Claves de la victoria y retos para el PT

Claves de la victoria y retos para el PT

 

 Lucas Nine
Lucas Nine

por Luismi Uharte

La cuarta victoria electoral consecutiva del PT en las presidenciales brasileñas, por un estrecho margen frente al liberal PSDB, nos plantea tres importantes interrogantes: quién gana y quién pierde, las razones de la victoria, y los retos fundamentales para el próximo periodo de gobierno.
Quién gana y quién pierde. Los análisis más superficiales y condescendientes con el partido de gobierno afirman que el triunfo de Dilma Rousseff supone una victoria de la izquierda frente a la derecha. Sin embargo, la diversidad de los intereses en juego obliga a una lectura de los resultados mucho más compleja y precavida.

En primera instancia, es cierto que la derecha tradicional y su elite económica han sido derrotadas “políticamente” de nuevo, al no haber conseguido desalojar al PT del Palacio de Planalto. La agresiva estrategia de campaña que articuló un feroz ataque comunicacional por parte del latifundio mediático, tanto local (grupo Globo, Folha, etc.) como global (The Economist, Wall Street Journal…), la cooptación política (Marina Silva), y la amenaza económica (caída de la Bolsa de Sao Paulo), no fueron suficientes para devolver el sillón presidencial a sus ‘dueños habituales’. La derrota “política”, sin embargo, no implica especiales consecuencias económicas para el conglomerado financiero, agro-ganadero e industrial que durante estos años ha hecho jugosos negocios en el marco del neo-desarrollismo lulista.

La victoria pírrica y agridulce es para el Partido de los Trabajadores (PT), que tras 12 años de gestión se ha alejado sustancialmente de una agenda de izquierda. Su desgaste es evidente, ya que la amplia ventaja cosechada por Lula en sus triunfos electorales de 2002 y 2006 (20% de diferencia), se redujo a 12 puntos en el 2010 (primera presidencia de Dilma) y en estas últimas la distancia es de apenas 3%.

También se pueden considerar ganadores esos millones de brasileñas/os anónimos que hicieron un esfuerzo extra para frenar la reconquista de los neoliberales y de su programa de recortes de salarios y servicios sociales. Y para finalizar, todos los aliados latinoamericanos de Brasil y sus socios del BRICS.

Claves de la victoria. Diversos factores explican la remontada de última hora de Rousseff. Por un lado, la activación del “voto del miedo” en amplias franjas de la población que veían con suma preocupación la posibilidad de regresar a la década de los noventa, cuando el Consenso de Washington hizo estragos. Todavía se siente cerca la ‘halitosis neoliberal’, aunque el paso del tiempo y la llegada de generaciones más jóvenes tienden a desactivar este efecto.

Por otro lado, el voto leal y en cierta manera cautivo de los sectores más empobrecidos de la población, principalmente en el Nordeste del país, donde el programa ‘Bolsa Familia’ tiene una fuerte implantación. Dilma arrasó en esta región con más del 70%, compensando el importante retroceso en el centro y sur del país. A esto hay que agregar el flujo importante de sufragios que en la primera vuelta votaron por Marina Silva, y que en la segunda se decantaron por Rousseff, a pesar de que aquella pidió el voto para Aécio Neves.

El papel del expresidente Lula fue otro factor decisivo, ya que se volcó en la campaña tras la primera vuelta. El alto prestigio que mantiene fue capitalizado por Dilma en el último tramo de la contienda. Paralelamente, el apoyo crítico y a su vez desesperado de los grupos políticos de izquierda y del movimiento sindical y popular fue otro aporte nada desdeñable. Por último, la propuesta de política exterior de la derecha de privilegiar las relaciones con EE.UU. y la U.E. y desactivar instrumentos de integración como Mercosur, Unasur, etc., supuso un torpe ataque al imaginario de “Brasil Potencia” que se ha ido construyendo durante la última década y que se ha convertido en un exponente de orgullo nacional.

Retos múltiples. Los logros de la década lulista son indudables, según el Centro de Investigación en Economía y Política: reducción de la pobreza del 35,8% al 15,9% y de la extrema del 15,2% al 5,3%; bajada del desempleo del 13% al 4,9% y aumento notable del salario mínimo, el de empleados públicos y pensiones; incremento del gasto social del 13% al 16% del PIB (en educación del 4,6% al 6,1%). Sin embargo, uno de los grandes desafíos va a ser la inclusión de amplias franjas de pobres urbanos y sectores medios, golpeados por la contra-reforma urbana (el nuevo extractivismo que expulsa pobres de las favelas) y el deterioro de servicios sociales (sanidad) y públicos (transporte). El retroceso electoral en Sao Paulo, la mayor urbe del país, es un indicador muy relevante.

El neo-desarrollismo, por su parte, evidencia sus límites y contradicciones. La impostergable reforma agraria volverá a chocarse de frente con la dependencia exportadora de productos del agro-negocio (principalmente soja transgénica), bajo control de grandes terratenientes que han aumentado su presencia en el Congreso (de los 89 representantes del 2003 a los 257 del actual). Los conflictos sociales y ambientales se agudizarán por la expansión de grandes obras de producción de energía (mega-hidroeléctricas, fracking) y de grandes infraestructuras viarias y de transporte (TAV), negocio multimillonario para los grandes consorcios de la construcción brasileña (Odebrecht, Andrade Gutierrez, etc.)

El problema de la deuda será otro de los campos de batalla. De la reducción de la deuda externa del 41,8% del PIB al 13,7% se ha pasado al ‘negocio’ (para los bancos prestamistas) de la deuda pública que supone una sangría anual en los presupuestos de la nación.

El impulso a una nueva ley de medios que reduzca el poder desmesurado de los grandes grupos de comunicación, es señalado como otro gran reto. A esto hay que agregar la prometida reforma política para afrontar la corrupción e introducir mecanismos de democracia participativa. La vía de la Asamblea Constituyente puede ser una opción, aunque la composición cada vez más oligárquica del Congreso será un obstáculo evidente.

Por último, desde los sectores más a la izquierda, se sigue soñando con que el PT redefina su estrategia y facilite las condiciones para una etapa de movilizaciones de calle, desburocratización y repolitización militante. Como esto probablemente no ocurrirá, la sombra de Lula comenzará a proyectarse para una nueva disputa electoral en el 2018.

Luismi Uharte. Parte Hartuz Ikerketa Taldea

 

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O senador Blairo Maggi, um dos homens mais ricos do Brasil, está envolvido num inquérito que corre em sigilo no STF. Essa investigação secreta motivou a Operação Ararath da Polícia Federal no Mato Grosso. O governador Silval Barbosa foi preso e solto

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Mato Grosso 247 – O senador licenciado Blairo Maggi (PR-MT) está no centro de um inquérito sigiloso que tramita no STF e motivou a Operação Ararath, da Polícia Federal. Nesta terça-feira 20, a PF expediu 70 mandados de busca e apreensão nas residências e locais de trabalho de políticos e empresários do Estado. O ex-secretário da Fazenda Eder Moraes foi preso. O governador Silval Barbosa (PMDB) teve seu apartamento vasculhado pela polícia e recebeu ordem de prisão por porte ilegal de arma. Ele pagou fiança e foi solto.

A operação Ararath investiga lavagem de dinheiro e crimes financeiros por meio de empréstimos fraudulentos e empresas de fachada. O motivo pelo qual o senador Blairo Maggi é investigado continua sendo mantido em sigilo pelo STF e pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot. O inquérito foi aberto no mês passado por decisão do ministro Dias Toffoli, relator do caso.

Na quinta etapa da ação, os agentes federais também prenderam o deputado estadual José Geraldo Riva (PSD) e o ex-secretário de Estado de Fazenda, Eder Moraes. Houve buscas na casa do governador e na Assembleia Legislativa.

No entanto, a divulgação de detalhes do caso pela PF foi proibida, a pedido do procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Nota publicada pela coluna Radar On-Line informa que o pedido formulado por Janot foi acolhido pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, proibindo a divulgação de detalhes do caso.

Janot vai ao STF e impede PF de dar publicidade a operação que prendeu deputado estadual e ex-secretário da Casa Civil em Mato Grosso

Rodrigo Janot agiu para a Polícia Federal trabalhar em silêncio: entrou com uma representação no STF exigindo que a PF não desse nenhuma publicidade à Operação Ararath, realizada hoje de manhã, em Cuiabá, para combater um esquema de lavagem de dinheiro.

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200 mil brasileiros são vítimas da escravidão

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Sexta maior economia do mundo, o Brasil ainda está entre os cem países com os piores indicadores de trabalho escravo, segundo o primeiro Índice de Escravidão Global.

(BBC Brasil)

O Brasil ocupa o 94º lugar no índice de 162 países (com a Mauritânia no topo da lista, apontado como o pior caso). Trata-se da primeira edição do ranking, lançado pela Walk Free Foundation, ONG internacional que se coloca a missão de identificar países e empresas responsáveis pela escravidão moderna.

Um relatório que acompanha o índice elogia iniciativas do governo brasileiro contra o trabalho forçado, apesar do país ainda ter, segundo estimativas dos pesquisadores, cerca de 200 mil pessoas nesta condição.

Segundo o índice, 29 milhões de pessoas vivem em condição análoga à escravidão no mundo; são vítimas de trabalho forçado, tráfico humano, trabalho servil derivado de casamento ou dívida, exploração sexual e exploração infantil.

Nas Américas, Cuba (149º), Costa Rica (146º) e Panamá (145º) são os melhores colocados, à frente dos Estados Unidos (134º) e Canadá (144º), dois países destinos de tráfico humano. O Haiti ocupa o segundo pior lugar no ranking geral, sobretudo por causa da disseminada exploração de trabalho infantil.

O pesquisador-chefe do relatório, professor Kevin Bales, disse em nota que “leis existem, mas ainda faltam ferramentas, recursos e vontade política” para erradicar a escravidão moderna em muitas partes do mundo.

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No Brasil, o trabalho análogo à escravidão concentra-se sobretudo nas indústrias madeireira, carvoeira, de mineração, de construção civil e nas lavouras de cana, algodão e soja.

A exploração sexual, sobretudo o turismo sexual infantil no nordeste, também são campos sensíveis, segundo o relatório, que cita ainda a exploração da mão de obra de imigrantes bolivianos em oficinas de costura.

Através de informações compiladas de fontes diversas, os pesquisadores calcularam um percentual da população que vive nessas condições — foi assim que a ONG chegou à estimativa de que cerca de 200 mil brasileiros são vítimas da escravidão moderna. Apesar do quadro ainda preocupante, as ações do governo brasileiro contra o trabalho escravo são consideradas “exemplares”.

A ONG elogia ainda o Plano Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo e o Plano Nacional contra o Tráfico Humano, além da chamada “lista suja do trabalho escravo” do Ministério do Trabalho, que expõe empresas que usam mão de obra irregular.

O relatório recomenda a aprovação da PEC do trabalho escravo, em tramitação no Senado, que prevê a expropriação de propriedades que exploram trabalho forçado.

Recomenda ainda que a “lista suja do trabalho escravo” seja incorporada à lei e que as penas para quem for condenado por exploração sejam aumentadas.

Levantamento da Repórter Brasil revela os partidos e políticos que se beneficiaram com doações de empresas e pessoas incluídas na “lista suja” do trabalho escravo.

(Repórter Brasil)

A partir do cruzamento de dados do Cadastro de Empregadores flagrados com trabalho escravo, mantido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e pela Secretaria Especial de Direitos Humanos (mais conhecido como a “lista suja” do trabalho escravo) e as informações de doadores de campanhas eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral, organizadas pelo Portal Às Claras, a Repórter Brasil mapeou todos os candidatos e partidos beneficiados entre 2002 e 2012 por empresas e pessoas flagradas explorando trabalhadores em condições análogas à escravidão.

PTB e PMDB são os partidos que mais receberam dinheiro dos atuais integrantes da “lista suja” no período e o recém-criado PSD é o que mais recebeu dinheiro na eleição de 2012.

Ao todo, 77 empresas e empregadores flagrados explorando escravos que constam na lista atual fizeram doações a políticos, o que equivale a 16% dos 490 nomes. Eles movimentaram R$ 9,6 milhões em doações, em valores corrigidos pela inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

O levantamento mostra que os quase R$ 10 milhões se distribuem entre 23 partidos políticos, considerando as doações feitas aos seus candidatos ou diretamente às agremiações, através de seus diretórios regionais.

Como a inclusão de um nome na “lista suja” demora em função do processo administrativo decorrente do flagrante, no qual quem foi autuado tem chance de se defender, e considerando que, em linhas gerais, as doações eleitorais são fruto de relações prolongadas e não pontuais, a Repórter Brasil incluiu mesmo doações feitas em pleitos anteriores à inclusão no cadastro. O levantamento informa as doações dos atuais integrantes da relação, e não de todos os que já passaram por ela.

Já o PMDB, segundo colocado entre os partidos que mais receberam de escravocratas, teve como beneficiárias 40 candidaturas ao longo dos dez anos estudados. O valor de R$ 1,9 milhão contribuiu para que 12 prefeitos, seis vereadores e três deputados federais fossem eleitos.

Somente o produtor rural José Essado Neto doou R$ 1,6 milhão ao partido, que o abrigou por três pleitos até alcançar o cargo de suplente de deputado estadual em Goiás em 2010, quando declarou à Justiça Eleitoral ter R$ 4,3 milhões em bens. Ele entrou na “lista suja” do trabalho escravo em dezembro de 2012, depois de ser flagrado superexplorando 181 pessoas.

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Doações ocultas

No Brasil, a lei eleitoral exige que os candidatos prestem contas e deixem claro quem financiou suas campanhas. Deve ser discriminado, também, todo o montante que veio do próprio candidato – as chamadas “autodoações”.

Dos R$ 9,6 milhões gastos por escravocratas em campanhas eleitorais, R$ 2,3 milhões – ou quase um quarto do total – vieram de 19 pessoas nessa situação, ou seja, políticos flagrados com trabalho escravo que doaram a si mesmos.

O recurso, no entanto, dá margem para corrupção, permitindo que os pleiteantes a cargos eleitorais sejam financiados “por fora” e injetem o valor na campanha como se fosse proveniente do seu próprio bolso, ainda que não seja possível presumir que seja esse o caso dos políticos da relação.

Outro possível artifício para se ocultar a quais candidatos serão direcionadas os recursos é a doação aos diretórios partidários, como explica a reportagem de Sabrina Duran e Fabrício Muriana para o projeto Arquitetura da Gentrificação sobre a atuação da bancada empreiteira na Câmara dos Vereadores de São Paulo. Por meio dessa modalidade, os valores são distribuídos pelo partido ao candidato, sem que o próprio partido tenha de prestar contas e informar de quem recebeu o dinheiro. Os integrantes da “lista suja” do trabalho escravo usaram esse expediente em 36 ocasiões diferentes, totalizando R$ 1,3 milhão, valor cujo destino não é possível ser conhecido.

Escravocratas e ruralistas

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Entre os que têm defendido publicamente proprietários de empresas e fazendas flagradas explorando trabalhadores em condições análogas às de escravos no Congresso Nacional estão integrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária, a chamada Bancada Ruralista. Os integrantes de tal frente pertencem a partidos que estão entre os que mais receberam dinheiro de escravocratas.

A votação na Câmara dos Deputados da PEC do Trabalho Escravo, que determina o confisco de propriedades em que for flagrado trabalho escravo e seu encaminhamento para reforma agrária ou uso social, é um exemplo de como o interesse dos dois grupos muitas vezes converge. Dos seis deputados federais em exercício na época da aprovação da proposta na Casa que foram financiados por escravocratas, três se ausentaram da votação, conforme é possível ver no quadro ao lado. Três votaram pela aprovação.

Em outros casos, tais associações também ficam evidentes, como no processo de flexibilização da legislação ambiental com a reforma do Código Florestal. A mudança, que diminuiu a proteção às florestas nativas e foi aprovada em abril de 2012, teve apoio dos seis partidos que mais se beneficiaram com doações de escravocratas e que, juntos, receberam R$ 7,9 milhões, ou 82% do total.

Outras empresas

Juan Hervas
Juan Hervas

O levantamento levou em consideração a “lista suja” do trabalho escravo tal qual sua última atualização, de 17 de setembro, o que exclui empresas que forçaram suas saídas da relação através de liminar na Justiça, como a MRV, e outras que devem entrar em atualização futura, como a OAS.

Nos dois últimos anos, a MRV foi flagrada em quatro ocasiões diferentes – em Americana (SP), Bauru (SP), Curitiba (PR) e Contagem (MG) – explorando trabalhadores em condições análogas às de escravos. A empresa é uma das maiores construtoras do Minha Casa, Minha Vida, programa do governo federal de moradias populares instituído em 2009. Nas eleições de 2010 e 2012, a construtora doou um total de R$ 4,8 milhões a candidatos e partidos políticos, em valores corrigidos pela inflação.

Já a OAS foi autuada no mês passado por escravizar 111 trabalhadores nas obras de ampliação do Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. Terceira empresa que mais fez doações a candidatos de cargos políticos entre 2002 e 2012, a empreiteira desembolsou R$ 146,6 milhões (valor corrigido pela inflação) no período. A OAS também faz parte do consórcio que venceu a licitação para a concessão do Aeroporto de Guarulhos à iniciativa privada no ano passado.

(Transcrito da Comissão Pastoral da Terra)

Dinheiro do povo chove na lavoura de exportação

O Brasil das montadoras e oficinas depende da lavoura de exportação. É o exportar e morrer de Fernando Henrique. Exportar açúcar para adoçar a boca do europeu. Isso começou em 1536. E nunca parou.

Agora também temos os latifúndios de soja para alimentar as vacas loucas da Europa. De milho, para fabricar álcool nos Estados Unidos.

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O Brasil dos sem terra prometeu uma reforma agrária desde a Campanha Abolicionista.

Vai plantar feijão já foi uma expressão depreciativa.

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O Brasil não pode e não deve importar feijão. Deixar de ser o maior importador de trigo do mundo. E jamais esquecer que o milhão foi o pão do índio.

Idem a mandioca.

Não há explicação: Um povo morrer de fome com tanta terra para cultivar. Uma terra que tudo dá.

Operação desarticula grupo acusado de fraudar R$ 2,7 bi

por Tisa Moraes

BAURU
BAURU

Segundo o Gaeco, farto material apreendido comprovou a fraude
Um esquema fraudulento que teria envolvimento de agentes da Secretaria Estadual da Fazenda e de empresários do setor de processamento de soja foi desarticulado durante operação desencadeada ontem pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Bauru. Ao todo, oito pessoas foram presas e um empresário da cidade, assim como outro de São Paulo, estão foragidos. O nome de nenhum deles foi divulgado. [Gente rica a polícia esconde o nome. E cadeia foi feita para os pobres]

A investigação, iniciada há dois anos em conjunto com a Secretaria da Fazenda, apontou que o conglomerado industrial Sina – que possui unidades em Bauru, São Paulo e outras quatro cidades paulistas – teria causado prejuízos superiores a R$ 2,7 bilhões aos cofres públicos do Estado e da União. O esquema de fraude fiscal seria viabilizado pela corrupção de agentes públicos.

20 mandados judiciais de busca e apreensão e oito mandados de prisão
foram cumpridos nas cidades de São Paulo e Bauru. Três agentes fiscais da Secretaria da Fazenda, quatro empresários e um advogado foram presos.

Em Bauru, ninguém foi detido. Um empresário que está foragido foi procurado na unidade da Sina em Bauru, na Vila Independência, e em sua residência, localizada em um condomínio de luxo da cidade, mas não foi encontrado. Segundo informações prestadas pelo Ministério Público, o farto material apreendido – entre computadores, documentos impressos, dinheiro e barras de ouro – já teria comprovado as fraudes.

A operação recebeu o nome de Yellow (amarelo, em inglês) devido à cor dos produtos comercializados pelo conglomerado, que atuava no ramo de processamento de soja, óleo degomado, farelo, gordura vegetal e ovos. Durante a investigação, os promotores do Gaeco teriam descoberto que o grupo criava empresas de fachada em Montevidéu, no Uruguai, para simular transações de compra e venda de soja e derivados. Desta forma, geravam créditos fictícios de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), usados pela empresa matriz para abater dívidas com o Fisco.

‘Laranjas’

De acordo com a Secretaria Estadual da Fazenda, além da simulação de operações, identificou-se também a utilização de quadros societários compostos por empresas “offshore” e “sócios-laranjas”. Essas últimas seriam responsáveis por absorver todos os débitos fiscais – que não eram pagos – produzindo uma blindagem comercial e financeira para as empresas do conglomerado, que articulavam as fraudes. Segundo o MP, o esquema funcionava há cerca de nove anos.

A investigação foi iniciada há dois anos, depois que a Delegacia Regional Tributária de Bauru detectou anomalias em algumas operações realizadas pelo grupo. Na manhã de ontem, os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em empresas e em endereços residenciais, sendo 18 na Capital e dois em Bauru.

Também foram cumpridos oito dos dez mandados de prisão temporária expedidos. As unidades da Sina em Bauru e São Paulo foram contatadas pela reportagem ao longo da tarde de ontem, mas nenhum responsável foi localizado para comentar as acusações.

Bloqueio de bens

A pedido do Ministério Público, a Justiça decretou, ainda ontem, a indisponibilidade de todos os bens das dez pessoas investigadas pela Operação Yellow, incluindo imóveis, depósitos em contas bancárias, embarcações, aviões e complexos industriais. Os envolvidos serão denunciados pelos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, formação de quadrilha, crimes contra a ordem tributária e fraude processual.

Entre os agentes presos, com um deles foram encontrados R$ 350 mil escondidos em compartimentos secretos de sua residência. Ele teria patrimônio incompatível com seus rendimentos, assim como outro agente, que teria adquirido dez imóveis de luxo nos últimos anos.

A investigação teria detectado que os três servidores públicos recebiam, por operação, aproximadamente R$ 500 mil de propina para não aplicar multas ou aplicar autos de infração em valores muito inferiores às reais irregularidades encontradas no conglomerado industrial. Um deles responderá ainda por porte ilegal de arma.

Dinheiro e ouro apreendidos

Ao todo, foram apreendidos 414 mil reais, 250 mil dólares, 9 mil euros, 930 libras e sete barras de ouro, além de milhares de documentos e arquivos digitais, que vão ampliar o conjunto de provas a ser utilizado nas esferas fiscal e penal. Parte do dinheiro foi apreendida em um prédio localizado na região da avenida Paulista, em São Paulo, onde fica a sede do conglomerado. Outra parte estava na residência de um empresário e o restante, na casa de um inspetor fiscal, onde as barras de ouro também foram encontradas.

Do total de R$ 2,76 bilhões de prejuízo estimado, R$ 1,6 bilhão referem-se a tributos estaduais não pagos em ICMS e o restante a impostos federais que também teriam sido sonegados. Da operação, participaram 27 promotores de Justiça do Gaeco e cerca de 40 agentes fiscais de rendas da Secretaria da Fazenda, que contaram com o apoio de efetivos das polícias Civil e Militar. A documentação apreendida será encaminhada à Polícia Federal e à Receita Federal.

El extractivista más grande del continente: Brasil

por Eduardo Gudynas

mina a ceu aberto
Extractivismo es la apropiación de enormes volúmenes de recursos naturales o bajo prácticas intensivas que, en su mayor parte, son exportados como materias primas a los mercados globales.

Parece estar pasando desapercibido que, según esta definición, el mayor extractivista de América del Sur es Brasil.

Esa situación no siempre es reconocida, ya que cuando se habla de extractivismo en primer lugar se piense en la minería, y en segundo lugar se dirán que los ejemplos destacados son países como Chile, Perú o Bolivia. Las imágenes populares conciben a esas naciones andinas como los líderes mineros continentales, e incluso globales.

La realidad de los últimos años es otra. Brasil se ha convertido en el más grande productor y exportador minero del continente. Este país extrajo más de 410 millones de toneladas de sus principales minerales en 2011, mientras que todas las demás naciones sudamericanas sumadas, se apropiaron de poco más de 147 millones de toneladas. Estos indicadores se basan en la extracción en América del Sur de cobre, cinc, plomo, estaño, bauxita, carbón y hierro (que expresan a los principales minerales por su volumen de extracción y exportación). Es impactante advertir que Brasil extrae casi el triple que la suma de todos los demás países sudamericanos que tienen minería de relevancia (Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela).

Esos enormes volúmenes brasileños se deben especialmente a la apropiación de hierro y bauxita. Pero este país es también el que tiene una de las canastas mineras más diversificadas (además es un importante productor de carbón, plomo, algunos “tierras raras”, etc.). Que Brasil sea el mayor minero continental tampoco es un hecho reciente, y ya en el año 2000 extraía el doble de volumen que todos los demás países sudamericanos.

Como se sabe, por cada tonelada de mineral extraído existen distintas proporciones de una “mochila ecológica”, que representa todo el material no aprovechado. Al sumar esa mochila las cifras de recursos naturales apropiados aumentan todavía más. Este es un indicador importante para el caso del oro, ya que su volumen final es pequeño para incidir en los indicadores de arriba, pero tiene una altísima mochila ecológica (un kilogramo de oro requiere remover 540 toneladas de materia, según el promedio de referencia global), y en muchos casos se lo obtiene por procedimientos muy contaminantes y destructivos (tales como deforestación asociada y uso de mercurio). En este rubro el primer productor sudamericano en 2011 fue Perú (188 toneladas), pero Brasil fue el segundo (con 67 ton), y por detrás le siguieron Argentina y Chile.

El extractivismo en su sentido estricto es mucho más que la minería. La apropiación de grandes volúmenes de recursos naturales o bajo procedimientos intensivos, para alimentar las exportaciones, se repite en otros sectores, destacándose los hidrocarburos y la agricultura. En esos rubros Brasil también es un “campeón”.

Si bien Brasil es actualmente es un productor petrolero de nivel medio (ocupando el tercer lugar en América Latina), y se enfoca en su propio consumo, también es cierto que se está preparando para explotar yacimientos marinos. Su gobierno espera ubicar al país entre las primeras potencias petroleras mundiales.

Los nuevos yacimientos se encuentran en la plataforma costera, a enormes profundidades, condiciones exigentes de perforación, y altas temperaturas. Esa extracción es de un enorme riesgo ambiental, tal como ha dejado en claro el accidente de la plataforma de BP en el Golfo de México en 2010. A pesar de esa catástrofe y de la evidencia sobre esos riesgos, la discusión brasileña está mucho más enfocada en los niveles de las regalías o su distribución, que en sopesar sino sería más sensato una moratoria en ese tipo de extractivismo.

Esto es muy diferente de lo que sucede, por ejemplo, en varias localidades amazónicas, donde la experiencia ciudadana frente a distintos impactos sociales y ambientales, no está dispuesta a aceptar más compensaciones económicas, sino que reclama moratorias.

Finalmente, Brasil también es el líder en el extractivismo agrícola. Actualmente es el primer productor mundial de soya; en la zafra 2011-12 superó los 66 millones de toneladas métricas (en nuestro continente le sigue Argentina con 40 millones ton m). Es también el primer exportador mundial, y buena parte de lo que comercializa lo hace sin procesamiento. Este fenómeno va de la mano con un enorme aumento del área de cultivo, que ha superado los 24 millones de hectáreas.

De esta manera, el extractivismo avanza en Brasil en varios frentes. Si se agrupan la extracción de recursos naturales mineros, hidrocarburíferos y agrícolas, el nivel de apropiación es de recursos naturales en Brasil es escalofriante, y deja muy atrás a cualquier país sudamericano. Ese estilo de desarrollo genera presiones ambientales y sociales fortísimas, que van desde los conflictos en el medio rural al drama ecológico que se observa en el Cerrado o la Caatinga, ecoregiones que pueden desaparecer al convertirse en tierras agrícola-ganaderas.

El extractivismo exagerado hace que la economía brasileña sea muy dependiente de exportaciones como las de hierro o soya para crecer. La proporción de productos primarios aumenta en el comercio exterior y caen las manufacturas. El país se vuelve muy dependiente de las condiciones globales, tales como los precios internacionales de las materias primas o la llegada de inversores extranjeros.

Por estos motivos, un examen riguroso muestra que la economía brasileña se está pareciendo más a la de los países andinos de lo que usualmente asumen analistas convencionales, que una y otra vez dicen que es un ejemplo de industrialización. Es más, durante las dos administraciones de Lula da Silva, la economía se primarizó en lugar de industrializarse.

A diferencia de lo que sucede en otros países sudamericanos, esta expansión del extractivismo no se debe solamente a las inyecciones de capital internacional, sino a los propios fondos internos estatales. El gobierno brasileño empuja decididamente este extractivismo, por medidas directas o financieras (en especial desde su banco de desarrollo BNDES).

Hay varios ejemplos. Petrobrás es una corporación petrolera mixta. Vale, la segunda empresa minera más grande del mundo, si bien es formalmente privada, aproximadamente la mitad de sus acciones depende de los fondos de pensión de los funcionarios del Banco de Brasil, y su principal fuente es el BNDES. Por esos y otros canales, el gobierno tiene amplios poderes de control sobre esa corporación.

Entretanto, el extractivismo agrícola también es apoyado directamente por el gobierno. Este se beneficia del más grande paquete de ayuda financiera estatal del continente (el llamado Plan Agrícola y Pecuario), que para los años 2012/13, totalizó 115,2 miles de millones de reales destinados al crédito, lo que favorece directamente la expansión de la agroindustria exportadora en lugar de los pequeños agricultores.

Esta es una situación de enormes paradojas: una parte nada despreciable del dinero recaudado por el Estado se utiliza en fomentar, apoyar e incluso subsidiar el extractivismo, el que alimenta en primer lugar la globalización antes que las necesidades internas del propio Brasil. En cambio, quedan dentro del país aquella mochila ecológica y otros impactos ambientales, y un amplio abanico de efectos sociales, políticos y económicos.

Son estas medidas de apoyo del extractivismo, la persistencia de una inserción internacional funcional a la globalización, y la contención de la protesta social, las que explican que el gobierno brasileño sea una y otra vez presentado como ejemplo económico a seguir para la economía convencional. Allí se originan las felicitaciones que se encuentran en las páginas de The Economist o en los foros de Davos. Pero si la perspectiva se coloca en la sociedad civil o en la Naturaleza, está claro que Brasil debería dejar de ser el campeón del extractivismo, y comenzar cuanto antes a discutir una estrategia postextractivista.

Desde 1985, 1.566 personas han sido asesinadas en Brasil por defender su derecho a la tierra. El 8% de estos crímenes han sido juzgados

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Entrevista a Joao Pablo Rodrigues Chaves, dirigente del Movimiento de Trabajadores Rurales sin Tierra
“Lula fue el padre de los pobres y la madre de los ricos”

por Gerardo Elorriaga
lavozdigital.es

Denuncia los graves problemas vinculados al monocultivo industrial y la «criminalización» que sufre el campesinado

A la vera de las inmensas carreteras brasileñas se encuentran acampadas más de 150.000 familias campesinas que aspiran a la propiedad de una pequeña hacienda. El Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) apoya esta demanda de los braceros desde su creación hace tres décadas. Hoy, convertida en una de las organizaciones sociales más importantes de Latinoamérica, mantiene su lucha en un escenario aún más complejo, globalizado, donde confluyen intereses económicos de enormes dimensiones. Joao Pablo Rodrigues Chaves, miembro de su Coordinación Nacional, acaba de recibir el Premio Gernika por la Paz y la Reconciliación, un galardón a una lucha dificultada por la represión oficial y el asesinato clandestino.
-El conflicto social permanece en el campo brasileño. ¿En estos últimos treinta años se han consolidado progresos o la situación ha empeorado?

-El movimiento se fundó en un periodo dictatorial y, para nosotros, supone un avance importante la consolidación de un proceso democrático y las conquistas económicas y de derechos sociales para el campesino, como la política de créditos agrícolas, la introducción de la energía eléctrica o la educación.

-Pero la concentración de la propiedad se ha agudizado en estas últimas décadas.

-Ha aparecido un nuevo factor, las transnacionales que adquieren tierras para dedicarlas al monocultivo de exportación. Pueden cultivar caña de azúcar y producir etanol en el estado de Sao Paulo o el nordeste, eucalipto con el fin de generar pasta de celulosa, gracias al capital finés o surasiático, o dedicarse al negocio de la soja en el centro oeste. En el negocio han entrado Monsanto, Bunge, Bill Gates y George Soros, entre otros.

-La agricultura brasileña es un ejemplo de globalización comercial.

-El capital internacional ha emigrado a nuestro país como una forma segura de inversión en tiempos de crisis. Toda la exportación de grano se lleva a cabo por cinco o seis firmas y la producción de carne se canaliza a través de tres frigoríficas. Ese fenómeno nos deja en una situación muy complicada porque el enemigo ya no es el latifundista local, sino la gran empresa internacional con sede en Nueva York o Helsinki.

-¿Los gobiernos progresistas de Lula da Silva y Dilma Rousseff apoyan esta expansión?

-Lula fue el padre de los pobres y la madre de los ricos, porque el modelo de desarrollo brasileño está basado en el apoyo al inversor extranjero. Se dedican 2.000 millones de dólares (1.535 millones de euros) a préstamos, subsidios para infraestructuras o incentivos para los campesinos, mientras que las empresas de agronegocio cuentan con 120.000 millones. Por ejemplo, la soja para la exportación no paga impuestos, solo la dedicada al consumo interno.

 

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Espiral de violencia

-En lo que va de año tres de sus representantes han sido asesinados. ¿Quién mata en Brasil?

-Mata quien detenta la tierra. Las grandes empresas son muy modernas, y sus plantaciones de Sao Paulo disponen de la tecnología más reciente, pero el mismo grupo puede poseer una hacienda en Maranhao, al nordeste, completamente arcaica, con sistemas de esclavitud y milicias armadas. También tenemos problemas con la Policía local, radicalizada contra nosotros. Sufrimos su persecución, la criminalización, porque hoy el agronegocio es hegemónico y el campesino sin tierra, el indígena, el sindicalista y el ambientalista son los malos.

-¿Persisten todavía lacras como la esclavitud y el trabajo infantil?

-Permanecen porque la agricultura es mixta, está la moderna y aquella que se basa en el trabajo barato de la mano de obra sin derechos, que destruye la foresta y presiona a los pequeños propietarios para que vendan. En sus haciendas aisladas los trabajadores han de pagar la cama, la comida y la ropa. El año pasado fueron liberados 2.000 personas que estaban en esta situación.

-¿Hay conciencia en el país de los riesgos de este monocultivo industrial, no solo en el plano económico sino en el sanitario, por el elevado uso de pesticidas que exige?

-No, Brasil es el mayor consumidor de agrotóxicos del mundo, con una media de cinco kilos por persona, lo que supone casi mil millones de kilos anuales. El fenómeno es muy grave porque se esparcen por avión, lo que afecta a la salud de las personas. Se fumigan los pastos y los cultivos de soja, maíz, eucalipto o los pastos, pero no hay crecimiento de la producción de frijoles, mandioca o de frutas como el mango. Los precios de los alimentos son los más elevados de Latinoamérica, el del tomate ha aumentado un 150%, va a ser más caro que la carne.

-¿Este modelo de desarrollo es viable?

-No es sostenible, los países emergentes necesitan procesos nuevos. No se invierte en tecnología que no sea para el biodiesel, estamos perdiendo la soberanía alimentaria, los campesinos emigran a las urbes y los grandes capitalistas quieren explotar la Amazonia para extraer el hierro. Vamos a tener enormes problemas sociales y ecológicos.

-La clase política parece carecer de conciencia sobre los riesgos asumidos, pero, ¿qué ocurre con la sociedad?

-Existe la conciencia de que el país se enriquece frente a un mundo decaído y una creciente clase media que reclama una buena casa, coche, televisión y frigorífico. La población brasileña se concentra en cinco ciudades, Sao Paulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza y Salvador, y no le importa lo que pueda suceder en el Mato Grosso o la Amazonía, aunque el gran motor económico del país es el campo. Ahora existe mucha preocupación por el aumento de los casos de cáncer, pero no existe un debate sobre su causa. Se piensa en el crecimiento económico, pero no en el social ni en los riesgos que comporta.

 

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Contexto económico del país.

Exportaciones agrícolas. Brasil ocupa el tercer puesto mundial, tan solo por detrás de Estados Unidos y la UE.

Control de tierras. El 50% de su 65 millones de hectáreas aradas se encuentra en manos de grandes grupos económicos y el 54% de los cultivos son transgénicos.

Superficie cultivada. Las explotaciones superiores a las 100.000 hectáreas han pasado de 22 en el 2003 a 2.008 en el 2011.

Miembros del MST. Cuenta con 2,5 millones de afiliados y se atribuye el asentamiento de 500.000 familias.

Las víctimas. Desde 1985, 1.566 personas han sido asesinadas en Brasil por defender su derecho a la tierra. El 8% de estos crímenes han sido juzgados.