios indígenas existen recursos naturales que son codiciados y por ellos muchos están dispuestos a todo, como testimonia el proyecto de ley 1610/96 —presentado por el senador Romero Jucá— que pretende abrir la explotación de minerales en tierras indígenas.
“¿Es necesario explotar estos recursos? ¿La destrucción del medio ambiente no causa más daño que toda la ayuda que los recursos podrían dar? Si se reconoce honestamente que estos recursos son necesarios, ¿no se debería dar prioridad al mismo tipo de recursos existente en tierras no indígenas? Por último, en el caso de la explotación de las tierras indígenas, lo menos que se debería hacer sería debatir la cuestión con los interesados directos y elaborar con ellos programas y actividades no extemporáneos, para preparar a la población y hacerla partícipe de los eventuales beneficios”, afirma Zacquini.
“La carrera hacia el saqueo de los recursos naturales no renovables no conduce en ningún país al verdadero progreso. Normalmente sólo sirve para enriquecer a alguien, dejando que la deuda la paguen las futuras generaciones”, concluye el misionero italiano. —Noticias Aliadas
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