Las facultades de derecho como fábricas de creyentes

La Facultad de Derecho como institución de encierro

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Todo buen manual de filosofía del Derecho que se preste dedica al menos un capítulo a la relación Poder-Derecho. Mas no se trata de una relación entre dos entidades diferenciadas, como en muchas ocasiones encontramos en la manualística – aunque sería preferible denominarla gast(r)onomía – universitaria. Poder y derecho son una misma cosa o, incluso, se puede decir que el derecho es un medio más para el poder. Remarco el adverbio porque el poder se ejerce en muchas ocasiones en un espacio vacío o anómico y en lo que se conoce como los ilegalismos estatales (núcleos de permisibilidad). No obstante, en otras tantas ocasiones el poder es ejercicio por medio del derecho.

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El docente en una Facultad de Derecho se convierte, en muchos casos, en un instrumento más para la perpetuación del poder o, por decirlo con Althusser, en un aparato ideológico del Estado. Su función consiste, básicamente, en enseñar –léase dogmatizar, domesticar, socializar – al futuro jurista a acatar de forma acrítica el sistema (tanto jurídico, como económico, social y político), convertir la ley en tótem a idolatrar y en tabú que no es posible cuestionar, ni siquiera en sus consecuencias respecto a la clase oprimida. Pero, eso sí, revestirlo todo con conceptos, que con su solo pronunciar ya se deshacen, como democracia, libertad, igualdad o paz. Enseñar qué dicen los códigos, sin saber por qué lo dicen y quién dice lo que dicen, muestra la servidumbre en la que nos encontramos, en cierto modo voluntaria, al estilo La Boëtie, sostén y fundamento de la tiranía. La pedagogía dominante es la pedagogía de la clase dominante. Al final los estudiantes se convierten en fieles y disciplinados creyentes ajenos a la realidad inmediata, cómplices de un sistema represivo.

Como en la República de Platón, los profesores de Derecho enseñamos – a través de una pedagogía del miedo: exámenes, listas, castigos – la ficción orgánica por la que cada miembro cumple una función predeterminada hacia la eternidad en el macro-cuerpo en que se nos (re)presenta el Estado y el Mercado. Una forma de control y disciplina social a través de la jerarquía funcional: cada miembro de una clase social, nos insisten, debe cumplir la función asignada a dicha clase, sin salirse de sus márgenes, sin cuestionar el sistema, puesto que de lo contrario el mismo sistema moriría y con él también el rebelde. Bienvenido el jurista-perito incapaz de poseer un pensamiento autocrítico.

La Facultad de Derecho se estructura al modo de un lugar de encierro que genera un tipo de sujeto (producción de subjetividad). La pedagogía jurídica dominante perfecciona el funcionamiento represivo de la institución, maquillada con un rostro suave, delicado y democrático. Los profesores de derecho fabrican un modelo de jurista al servicio – militante y militar – de la estructura político-económica dominante. Leer más

Manifiesto de 350 magistrados de toda España: “Los derechos sociales se han reducido a la mínima expresión”

 Mohammad Saba'aneh
Mohammad Saba’aneh

 

Más de 350 magistrados de toda España han firmado un manifiesto en contra de la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en trámite parlamentario y a favor de la independencia judicial.

Según ha informado Jueces para la Democracia (JpD) a través de un comunicado, el documento, impulsado desde dicha asociación, está empezando a ser distribuido en el conjunto de la judicatura y está siendo firmado por magistrados de distintas asociaciones y no asociados. Así, el objetivo de los promotores del manifiesto es “implicar también en el apoyo a dicho manifiesto a otros sectores jurídicos, a personalidades académicas del mundo universitario y al conjunto de la sociedad”.

El documento denuncia que la reforma del CGPJ que ha presentado el Gobierno supone “un ataque a la independencia judicial y al principio de división de poderes”, lo cual, desde su punto de vista, “resulta especialmente preocupante en un momento en el que se encuentran imputados por asuntos de corrupción centenares de cargos públicos”.

Para quienes apoyan el manifiesto impulsado por JpD, la crisis económica se ha convertido “en el pretexto para desmantelar el Estado del Bienestar y quebrar todos los consensos creados para garantizar la convivencia pacífica y constructiva”. “En poco más de un año se ha llevado a efecto un importante retroceso de las libertades de la ciudadanía. Los derechos sociales se han reducido a la mínima expresión con la reforma laboral. Se han recortado servicios públicos básicos, como la sanidad y la enseñanza, sin que se haya reclamado ningún sacrificio equivalente a los grandes negocios privados”, denuncian.

En relación con la administración de justicia, sostienen que, como servicio público, “debería formar parte del núcleo esencial de los esfuerzos del Estado en un momento en el que cada vez son más quienes ven en la justicia la última posibilidad de protección y defensa”. Asimismo, critican que la inclusión de las tasas judiciales, el despido de más de 1.200 jueces interinos y la falta de convocatoria de oposiciones en los distintos Cuerpos de la Administración de Justicia “han debilitado la ya delicada estructura judicial”, al tiempo que “han condenado a cientos de miles de personas a litigios que duran más allá de lo razonable”.

Se han debilitado los medios de tutela de los grupos de personas más sensibles a los efectos de la crisis: trabajadoras y trabajadores que ven como sus procesos se demoran meses antes de celebrar juicio, personas desahuciadas y ejecutadas que pierden sus viviendas aun a sabiendas de que sus préstamos podrían incluir cláusulas bancarias abusivas. De ahí que la defensa de la Justicia como valor, como poder y como servicio deba reclamar la atención no solo de los operadores jurídicos, sino de toda la ciudadanía”, sostienen.

A CRISE É DOS JUÍZES OU DO PODER JUDICIÁRIO?

por Gerivaldo Alves Neiva (Juiz de Direito em Conceição do Coité/BA)

“Desde quando foi instituído através de Emenda Constitucional, o CNJ vive criando programas e projetos visando solucionar a crise do poder judiciário, mas são poucas ou nenhuma as oportunidades oferecidas aos juízes para que manifestem suas impressões e sugestões. Aliás, esta não é uma característica exclusiva do CNJ. Antes dele e muito mais do que ele, os Tribunais de Justiça dos Estados sempre trataram os juízes de primeiro grau como meros serviçais e, agora, cumpridores de metas.
Na verdade, todas essas campanhas, projetos e programas apresentados à sociedade como se fossem soluções à crise do Poder Judiciário, servem apenas para desviar a atenção dos problemas principais, ou seja, a falta de investimentos, uma estrutura arcaica, a falta de planejamento, a forte concentração do poder na administração dos Tribunais, o excesso de formalismo, um relacionamento quase promíscuo com o poder (o “privilégio do poder”, Boaventura de Sousa Santos), dentre outros.

Dessa forma, assim agindo, o CNJ termina transferindo a crise do Poder para os Juízes e, ao mesmo tempo, não lhes dá condição alguma para contribuírem com a superação dessa crise. Para o CNJ, portanto, os juízes não são atores com condições de contribuírem para superação dos problemas, mas apenas figurantes e, no mais das vezes, apenas culpados pela crise.

No meio de nós juízes, no entanto, são muitos os que crêem que o problema será resolvido com o apadrinhamento de tais programas, esquecendo que seu papel jurídico/político é fazer acontecer a Justiça e que as tarefas administrativas relacionadas ao Poder Judiciário não são da sua competência e que não pode se angustiar e sofrer por conta disso.

É fato notório que existem juízes ausentes, preguiçosos, morosos, extremamente formalistas e preocupados apenas com o contracheque, o carro novo, os óculos de grife e o saldo na conta-corrente. No entanto, nem todos são assim e existem aqueles que moram em suas comarcas, trabalham de segunda à sexta, domingos e feriados e, mesmo assim, a crise do Poder também é patente em sua Comarca. Por que isso?
Vamos voltar ao começo: a crise é dos Juízes ou do Poder Judiciário?
Finalmente, ao poder dominante interessa, verdadeiramente, a superação dessa crise ou é melhor, para que continuem dominando, que permaneça assim?”

Justicia constitucional y ciudadanía en América Latina

Por Arturo Sotelo Gutiérrez

Justiça por Javier Muñoz Nájera
Justiça por Javier Muñoz Nájera

La justicia es un concepto difícil de asir, qué duda cabe. No es sólo un imperativo moral o una cuestión ética: parece más bien ser una dimensión que cruza de manera directa con cualquier otro campo del saber y del hacer humano. Política, cultura, salud, educación, economía… todo está vinculado con la idea de justicia.
Sin embargo, en América Latina esa idea nos es a la vez muy familiar y a la vez muy lejana; está en boca de todos pero, llegado el momento, es una idea dispersa, cuando no opaca.