Macroeventos deportivos: nueva forma de control social y territorial en Brasil

Por José Manuel Rambia

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Negocios y deporte se fusionan así  para desatar un tsunami de emociones en el que los números de la contabilidad son tanto o más asombrosos que las gestas de los atletas. Un tsunami que con su elección para la organización del Mundial de Fútbol en 2014 y las Olimpiadas en Rio para 2016, viene azotando a un Brasil que ve ambas fechas como la reválida definitiva a su entrada en el selecto club de los ricos. Las cifras previstas parecen justificar por sí solas las ilusiones.  Según un estudio realizado por la consultora Ernest & Young  en colaboración con la Fundación Getúlio Vargas,  la organización de la Copa implicará para Brasil un gasto de unos 29.600 millones de reales (11.000 millones de euros), una cantidad compensada por 3,6 millones de empleos anuales por los preparativos, que a su vez distribuirán una renta entre la población de 63.480 millones de reales (24.100 millones de euros), además de generar una recaudación tributaria adicional de 18.130 millones(6.886 millones de euros). Así mismo, se espera un incremento del flujo turístico del 74%.

No obstante, los tsunamis no son solo dignos de admiración por su manifestación de naturaleza desbordada. La devastación que dejan a su paso alcanza niveles sin duda no menos espectaculares. Sin embargo, los medios de comunicación, que suelen centrar sus focos en esta letal irrupción de la calamidad en las vidas humanas cuando se trata de fenómenos sismológicos, normalmente optan por apartar del daño colateral el objetivo de las cámaras cuando se trata de estos modernos tsunamis deportivos. Y, como no podía ser de otro modo, daños colaterales no faltan en las olas gigantes proyectadas sobre la tierra brasileña por la Copa del Mundo y los juegos Olímpicos. Un informe elaborado por los Comités Populares de la Copa enumera algunos. Así, por ejemplo, unas 170.000 personas – según las estimaciones  más conservadores – se verán desplazados de sus casas como consecuencia de las obras de infraestructuras ligadas a las competiciones. Para la mayoría de ellos las alternativas recibidas son limitadas, cuando no, sencillamente inexistentes.

El listado es interminable y está compuesto en su mayoría por favelas y ocupaciones irregulares que, en muchos casos, tienen más de medio siglo de historia. En Curitiba, por ejemplo, la ampliación del aeropuerto y las obras del estadio Joaquim Américo Guimarães amenaza a más de 2.000 familias. Otras 6.900 serán desalojadas en Belo Horizonte a causa de la construcción de carreteras, hoteles, centros comerciales y otras infraestructuras. La resistencia ha sido duraLa represión también. Los vecinos de la comunidad Dandarafueron desalojados por la policía sin orden judicial, utilizando gases y destruyendo las endebles barracas con el vuelo rasante de los helicópteros. Mientras tanto, en Fortaleza 5.000 familias pierden sus casas por distintos proyectos de transporte público y 15.000 más por otras actuaciones urbanísticas ligadas al Mundial. En Rio otras 3.000 viviendas se verán impactadas, mientras que en São Paulo se estima que solo las conexiones entre el futuro estadio del Corinthians y el aeropuerto internacional de Guarulhos afectaron a unos 4.000 hogares y amenazan a otros 6.000.

La maquinaria del evento no respeta nada. El proyecto inmobiliario Granja Werneck prevé ocupar en Belo Horizonte unos 10 millones de metros cuadrados para construir 75.000 apartamentos destinados a turistas, delegaciones deportivas y periodistas que acudan a cubrir los partidos del Mundial programados en la capital minera. Como una apisonadora, estos planes amenazan con llevarse por delante el Quilombo de Mangueiras, una comunidad creada en la segunda mitad del siglo XIX por descendientes de esclavos negros, de los que hoy apenas quedan 35 familias. Igualmente, el pasado 22 de marzo unidades de la policía de choque entraron en las instalaciones del antiguo Museo del Indio en Rio de Janeiro. Aunque el museo estaba inactivo, colectivos indígenas de distintas etnias mantenían ocupado el espacio como referente cultural. El edificio fue demolido dentro de las obras del nuevo Maracanã.

La contundencia en la ejecución de estos proyectos adquiere en ocasiones tintes absurdos. Los habitantes de Vila Harmonia y Metrô Mangueira, por ejemplo, recibieron un buen día y por sorpresa una notificación judicial con la orden de desalojo y el plazo fijado para dejar sus casas: cero días. Los casos se repiten por las distintas sedes del campeonato de fútbol, en ocasiones alegando problemas geotécnicos obviados durante décadas. Adriano Evangelista, vecino de Itaquera, en São Paulo, recuerda cuando le notificaron que debía dejar su vivienda. “Vinieron y me entregaron un documento que decía que la casa iba a ser clausurada. No me dijeron si iba a tener derecho a algo o si nos iban a trasladar a otro lugar”. Situaciones, en suma, que no han dejado de provocar denuncias y quejas como las de  José Renato, uno de los afectados por las obras en Porto Alegre: “no sabemos cuándo comenzarán la obras, ni quién se verá afectado, o hacia dónde serán realojadas las familias. Queremos tener el derecho a discutir nuestro futuro. Defendemos la realización de la Copa, pero con respeto a los derechos de la población”.

La opacidad se ha convertido en moneda corrienteLa urgencia en el cumplimiento de los plazos o el argumento de un pretendido interés general hace que la falta de transparencia sea la norma en la tramitación de estos grandes proyectos. Ello a pesar de la cascada de instituciones creadas, entre otras cuestiones, precisamente para encauzar la participación, como el Comité Gestor da Copa 2014, el Grupo Executivo da Copa, el Comité de Responsabilidad de las ciudades sede o la Autoridad Pública Olímpica. Sin embargo, en la práctica la supuesta participación se ha limitado a lo que algunos han denominado irónicamente como “democracia directa del capital”, donde lo que cuenta son las conversaciones a puerta cerrada entre instituciones y empresas privadas.

No es extraño pues que en este contexto entidades como Amnistía Intenacional o la Plataforma Brasileña de Derechos Humanos, Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, hayan criticado el impacto negativo de estas prácticas. Sus denuncias  fueron oídas por el grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre derechos humanos, especialmente las relativas a los procedimientos utilizados en algunos desalojos. Incluso, la ministra brasileña de Derechos Humanos, María do Rosario Nunes, tuvo que admitir, durante un encuentro con miembros del grupo de trabajo de la ONU en mayo de 2012, la necesidad de prestar una atención especial a los derechos humanos en el marco de los proyectos vinculados a la Copa y el Mundial. Finalmente, en julio del pasado año,  la comisión recomendó a Brasil – a propuesta de Canadá – que se tomaran medidas que “eviten los desplazamientos y los desalojos forzosos. Además, se reclamaba la necesidad de que los afectados tengan acceso a la información, incluyendo plazos, se realizaran negociaciones con los vecinos implicados para buscar alternativas o, en su caso, se fijaran indemnizaciones adecuadas”.

Pero además, en la práctica, al amparo de estos proyectos se está  promoviendo un modelo urbanístico basado en la exclusión social y la criminalización de la pobreza. Es así como en los últimos meses se han puesto en marcha auténticos cordones sanitarios para aislar de la pobreza las zonas deportivas y turísticas potenciadas por los eventos. El exponente más directo ha sido, sin duda, las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) puestas en marcha en Rio con el objetivo declarado de controlar la violencia y el crimen organizado en las favelas. Sin embargo, para Cleonice Dias, líder comunitario en la favela de Cidade de Deus, la realidad tiene otra cara. “Nosotros, que somos de la comunidad, sabemos que la UPP busca satisfacer a la opinión pública mostrando que el Estado tiene el control de  las comunidades. Quieren destacar que habrá seguridad porque nosotros, los pobres, estaremos controlados y que pueden venir las inversiones para los macroeventos”. El coronel de la Policía Militar Robson Rodrigues confirmaba las sospechas de las comunidades: “realmente son las Olimpiadas las que dictan nuestra selección. Yo diría incluso que sin este evento la pacificación nunca habría ocurrido”.

El modelo, exportado a otras ciudades como São PauloSalvador de Bahía o Curitiba, supone a menudo una auténtica militarización de la sociedad, implicando incluso al ejército en estas labores de “pacificación”. En total, Rio tiene previsto desplegar 40 UPP en la ciudad, con un despliegue de 8.ooo policías y un coste anual estimado en 408 millones de reales (156 millones de euros). Paradójicamente, las favelas y barrios situados en la zona oeste de la ciudad, controlados por milicias criminales en las que a menudo están implicados agentes públicos, han sido excluidas del programa de pacificación. Leer más 

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“Seu” Cabral tem dinheiro de sobra para futebol e olimpíada

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Dinheiro para a Copa do Mundo, Olimpíada, Rock Rio e outros circos. Pro povo, mais polícia e mais muros.

Com o veto de Dilma o Rio continua a receber a dinheirama do petróleo. Ninguém sabe onde vem sendo torrado, além da gastança desenfreada na Copa do Mundo, Rock Rio e outros circos sem pão.

Pro povo, mais polícia e mais muros.

Polícia nunca faltou nos despejos, nas greves, nas passeatas estudantis, nas paradas dos movimentos pelos direitos humanos, nas marchas dos sem teto e dos sem terra.

Para leitura do governador Sérgio Cabral que quer mais dinheiro da Petrobras para a olimpíada

Las casas, estadios y parques construidos para los Juegos Olímpicos de 2004 en Atenas se van derrumbando entre el descuido municipal y las quejas de los vecinos realojados en la villa. El dinero gastado en la cita deportiva no ha dejado beneficios.
“Esto antes era como un paraíso y mira en lo que se ha convertido”, se lamenta una vecina de la villa olímpica de Atenas. De hecho, el inmenso complejo construido para los Juegos de 2004, podría parecer un jardín de Edén: se plantaron 5 millones de árboles y plantas.

Precisamente, una de las promesas del gobierno durante las Olimpiadas fue aumentar las zonas verdes de Atenas. Pero las de la villa olímpica se secan pues no se riegan desde 2007. Latas y plásticos se amontonan entre las malas hierbas de lo que antes fueron jardines así que los pastores del cercano monte Parnés a veces se acercan para apacentar a sus ovejas.

“Un aspecto clave del diseño de la Villa Olímpica fue asegurar el adecuado servicio a las necesidades de los futuros residentes y su incorporación al entorno cercano, creando un projecto modelo de estructura bioclimática organizada”. Así describe la Villa Olímpica el estudio de arquitectura Takis Gavrilis, encargado del proyecto por 346 millones de euros.

Pero nada más lejos de la realidad. Después de las Olimpiadas, el complejo fue otorgado como viviendas sociales a familias sin recursos y, ocho años después, se haya convertido en un gueto muy lejos del centro de Atenas. Las placas que recuerdan las Olimpiadas están cubiertas de graffiti, las fuentes secas, el piso de las calles se deshace, las casas tienen goteras y grietas y las instalaciones de entrenamiento están en malas condiciones. “Nos dieron las casas, pero luego se olvidaron de nosotros”, critica Christos Vassilopoulos, que dirige la asociación de vecinos.
Aún se desconoce el coste de las Olimpiadas en Grecia. La cifra oficial es de 9.000 millones de euros, cuatro veces lo presupuestado, pero el pasado 5 de agosto, 10 parlamentarios pidieron al Gobierno una investigación sobre el coste real. “Fuimos el único partido que votó contra la celebración de los Juegos Olímpicos en Atenas y nos acusaron de antipatriotas, pero sabíamos que Grecia no podía asumir su coste”, explica Yula Dusiku, de Syriza, el partido de izquierda radical.

Además, eran las primeras Olimpiadas tras el 11-S y Estados Unidos presionó mucho por la seguridad. Se eligió como concesionaria a la empresa Siemens —que ya había sobornado a varios ministros griegos en otras licitaciones— y los sistemas de seguridad costaron 1.200 millones de euros. “De aquellos gastos vienen los problemas actuales”, añade.

“Entre el 2001 y el 2004 la deuda griega creció unos 30.000 millones de euros. Con ello se inició la tendencia a tener que financiarla pidiendo prestado más dinero. Ya en el 2004, los niveles de déficit y deuda se situaron muy por encima de las exigencias de la Unión Europea”, explica el periodista griego Nick Malkutzis. “Hicimos un gran esfuerzo por las Olimpiadas pero la imagen que proyectamos de un país moderno fue inmediatamente dilapidada”.

“Es ridículo construir grandes instalaciones permanentes para deportes como pimpón o béisbol femenino que no tienen casi federados en Grecia, o inmensos estadios de fútbol en ciudades pequeñas. Además no se hizo un plan para su uso postolímpico”, se lamenta Christos Hadjiemmanuel. Entonces, ¿por qué se hicieron? Hadjiemmanuel se retrae: “Preferiría no contestar a eso… por deseo de grandeur, quizás”.

Este hombre, que dirigió la empresa estatal encargada de comercializar las instalaciones olímpicas tras las Juegos, asegura que era “imposible recuperar el dinero invertido”, pero aún así su organismo logró firmar seis concesiones con empresas privadas interesadas en reconvertir las instalaciones, lo que hubiese significado unos ingresos extras y que el Estado no tuviese que pagar su mantenimiento, de unos 100 millones de euros anuales. Sin embargo, la burocracia estatal, los intereses partidistas y las desavenencias entre autoridad central y municipios impidió que llegasen a buen puerto.

Ahora que la crisis y Bruselas aprietan, el nuevo Gobierno conservador pretende privatizar las instalaciones olímpicas pero todos los analistas coinciden en que Grecia solo conseguirá una fracción del precio que podía haber obtenido en el 2004. “La situación está fuera de control. Actualmente no hay mercado”, se quejó recientemente Kostas Mitropulos, al presentar su dimisión como presidente del ente estatal encargado de las privatizaciones.

Con todo, otro antiguo miembro del comité organizador, que pide el anonimato, recuerda que —quizás con la excepción de Barcelona— ninguna sede ha conseguido sacar provecho económico de unos Juegos Olímpicos. “Las Olimpiadas son siempre una buena oportunidad para las irracionalidades“, se lamenta Hadjiemmanuel.

O Brasil Olímpico de 2016 e as suas “medalhas”

Evidencia-se que a nossa condição de terceiro país mais desigual do mundo não está descolada da questão dos esportes

por Sérgio Botton Barcellos

Para quem queremos provar ser “potência olímpica”? Por quê? Aonde queremos chegar com isso? Quem pagará a conta? (Bom, essa última parece já ter resposta. Nós, o povo).

Cabe ressaltar e lembrar que a desigualdade social e a distribuição desigual de riqueza no Brasil configuram-se como sistêmicas e também estão contidas no campo dos esportes. Evidencia-se que a nossa condição de terceiro país mais desigual do mundo não está descolada da questão dos esportes, como muitos irão automaticamente elaborar. Podemos acreditar, essas desigualdades estão mais relacionadas do que imaginamos.

Ao que tudo indica também corremos o risco de cair em uma onda de investimentos direcionada a uma pedagogia no ensino de educação física relativa aos esportes de alto rendimento e competitividade. Nesse sentido, talvez estejamos fadados a ter em nossas escolas um pedagogismo da competitividade, propiciando aprofundar nos espaços escolares individualismos, preconceitos e segregações existentes. Aliás, nessas mesmas escolas que em nove estados pioraram segundo os Índices de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) entre 2009 e 2011.

 As comunidades universitárias reivindicam melhores remunerações e condições de ensino, pesquisa e extensão. Já que a ideia é ser uma potência olímpica e se comparar com EUA e China, vale recordar que são nas universidades que esses países também formam seus atletas medalhistas. Fica a dica!

A sociedade moderna segue um curso de seleção do mais forte e mais hábil, e é neste caminho de valorização da vitória (principal objetivo) que o esporte de alto rendimento tem em seus princípios. Para sermos uma potência olímpica, além de ter que seguir as normas de um sistema esportivo demandado por um mundo capitalista ao qual fazemos parte, além de não dialogar e respeitar as nossas características socioculturais e históricas, tenderemos a reproduzir a lógica do Darwinismo esportivo.

Aliás, diga-se de passagem, de certo modo, não será muito contraditório, pois se formos atentos ao nosso propalado projeto de desenvolvimento e inclusão social, atualmente, muitas vezes aqui e acolá se exala um “cheirinho” de Darwinismo Social em projetos e discursos. Mesmo que tenhamos políticas que tenham em seu escopo dizer reconhecer a diversidade, reconhecem na medida de que todas e todos assimilem ou aceitem sem questionar uma determinada lógica socioeconômica de produção e consumo.

Nesse esteio da desigualdade e injustiça social ainda temos a situação de cerca de 170 mil famílias ameaçadas de remoção em todo o país devido às obras relacionadas aos megaeventos, no caso da Copa e Olimpíadas no Rio de Janeiro, fora outras cidades apenas com a questão da Copa. Enquanto o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, recebia a bandeira olímpica, 22 mil pessoas vivem com medo de perder suas casas, sendo que 8 mil já foram removidas, afetando diretamente 24 comunidades. Transcrevi fragmentos.

 

Copa da elite branca desaloja os negros

Contrastes no Morro da Providência. Foto de Leo Lima
Contrastes no Morro da Providência. Foto de Leo Lima
Destroços de demolição no morro da Providência. Foto de Leo Lima
Destroços de demolição no morro da Providência. Foto de Leo Lima

 

Quatro comunidades cariocas estão sendo ou foram riscadas do mapa sem aviso prévio: remoção forçada de pessoas e casas, antes de qualquer acordo sobre indenização. São elas: Restinga, Favela do Metrô (vai dar lugar a um estacionamento para estádio que sediará o final da Copa de 2014); Morro da Providência, a primeira favela do Rio de Janeiro fundada por cativos de origem africana e que em 2008 tomou as manchetes quando Wellington Gonzaga Costa, 19 anos; Marcos Paulo da Silva, 17; e David Wilson Florêncio da Silva, 24 foram detidos por 11 militares do Exército brasileiro, chefiados por um tenente e, depois de um périplo que incluiu maus-tratos imediatos e uma ida ilegal ao quartel, foram entregues a traficantes de uma área “inimiga” e torturados e assassinados.

Foto Renato Cosentino. No Morro da providência 1700 pessoas serão despejadas
Foto Renato Cosentino.

O Rio de Janeiro é uma das cidades onde as obras para a Copa mais estão removendo pessoas de suas casas em todo o país. A estimativa é que o governo gastará cerca de um bilhão de reais com desapropriações até 2014 só para implantar os chamados BRT’s (Bus Rapid Transit) – transporte previsto no projeto de mobilidade urbana para os megaeventos.

Comunidades carentes têm sido expulsas de áreas valorizadas pela especulação imobiliária ou por serem pontos turísticos: “a maioria das remoções está localizada em áreas de extrema valorização imobiliária, como Barra da Tijuca, Recreio, Jacarepaguá e Vargem Grande”. E explica que a maioria dos conjuntos habitacionais produzidos pelo programa Minha Casa Minha Vida – uma das alternativas do governo para as famílias removidas de suas casas – não está nas áreas beneficiadas com investimentos para a Copa e as Olimpíadas, e sim nas áreas periféricas da cidade, onde há baixa cobertura dos serviços públicos e infraestrutura urbana.

A casa de Neusimar, trabalhadora autônoma que mora com a família de sete pessoas no Morro da Providência, no Rio de janeiro, está marcada com a sigla SMH (Secretaria Municipal de Habitação). Isso significa que ela vai cair. Todas as casas e prédios vizinhos já foram demolidos porque os moradores aceitaram o aluguel social oferecido pela prefeitura, no valor de 400 reais.

Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e as manifestações contra os despejos ilegais dos moradores mais pobres

Por Theresa Williamson, da RioOnWatch.org.

De facto, as Olimpíadas do Rio parecem dispostas a aumentar a desigualdade numa cidade já conhecida por essa característica. Em julho, a UNESCO atribuiu a uma parte substancial da cidade do Rio de Janeiro o estatuto de Património Mundial da Humanidade. É uma área que inclui algumas das favelas e morros em que vivem mais de 1,4 milhões dos seus seis milhões de habitantes. Nenhuma favela pode reivindicar maior importância histórica do que a primeira a surgir no Rio, a do Morro da Providência. No entanto, os projetos de construção olímpica estão a ameaçar precisamente o futuro dessa área.

A favela Providência começou a formar-se em 1897, quando veteranos da sangrenta Guerra de Canudos, no nordeste do Brasil, receberam a promessa de concessão de terras no Rio de Janeiro, que na época era capital federal. Ao chegarem, descobriram que não havia terras disponíveis. Depois de acamparem em frente ao Ministério da Guerra, os soldados foram removidos para um morro das proximidades, que pertencia a um coronel, mas não receberam os títulos de propriedade da terra. Originalmente batizada de “Morro da Favela”, nome da planta espinhosa típica das colinas de Canudos, onde haviam passado inúmeras noites, a Providência cresceu ao longo do começo do século XX, à medida que escravos libertos se juntavam aos antigos combatentes. Grupos de novos migrantes europeus também se estabeleceram por lá; esse era o único modo acessível de viver perto dos empregos no centro da cidade e no porto.

Com vista para o local por onde centenas de milhares de escravos africanos entraram no Brasil pela primeira vez, a Providência é parte de um dos sítios culturais mais importantes da história afro-brasileira, berço da criação dos primeiros sambas comerciais, onde floresceram tradições afro-brasileiras como a capoeira e o candomblé e onde se fundou o Quilombo Pedra do Sal. Hoje, 60% dos moradores da área continuam sendo afro-brasileiros.

um terço da comunidade já foi marcada para remoção e as únicas “reuniões públicas” organizadas visavam apenas informar aos moradores qual seria seu destino. Durante o dia, as iniciais da Secretaria Municipal de Habitação e um número são pintados nas paredes das casas com tinta-spray. Moradores voltam para casa e descobrem que suas casas serão demolidas, mas não recebem nenhuma orientação sobre o que vai acontecer com eles e nem quando será.

Um passeio rápido pela comunidade revela a assustadora situação de insegurança em que os habitantes estão vivendo: no topo da colina, aproximadamente 70% das casas estão marcadas para despejo: uma área que a princípio deverá ser favorecida pelos investimentos que estão a ser realizados em transporte. Mas o teleférico de luxo vai transportar entre mil e três mil pessoas por hora durante os Jogos Olímpicos. Portanto, não serão os moradores os beneficiados, e sim os investidores.

Os habitantes da Providência estão temerosos. Apenas 36% deles possuem documentos a comprovar os seus direitos de propriedade, em comparação com 70 a 95% na mesma situação em outras favelas. Mais do que em outras comunidades pobres, esses moradores estão muito desinformados sobre os seus direitos e apavorados diante da possibilidade de perderem as suas casas. Some-se a isso a abordagem da prefeitura de “dividir para reinar”, — os residentes são confrontados individualmente para assinar o reassentamento e não se permitem negociações comunitárias — e a resistência é silenciada de modo efetivo.

A pressão exercida pelos grupos de direitos humanos e pelos media internacional tem ajudado. Mas os despejos brutais continuam e surgem formas de remoção novas, mais subtis. Leia mais

 

Polícia nunca faltou nos despejos.