polícia Sérgio Cabral

DITADURA. O poder e a força das polícias de Sérgio Cabral e Alckmin

A estrema direita e alguns generais de pijama planejam o retorno dos festejos macabros do dia 3l de março, que já foi feriado nacional, para enaltecer o golpe militar de primeiro de abril.

A proposta terrorista de venezualização do Brasil conta com o apoio de partidos que serão derrotados nas eleições presidenciais deste ano, e os jornais não denunciam a apologia da volta da ditadura.

Do blogueiro Marcos Simões, na sua página no Facebook, transcrevo alguns alertas e cartazetes:

Militarização da polícia: É a doutrina milica ensinada extraoficialmente pela corporação em suas escolas de formação, que carrega ainda o ranço criminoso e nojento de sua criação, dos tempos da escravidão, da exclusão social, do desprezo pelo ser humano pobre e sem influência alguma.

É preciso acabar com esse câncer militarizado que maltrata as populações mais pobres, negras, moradoras de periferias fedorentas, inóspitas e insalubres.

Mais uma vez a Polícia Militar mostrou sua cara, arrastando essa trabalhadora depois de atirar nela.

Claudia da Silva era auxiliar de serviços gerais, ou no bom português, era trabalhadora, precarizada, negra e pobre.

Repetindo as marchas da TFP – Tradição, Família e Propriedade -, que pediam a derrubada de Jango: Essa é uma das traidoras do Brasil que idealizou a marcha da família (rica e elitista) para o golpe no país.

Financiamento do golpe: Assim como os organizadores da Marcha da Família que foram beneficiados na Ditadura, esses milicos do tempo do golpe receberam uma grana preta para apoiar o Golpe de 64. Denúncia do Major Moreira.

Escreve Eduardo Guimarães: Os desmandos e a ingerência política dos governos de São Paulo na TV Cultura ao longo dos vinte anos – a se completarem em 1º de janeiro de 2015 – durante os quais o PSDB governa o Estado são bastante conhecidos e só não geram inquérito a partir do Ministério Público estadual por conta do aparelhamento desse órgão por esse grupo político.

Um dos maiores escândalos na utilização política dessa tevê pública foi a concessão ao Grupo Folha de São Paulo do horário mais nobre da tevê brasileira, as noites de domingo.

O escândalo reside no posicionamento político da Folha, sabidamente de oposição ao governo federal.

Essa postura política da Folha em relação aos adversários dos controladores da TV Cultura deveria ser impeditiva à entrega ao jornal de espaço na emissora, pois uma tevê pública tem que se pautar muito mais pela isenção política do que as tevês privadas, ainda que a estas caiba a mesma imposição.

No último domingo, porém, a TV Cultura extrapolou no uso político que faz de sua programação.

O programa “TV Folha”, concedido pelo governo Geraldo Alckmin à família Frias, deu um jeitinho de fazer propaganda de um protesto contra o governo Dilma Rousseff que está sendo prometido por um grupo de extrema-direita em São Paulo. Leia mais

Para quem não viveu os tempos da dita-dura, veja no exemplo da Argentina que é moleza lamber as botinas dos milicos.

EL PODER Y LA FUERZA

La edición definitiva del libro de Eduardo Luis Duhalde, El Estado Terrorista argentino, escrito en el exilio y publicado por primera vez en 1984, exhibe en toda su plenitud una tarea que parecía titánica y que fuera llevada a cabo con rigor por el ex secretario de Derechos Humanos: combinar la abstracción teórica con la denuncia, logrando convertir su ensayo en una suma de análisis y testimonio, una forma extremadamente lúcida de pensar el horror.

por Fernando Bogado
La tarea intelectual de Eduardo Luis Duhalde (1939-2012) puede sintetizarse en una sola frase: pensar el horror. Duhalde, quien durante sus últimos días fue responsable de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación luego de haber ejercido las funciones de abogado en la defensa de las víctimas del terrorismo de Estado (aquí y en el exterior), ocupó toda su capacidad intelectual y conocimiento en tratar de demostrar que detrás de lo que muchos consideraban mera barbarie había un aparato racional (y no por eso “razonable”, como él mismo aclara) cuya operatoria podía desarmarse. El fin de tal ejercicio es clave: entender la ligazón lógica e histórica del siniestro e inaudito Estado Terrorista que se mantuvo en el poder en el período que va de 1976 a 1983 es, estrictamente, poder conjurar de manera eficaz la peligrosa impronta ideológica que tal tipo de organizaciones puede dejar en la sociedad civil, en las futuras formas de Estado democrático, en la práctica cotidiana de cada individuo. La reciente edición definitiva del texto clave de Duhalde, El Estado Terrorista argentino, escrito durante el exilio del autor en España durante 1983 y publicado finalmente en 1984 –momento clave para entender el desarrollo de la política de derechos humanos en nuestro país– permite poner en perspectiva este esfuerzo intelectual y, además, cumple con el objetivo último de todo un proyecto del pensamiento: pensar ese horror, en definitiva, es brindar medios para evitar que se repita.

¿Qué es el Estado Terrorista? Para decirlo en pocas palabras, en las de Duhalde, estrictamente, es la versión más “eficiente” del Estado Militar, digamos, su “degeneración” eficiente. No es raro encontrar en la historia latinoamericana el surgimiento de formas de Estado de Excepción, cuyo centro era ocupado, en algunos casos, por un tirano “pintoresco” (¿bufonesco?) que mantiene intacto el aparato y lo utiliza sólo para su gloria narcisista. La necesidad por parte del gobierno de Estados Unidos de mantener una política de Seguridad Nacional que sobrepase sus fronteras –en el marco de la Guerra Fría y de los fracasos en las operaciones militares en Cuba y Vietnam– obliga a la aparición en los países latinoamericanos de Estados de Excepción menos “personalistas” y de rasgos tecnocráticos. Es la propia fuerza militar la que, con ascetismo y visos de autocontrol, toma el poder. Y si bien las primeras formas plantean ciertos límites a esa toma de poder, en la Argentina de 1976 apareció un tipo de Estado Militar que terminó extendiendo su control no sólo sobre los organismos de la democracia parlamentaria burguesa, no sólo sobre el aparato represivo, sino también sobre los aparatos ideológicos, estrategia que les permite ratificar su propio accionar y, en alguna medida, extenderlo en el tiempo.

Esa es una característica central del Estado Terrorista: el control del aparato represivo sobre las formas del aparato ideológico. Así, se logra someter a la sociedad civil a una violencia real y simbólica que puede asegurar, con el paso de los años, el mantenimiento de las condiciones necesarias para la implementación de las recetas económicas dictadas por la potencia. Para ello, para “alisar el terreno” y asegurar que la oligarquía siga ejerciendo el poder que el Estado burgués no puede ya garantizar, el Estado Terrorista adopta otra particularidad, su segunda gran característica: además de tener un carácter público, en donde se proyecta cierto respeto a los derechos humanos internacionales, adopta una naturaleza clandestina que reprime (mata, tortura) indiscriminadamente y oculta sus huellas para mantener indemne a la faz “respetable”. Como Jano, señala bien Duhalde, el Estado Terrorista tiene dos caras.

El Estado Terrorista argentino es un hito dentro de la producción intelectual nacional no sólo porque es un impresionante análisis de la forma que adopta el poder durante la última dictadura, sino que también es una contundente denuncia de las vejaciones llevadas adelante por los diferentes miembros de las Fuerzas Armadas y por miembros de la sociedad civil durante el Proceso, responsables directos cuyos nombres aparecen en el libro ya sea para inculparlos o, en el caso de los agregados de esta edición en particular, para comentar el estado de su causa.

El Estado Terrorista argentino. Edición definitiva Eduardo Luis Duhalde Colihue 512 páginas

Sorprende leer en esta edición el largo prólogo de 1998, el cual, quince años después de la primera edición, lleva adelante algunas observaciones acerca de la perpetuación, en tiempos de democracia, del aparato ideológico-represivo del Estado Militar. En los tiempos finales del menemismo, Duhalde lee la supervivencia del afán represivo y el individualismo a ultranza sintetizada en la frase que caracterizó a cierto subdiscurso negacionista que comenzó a formarse a partir del regreso del orden democrático: el “por algo será” aplicado sobre los sufrimientos de esas mismas víctimas que sustenta, ideológicamente, la perversa “teoría de los dos demonios”. Extendamos aquí la lectura: ¿no es también la perpetuación de la idea de “pena de muerte”, de “al paredón con los culpables” que acompaña a la condena social de ciertos casos de delincuencia en la actualidad, la aplicación de esa fuerza represiva aparecida entre el ’76 y el ’83 que busca eliminar, erradicar y ocultar al que se “desvíe” de lo considerado “normal”, “derecho” y “humano”?

Buscar la verdad con respecto a los hechos de la dictadura, si bien implica la completa declaración de los sucesos de esos tiempos para el concreto enjuiciamiento de los responsables, es también analizar el complejo sistema teórico de su accionar. Así, El Estado Terrorista argentino funciona como un testimonio contra la repetición de esos males y a favor de una consciente profundización democrática que se sostiene, como todos sabemos, sobre tres pilares fundamentales: la memoria, la verdad, la justicia.

As milícias dominam 45% das favelas do Rio

Deu em O Globo

As milícias já dominam 454 favelas, de um universo de 1.001 localizadas no município do Rio, revela pesquisa realizada pela antropóloga Alba Zaluar, em conjunto com uma equipe do Instituto de Estudos Sociais e Políticos, da UERJ, e Christovam Barcellos, coordenador do Laboratório de Informação em Saúde do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica, da Fiocruz. Esse número representa 45% do total de favelas do Rio.

O trabalho também mostra que 370 comunidades, ou 37% do total, ainda são controladas por traficantes de drogas. Já as Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) aparecem em 174, ou 18%, das favelas. A pesquisa também mostra que apenas seis favelas que passaram por processo de pacificação não têm tráfico de drogas: Chapéu Mangueira e Babilônia, no Leme; Batan e Avenida Brasil (bairro Batan), em Realengo; Camarista Méier, no Engenho de Dentro; e Morro Azul, no Flamengo, segundo a pesquisadora.

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Deu na Folha

ÁREAs DOMINADAs POR MILÍCIAS TRIPLICAM

Em cinco anos, milícias que exploram serviços clandestinos de segurança, vans, venda de botijões de gás e TV a cabo ampliaram sua área de atuação nas favelas do Rio de Janeiro. De 2005 a 2010, triplicou o número de pessoas que vivem em áreas sob o domínio desses grupos, aponta pesquisa. Em 2005, as milícias estavam estabelecidas em favelas que, juntas, tinham 100 mil moradores; em 2010, ocupavam áreas com 300 mil habitantes. As informações são de um estudo do Observatório de Saúde Urbana da Fiocruz (Fundação Osvaldo Cruz) e do Nupevi (Núcleo de Pesquisa das Violências) da Uerj.

(Texto trancrito do ex-blog de Cesar Maia,
enviado por Mário Assis/ Tribuna da Imprensa)

Nota do redator: Todo mundo sabe que as milícias são formadas por policiais, ex-policiais e bandidos sem farda. E quem comanda a Polícia Civil e a Polícia Militar é o governador.

O Rio de Janeiro tem 1. 100 favelas. Toda favela é sinal de pobreza No Governo de Sérgio Cabral, o Rio foi rebaixado do segundo para o terceiro maior PIB do Brasil.

A PM do Rio, que mata os Amarildos, é notavelmente eficiente na repressão… aos movimentos sociais, estudantis e grevistas e despejos.

A militarização das favelas é um atentado aos direitos constitucionais de seus moradores

ENTREVISTA COM O PROFESSOR NILO BATISTA

Enquanto as UPPs avançam sobre uma das maiores favelas do mundo — a Rocinha — a população das regiões já militarizadas segue denunciando o regime de exceção instaurado pelo Estado nesses locais. O advogado criminalista Nilo Batista, ex-vice-governador do estado do Rio de Janeiro e fundador do Instituto Carioca de Criminologia, é um dos destacados denunciantes dessa obscura política nutrida pelos gerenciamentos Cabral, Paes e Roussef.

— A UPP, antes de mais nada, é uma iniciativa completamente inconstitucional, que tem o apoio da grande mídia acrítica. A série de restrições a que os moradores dessas favelas são submetidos só seria possível se fosse decretado estado de sítio ou estado de defesa, consultado o conselho da república, o conselho de defesa e o congresso nacional. Só assim seria possível levar a cabo essas restrições em território brasileiro, porque ali, a constituição não está tendo vigência. A começar pelo simples direito de ambulação, do qual essa grande mídia costuma ser tão ciosa, esse direito de ir e vir, um direito tão elementar, é proibido porque acontecem toques de recolher. Outra questão são as festas e manifestações culturais serem tutelados por uma autoridade policial militar. Isso é absolutamente inconstitucional — garante o jurista, que em seguida aponta o monopólio dos meios de comunicação como mentores publicitários desse estado de sítio.

— Se isso não estivesse ligado aos grandes lucros que virão dos megaeventos esportivos que acontecerão no Brasil, nos quais a mídia tem a fatia mais importantes, através dos milionários contratos de publicidade e patrocínio, já tinha ido para o ralo esse negócio de UPP. Porque os fracassos, os abusos já estão muito evidentes. Isso não é polícia de proximidade. Isso é polícia de conflito. É completamente irracional a segurança pública ser o eixo das outras políticas públicas. Pobres os locais onde a polícia é o veículo dos outros serviços — critica Nilo.

— Nesse avanço do Estado de polícia, a pena virou uma divindade no Brasil, o que é muito ruim. E aí, eles dão voz aos explicáveis sentimentos de vingança das vítimas, alavancam isso tudo, procuram criar clamor popular, etc. Faça uma manifestação pedindo a descriminalização do crime de apologia, que é claramente inconstitucional diante da liberdade de manifestação prevista na constituição. Não vai haver uma nota nos jornais. Claro. Pois são jornais antipopulares, que só olham o povo com os olhos do choque de ordem, com os olhos do higienismo, com os olhos do ‘bota abaixo’, com os olhos das oligarquias sanguinárias, fascistas, que sempre mandaram nesse país e continuam mandando. Agora, faça uma manifestação para pedir pena. Se tiver pouca gente, eles vão usar ângulos de filmagem e fotografia mais fechados, vão dizer que estava cheio, que tinham muitas pessoas. Vão dar todo o espaço nas páginas dos jornais — protesta o advogado criminalista.

Em seguida, Nilo Batista criticou a ocupação dos Complexos dos Alemão e da Penha pelo exército e disse que a iniciativa configura um atentado à constituição.

— O adestramento das forças armadas é feito para a guerra, que é um lugar de não-direito. O do policial é feito para o direito, para a legalidade. Na organização militar, a obediência, a ordem, devem ser vinculantes. A legalidade não está em questão. Até porque você está em um ambiente de não-legalidade. O policial tem o dever de checar a legalidade de uma ordem que lhe for atribuída. Coisa completamente diferente no âmbito militar. E essa aproximação entre o poder punitivo e suas agências e o poder militar é muito ruim para a democracia. Se você olhar para o século XX, que foi um século com muitos genocídios, perto de cada genocídio você vai encontrar, ou forças policiais militarizadas, ou forças militares com funções policiais. É com essa receita que, no Complexo do Alemão, nós estamos caminhando inadvertidamente — aponta o jurista.

Sobre a censura sofrida pelas reportagens de AND e ANF no Alemão, na ocasião em que soldados tentaram impedir os jornalistas de registrar imagens, Nilo diz ser mais um sinal desse estado de sítio inconstitucional.

— Só com estado de sítio seria possível isso. É um sinal desse autoritarismo com o qual a gente convive e que essa grande mídia silencia porque ela é sócia dos lucros disso — diz.

O jurista também comentou a prisão de quatro operários do PAC, moradores do Complexo do Alemão, acusados de desacato por soldados do exército e encarcerados durante quatro dias em uma prisão estadual.

— Ainda que eles fossem condenados pelo desacato, eles não cumpririam pena privativa de liberdade. A relação que nós observamos entre os desacatos lavrados em favelas com UPPs e os abusos de autoridade de policiais é a mesma relação que encontramos entre os homicídios e os autos de resistência nas favelas. Ou seja, atrás de cada desacato lavrado em favelas com UPP, na maioria dos casos, existe um crime de abuso de autoridade cometido pelo mesmo PM supostamente desacatado. Isso nunca é investigado, porque, quando arquivam o desacato, arquivam o abuso também. Uma vez, eu defendi uma senhora do morro dos Prazeres que questionou a atitude de um PM que agrediu o filho dela e foi presa por desacato — relata.

— Essa é mais uma das consequências de um estado de sítio inconstitucional, que foi decretado por um secretário de segurança, por um governador de estado, contrariando a constituição. E a mídia silencia, porque nada pode atrapalhar os seus lucros que estão por vir. Essa política tem que ser um sucesso de qualquer maneira, nem que seja, sem trocadilho, na porrada, como está sendo — conclui Nilo Batista.

http://www.youtube.com/watch?v=DrDPEFWhoWM

Terrorismo da polícia de Sérgio Cabral e violência contra a mulher: ordem para prender a viúva de Amarildo

QUEM ACREDITA NA POLÍCIA?

Vídeo esposa de Amarildo

Amarildo, Presente. A história do pedreiro que desapareceu após ser detido portando todos os seus documentos pelos policiais da UPP de Sérgio Cabral

por Anne Vigna/ Pública

Não é preciso passar muito tempo junto à família de Amarildo para entender que a UPP da Rocinha se envolveu em um problema bem grande. Amarildo não é uma pessoa que poderia desaparecer sem que sua família perguntasse por ele, não é o pai de quem os filhos esqueceriam facilmente, não é o sobrinho, tio, primo, irmão, marido por quem ninguém perguntaria: onde está Amarildo?

Neste pedaço bem pobre da Rocinha, onde nasceu, cresceu, viveu e desapareceu Amarildo, “muitos são de nossa família”, diz Arildo, seu irmão mais velho, apontando os quatro lados da casa. Em uma caminhada pela comunidade na companhia de um sobrinho de Amarildo, a repórter da Pública conheceu algumas primas, depois umas sobrinhas, tomou um café com as tias lá em cima, de onde desceu acompanhada de irmãos e filhos de Amarildo. De todos ouviu a descrição de Amarildo como “um cara do bem” que, por desgraça, tornou-se famoso – e não por sua característica mais marcante, o bom coração.

As casas são ligadas por escadas antigas, feitas possivelmente por seus avós que vieram da zona rural de Petrópolis para o Rio com os três filhos ainda bem pequenos. “A Rocinha nessa época ainda era mato e poucas casas de madeira, uns barracos como se diz, e nada mais”, diz Eunice, irmã mais velha de Amarildo.

A curiosidade da repórter sobre o passado da família é o suficente par que ela pegue o telefone, para ligar para uma tia avó, “a única que pode saber alguma coisa sobre a história é ela”, diz. A tia-avó, que também vive na Rocinha, confirma por telefone o que Eunice já sabia: a “tataravó era escrava, possivelmente em uma fazenda de Petrópolis, mas não se sabe mais do que isso”.

Eunice diz ter retomado as origens familiares ao fazer de sua casa um centro de Umbanda. É aqui, na parte debaixo da casa, a mais silenciosa, que ela recebe as pessoas que querem saber de seu irmão. “Temos a mesma mãe, mas nosso pai não é o mesmo. Minha mãe gostava de variar”, comenta, rindo.

Ali, na casa construída por ela, moram pelo menos 10 pessoas, entre crianças e adultos. Na cozinha, as panelas são grandes como numerosas são as bocas. No primeiro quarto, três mulheres comem sentadas na cama. Em outro quarto, duas sobrinhas estão em frente ao computador, trabalhando na página do Facebook feita para Amarildo, seguindo os cartazes virtuais de “onde está Amarildo?” que vêm de várias partes do país.

Entre onze irmãos

A mãe de Amarildo teve 12 filhos e trabalhou muito tempo como empregada doméstica na casa de uma atriz famosa do bairro do Leblon. “Essa atriz quis adotar um de nós mas a minha mãe nunca quis”, lembra o irmão Arildo, 3 anos mais velho do que ele. Sobre o pai de ambos, não se sabe onde nasceu, apenas que era pescador, com barco na Praça XV, no centro do Rio, onde conheceu a sua esposa. Os netos não se lembram como nem quando, mas ele se acidentou em um naufrágio e acabou morrendo em consequência de um ferimento na perna. Amarildo tinha um ano e meio. Mas, adulto, Amarildo, tinha paixão pela pesca. “Era a única coisa que ele fazia na vida, quando não estava trabalhando ou nos ajudando: ia pescar sozinho ou com um primo nas rochas de Sao Conrado. Voltava com muitos peixes”, conta orgulhoso, Anderson, o mais velho dos seus seis filhos.

As varas de pescar de bambu, que ele mesmo fazia, estão encostadas em casa desde o dia 14 de julho, um domingo, quando os policias da Unidade de Polícia Pacificadora da Rocinha o levaram “para verificação”. Ele tinha acabado de limpar os peixes trazidos do mar e Bete, apelido de Elizabete, sua esposa há mais de 20 años, esperou que ele voltasse da UPP para fritar os peixes “como tantos domingos”, ela conta, o olhar perdido. Foram 20 anos de união, seis filhos, a vida dividida em um único cômodo que servia de dormitório, cozinha e sala.

Semanas após o desaparecimento do marido, Bete se esforça para conseguir contar como conheceu o “meu homem”, ela diz, evocando a lembrança do jovem que se sentou ao lado dela em um banco em Ipanema: “Eu não saía muito desde que cheguei de Natal (Rio Grande do Norte) para trabalhar como empregada em uma família. No domingo, ia caminhar um pouco no bairro. Ele veio conversar comigo, nos conhecemos, e ele me trouxe para a casa de sua mãe aqui na Rocinha. Nunca mais saí”, conta.

Bete trouxe os dois filhos que vieram com ela do Nordeste sem criar problema com Amarildo. “Ele adora crianças”, ela diz. O que as duas menorzinhas da família confirmam: “É o tio Amarildo que nos leva para a praia de de Sao Conrado, ele que nos ensinou a nadar”. Ela apenas sorri, sempre fumando, e sem disfarçar a tristeza conta que está preocupada com a filha mais nova, de 5 anos. “Ela sempre estava com o pai”, suspira. No começo, Bete lhe disse que o pai tinha ido viajar e que, por hora, ele não voltaria. A pequena conserva a esperança de filha que sempre acreditou nas palavras do pai, e ele lhe prometeu um bolo grande no próximo aniversário.

“Era um menino e pulou no fogo”

Aos 11 anos, Amarildo se tornou o heroi da comunidade ao se meter em um barraco em chamas para salvar o sobrinho de 4 anos. “Era um menino, e pulou no fogo. Me salvou e também tentou salvar a minha irmã, que tinha 8 anos. Não conseguiu tirá-la de lá, ela morreu, e eu fiquei meses no hospital”, lembra Robinho, hoje com 34 anos, a pele marcada pelas cicatrizes desta noite de incêndio.

Aqui, Amarildo é conhecido por todos como “Boi”, por ser um homem forte que carregava as pessoas que precisavam de socorro para descer as escadas e chegar com urgência a um hospital. “Uns dias antes de desaparecer, ele carregou no colo uma vizinha, e a salvou. É uma ótima pessoa, sempre ajudava os outros – numa emergência ou numa mudança”, conta a cunhada Simone, sem conter as lágrimas. “Eu tenho muita saudade dele, principalmente do seu sorriso. Meu marido não fala nada, mas eu o conheço, está com muita raiva. Na primeira noite, ficou debruçado na janela a noite toda, esperando o irmão voltar”, diz, emocionada.

Toda a família está com raiva. E dessa vez ninguém quer ficar quieto, mesmo sabendo dos riscos da denúncia. Vários familiares foram ameaçados por policiais. “Por que foram atrás dele? Estamos voltando à ditadura?”, pergunta a prima, Michelle. “Ele trabalhou toda a vida, quando não trabalhava, nos ajudava, ou ia pescar para a sua família. Ninca se meteu com ninguém”, comenta, revoltada.

Boi era pedreiro havia 30 anos e ganhava meio salário mínimo por mês. “Por isso, às vezes carregava sacos de areia aos sábados para ganhar um pouco mais”, comenta Anderson, mostrando os tijolos que o pai comprou com o dinheiro extra para fazer um puxadinho no segundo andar na casa: “Na verdade, ele ia ter que voltar a fazer a fundação aqui de casa porque está caindo, eu e meu irmão íamos ajudar”, detalha.

“Ele era meu pai, irmão, amigo, era tudo para mim”, diz, escondendo as lágrimas quando chega a irmã mais nova, de 13 anos.

Os familiares vivem em suspense, à espera das notícias que não chegam. Não desistem: organizam-se como podem com vizinhos, amigos e outras vítimas da polícia. Negaram uma oferta do governo do Estado do Rio de Janeiropara entrar no programa de proteção à testemunha. Preferiram continuar na Rocinha, sua comunidade. Na próxima quinta-feira, dia 1 de agosto, farão mais uma manifestação na Rocinha, onde estarão presentes familiares de outros desaparecidos por obra de outros policiais em outras favelas. “Temos que lutar para que essa impunidade não continue. Queremos justiça por Amarildo e para todos nós que convivemos agora com essa polícia”, revolta-se a sobrinha Erika.

Aos 43 anos, Amarildo desapareceu sem que a família tenha direito sequer a uma explicação oficial, como tantos outros de tantas favelas brasileiras vítimas de violência policial. Mas dessa vez, ninguém vai se calar. Onde está Amarildo?

Como levaram Amarildo

A Operação Paz Armada, que mobilizou 300 policiais, entrou na Rocinha nos dias 13 e 14 de julho para prender suspeitos sem passagem pela polícia depois de um arrastão ocorrido nas proximidades da favela. Segundo a polícia, 30 pessoas foram presas, entre elas Amarildo. Segundo uma testemunha contou à reporter Elenilce Bottari, do Globo, ele foi levado por volta das 20 horas do dia 14, portando todos os seus documentos: “Ele estava na porta da birosca, já indo para casa, quando os policiais chegaram. O Cara de Macaco (como é conhecido um dos policiais da UPP) meteu a mão no bolso dele.

Ele reclamou e mostrou os documentos. O policial fingiu que ia checar pelo rádio, mas quase que imediatamente se virou para ele e disse que o Boi tinha que ir com eles”, disse a testemunha.

Assim que soube, Bete foi à base da UPP no Parque Ecológico e chegou a ver o marido lá dentro. “Ele me olhou e disse que o policial estava com os documentos dele. Então eles disseram que já, já ele retornaria para casa e que não era para a gente esperar lá. Fomos para casa e esperamos a noite inteira. Depois, meu filho procurou o comandante, que disse que Amarildo já tinha sido liberado, mas que não dava para ver nas imagens das câmeras da UPP porque tinha ocorrido uma pane. Eles acham que pobre também é burro”, contou Bete ao Globo.

O caso está sendo investigado pelo delegado Orlando Zaccone, da 15ª DP (Gávea), ainda sem conclusão.

#OndeEstáAmarildo

RSF pede que responsáveis por abusos contra imprensa na visita do papa sejam punidos. Mais de 20 jornalistas agredidos ou feridos

Nesta quarta-feira (24/7), a organização Repórteres Sem Fronteiras exigiu que os “abusos policiais” contra a imprensa durante a visita do papa Francisco ao Brasil sejam punidos.

“A ‘primavera brasileira’ de junho já revelou a incrível brutalidade de algumas forças da polícia em São Paulo e Rio de Janeiro, em particular.” A RSF finalizou pedindo uma “reforma profunda das instituições incapazes de distinguir a manutenção da ordem e a repressão”.

Mais de vinte jornalistas foram agredidos ou feridos no decorrer dos quinze dias de protestos contra o aumento do preço dos transportes e o mau estado dos serviços públicos. Embora a maior parte dessas agressões, por vezes acompanhadas de detenções, tenha sido cometida por policiais militares, alguns manifestantes também se mostraram hostis a jornalistas que cobriam os protestos. A amplificação do movimento, alimentado pelas redes sociais, também expandiu suas reivindicações, entre as quais figura o questionamento do modelo mediático dominante.

“A crítica da mídia e de sua cobertura dos acontecimentos é válida. Porém, tal não justifica demonstrações de ódio contra repórteres e ainda menos ataques à sua integridade física. Em sua tentativa de estimular um debate público, no qual se inclui também a relação entre os cidadãos e o espaço mediático, a contestação deve evitar comportamentos perigosos para o exercício das liberdades públicas. O direito de informar, à semelhança do direito de manifestar, é garantido pela Constituição democrática de 1988. Os jornalistas devem poder cobrir o movimento sem receio de violência”, declara Repórteres sem Fronteiras.

Após a relativa calma do dia 17 de junho de 2013, os confrontos entre manifestantes e forças da ordem se reacenderam no dia seguinte, sobretudo no Rio de Janeiro e em São Paulo. Isto apesar da suspensão do aumento das passagens dos transportes públicos, que desencadeara os protestos.

As violências contra jornalistas imputáveis às forças da ordem continuam sendo frequentes. Em Niterói, perto do Rio de Janeiro, na noite de dia 19 de junho, Vladimir Platonow, da Agência Brasil, foi espancado com cassetetes juntamente com vários manifestantes por seguranças privados da estação de comboios local, ao tentar escapar a uma investida da tropa de choque da Polícia Militar (PM). Ainda em Niterói, no mesmo dia, o cinegrafista Murilo Azevedo, do grupo público Empresa Brasil de Comunicação (da qual faz parte Agência Brasil), foi ferido por uma granada de gás lacrimogêneo da PM. Por fim, na noite de dia 20 de junho, em frente à prefeitura do Rio, uma bala de borracha disparada por um policial feriu a testa do jornalista Pedro Vedova, de Globonews, canal de notícias 24 horas do grupo Globo.

A organização condena igualmente a detenção durante duas horas, no bairro do Catete, de Felipe Peçanha e Felipe Assis, dois jornalistas alternativos do movimento Mídia Ninja. Por fim, também Marcelo Carnaval, fotógrafo do diário nacional O Globo, foi atingido na cabeça por uma pedrada.

Mais de dois terços das agressões cometidas contra jornalistas que registrámos durante esse período foram responsabilidade de policiais militares. Essa situação exige uma investigação e sanções, mas também uma reforma integral de instituições fora de controle e incapazes de distinguir entre manutenção da ordem pública e repressão”, declarou Repórteres sem Fronteiras.

A propósito de vandalismos

por Vittorio Medioli

É realmente deplorável assistir a atos de vândalos que queimam carros, quebram vidraças, saqueiam lojas e, mais ainda, ver jovens arriscando-se sob chuva de bombas lacrimogêneas, mesmo aqueles pacíficos em seu direito de se manifestar que, atingidos na cabeça, podem ser mortos ou ter um olho esmagado por uma bala de borracha. Balas que se usam apenas em países incivilizados ou ditaduras. O vandalismo coloca em risco policiais, também insatisfeitos e inocentes, ao soldo de governantes que não elegeram.

O vandalismo mostrado nas telas, e comentado com desgosto e semblante fechado, revolta muita gente em suas casas. Deplorável a quebra de vidraças do Palácio do Itamaraty, em Brasília. Ninguém concorda com isso. Agredir uma obra de arte projetada por Oscar Niemayer, admirada internacionalmente e que conserva obras de artistas famosos, despertou ao vivo as preocupações de milhões de pessoas. Um prédio tão genial, inspirador de milhares de outros em todo o planeta, palácio que hospeda a câmara dos botões do sistema diplomático do Brasil.

Depois ouvi dizer que vandalismo com o patrimônio e o dinheiro público é ter aberto, nos últimos dez anos, cerca de 50 novas embaixadas que se reportam a esse Itamaraty, a maioria em países exóticos e paradisíacos, dotadas com um mínimo de 25 funcionários. Nelas o embaixador mais simples ganha R$ 50 mil, o mais estrelado, R$ 70 mil, o funcionário de nível inferior, cerca de R$ 25 mil, entre o salário propriamente dito e as “verbas”. O custo de uma embaixada, segundo os dados que se podem encontrar fora da caixa-preta do Itamaraty, aponta um mínimo de R$ 10 milhões a cada ano por uma embaixada de menor porte. Nessa categoria se enquadra uma dúzia em paraísos caribenhos cercados de mar azul e fora da rota turística. Hoje o Brasil possui 92 embaixadas megalomaníacas cobiçadas por aliados e partidários que procuram o “dolce” e bem-remunerado “far niente”.

São Vicente e Granadinas (população de 121 mil), Santa Lúcia (162 mil), São Cristóvão e Nevis (51 mil), Barbados (279 mil), Antígua e Barbuda (88 mil) por um total geral de 701 mil habitantes, na mesma região, provavelmente custam mais de R$ 50 milhões por ano.

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Transcrito O Tempo/ Tribuna da Imprensa/ Continua

Notas marginais do retador do Blogue:

SÃO VICENTE E GRANADINAS

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É um país das Caraíbas localizado nas Pequenas Antilhas. Sua cidade mais populosa é Kingstown, com 24 mil e 518 habitantes.

SANTA LÚCIA

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É um país insular das Pequenas Antilhas, no Caribe, próximo à Martinica, São Vicente e Granadinas e Barbados. Seu nome foi dado por Cristóvão Colombo, que ali esteve, em 1502.

Castries sua cidade mais populosa: 12 mil 980 habitantes.

Santa Lúcia, considerada o quinto melhor lugar do mundo para passar a lua de mel

Santa Lucia, considerada o quinto melhor lugar do mundo para passar a lua de mel — Santa Lucia, localização

SÃO CRISTÓVÃO E NEVIS

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A Federação de São Cristóvão e Neves, Nevis ou Névis é um Estado soberano do Caribe ou das Caraíbas, mais propriamente parte das ilhas de Barlavento, e constituído pelas ilhas de São Cristóvão e Nevis. É também o menor país das Américas em extensão territorial e em número de habitantes.

A capital e sede do governo do Estado federado é Basseterre, com 12 mil e 920 habitantes, na ilha de São Cristóvão. A ilha menor, Neves, situa-se a três quilómetros de São Cristóvão, ficando esta separada por um estreito pouco profundo a que localmente se chama The Narrows.

Vista de Nevis, a partir de São Cristovão

Localização de São Cristóvão e Nevis (em verde) no Caribe

BARBADOS

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É o país mais oriental das Caraíbas (Caribe), situado no Oceano Atlântico, a leste de Santa Lúcia e de São Vicente e Granadinas, na área conhecida como Índias Ocidentais. Sua capital é Bridgetown, com 98 mil e 511 habitantes.

Conquistada pelos espanhóis em 1492, foi visitada pelos portugueses de 1536 até 1625. Nesta data foi reclamada pelos britânicos em nome de Jaime I de Inglaterra.

Manteve-se como colónia britânica até 1966.

ANTÍGUA E BARBUDA

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É constituído por 37 ilhas situadas entre o mar do Caribe (mar das Caraíbas e o Oceano Atlântico. É constituída por duas grandes ilhas, Antiga e Barbuda, e outras seis ilhotas: Great Bird, Green, Guinea, Long, Maiden e York; além de outras 29 ilhotas desabitadas. Separada por poucas milhas marítimas, o arquipélago faz parte das ilhas de Barlavento das Pequenas Antilhas, na América Central.

Os primeiros habitantes das ilhas surgiram há cerca de 4 400 anos. Em 1493, elas foram conquistadas por Cristóvão Colombo que as batizou, e colonizou em nome do reino da Espanha. Tal estatuto durou até 1667, quando foram vendidas à Grã-Bretanha, tendo estado sob soberania britânica até à sua independência em 1981.

PARIS, DOCE TURISMO

O Itamaraty chegou a pensar em criar uma embaixada na Martinica. Cobiça pirata desvanecida, quando um assessor de imprensa avisou que a Martinica continua colônia francesa.

Quando começaram as ondas de protesto, estavam em Paris Dilma, Geraldo Alckmin, Sérgio Cabral, os prefeitos de São Paulo, de Santa Maria do beijo da morte na boate Kiss, e mais três G-8 e respectivas cortes.

Sérgio Cabral só vive lá, lá em Paris, desejoso de ficar lá de vez, como embaixador, depois de deixar o governo do Estado do Rio de Janeiro em 1 de janeiro de 2015. Ele sonha colocar o pezão lá, para continuar um vida “merecida” de luxo e repentina riqueza.

Misterioso mesmo é que não existe nenhum mapa com as ilhas do Brasil, classificadas em oceânicas, marítimas e fluviais. O Brasil não tem mar, isso é verdadeiro. Falso, enganador é informar que o Brasil possui poucas ilhas, que são dadas como concessões pelo governador geral das ilhas, de identidade desconhecida.

Os donatários das ilhas doadas possuem luxuosas moradias. Coisa de faraó. Ou vendem as outorgas por vários bilhões de dólares a piratas de várias bandeiras.

As ilhas são paraísos aqui na terra. Esse vandalismo constitui um perigo para a soberania nacional. Ninguém sabe o que existe e o que acontece nas ilhas.

Fonte: Wikipédia/ Google

Quanto mais direitista um governador, mais violência policial

Governadores estão tirando a máscara de esquerdista, e mostrando a verdadeira cara.

Na ditadura militar, muitos políticos eram chamados de “melancia”. Verde por fora, direitista; e dentro vermelho, comunista.

Como denominar, hojemente, os que se dizem da esquerda e/ou democrata, e botam a polícia nas ruas para bater e prender estudantes e jornalistas?

Os espanhóis e portugueses, no Século XVI, na Conquista colonial, jogavam os cachorros contra os índios. Haviam inclusive cães acostumados a comer carne humana.

Os cavalos eram poderosos “tanques de guerra” no confronto físico dos soldados com os nativos.

Nas Américas não existiam nem cavalos nem cachorros.

É uma guerra desigual. Os estudantes desarmados contra balas de borracha, gás lacrimogêneo, bombas de efeito moral e cassetetes.

Dos jornalistas tomam as máquinas de filmar e fotografar. E o mais grave: os tiros certeiros são nos rostos. Cegar o olho de um repórter fotográfico ou de um cinegrafista, a mesma crueldade de cortar a mão de quem escreve. Isso aconteceu com Victor Jarra, na ditadura de Pinochet no Chile; com Cervantes, na Espanha da Inquisição.

Los desplazamientos forzados, la militarización y criminalización de la pobreza y la conversión del aficionado en consumidor de élite son los efectos visibles del ‘milagro’ deportivo brasileiro

Por José Manuel Rambia

Más policías, la misma pobreza

También aquí han sido numerosas las voces que dentro y fuera de Brasil han denunciado esta criminalización de la pobreza. Y ello a pesar de que, según sus críticos, los macrooperativos policiales y militares desplegados en Rio con motivo de otros eventos, no han logrado una reducción de los altos índices de criminalidad. En cualquier caso, está previsto que el aparato de seguridad en torno a la Copa del Mundo tenga un costo de 2.100 millones de reales (803,7 millones de euros) e implique la contratación de 53.000 nuevos agentes. Mientras tanto, el pasado mes de marzo expresaba su preocupación otro grupo de trabajo de Naciones Unidas, el responsable de analizar los casos de detenciones arbitrarias. En sus conclusiones, los expertos censuraron la política de “limpieza de las calles” que se está realizando en las ciudades brasileñas a costa de detenciones masivas de toxicómanos y pobres. Al mismo tiempo destacaban su preocupación porque “según relatos, habría presiones para reforzar este tipo de detenciones debido a los grandes eventos de los que Brasil será sede, como la Copa del Mundo 2014 y los Juegos Olímpicos en 2016”.

Las sombras ligadas a estos macroeventos también se proyectan sobre uno de los aspectos más destacados en su justificación: el empleo. En este sentido, las condiciones laborales en las obras de construcción de las instalaciones han provocado no pocos paros y huelgas, hasta el punto de que el entonces ministro de Deporte, Orlando Silva, del Partido Comunista de Brasil (PCdB), llegó incluso a apelar al “patriotismo de los trabajadores” para no retrasar las proyectos. A ello se le suma el castigo que sufre el comercio informal, un sector clave para la supervivencia económica de miles de brasileños de renta baja. Y es que el monopolio económico impuesto por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) sobre los estadios y sus alrededores para garantizar el negocio a sus empresas y patrocinadores, pasa por la marginación, cuando no directa criminalización, de vendedores callejeros tan tradicionales como las baianas de Salvador que estos días se movilizaban contra el veto que les impedirá vender junto al estadio, su típica comida afrobrasileña de acarajé.

En realidad, no resulta extraño si se tiene presente que la organización de este tipo de eventos es, esencialmente, un gran negocio. Y tampoco muy transparente. La adjudicación de la gestión del nuevo estadio Maracanã de Rio de Janeiro es una buena muestra. El contrato fue adjudicado este mes de mayo al Consorcio Maracanã S.A. por un periodo de 35 años, a cambio de la inversión de unos 300 millones de dólares en mejoras del entorno y el pago de unos 2,2 millones de dólares al año al gobierno estadual. En compensación obtendrá unas ganancias totales de 715 millones de dólares. Entre las empresas que componen el consorcio está Odebrecht que junto a la sociedad Mendes Junior, responsable de la construcción del nuevo estadio de Salvador de Bahía, son dos de las firmas que mayores aportaciones realizaron a las campañas electorales de 2006 y 2010 de Aldo Rebelo, candidato del PCdB y actual ministro de Deportes. En concreto, juntas donaron unos 83.500 dólares a su candidatura, si bien los defensores del ministro señalan que en aquel momento las empresas – que también donaron dinero a otros candidatos – no podían saber su nombramiento en octubre de 2011. Un nombramiento, por cierto, provocado por la salida de su antecesor y compañero de partido, acosado por denuncias de corrupción. En cualquier caso, el pasado 27 de abril la policía dispersaba con gases a un grupo de manifestantes que denunciaba irregularidades en la concesión durante la inauguración del nuevo campo de fútbol. Solo unos días más después la Justicia iba más allá y anulaba la adjudicación, después de que una jueza carioca aceptaba el recurso de la Fiscalía en el que se planteaba “la presencia de ilegalidades que contaminan la licitación”.

De este modo, el deporte se transforma en motor de una burbuja especulativa que, en ocasiones, adquiere niveles ilógicos. La evolución del mercado inmobiliario en Rio es un buen reflejo de ello. La capital carioca experimentó entre 2010 y 2012 una encarecimiento del 116,6% en el precio de venta de las viviendas, revalorización que en el caso de los alquileres fue del 68,5%. En algunas zonas la subida de los precios ha sido todavía mayor, sobre todo en el área centro donde barrios como Cidade Nova e Estácio se revalorizaron desde 2008 hasta enero de 2013 por encime del 300%.

De nuevo, las obras del emblemático Maracanã resultan paradigmáticas. Entre 1999 y 2006, el gobierno de Rio de Janeiro invirtió unos 400 millones de reales (unos 153,9 millones de euros) en adaptar sus instalaciones a las exigencias de la FIFA. Solo cuatro años más tarde toda esa inversión acabaría en la basura al decidirse cerrar el campo y acometer las obras del Nuevo Maracanã por un valor mínimo de 808 millones de reales (unos 310,9 millones de euros). Los trabajos, además, también han implicado la demolición del Estadio de Atletismo Célio de Barros, una de las mejores pistas del país, o el parque acuático Julio Alamare que ahora, en el mejor de los casos, tendrán que ser reconstruidos en otro lugar.

Macroeventos deportivos: nueva forma de control social y territorial en Brasil

Por José Manuel Rambia

Negocios y deporte se fusionan así para desatar un tsunami de emociones en el que los números de la contabilidad son tanto o más asombrosos que las gestas de los atletas. Un tsunami que con su elección para la organización del Mundial de Fútbol en 2014 y las Olimpiadas en Rio para 2016, viene azotando a un Brasil que ve ambas fechas como la reválida definitiva a su entrada en el selecto club de los ricos. Las cifras previstas parecen justificar por sí solas las ilusiones. Según un estudio realizado por la consultora Ernest & Young en colaboración con la Fundación Getúlio Vargas, la organización de la Copa implicará para Brasil un gasto de unos 29.600 millones de reales (11.000 millones de euros), una cantidad compensada por 3,6 millones de empleos anuales por los preparativos, que a su vez distribuirán una renta entre la población de 63.480 millones de reales (24.100 millones de euros), además de generar una recaudación tributaria adicional de 18.130 millones(6.886 millones de euros). Así mismo, se espera un incremento del flujo turístico del 74%.

No obstante, los tsunamis no son solo dignos de admiración por su manifestación de naturaleza desbordada. La devastación que dejan a su paso alcanza niveles sin duda no menos espectaculares. Sin embargo, los medios de comunicación, que suelen centrar sus focos en esta letal irrupción de la calamidad en las vidas humanas cuando se trata de fenómenos sismológicos, normalmente optan por apartar del daño colateral el objetivo de las cámaras cuando se trata de estos modernos tsunamis deportivos. Y, como no podía ser de otro modo, daños colaterales no faltan en las olas gigantes proyectadas sobre la tierra brasileña por la Copa del Mundo y los juegos Olímpicos. Un informe elaborado por los Comités Populares de la Copa enumera algunos. Así, por ejemplo, unas 170.000 personas – según las estimaciones más conservadores – se verán desplazados de sus casas como consecuencia de las obras de infraestructuras ligadas a las competiciones. Para la mayoría de ellos las alternativas recibidas son limitadas, cuando no, sencillamente inexistentes.

El listado es interminable y está compuesto en su mayoría por favelas y ocupaciones irregulares que, en muchos casos, tienen más de medio siglo de historia. En Curitiba, por ejemplo, la ampliación del aeropuerto y las obras del estadio Joaquim Américo Guimarães amenaza a más de 2.000 familias. Otras 6.900 serán desalojadas en Belo Horizonte a causa de la construcción de carreteras, hoteles, centros comerciales y otras infraestructuras. La resistencia ha sido dura. La represión también. Los vecinos de la comunidad Dandarafueron desalojados por la policía sin orden judicial, utilizando gases y destruyendo las endebles barracas con el vuelo rasante de los helicópteros. Mientras tanto, en Fortaleza 5.000 familias pierden sus casas por distintos proyectos de transporte público y 15.000 más por otras actuaciones urbanísticas ligadas al Mundial. En Rio otras 3.000 viviendas se verán impactadas, mientras que en São Paulo se estima que solo las conexiones entre el futuro estadio del Corinthians y el aeropuerto internacional de Guarulhos afectaron a unos 4.000 hogares y amenazan a otros 6.000.

La maquinaria del evento no respeta nada. El proyecto inmobiliario Granja Werneck prevé ocupar en Belo Horizonte unos 10 millones de metros cuadrados para construir 75.000 apartamentos destinados a turistas, delegaciones deportivas y periodistas que acudan a cubrir los partidos del Mundial programados en la capital minera. Como una apisonadora, estos planes amenazan con llevarse por delante el Quilombo de Mangueiras, una comunidad creada en la segunda mitad del siglo XIX por descendientes de esclavos negros, de los que hoy apenas quedan 35 familias. Igualmente, el pasado 22 de marzo unidades de la policía de choque entraron en las instalaciones del antiguo Museo del Indio en Rio de Janeiro. Aunque el museo estaba inactivo, colectivos indígenas de distintas etnias mantenían ocupado el espacio como referente cultural. El edificio fue demolido dentro de las obras del nuevo Maracanã.

La contundencia en la ejecución de estos proyectos adquiere en ocasiones tintes absurdos. Los habitantes de Vila Harmonia y Metrô Mangueira, por ejemplo, recibieron un buen día y por sorpresa una notificación judicial con la orden de desalojo y el plazo fijado para dejar sus casas: cero días. Los casos se repiten por las distintas sedes del campeonato de fútbol, en ocasiones alegando problemas geotécnicos obviados durante décadas. Adriano Evangelista, vecino de Itaquera, en São Paulo, recuerda cuando le notificaron que debía dejar su vivienda. “Vinieron y me entregaron un documento que decía que la casa iba a ser clausurada. No me dijeron si iba a tener derecho a algo o si nos iban a trasladar a otro lugar”. Situaciones, en suma, que no han dejado de provocar denuncias y quejas como las de José Renato, uno de los afectados por las obras en Porto Alegre: “no sabemos cuándo comenzarán la obras, ni quién se verá afectado, o hacia dónde serán realojadas las familias. Queremos tener el derecho a discutir nuestro futuro. Defendemos la realización de la Copa, pero con respeto a los derechos de la población”.

La opacidad se ha convertido en moneda corriente. La urgencia en el cumplimiento de los plazos o el argumento de un pretendido interés general hace que la falta de transparencia sea la norma en la tramitación de estos grandes proyectos. Ello a pesar de la cascada de instituciones creadas, entre otras cuestiones, precisamente para encauzar la participación, como el Comité Gestor da Copa 2014, el Grupo Executivo da Copa, el Comité de Responsabilidad de las ciudades sede o la Autoridad Pública Olímpica. Sin embargo, en la práctica la supuesta participación se ha limitado a lo que algunos han denominado irónicamente como “democracia directa del capital”, donde lo que cuenta son las conversaciones a puerta cerrada entre instituciones y empresas privadas.

No es extraño pues que en este contexto entidades como Amnistía Intenacional o la Plataforma Brasileña de Derechos Humanos, Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, hayan criticado el impacto negativo de estas prácticas. Sus denuncias fueron oídas por el grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre derechos humanos, especialmente las relativas a los procedimientos utilizados en algunos desalojos. Incluso, la ministra brasileña de Derechos Humanos, María do Rosario Nunes, tuvo que admitir, durante un encuentro con miembros del grupo de trabajo de la ONU en mayo de 2012, la necesidad de prestar una atención especial a los derechos humanos en el marco de los proyectos vinculados a la Copa y el Mundial. Finalmente, en julio del pasado año, la comisión recomendó a Brasil – a propuesta de Canadá – que se tomaran medidas que “eviten los desplazamientos y los desalojos forzosos. Además, se reclamaba la necesidad de que los afectados tengan acceso a la información, incluyendo plazos, se realizaran negociaciones con los vecinos implicados para buscar alternativas o, en su caso, se fijaran indemnizaciones adecuadas”.

Pero además, en la práctica, al amparo de estos proyectos se está promoviendo un modelo urbanístico basado en la exclusión social y la criminalización de la pobreza. Es así como en los últimos meses se han puesto en marcha auténticos cordones sanitarios para aislar de la pobreza las zonas deportivas y turísticas potenciadas por los eventos. El exponente más directo ha sido, sin duda, las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) puestas en marcha en Rio con el objetivo declarado de controlar la violencia y el crimen organizado en las favelas. Sin embargo, para Cleonice Dias, líder comunitario en la favela de Cidade de Deus, la realidad tiene otra cara. “Nosotros, que somos de la comunidad, sabemos que la UPP busca satisfacer a la opinión pública mostrando que el Estado tiene el control de las comunidades. Quieren destacar que habrá seguridad porque nosotros, los pobres, estaremos controlados y que pueden venir las inversiones para los macroeventos”. El coronel de la Policía Militar Robson Rodrigues confirmaba las sospechas de las comunidades: “realmente son las Olimpiadas las que dictan nuestra selección. Yo diría incluso que sin este evento la pacificación nunca habría ocurrido”.

El modelo, exportado a otras ciudades como São Paulo, Salvador de Bahía o Curitiba, supone a menudo una auténtica militarización de la sociedad, implicando incluso al ejército en estas labores de “pacificación”. En total, Rio tiene previsto desplegar 40 UPP en la ciudad, con un despliegue de 8.ooo policías y un coste anual estimado en 408 millones de reales (156 millones de euros). Paradójicamente, las favelas y barrios situados en la zona oeste de la ciudad, controlados por milicias criminales en las que a menudo están implicados agentes públicos, han sido excluidas del programa de pacificación. Leer más