Colombia. La reforma a la justicia es más grave que el caso del ladrón detrás del juez

por José Antonio Gutiérrez D.

La gravedad de esta reforma no puede ser pasada por alto en un país en el cual la fuerza pública ha estado siendo investigada por el secuestro y asesinato de más de 3.000 personas en el caso de los llamados falsos positivos, amen de un cúmulo de casos de violación sexual y acceso carnal violento, asesinato indiscriminado de civiles durante operaciones militares, secuestro, extorsiones, infanticidio, abuso sexual de menores y otras bellezas. Ahora, después de hacer todas estas tropelías, serán los mismos militares que llevan medio siglo utilizando estos absusos como parte “normal” de la guerra contra el “terrorismo” quienes se juzgarán a sí mismos.

“La experiencia histórica de Colombia rectifica la generalizada creencia de que el absolutismo político sólo existe en aquellos países donde se han instalado cínicamente gobiernos de fuerza y no puede funcionar en un sistema de legalidad. En realidad, el absolutismo político nunca ha aparecido en la historia como una carencia absoluta de legalidad, sino como un sistema que es capaz de crear, a su arbitrio, su propia y acomodaticia legalidad”
(Antonio García, en “América Latina, Historia de Medio Siglo”, Ed. Siglo XXI,1977, p.224)

Uribe Vélez se caracterizó por sus choques frecuentes con la rama judicial del Estado, a la que amenazó e intimidó de manera abierta o velada. A su momento, insistimos que estos choques no eran meros descalabros producto de una debilidad psicológica de Uribe, sino que respondían a la lógica misma del sistema colombiano, de su crisis de legitimidad y de la respuesta que los sectores del bloque dominante buscan para imponer su hegemonía absoluta.

Santos, con poses de diálogo, de respeto a los equilibros del Estado democrático-burgués, sin los arranques temperamentales del desequilibrado Uribe, logró sacar adelante una reforma estancada desde el 2008, que en lo esencial, constituye un golpe silencioso en contra de las cortes civiles por parte de un Ejecutivo hipertrofiado y un Congreso de bolsillo.

Fuero Militar, fuero para el terrorismo de Estado

Un elemento central de la reforma, el cual pese (o para ser más claros, precisamente debido) a su gravedad y trascendencia, fue incorporado a última hora, entre gallos y media noche, por el gobierno, es la ampliación del fuero militar. El texto de la reforma establece que:

“De los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del código penal militar y policial. Tales cortes o tribunales estarán integrados por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro.”

En criollo, esto quiere decir que cualquier denuncia de crímenes cometidos por la fuerza pública estando en servicio, será potestad de la “Justicia” Penal Militar, la cual, aparte de ni siquiera pertenecer a la Rama Judicial, es famosa por fallar en el 100% de los casos de violaciones de derechos humanos a favor de los uniformados. La gravedad de esta reforma no puede ser pasada por alto en un país en el cual la fuerza pública ha estado siendo investigada por el secuestro y asesinato de más de 3.000 personas en el caso de los llamados falsos positivos, amen de un cúmulo de casos de violación sexual y acceso carnal violento, asesinato indiscriminado de civiles durante operaciones militares, secuestro, extorsiones, infanticidio, abuso sexual de menores y otras bellezas. Ahora, después de hacer todas estas tropelías, serán los mismos militares que llevan medio siglo utilizando estos absusos como parte “normal” de la guerra contra el “terrorismo” quienes se juzgarán a sí mismos.

Concentración de Poderes: la Justicia a la medida de corruptos y parapolíticos

El Congreso colombiano es una de las instituciones más corruptas del país y una de las más desprestigiadas. Un número importante, si no la mayoría, de legisladores de la mayoría ligada al gobierno han estado, en algún momento, vinculados a juicios por cargos de corrupción o por sus vínculos con narcotraficantes o paramilitares y escuadrones de la muerte. Sin embargo, la nueva reforma designa una “súpercorte” con capacidad de juzgarles, y les da la posibilidad de elegir a una tercera parte de ésta, siendo otra tercera parte elegida por el propio presidente (el resto es elegido por el Consejo Superior de la Judicatura). Es decir, dos terceras partes de esta súpercorte serán elegidas por el bloque político más untado de corrupción y vínculos con escuadrones de la muerte y narcotráfico (representados por el Congreso y el Presidente).

Impunidad para los de arriba, Terror para los de abajo

La actual reforma a la justicia es algo mucho más grave que tener al ladrón detrás del juez; no exagera el presidente de la Corte Suprema Camilo Tarquino cuando asegura que este es un paso que atenta contra el “Estado democrático”. De hecho, lo es: es un paso más en el desmantelamiento de todo lo esencial de la democracia burguesa en Colombia como fue consagrada en la Constitución neoliberal, pero garantista, de 1991. Es un paso más en la consolidación del Estado autoritario, de carácter fascistizante, que requieren los grandes capitalistas colombianos y sus socios internacionales, para impulsar la “solución final” a la prolongada crisis de legitimidad y hegemonía del Estado colombiano, y poder implementar sin ningún contrapeso social o político, sus locomotoras minero-exctractivas y agroindustriales. Es la consolidación de una dictadura abierta del gran Capital, de los grandes cacaos, apenas con ropajes democráticos. Y el costo político de este proyecto lo pagará el pueblo, y ya lo está pagando, con toneladas de sangre. Pero es el propio pueblo el que, sin hacerse falsas ilusiones en la institucionalidad, puede y debe poner freno a este modelo rapaz y totalitario, desarrollando su propio poder mediante la lucha popular y la acción directa. El único límite a este “ejercicio ilimitado” del poder de los de arriba es el que le impone la propia dinámica de la lucha de clases en Colombia. Todos los otros caminos están bloqueados. (Transcrevi trechos)

Paramilitar colombiano confesó que quemaba a sus víctimas en un horno


9 DE CADA 10 SINDICALISTAS ASESINADOS SON COLOMBIANOS

Brasil cruel. País de assassinos impunes

O mito do Brasil cordial sempre foi uma farsa. O “pega, mata e come” é constante. O carcará brasileiro supera o da Colômbia, o do México, com suas guerrilhas,  chacinas promovidas pelos paramilitares e pelas forças armadas do governo.

Milton Corrêa da Costa

Os impressionantes dados mostrados pelo Mapa da Violência precisam ser objeto de reflexão e análise. No Brasil, nos últimos 30 anos, matou-se mais do que em muitos conflitos armados duradouros. Enquanto a disputa religiosa entre Israel e Palestina, entre 1947 e 2000, foi marcado pela morte de 125 mil pessoas e a guerra civil da Guatemala, durante 24 anos, deixou um rastro de 400 mil mortes, no Brasil, nos últimos 30 anos, 1.091.125 pessoas foram vítimas de homicídio, numa média de 4 brasileiros assassinados por hora, sem contar os milhares de desaparecidos sem que se saiba, referentemente aos que morreram, qual a causa-mortis.

Conheça as causas.

 

Um estudante morto. Os indignados nas ruas da Colômbia





Ontem, os universitários da Colômbia marcharam. O dia terminou com um estudante morto em Bogotá. Indignados, os jovens protestaram contra a reforma do ensino, que encarece as mensalidades escolares. Para estudar, afirmaram os mais revoltados, que ficaram nus, teremos que vender a roupa do corpo. É! a onda do liberalismo econômico continua a devastar a Colômbia. Terra dominada pelas milícias da direita, por guerrilheiros da esquerda, por traficantes de drogas, e por bases militares do Tio Sam.