“Demasiada tierra para pocos indígenas”

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  “La carrera hacia el saqueo de los recursos naturales no renovables no conduce en ningún país al verdadero progreso. Normalmente sólo sirve para enriquecer a alguien, dejando que la deuda la paguen las futuras generaciones”
por Paolo Moiola

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La poderosa bancada ruralista intenta cambiar leyes para despojar a pueblos indígenas de sus territorios.

índio

La Constitución brasileña —en su artículo 231— reconoce a los pueblos indígenas, su organización social, costumbres, lenguas, creencias y tradiciones, y los derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, correspondiendo al Estado demarcarlas, protegerlas y hacer que se respeten todos sus bienes. Sin embargo, dichos pueblos son víctimas de permanentes ataques desde el poder político y económico que buscan desplazarlos de sus territorios.

La población indígena en Brasil es de alrededor de 900,000 personas —pertenecientes a 305 grupos étnicos— de un total de más de 200 millones de habitantes. Para Carlo Zacquini, misionero italiano de la Orden de la Consolata que vive desde hace 48 años en el estado de Roraima, en el extremo norte, la situación es muy grave.

“Unos meses después de mi llegada a Brasil, era el 1 de mayo de 1965, en la desembocadura del río Apiaú, tuve la suerte de conocer a algunos indígenas que entonces eran llamados vaiká. Hoy sé que eran yanomami de la aldea Yõkositheri. Fue amor a primera vista. Más tarde tuve varios contactos siempre con el mismo grupo, hasta que [más adelante], tuve la oportunidad de comenzar a vivir entre los yanomami del río Catrimani. Poco a poco, mientras trataba de sobrevivir en ese lugar, muchas veces sin lo mínimo necesario, aprendí uno de sus idiomas y me puse a investigar su cultura”.

El hermano Zacquini habla de los indígenas como si fueran su familia. Y ciertamente lo son, hoy como ayer, cuando son objeto de ataques aún más vergonzosos que los del pasado por cuanto provienen de representantes del Congreso nacional que pertenecen a la poderosa bancada ruralista que intenta dejar sin efecto el alcance del capítulo correspondiente a los pueblos indígenas de la Constitución de 1988.

Uno de los casos más recientes y clamorosos es el proyecto de ley complementaria 227/2012, presentado por el diputado Homero Pereira —presidente de la bancada ruralista constituida por más de 230 legisladores entre deputados y senadores— que busca reglamentar el apartado 6 del artículo 231 de la Constitución. En particular, trata de someter las tierras indígenas al “interés público superior del Estado brasileño” anulando el derecho a la posesión y el uso exclusivo de los pueblos indígenas. Eso significaría justificar el latifundio y abrir las puertas a carreteras, oleoductos, centrales hidroeléctricas, ferrocarriles, minería, asentamientos humanos.

La propuesta de enmienda constitucional 215/2000 —presentada por el diputado Almir Sá— busca, por su parte, poner bajo el control del Congreso nacional, y por tanto de la bancada ruralista, la demarcación de las tierras indígenas, hasta ahora garantizada por la Constitución.

“Un pequeño número de ‘blancos’ —dice el hermano Zacquini— se ha apoderado de enormes extensiones de tierra y domina el gobierno nacional a través de ‘sus’ representantes. La vasta extensión del país, la confusión en la propiedad de la tierra y el poder económico han prevalecido sobre el sentido común y sobre la ley. Una ley que, si es favorable a los pueblos indígenas se  la cambia, como está sucediendo ahora. A fin de cuentas, se dice a modo de justificación, las leyes vigentes, quienes las han hecho —y por tanto quienes pueden modificarlas— no son los indígenas”.

Charge Bancada Ruralista

Territorios ambicionados
La bancada ruralista, llamada oficialmente Frente Parlamentario Agropecuario, sus poderosos patrocinadores —la Confederación Nacional de Agricultura, constituida por grandes propietarios agrícolas, grupos empresariales de la agroindustria y de la minería— y los medios de comunicación más influyentes, sostienen que 113 millones de hectáreas del territorio brasileño (13.3% del total, según datos de la organización no gubernamental Instituto Socioambiental) en manos de los pueblos indígenas son demasiados. “Demasiada tierra para pocos indígenas”, señalan.

Hay que decir —entre otras cosas— que a menudo se trata de una posesión teórica. Una parte considerable de las tierras indígenas es, de hecho, objeto de invasiones constantes y prolongadas por diversos actores: ganaderos, mineros, comerciantes de maderas preciosas, traficantes de la biodiversidad.

“¿Por qué, incluso en el caso de pueblos que han obtenido el reconocimiento de sus tierras, el gobierno no interviene con prontitud y eficiencia contra los invasores? De este modo se alimenta la mentalidad de que invadir tierras indígenas y destruir la naturaleza no representa un delito. Incentivadas por la impunidad, las invasiones se multiplican. Si los infractores fuesen los indígenas, muy rápidamente actuarían las fuerzas del orden para reprimirlos, incluso con violencia”, dice Zacquini.

El problema es que muchas veces ni siquiera el Estado respeta los territorios indígenas. Sucede, por ejemplo, con las megaobras previstas por el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC). Según la gubernamental Fundación Nacional del Indio (FUNAI), 201 obras del PAC afectan tierras indígenas. Las más impactantes son las centrales hidroeléctricas, en particular Jirau y Santo Antônio en el río Madeira (Rondônia), Teles Pires (Mato Grosso) y São Luiz (Pará) en el río Tapajós y la más grande de todas, la de Belo Monte en el río Xingú (Pará).

Obras devastadoras para el medio ambiente y para la existencia de decenas de pueblos indígenas, dan testimonio además de la falta de respeto al Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo, del cual Brasil es adherente.

Según el artículo 16 del Convenio, “los pueblos interesados no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se consideren necesarios, sólo deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa”. Su violación por parte del gobierno brasileño es patente.

“¿Por qué —se pregunta con razón el hermano Zacquini— cuando se piensa en el ‘progreso’, no se piensa casi nunca en las tierras de los latifundistas, a menudo sin cultivar, sino siempre y solamente en las indígenas?”. La afirmación se basa en números claros: en Brasil, cerca de 70,000 personas son propietarias de 228 millones de hectáreas de tierras improductivas, según datos del estatal Instituto Brasileño de Geografía y Estadística.

“Por tanto —concluye—, dadas las dimensiones continentales del país, no se puede decir [de buena fe] que, demarcadas las tierras indígenas, los demás habitantes no tendrán tierra donde vivir, trabajar y desarrollar todas las actividades posibles. Y, aparte de esto, se debe siempre recordar que los pueblos indígenas no devastan la naturaleza y los territorios como sí lo hacen los ‘avanzados’ y ‘cultos’ no indígenas”.

Ruralistas

Carrera hacia el saqueo


En Roraima, donde vive el hermano Zacquini, están el Territorio Indígena de los Yanomami y la Reserva Indígena Raposa Serra do Sol, donde habitan varios pueblos: Makuxi, Vapichana, Ingarikó, entre otros. Ambos territorios tienen reconocimiento oficial, pero los problemas persisten.

“Son decenas las propuestas de ley presentadas por congresistas, varios de Roraima, para eliminar o reducir los derechos de los pueblos indígenas”, señala el misionero.

Por encima y por debajo de los territorios indígenas existen recursos naturales que son codiciados y por ellos muchos están dispuestos a todo, como testimonia el proyecto de ley 1610/96 —presentado por el senador Romero Jucá— que pretende abrir la explotación de minerales en tierras indígenas.

“¿Es necesario explotar estos recursos? ¿La destrucción del medio ambiente no causa más daño que toda la ayuda que los recursos podrían dar? Si se reconoce honestamente que estos recursos son necesarios, ¿no se debería dar prioridad al mismo tipo de recursos existente en tierras no indígenas? Por último, en el caso de la explotación de las tierras indígenas, lo menos que se debería hacer sería debatir la cuestión con los interesados directos y elaborar con ellos programas y actividades no extemporáneos, para preparar a la población y hacerla partícipe de los eventuales beneficios”, afirma Zacquini.

“La carrera hacia el saqueo de los recursos naturales no renovables no conduce en ningún país al verdadero progreso. Normalmente sólo sirve para enriquecer a alguien, dejando que la deuda la paguen las futuras generaciones”, concluye el misionero italiano. —Noticias Aliadas

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Brasil, el extractivista más grande del continente

 

Alainet
Joe Mohr
Joe Mohr

 

Extractivismo es la apropiación de enormes volúmenes de recursos naturales o bajo prácticas intensivas que, en su mayor parte, son exportados como materias primas a los mercados globales. Parece estar pasando desapercibido que, según esta definición, el mayor extractivista de América del Sur es Brasil.

Esa situación no siempre es reconocida, ya que cuando se habla de extractivismo en primer lugar se piense en la minería, y en segundo lugar se dirán que los ejemplos destacados son países como Chile, Perú o Bolivia. Las imágenes populares conciben a esas naciones andinas como los líderes mineros continentales, e incluso globales.

La realidad de los últimos años es otra. Brasil se ha convertido en el más grande productor y exportador minero del continente. Este país extrajo más de 410 millones de toneladas de sus principales minerales en 2011, mientras que todas las demás naciones sudamericanas sumadas, se apropiaron de poco más de 147 millones de toneladas. Estos indicadores se basan en la extracción en América del Sur de cobre, cinc, plomo, estaño, bauxita, carbón y hierro (que expresan a los principales minerales por su volumen de extracción y exportación). Es impactante advertir que Brasil extrae casi el triple que la suma de todos los demás países sudamericanos que tienen minería de relevancia (Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela).

Esos enormes volúmenes brasileños se deben especialmente a la apropiación de hierro y bauxita. Pero este país es también el que tiene una de las canastas mineras más diversificadas (además es un importante productor de carbón, plomo, algunos “tierras raras”, etc.). Que Brasil sea el mayor minero continental tampoco es un hecho reciente, y ya en el año 2000 extraía el doble de volumen que todos los demás países sudamericanos.

Como se sabe, por cada tonelada de mineral extraído existen distintas proporciones de una “mochila ecológica”, que representa todo el material no aprovechado. Al sumar esa mochila las cifras de recursos naturales apropiados aumentan todavía más. Este es un indicador importante para el caso del oro, ya que su volumen final es pequeño para incidir en los indicadores de arriba, pero tiene una altísima mochila ecológica (un kilogramo de oro requiere remover 540 toneladas de materia, según el promedio de referencia global), y en muchos casos se lo obtiene por procedimientos muy contaminantes y destructivos (tales como deforestación asociada y uso de mercurio). En este rubro el primer productor sudamericano en 2011 fue Perú (188 toneladas), pero Brasil fue el segundo (con 67 ton), y por detrás le siguieron Argentina y Chile.

El extractivismo en su sentido estricto es mucho más que la minería. La apropiación de grandes volúmenes de recursos naturales o bajo procedimientos intensivos, para alimentar las exportaciones, se repite en otros sectores, destacándose los hidrocarburos y la agricultura. En esos rubros Brasil también es un “campeón”.

Si bien Brasil es actualmente es un productor petrolero de nivel medio (ocupando el tercer lugar en América Latina), y se enfoca en su propio consumo, también es cierto que se está preparando para explotar yacimientos marinos. Su gobierno espera ubicar al país entre las primeras potencias petroleras mundiales.

Los nuevos yacimientos se encuentran en la plataforma costera, a enormes profundidades, condiciones exigentes de perforación, y altas temperaturas. Esa extracción es de un enorme riesgo ambiental, tal como ha dejado en claro el accidente de la plataforma de BP en el Golfo de México en 2010. A pesar de esa catástrofe y de la evidencia sobre esos riesgos, la discusión brasileña está mucho más enfocada en los niveles de las regalías o su distribución, que en sopesar sino sería más sensato una moratoria en ese tipo de extractivismo.

Esto es muy diferente de lo que sucede, por ejemplo, en varias localidades amazónicas, donde la experiencia ciudadana frente a distintos impactos sociales y ambientales, no está dispuesta a aceptar más compensaciones económicas, sino que reclama moratorias.

Finalmente, Brasil también es el líder en el extractivismo agrícola. Actualmente es el primer productor mundial de soya; en la zafra 2011-12 superó los 66 millones de toneladas métricas (en nuestro continente le sigue Argentina con 40 millones ton m). Es también el primer exportador mundial, y buena parte de lo que comercializa lo hace sin procesamiento. Este fenómeno va de la mano con un enorme aumento del área de cultivo, que ha superado los 24 millones de hectáreas.

De esta manera, el extractivismo avanza en Brasil en varios frentes. Si se agrupan la extracción de recursos naturales mineros, hidrocarburíferos y agrícolas, el nivel de apropiación es de recursos naturales en Brasil es escalofriante, y deja muy atrás a cualquier país sudamericano. Ese estilo de desarrollo genera presiones ambientales y sociales fortísimas, que van desde los conflictos en el medio rural al drama ecológico que se observa en el Cerrado o la Caatinga, ecoregiones que pueden desaparecer al convertirse en tierras agrícola-ganaderas.

El extractivismo exagerado hace que la economía brasileña sea muy dependiente de exportaciones como las de hierro o soya para crecer. La proporción de productos primarios aumenta en el comercio exterior y caen las manufacturas. El país se vuelve muy dependiente de las condiciones globales, tales como los precios internacionales de las materias primas o la llegada de inversores extranjeros.

Por estos motivos, un examen riguroso muestra que la economía brasileña se está pareciendo más a la de los países andinos de lo que usualmente asumen analistas convencionales, que una y otra vez dicen que es un ejemplo de industrialización. Es más, durante las dos administraciones de Lula da Silva, la economía se primarizó en lugar de industrializarse.

A diferencia de lo que sucede en otros países sudamericanos, esta expansión del extractivismo no se debe solamente a las inyecciones de capital internacional, sino a los propios fondos internos estatales. El gobierno brasileño empuja decididamente este extractivismo, por medidas directas o financieras (en especial desde su banco de desarrollo BNDES).

Hay varios ejemplos. Petrobrás es una corporación petrolera mixta. Vale, la segunda empresa minera más grande del mundo, si bien es formalmente privada, aproximadamente la mitad de sus acciones depende de los fondos de pensión de los funcionarios del Banco de Brasil, y su principal fuente es el BNDES. Por esos y otros canales, el gobierno tiene amplios poderes de control sobre esa corporación.

Entretanto, el extractivismo agrícola también es apoyado directamente por el gobierno. Este se beneficia del más grande paquete de ayuda financiera estatal del continente (el llamado Plan Agrícola y Pecuario), que para los años 2012/13, totalizó 115,2 miles de millones de reales destinados al crédito, lo que favorece directamente la expansión de la agroindustria exportadora en lugar de los pequeños agricultores.

Esta es una situación de enormes paradojas: una parte nada despreciable del dinero recaudado por el Estado se utiliza en fomentar, apoyar e incluso subsidiar el extractivismo, el que alimenta en primer lugar la globalización antes que las necesidades internas del propio Brasil. En cambio, quedan dentro del país aquella mochila ecológica y otros impactos ambientales, y un amplio abanico de efectos sociales, políticos y económicos.

Son estas medidas de apoyo del extractivismo, la persistencia de una inserción internacional funcional a la globalización, y la contención de la protesta social, las que explican que el gobierno brasileño sea una y otra vez presentado como ejemplo económico a seguir para la economía convencional. Allí se originan las felicitaciones que se encuentran en las páginas de The Economist o en los foros de Davos. Pero si la perspectiva se coloca en la sociedad civil o en la Naturaleza, está claro que Brasil debería dejar de ser el campeón del extractivismo, y comenzar cuanto antes a discutir una estrategia postextractivista.

 Emmanuel Letouzé (Manu)
Emmanuel Letouzé (Manu)