Cuando en 1942 el mariscal Keitel – ministro del Interior de Hitler – ordenó a las fuerzas alemanas en el extranjero el ocultamiento del paradero y destino final de los prisioneros de forma tal que “se perdieran como en la noche y en la niebla” (imagen que hizo conocer ese decreto como “Noche y Niebla”), estaba inaugurando una forma de represión propia de la época contemporánea: la desaparición forzada de personas (DF). Desde entonces, se da en un contexto represivo, de indefensión, acompañando otros crímenes de lesa humanidad como las ejecuciones extrajudiciales y las torturas.
Terminada la Segunda Guerra Mundial, la DF pasó a engrosar el menú represivo de la contrainsurgencia. Fue practicada sobre los pueblos que llevaban adelante la lucha anticolonialista (la practicó Francia en Vietnam y Argelia), o antidictatorial, por ejemplo en América Latina (AL), o simplemente reivindicativas en regímenes democráticos (México, Perú).
Era la época de la “guerra sucia” en la AL de la Doctrina de la Seguridad Nacional, del combate al gran enemigo del momento: el comunismo. La etapa en que todo opositor que no compartiera las ideas del sistema era llamado (lo fuera o no) “comunista” y por ende era enemigo. Su marco internacional era la Guerra Fría, un estado de equilibrio entre las dos superpotencias de la época, en torno al cual el mundo se dividió en áreas de influencia, y en el que se conformaron las respectivas alianzas militares (OTAN y Pacto de Varsovia) que garantizaban la paz en sus metrópolis y se trazaban “fronteras ideológicas” resguardadas por los arsenales nucleares.
No obstante, durante la Guerra Fría ambos bloques protagonizaron episodios bélicos como las invasiones a países en Europa Oriental por parte de la URSS, la guerra de Vietnam (Francia y luego EEUU) y las múltiples intervenciones en AL por EEUU con las consecuencias que todos conocemos. Las Fuerzas Armadas y de Seguridad de AL fueron instruidas en esta contrainsurgencia. La Escuela de las Américas (hasta 1984 instalada en la zona del Canal de Panamá) dictaba cursos permanentemente y los asesores de seguridad recorrían el hemisferio, al tiempo que las agencias de inteligencia prosperaban.
Fueron nuestros años tenebrosos. AL perdió decenas de miles de personas, vio distorsionado el desarrollo de sus sociedades y saqueados sus países.
El concepto de terrorista, más ambiguo aún que el de comunista, se usa con una enorme amplitud, pero en el fondo sólo quiere decir “el que está contra mí”, ya sea Estado, organización política, civil o persona. “Contra mí” quiere decir “contra mis intereses”.
El eje del mal es una definición lo suficientemente vaga como para “justificar” cualquier acción militar en cualquier lugar del mundo. Ya sea para cooperar con la población de los estados fallidos o para reforzar sus gobiernos o sustituirlos. Han cambiado las características de la guerra y de la injerencia. Pero las nuevas guerras incorporan las viejas formas de violar los DDHH: los asesinatos, las torturas, la DF, aunque tiendan a enmascarar al Estado como responsable último.
En AL, donde los grupos guerrilleros han pasado de comunistas a terroristas, donde se agregó la “guerra contra el narcotráfico” y la combinación narcoterrorista, están en marcha dos planes: Colombia (2000) y México (2006). Se han registrado decenas de miles de víctimas y la DF campea por esos países.
Nos queda denunciar, solidarizarnos y difundir estas realidades para que todos los ciudadanos sigamos atentamente la política exterior, militar y de seguridad que llevan nuestros Estados. Sabemos que AL está en proceso de siembra de bases, que los cuerpos especializados están instruyendo a personal nativo, que se están usando mercenarios y que los paramilitares “buenos” proliferan impunemente. Trabajar contra la DF no es tener ojos en la nuca, es tener información del presente y prever el futuro.
En materia de violaciones a los DDHH, sus daños conllevan:
• Desapariciones forzadas. El representante del alto comisionado de la ONU para los DDHH en Colombia, Christian Salazar, informó el 18 de agosto: “Colombia es uno de los países en América Latina y en el mundo con más desaparecidos”, y agregó que “décadas de conflicto armado interno y de persecución estatal” han dejado “miles y miles de desaparecidos y con ello un sufrimiento prolongado de sus familias”. Sobre las más de 16.600 desapariciones forzadas, explicó que fueron “cometidas por agentes del Estado y fuerzas paramilitares que colaboraban con ellos”.
• Desplazamientos forzados. Más de cuatro décadas de conflicto armado interno -que tiene por centro la pugna entre modelos de propiedad y explotación de las riquezas naturales- han dejado cuatro millones de desplazados. La población civil, campesinos, comunidades indígenas y afrodescendientes son víctimas vulnerables, simplemente por el valor y la riqueza que encierran sus tierras para megaproyectos de explotación de empresas transnacionales, o por ser consideradas estratégicas para la lucha contrainsurgente. Este despeje de territorios se impone a comunidades enteras, conllevando masacres, desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias, torturas, bombardeos indiscriminados, acciones de una guerra que se justifica en la destrucción de las supuestas “bases sociales” de apoyo a la guerrilla y/o en la lucha contra el narcotráfico, desplazando, asimismo, los mecanismos de control social.
• Falso positivo. Desde el accionar de las FFAA emerge una de las figuras de los albores de este siglo XXI en Colombia: el falso positivo. Esta verdadera escenografía del horror, enmarcada en una política de eficiencia de las fuerzas de seguridad, ejecuta a miembros de la población civil, presentados como supuestos combatientes abatidos. El relator de las Naciones Unidas para las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias, Philip Alston, en su informe sobre Colombia -junio de 2009- afirma: “Las fuerzas de seguridad han perpetrado una cantidad impresionante de asesinatos premeditados de civiles y han presentado de manera fraudulenta a los civiles como ‘muertos en combate’. Sin embargo, es claro que si bien los así llamados ‘falsos positivos’ no fueron asumidos como objeto de una política de Estado, tampoco ocurrieron como casos aislados. Los asesinatos […] Se dieron porque las unidades militares se sintieron presionados a mostrar resultados exitosos contra las guerrillas mediante el número de muertos”.
• Biodiversidad e inversión. Las políticas del PC orientadas a la implementación de capitales extranjeros en el país conducen a la afectación de derechos esenciales, a la apropiación de las riquezas naturales e incluso atentan contra su sustentabilidad ecológica. Se implementa así el monocultivo de palma africana13 -sustituto de cultivos “ilícitos”- para producir biodiésel y etanol y venderlo a EEUU libre de aranceles en el marco del TLC entre ambos países. Hoy esta producción ocupa 7,8% del territorio cultivable (350.000 hectáreas), pero se proyecta potencialmente a 3.352.000. Este megaproyecto, al igual que la hidroeléctrica del río Ranchería y las explotaciones mineras, requiere territorios despejados que se obtienen generando desplazamientos forzados.
Las comunidades ven así afectadas sus formas tradicionales de cultivo y subsistencia, pero además la fumigación sistemática de vastas zonas con el fin de la eliminación de los cultivos ilegales elimina indiscriminadamente otras riquezas y contamina fuentes fluviales – con sus consecuentes secuelas sanitarias.
(Transcrevi trechos)
andradetalis 