O povo paga uma dívida que se desconhece a origem e o montante. Dívida estimada, em fevereiro de 2011, em 271 bilhões.
Anunciou Lula que pagou. Apenas restaram os juros. A piada de que juros não são dívidas. Impressionante! A imprensa alternativa afirma que são mais de três trilhões. Impagável.
Dinheiro roubado do povo, via déficit primário, isto é, recursos desviados da Saúde, da Educação, do Saneamento, da Habitação, dos ministérios que oferecem os serviços essenciais. Dinheiro inclusive retirado da Previdência, do Fundo de Ajuda ao Trabalhador, das aposentadorias e pensões dos pobres.
Uma dívida que chamo de vassalagem.
Indudablemente, la cuestión del pago de la deuda pública constituye un tabú. Los jefes de Estado y de gobierno, el Banco Central Europeo (BCE), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión Europea y la prensa dominante lo presentan como inevitable, indiscutible y obligatorio. Los ciudadanos y las ciudadanas se deberían resignar a pagar la deuda pública. La única discusión posible sería sobre la forma de modular el reparto de los sacrificios necesarios para liberar los medios presupuestarios suficientes, con el fin de cumplir con los compromisos del país endeudado. Los gobiernos que pidieron los préstamos fueron elegidos democráticamente, por lo tanto sus actos son legítimos. Se debe pagar.La auditoría ciudadana es un instrumento para eliminar este tabú. Permite que una proporción creciente de población comprenda todas las circunstancias e implicaciones del proceso de endeudamiento de su país. Una auditoría ciudadana consiste en analizar de manera crítica la política de endeudamiento llevada a cabo por las autoridades de un país.
Las preguntas que es necesario plantear
¿Por qué el Estado fue empujado a contraer una deuda que no deja de crecer?
¿Al servicio de qué opciones políticas y de qué intereses sociales ha sido contraída la deuda?
¿Quién se aprovecha de ella?
¿Era posible hacer otras opciones o era necesario?
¿Quiénes son los prestamistas?
¿Quiénes son los tenedores de la deuda?
¿Los prestamistas ponen condiciones para la concesión de los préstamos? ¿Cuáles?
¿Cuál es la ganancia de los prestamistas?
¿Por qué el Estado se vio comprometido, cuál fue su decisión, y bajo que concepto fue tomada?
¿Cuál es el monto de los intereses pagados, con qué tipo de interés, qué parte del principal ha sido ya reembolsada?
¿Mediante qué mecanismo las deudas privadas se convirtieron en «públicas»?
¿Bajo qué condiciones se hizo un determinado rescate bancario? ¿Cuál fue el coste? ¿Quién tomó la decisión?
¿Debemos indemnizar a los accionistas que son responsables del desastre, con administradores que ellos mismos habían designado?
¿Cuál es la parte del presupuesto del Estado que está destinado al reembolso del capital y de los intereses de la deuda?
¿Cómo financia el Estado el pago de la deuda?
No es necesario entrar en secretos de Estado para encontrar las respuestas
Para responder a todas estas preguntas —y la lista no es exhaustiva— no hay ninguna necesidad de revelar secretos de Estado, de acceder a documentos no públicos del Banco Central, del Ministerio de Economía, del FMI, del BCE, de la Comisión Europea, de las cámaras de compensación como Clearstream o Euroclear, |1| o de contar con las confidencias de una persona que trabaja en el seno de uno de estos organismos. Por supuesto, habrá numerosos documentos protegidos celosamente por los gobiernos y los banqueros, que deberán ser puestos a la disposición del público y que serán muy útiles para afinar el análisis. Por lo tanto hay que exigir el acceso a la documentación necesaria para una auditoría completa. Sin embargo, es perfectamente posible proceder a un examen riguroso del endeudamiento público a partir de información de dominio público. Numerosas fuentes son accesibles para quien desee tomarse el trabajo: prensa, informes del Tribunal de Cuentas, las sitios Internet de las instituciones parlamentarias, del banco nacional, de la agencia encargada de la gestión de la deuda, de la OCDE, del Banco de Pagos Internacionales (BPI), del BCE, de los bancos privados, de las organizaciones o colectivos que ya se hubieran lanzado al estudio crítico del endeudamiento (www.cadtm.org, www.attac.org, www.quiendebeaquien.org/ ,…) los archivos de colectividades locales, los informes de las agencias de calificación e incluso las memorias de tesistas. No se debe dudar en pedir a los parlamentarios que planteen preguntas públicas al gobierno o a mandatarios locales de hacerlo ante las colectividades locales.
La auditoría no es una cuestión de expertos
El proceso de una auditoría no es un proceso reservado a expertos. Por supuesto que son bienvenidos y que pueden aportar mucho al trabajo colectivo de una auditoría ciudadana. Pero un colectivo puede comenzar el trabajo sin tener necesariamente garantizada esa participación. Si se empiezan las investigaciones y se provoca un debate público, durante el proceso los colectivos se entusiasmarán y conseguirán diferentes asesoramientos. Cada uno y cada una pueden tomar parte y ponerse a trabajar para sacar a la luz del día el proceso de endeudamiento público. En 2011, un colectivo nacional se ha puesto en marcha en Francia por una auditoría ciudadana de la deuda (www.audit-citoyen.org). Reúne numerosos movimientos sociales y políticos, y el llamamiento a su constitución fue firmado por decenas de miles de personas. En el marco de esta iniciativa, se han organizado colectivos locales en muchos lugares de Francia. Por otro lado, se puede partir de realidades locales con el objetivo de participar en la auditoría de las deudas públicas. Se puede comenzar analizando los préstamos estructurados vendidos a las colectividades locales en Francia y Bélgica por Dexia u otros bancos. A este propósito, un trabajo ya fue realizado: la asociación «Acteurs publics contre les emprunts toxiques» o sea «Actores públicos contra préstamos tóxicos» reúne una decena de colectividades locales (www.empruntstoxiques.fr). Se puede también comenzar por estudiar las dificultades financieras encontradas en los hospitales públicos presentes en vuestro territorio. Se están desarrollando, al mismo tiempo que en Francia, iniciativas por auditorías ciudadanas en Grecia, en Irlanda, en España, en Portugal, en Italia y en Bélgica.
Otros ámbitos en materia de deudas privadas también pueden abordarse. En países como España o Irlanda en los que el estallido de la burbuja inmobiliaria hundió a centenares de miles de familias en la ruina, sería útil investigar las deudas hipotecarias de las familias. Las víctimas de los manejos de los prestamistas pueden aportar sus testimonios y ayudar a comprender el proceso ilegítimo de endeudamiento que las afecta.
Un campo de acción muy rico
El campo de acción de una auditoría de la deuda pública es enormemente prometedor y no tiene nada que ver con su caricatura, que lo reduce a una simple verificación de cifras realizadas por contables rutinarios. Más allá de ese control financiero, la auditoría tiene un papel eminentemente político ligado a dos necesidades fundamentales de la sociedad: la transparencia y el control democrático del Estado y de sus gobernantes por los ciudadanos.
Se trata de necesidades que se refieren a los derechos democráticos totalmente elementales, reconocidos en el derecho internacional, el derecho interno y la Constitución, aunque sean violados continuamente. El derecho de control que tienen los ciudadanos sobre aquellos que los gobiernan, de informarse de todo lo que concierne a su gestión, sus objetivos y sus motivaciones es intrínseco a la propia democracia. Esto emana del derecho fundamental de los ciudadanos a ejercer su control sobre el poder y de participar activamente en los asuntos públicos y por lo tanto comunes.
El hecho de que los gobernantes se opongan a la idea de que los ciudadanos y ciudadanas osen realizar una auditoría ciudadana es revelador de una democracia muy enferma. Que por otra parte no para de bombardearnos mediáticamente con su retórica sobre la transparencia. Esta necesidad permanente de transparencia en los asuntos públicos se transforma en necesidad social y política totalmente vital, y por esta razón, la verdadera transparencia es la peor pesadilla para las elites.
Una auditoría ciudadana para el repudio de la deuda ilegítima
La realización de una auditoría ciudadana de la deuda pública, combinada, gracias a una importante movilización popular, con una suspensión del reembolso de la deuda pública, debe llevar a la anulación/repudio de la parte ilegítima de la deuda pública y a una reducción drástica del resto de esa deuda.
No es cuestión de apoyar los alivios de deuda decididos por los acreedores, especialmente a causa de las severas contrapartidas que implican. La anulación de la deuda, que desde ese momento es un repudio por el país deudor, es un potente acto soberano unilateral.
¿Por qué el estado endeudado debe reducir radicalmente su deuda pública al proceder a la anulación de las deudas ilegítimas? En primer lugar por razones de justicia social, pero también por razones económicas que cualquiera puede comprender y apropiárselas. Para salir de la crisis de forma satisfactoria, no podemos contentarnos de reactivar la economía gracias a la demanda pública y a la de las familias. Puesto que si nos contentamos con una política económica de reactivación combinada a una reforma fiscal redistributiva, el suplemento de la recaudación fiscal será absorbido en gran parte por el pago de la deuda pública. Las contribuciones que se impondrán a las familias más ricas y a las grandes empresas privadas (nacionales o extranjeras) estarán ampliamente compensadas por la renta que obtendrán de las obligaciones del Estado, ya que por lejos son los principales tenedores y beneficiarios (razón por la cual no quieren ni oír hablar de una anulación de la deuda). Por lo tanto es necesario anular una gran parte de la deuda pública. La amplitud de esta anulación dependerá del nivel de conciencia de la población víctima del sistema deuda (en este nivel, la auditoría ciudadana cumple una función crucial), de la evolución de la crisis económica y política y sobre todo de las relaciones de fuerza concretas que se construyen en la calle, en las plazas y en los lugares de trabajo mediante las actuales movilizaciones y las que estén por venir.
La reducción radical de la deuda pública es una condición necesaria pero no suficiente para que los países de la Unión Europea puedan salir de la crisis. Se necesitan medidas complementarias: reforma fiscal redistributiva, transferencia del sector de las finanzas al ámbito público, resocialización de otros sectores claves de la economía, reducción del tiempo de trabajo con el mantenimiento del salario y contratación compensatoria, y tantas otras medidas |2| que permitirían cambiar radicalmente la situación actual que llevó al mundo a un explosivo callejón sin salida.
Traducido por Griselda Pinero.
notes articles:|1| Clearstream y Euroclear están entre las principales cámaras de compensación (clearing houses) y poseen el registro de una gran parte de los títulos de deuda pública en poder de los bancos. Una cámara de compensación es un organismo que calcula las sumas netas a pagar y que ejecuta los pagos. La compensación es un mecanismo que permite a las instituciones financieras pagar los montos adeudados y recibir los activos correspondientes a las transacciones que ellas efectuaron en los mercados. De esa manera, las instituciones financieras sólo tienen flujos financieros y de títulos con las cámaras de compensación.
|2| Véase http://www.cadtm.org/Ocho-propuesta…
Damien Millet es portavoz del CADTM Francia (www.cadtm.org);
Éric Toussaint es doctor en ciencias políticas, presidente del CADTM Bélgica, miembro de la Comisión de la auditoría integral de la deuda (CAIC) del Ecuador y del Consejo Científico de ATTAC Francia.
Ambos dirigieron el libro colectivo La Deuda o la Vida, Icaria editorial, Barcelona 2011, que recibió el Premio del libro político en la Feria del libro político de Lieja en 2011. Eric Toussaint participó también en el libro de ATTAC: Le piège de la dette publique. Comment s’en sortir, éditions Les liens qui libèrent, París, 2011.
www.cadtm.org/Auditoria-ciudadana-de-la-deuda,7426
O Banco Central (BC) divulgou ontem que as despesas com juros incorporadas à dívida pública, que incluem o governo federal, os estados, os municípios e as empresas estatais, somaram R$ 216,1 bilhões entre janeiro e novembro, valor recorde para o período. A soma é equivalente a 5,72% do Produto Interno Bruto (PIB) do País.
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