Nem o New York Time faria melhor

por Carlos Chagas

Tivesse a presidente Dilma Rousseff confirmado a visita aos Estados Unidos, em outubro, seria veementemente criticada por não reagir como devia em defesa da soberania nacional, dados os lamentáveis episódios da espionagem permanente praticada por aquele país contra o Brasil. Como cancelou, ou melhor, adiou sua ida a Washington, recebeu ontem outro tanto de violentas críticas por haver suspendido a viagem onde seria homenageada como uma das duas chefes de governo que anualmente se hospedam na Casa Branca.

Quer dizer: Dilma seria condenada por ter cachorro e por não ter cachorro, como na fábula popular. No reverso da medalha, o PT e as esquerdas a aplaudem pelo gesto de reação à impertinência dos gendarmes do planeta, aqueles que se julgam no direito de conduzir os destinos da Humanidade, até espionando seus aliados. Mas os setores conservadores, incluindo-se neles as oposições, botaram a boca no trombone como se tivéssemos, além de perder a oportunidade de tirar vantagem das relações com os americanos, interrompido uma via de relacionamento capaz de favorecer nossos interesses.

Desse labirinto, não há saída. Nem o Lula teria condições de estender um fio de Ariadne para fazer o Brasil entrar nas cavernas do Minotauro, acabar com ele e sair ileso.  Traduzindo: prejuízo teríamos e teremos nas duas hipóteses. Em especial porque os Estados Unidos não pedirão  desculpas por intrometer-se em nossas comunicações e em nossos segredos, e nem se comprometerão  em   interromper  a bisbilhotagem.

Tem sido assim desde que logo depois da Independência um tenente da Marinha americana subiu o rio Amazonas sem licença  do  Império, percebeu o potencial econômico da exploração e sugeriu a seu governo a importância de dividir o Brasil em  quatro ou cinco países, facilitando a exploração e o domínio de nosso território conforme seus interesses. Felizmente não deu certo, para eles, mas nem por isso se imagine que desistiram.

A definição de “nações” indígenas na Amazônia, do esbulho chamado “Raposa Serra do Sol”, em Roraima, até a ampla região da tribo dos Ianomani na fronteira com a Venezuela e a Guiana, demonstram o perigo que ainda sofre nossa soberania.

Montes de ONGs estrangeiras e até brasileiras transformaram esses territórios em enclaves internacionais onde a entrada de cidadãos brasileiros é proibida, em nome de uma trama que logo se transformará num conflito onde as Nações Unidas reconhecerão a independência de territórios governados por um bugre-presidente da República, com PHD na Holanda e ávido de celebrar acordos de cooperação econômica e militar com quem? Ora, com os Estados Unidos…

A defesa da soberania nacional passar por diversos caminhos. Um deles foi o adiamento da visita de Dilma aos nossos irmãos do Norte, mas mil outros terão de ser trilhados. Tome-se a Amazônia, por exemplo. Voltou a conversa de que ela não  pertence ao Brasil, mas “à Humanidade”, devendo ser administrada pelas comunidades internacionais, mero engodo para significar o predomínio da superpotência mundial. Jamais se supõe uma invasão armada, desnecessária por conta da prevalência econômica. Também, não resistiríamos quinze minutos, com ou sem os 36 caças que não podemos comprar. No máximo, transformaríamos nossos guerreiros em guerrilheiros,  mas sem a certeza de sucesso, porque desde o Vietmã que eles terão aprendido alguma coisa.

O confronto é cruel e inevitável, exceção para aquela forte parcela de brasileiros ávidos de aderir aos interesses externos em nome do enriquecimento fácil. Com os meios de comunicação à frente. Basta ver o que estão  publicando desde ontem, a respeito do adiamento da visita de Dilma aos Estados Unidos. Nem o New York Times faria melhor…

“Demasiada tierra para pocos indígenas”

funai latuf

  “La carrera hacia el saqueo de los recursos naturales no renovables no conduce en ningún país al verdadero progreso. Normalmente sólo sirve para enriquecer a alguien, dejando que la deuda la paguen las futuras generaciones”
por Paolo Moiola

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La poderosa bancada ruralista intenta cambiar leyes para despojar a pueblos indígenas de sus territorios.

índio

La Constitución brasileña —en su artículo 231— reconoce a los pueblos indígenas, su organización social, costumbres, lenguas, creencias y tradiciones, y los derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, correspondiendo al Estado demarcarlas, protegerlas y hacer que se respeten todos sus bienes. Sin embargo, dichos pueblos son víctimas de permanentes ataques desde el poder político y económico que buscan desplazarlos de sus territorios.

La población indígena en Brasil es de alrededor de 900,000 personas —pertenecientes a 305 grupos étnicos— de un total de más de 200 millones de habitantes. Para Carlo Zacquini, misionero italiano de la Orden de la Consolata que vive desde hace 48 años en el estado de Roraima, en el extremo norte, la situación es muy grave.

“Unos meses después de mi llegada a Brasil, era el 1 de mayo de 1965, en la desembocadura del río Apiaú, tuve la suerte de conocer a algunos indígenas que entonces eran llamados vaiká. Hoy sé que eran yanomami de la aldea Yõkositheri. Fue amor a primera vista. Más tarde tuve varios contactos siempre con el mismo grupo, hasta que [más adelante], tuve la oportunidad de comenzar a vivir entre los yanomami del río Catrimani. Poco a poco, mientras trataba de sobrevivir en ese lugar, muchas veces sin lo mínimo necesario, aprendí uno de sus idiomas y me puse a investigar su cultura”.

El hermano Zacquini habla de los indígenas como si fueran su familia. Y ciertamente lo son, hoy como ayer, cuando son objeto de ataques aún más vergonzosos que los del pasado por cuanto provienen de representantes del Congreso nacional que pertenecen a la poderosa bancada ruralista que intenta dejar sin efecto el alcance del capítulo correspondiente a los pueblos indígenas de la Constitución de 1988.

Uno de los casos más recientes y clamorosos es el proyecto de ley complementaria 227/2012, presentado por el diputado Homero Pereira —presidente de la bancada ruralista constituida por más de 230 legisladores entre deputados y senadores— que busca reglamentar el apartado 6 del artículo 231 de la Constitución. En particular, trata de someter las tierras indígenas al “interés público superior del Estado brasileño” anulando el derecho a la posesión y el uso exclusivo de los pueblos indígenas. Eso significaría justificar el latifundio y abrir las puertas a carreteras, oleoductos, centrales hidroeléctricas, ferrocarriles, minería, asentamientos humanos.

La propuesta de enmienda constitucional 215/2000 —presentada por el diputado Almir Sá— busca, por su parte, poner bajo el control del Congreso nacional, y por tanto de la bancada ruralista, la demarcación de las tierras indígenas, hasta ahora garantizada por la Constitución.

“Un pequeño número de ‘blancos’ —dice el hermano Zacquini— se ha apoderado de enormes extensiones de tierra y domina el gobierno nacional a través de ‘sus’ representantes. La vasta extensión del país, la confusión en la propiedad de la tierra y el poder económico han prevalecido sobre el sentido común y sobre la ley. Una ley que, si es favorable a los pueblos indígenas se  la cambia, como está sucediendo ahora. A fin de cuentas, se dice a modo de justificación, las leyes vigentes, quienes las han hecho —y por tanto quienes pueden modificarlas— no son los indígenas”.

Charge Bancada Ruralista

Territorios ambicionados
La bancada ruralista, llamada oficialmente Frente Parlamentario Agropecuario, sus poderosos patrocinadores —la Confederación Nacional de Agricultura, constituida por grandes propietarios agrícolas, grupos empresariales de la agroindustria y de la minería— y los medios de comunicación más influyentes, sostienen que 113 millones de hectáreas del territorio brasileño (13.3% del total, según datos de la organización no gubernamental Instituto Socioambiental) en manos de los pueblos indígenas son demasiados. “Demasiada tierra para pocos indígenas”, señalan.

Hay que decir —entre otras cosas— que a menudo se trata de una posesión teórica. Una parte considerable de las tierras indígenas es, de hecho, objeto de invasiones constantes y prolongadas por diversos actores: ganaderos, mineros, comerciantes de maderas preciosas, traficantes de la biodiversidad.

“¿Por qué, incluso en el caso de pueblos que han obtenido el reconocimiento de sus tierras, el gobierno no interviene con prontitud y eficiencia contra los invasores? De este modo se alimenta la mentalidad de que invadir tierras indígenas y destruir la naturaleza no representa un delito. Incentivadas por la impunidad, las invasiones se multiplican. Si los infractores fuesen los indígenas, muy rápidamente actuarían las fuerzas del orden para reprimirlos, incluso con violencia”, dice Zacquini.

El problema es que muchas veces ni siquiera el Estado respeta los territorios indígenas. Sucede, por ejemplo, con las megaobras previstas por el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC). Según la gubernamental Fundación Nacional del Indio (FUNAI), 201 obras del PAC afectan tierras indígenas. Las más impactantes son las centrales hidroeléctricas, en particular Jirau y Santo Antônio en el río Madeira (Rondônia), Teles Pires (Mato Grosso) y São Luiz (Pará) en el río Tapajós y la más grande de todas, la de Belo Monte en el río Xingú (Pará).

Obras devastadoras para el medio ambiente y para la existencia de decenas de pueblos indígenas, dan testimonio además de la falta de respeto al Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo, del cual Brasil es adherente.

Según el artículo 16 del Convenio, “los pueblos interesados no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se consideren necesarios, sólo deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa”. Su violación por parte del gobierno brasileño es patente.

“¿Por qué —se pregunta con razón el hermano Zacquini— cuando se piensa en el ‘progreso’, no se piensa casi nunca en las tierras de los latifundistas, a menudo sin cultivar, sino siempre y solamente en las indígenas?”. La afirmación se basa en números claros: en Brasil, cerca de 70,000 personas son propietarias de 228 millones de hectáreas de tierras improductivas, según datos del estatal Instituto Brasileño de Geografía y Estadística.

“Por tanto —concluye—, dadas las dimensiones continentales del país, no se puede decir [de buena fe] que, demarcadas las tierras indígenas, los demás habitantes no tendrán tierra donde vivir, trabajar y desarrollar todas las actividades posibles. Y, aparte de esto, se debe siempre recordar que los pueblos indígenas no devastan la naturaleza y los territorios como sí lo hacen los ‘avanzados’ y ‘cultos’ no indígenas”.

Ruralistas

Carrera hacia el saqueo


En Roraima, donde vive el hermano Zacquini, están el Territorio Indígena de los Yanomami y la Reserva Indígena Raposa Serra do Sol, donde habitan varios pueblos: Makuxi, Vapichana, Ingarikó, entre otros. Ambos territorios tienen reconocimiento oficial, pero los problemas persisten.

“Son decenas las propuestas de ley presentadas por congresistas, varios de Roraima, para eliminar o reducir los derechos de los pueblos indígenas”, señala el misionero.

Por encima y por debajo de los territorios indígenas existen recursos naturales que son codiciados y por ellos muchos están dispuestos a todo, como testimonia el proyecto de ley 1610/96 —presentado por el senador Romero Jucá— que pretende abrir la explotación de minerales en tierras indígenas.

“¿Es necesario explotar estos recursos? ¿La destrucción del medio ambiente no causa más daño que toda la ayuda que los recursos podrían dar? Si se reconoce honestamente que estos recursos son necesarios, ¿no se debería dar prioridad al mismo tipo de recursos existente en tierras no indígenas? Por último, en el caso de la explotación de las tierras indígenas, lo menos que se debería hacer sería debatir la cuestión con los interesados directos y elaborar con ellos programas y actividades no extemporáneos, para preparar a la población y hacerla partícipe de los eventuales beneficios”, afirma Zacquini.

“La carrera hacia el saqueo de los recursos naturales no renovables no conduce en ningún país al verdadero progreso. Normalmente sólo sirve para enriquecer a alguien, dejando que la deuda la paguen las futuras generaciones”, concluye el misionero italiano. —Noticias Aliadas

questão florestal

Memoria de un genocidio

El Relatorio Figueiredo es un informe de 1968 que recoge la sistemática violación de derechos humanos sufrida por las poblaciones indígenas de Brasil. Durante decenios estuvo perdido. Su reciente descubrimiento ha vuelto a poner de actualidad una realidad trágica con más de quinientos años de historia.

foto massacre índio

por Juanma COSTOYA

Alo largo de cuarenta años se habló en Brasil del Relatorio Figueiredo como de una leyenda. Se le consideraba perdido o censurado y la versión más difundida estimaba que toda la comprometida documentación agrupada bajo este nombre se había quemado en un incendio ocurrido hace decenios en el Ministerio de Agricultura brasileño. La incomodidad de su contenido y el destino había determinado que las cincuenta cajas que contenían las más de siete mil páginas del Relatorio Figueiredo hubieran permanecido simplemente ignoradas, acumulando polvo en un oscuro almacén gubernamental. La donación por parte del organismo gubernamental FUNAI (Fundación de Ayuda al Indio) del conjunto de cajas sin catalogar y su traslado al Museo del Indio de Río de Janeiro permitieron, hace escasas semanas, su localización por uno de los abogados que trabajan para la Comisión Nacional de la Verdad, creada en 2012, a fin de esclarecer los crímenes cometidos contra la población indígena del país carioca entre los años 1946 y 1988.

Como hace siglos, la realidad de los indígenas americanos sigue en el centro del huracán. La prensa brasileña habla del auge del lobby ruralista, compuesto, en una parte importante por terratenientes y compañías mineras. Su influencia es grande en el Congreso y Dilma Rousseff, la actual presidenta del país, no puede desdeñar casi ningún apoyo.

Jader de Figueiredo

El Relatorio Figueiredo lleva el nombre de su autor, el procurador Jader de Figueiredo Correia. Siguiendo los dictados del Ministerio de Interior brasileño, el funcionario Figueiredo inició a comienzos de 1967 un viaje de 14.000 kilómetros por el interior de su inmenso país, visitando 18 estados y contactando con 130 puestos indígenas. En su transcurso fueron entrevistados docenas de miembros del SPI (Servicio de Protección al Indio) y se tomaron gran número de fotografías. Las conclusiones del colosal informe fueron espeluznantes.

En esas páginas, que se muestran amarillentas a día de hoy, redactadas a máquina y a doble espacio y presididas por el escudo del Ministerio del Interior brasileño, se habla de desvío de recursos, de la venta ilegítima de tierras indígenas, de asesinatos masivos y torturas, de envenenamientos y secuestros, de prostitución de las jóvenes indígenas, de esclavitud y de todo un catálogo de horrores coronados por la impunidad más absoluta.

Medios internacionales como «The New York Times» o «Der Spiegel» se hicieron en su día eco del informe poniendo a la dictadura brasileña del presidente Emilio Garrastazu (1969-74) en una situación incómoda. Jader de Figueiredo, por su parte, fue amenazado de muerte en repetidas ocasiones, sufrió atentados, y su familia en Fortaleza precisó de escolta durante varios años.

El propio Figueiredo se reveló como un verso suelto en la polarizada sociedad brasileña de la época. Tenaz e incorruptible, denostado por la derecha y, sobre todo, por los representantes de estancieros, empresas mineras y terratenientes, tampoco se hizo querer por la izquierda debido a su condición de funcionario de la dictadura.

Figueiredo moriría en 1976, a los 53 años, en un accidente de autobús. La última etapa de su existencia fue amarga. El colosal esfuerzo invertido en su Relatorio y los riesgos corridos se saldaron únicamente con unas cuantas dimisiones y algún cese. Ningún responsable de las matanzas y de los terribles abusos cometidos conoció la prisión. El siniestro Servicio de Protección al Indio fue refundado y se convertiría en el FUNAI.

En el fondo, nada trascendente había sucedido y los abusos simplemente se enmascararon para poder continuar.

Norman Lewis

A pesar de todo, el Relatorio Figueiredo cayó como una bomba en determinados ambientes. Lo que era un secreto a voces acabó por tener confirmación oficial. Un decenio antes de que se hiciera público el informe, el antropólogo francés Claude Lévi-Strauss ya había denunciado en su obra «Tristes Trópicos» (1955) prácticas criminales al servicio de intereses especuladores, los grao fino de la sociedad brasileña de 1930. De los hospitales, por ejemplo, se recolectaba ropa de enfermos infectados por la viruela. Estas prendas envenenadas eran después donadas a tribus o abandonadas, en forma de presentes, en los caminos frecuentados por los indígenas. Se buscaba una mortandad inmediata y devastadora. Strauss también recoge que los mismos que toleraban y hasta fomentaban estas prácticas mantenían una doctrina oficial de lamento y escándalo por las matanzas perpetradas por los exploradores europeos del XVI en su país.

El Relatorio tampoco pasaría desapercibido en Europa. El escritor Norman Lewis (1908-2003) redactó, en 1969, para «The Sunday Times», un largo reportaje en el que reflejaba sus experiencias viajeras por América del Sur contrastándolas con las conclusiones del informe Figueiredo al que consideraba verídico hasta en sus últimos detalles. El reportaje provocó tal conmoción en Europa que fue el detonante de la formación de Survival International, la organización no gubernamental que nació con la vocación de velar por los derechos indígenas en el mundo.

El encabezamiento del reportaje de Lewis ha quedado como una lección de historia resumida en dos líneas. «Del fuego a la espada al arsénico y las balas, la civilización condenó a seis millones de indios a la extinción». En su largo artículo, Lewis incluía al padre Las Casas, el dominico sevillano autor de la celebérrima «Brevísima relación de la destrucción de las Indias» (1552) y a Lévi Strauss como autoridades intelectuales que habían denunciado el silencioso genocidio indígena con casi cinco siglos de diferencia. Lewis incluía en su escrito una reveladora declaración literal del antropólogo francés: «Los indígenas no son gente del pasado o retrasados, por el contrario atesoran un genio para la acción y la invención que se sitúa muy lejos de muchos logros de la gente llamada civilizada».

«Dios contra los indios»

Norman Lewis, al que el Graham Greene calificó como uno de los mejores escritores del siglo XX, fue, al igual que Jader de Figueiredo, otro verso suelto. A diferencia de los grandes escritores británicos de viajes no vino al mundo en el seno de una familia de aristócratas o funcionarios coloniales. Desde muy joven hubo de trabajar para ganarse la vida y lo hizo en los más variados oficios, desde paragüero hasta fotógrafo o vendedor comercial. Ni rastro en su biografía de la elitista camaradería de los happy few, los educados a caballo entre Eton y Oxford o Cambridge. En una entrevista dejó clara su visión del mundo al afirmar que en sus viajes a alguna de las regiones más remotas del mundo nunca se había sentido superior a la gente a la que trataba.

Las sociedades indígenas de América del Sur le causaron honda conmoción. En sus largos y continuos viajes a esta zona del mundo pronto descubrió que el genocidio indígena no era solo cosa del pasado. Una nueva hecatombe se estaba produciendo en esos mismos momentos y por obra de aquellos a quienes la sociedad consideraba como garantes de los derechos de los más débiles: los misioneros. De Guatemala a Paraguay y de Bolivia a la cuenca amazónica las sectas evangelistas norteamericanas actuaban con inmunidad y letal eficacia. Arrastrados por un celo fanático e ignorante y en connivencia en muchas ocasiones con intereses económicos y estratégicos por completo ajenos a las sociedades indígenas, los misioneros lograban en tiempo récord la aculturización de los nativos, paso previo a una desorientación vital y a una apatía generalizadas, lo que, más temprano que tarde, desembocaba en patologías que segaban la vida de sociedades enteras.

Testigo impotente de esta situación, Norman Lewis escribió un libro memorable «Misioneros. Dios contra los indios» (1988). Esta obra, publicada en su día por la editorial Herder y hoy descatalogada y a la que solo es posible acceder por medio de librerías cuyos fondos se exhiban en la red, destila humanidad y sentido común frente al cerrilismo criminal y obtuso de los misioneros evangelistas norteamericanos.

Como si no hubieran pasado cinco siglos desde que Las Casas advirtiera de las tropelías de la colonización española en América, volvían a repetirse a finales del siglo XX la esclavitud encubierta, el tráfico de seres humanos, las indagaciones en busca de materias primas y minerales estratégicos y los trapicheos con plumas de aves y pieles de jaguares, todo ello mezclado y encubierto con una teología medievalizante, mercantilizadora y puritana que sería cómica de no ser tan trágica.

Claude Lévi-Strauss

Lévi-Strauss (1908-2009) pasa por ser uno de los intelectuales de referencia del siglo XX. Fundador de la antropología estructural y de la Asociación Internacional de Lingüística, su público más amplio le conoce por su obra «Tristes Trópicos». Es célebre y polémica la frase que da origen a esta obra: «Odio los viajes y los exploradores». De forma paradójica, en este ensayo novelado reflexiona sobre las expediciones científicas que llevó a cabo en algunas de las áreas más apartadas del Brasil de finales de los años 30. El jurado del Premio Goncourt dijo lamentar no poder premiarlo ya que, en rigor, no era una obra de ficción.

El autor afirma haber conocido a muchos misioneros y sentir aprecio por la labor humana y científica de muchos de ellos. Hace, sin embargo, una salvedad clara, la de los misioneros norteamericanos que trataban de introducirse en su área de estudio entonces, el Mato Grosso central. Asegura de ellos que provenían de familias campesinas educadas en los ambientes rurales de Nebraska o Dakota, creyentes en la literalidad del infierno bíblico y los calderos de aceite hirviendo; convencidos de su salvación «como se contrata un seguro». Dueños de un fanatismo y una ignorancia proporcionales, Lévi-Strauss les acusaba también de una crueldad y de una falta de humanidad escandalosa en el trato con los indígenas.

A reação dos privilégios brasileiros!

por Ras Adauto

É engraçado a inversão que certos setores na sociedade brasileira estão fazendo:

Lutar contra o racismo é considerado “politicamente correto e racista”.

Lutar pelas terras indígenas é considerado “dividir o território nacional, concomunado com ongs estrangeiras”.

Reivindicações quilombolas são vistas como “171 grupos que querem tomar terras produtivas dos legítimos donos” – nesse caso os eternos latifundiários.

Reinvindicar cotas para negr@s e indígenas nas universidades brasileiras é “ameaça à seguranca e ao estatuto da República, dividir o país em raças como os Estados Unidos e a destruição do mérito universitário”.

Exigir respeito pelas religiões de matrizes africanas ou a gays e lésbicas, ou denunciar as agressões contra negros e mulheres por piadinhas ridículas em redes e mídias é “cercear a liberdade de expressão”, para exercerem seus preconceitos homófobicos, machistas e racistas à vontade.

Eu nunca vi tantos argumentos burros em toda a minha vida!

Na verdade esses setores, que estão em todas as instâncias estratégicas do país estão apavorados com o avanço das lutas populares em nossa sociedade nesses últimos 10 anos.

Na ilustração: uma dondoca ou um acadêmico brasileiro, contra cotas, apavorad@s com a possíbilidade de que alguém do povo entre nos recintos que julgam serem exclusivamente seus: o Brasil todo!