Indenização é maior do que o salário da agente que parou juiz em lei seca por dirigir carro sem placa e documentos

 

luciana

 

Condenada pela 36ª Vara Cível do Rio de Janeiro a pagar R$ 5 mil ao juiz João Carlos de Souza Correa após um desentendimento numa blitz, a agente da Lei Seca Luciana Silva Tamburini, de 34 anos, revelou nesta quarta-feira (5) que não teria como pagar a indenização. “Não tenho dinheiro para pagar isso, é mais que meu salário”, disse ela.

De acordo com decisão, em primeira instância, da 36ª Vara Cível do TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Estado do Rio), a servidora pública “agiu com abuso de poder” e “zombou” da magistrado ao afirmar que ele “era juiz, mas não Deus”. O fato ocorreu em 2011.

A infração ocorreu depois que Corrêa foi parado em uma blitz da Lei Seca sem a carteira de habilitação e com o carro sem placa e sem documentos. Com isso, o carro do magistrado foi rebocado. Na ocasião, Corrêa era titular da 1ª Vara da Comarca de Búzios.

Luciana chegou a receber voz de prisão por desacato, mas se negou a ir à delegacia em um veículo da Polícia Militar.

“Ao apregoar que o demandado era ‘juiz, mas não Deus’, a agente de trânsito zombou do cargo por ele ocupado, bem como do que a função representa na sociedade”, escreveu o desembargador José Carlos Paes, da 14ª Câmara Cível do TJ-RJ, que manteve a condenação em segunda instância.

Luciana disse ao G1 que a “carteirada” que recebeu do magistrado não foi a única ao longo de três anos que trabalhou na Lei Seca.

“Isso acontece todos os dias e não só comigo. Já recebi até um ‘Você sabe com quem está falando?’ da mulher de um traficante de um morro de Niterói”, contou.

Luciana acrescenta que vai entrar com recurso no Superior Tribunal de Justiça (STJ) contra a condenação que sofreu. Segundo ela, a decisão do Tribunal de Justiça do Rio é desmotivante.

“É um absurdo. Porque você bota a pessoa ali para trabalhar, para cumprir a lei. É uma pena a lei ser para poucos, para pessoas que têm o poder maior que o nosso. Imagina se vira rotina?”, pergunta.

Ela disse ainda que acredita que esse tipo de decisão não deveria afetar o trabalho que os agentes desempenham no cumprimento da lei.

O servidor público fica com medo de aplicar a lei. Você não pode trabalhar com medo”, explicou.

Sobre o uso da expressão “juiz não é Deus”, a servidora disse que houve interpretação errada por parte do magistrado. Segundo ela, na época da abordagem Correa chamou um policial militar e lhe deu voz de prisão.

“O PM já veio na tenda onde eu estava com a algema dizendo que ia me algemar porque ele [o juiz] queria. Eu então disse ao policial que ele queria, mas ele não era Deus. O policial falou isso para o juiz. Não fiz isso com o objetivo de ofender”, contou. Não sei se o juiz foi punido por dirigir um carro sem placa e documentos

La renovación (ética) de la Justicia

Rafael
Rafael

 

 

por Guido Croxatto *


El lúcido texto de renuncia al cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación enviado por el profesor Zaffaroni a la presidenta de la Nación a once años de haber sido designado en ese cargo es un hecho simbólico, pedagógico por su contenido, inspirador por su mensaje y aleccionador para las nuevas generaciones de abogados que buscan utilizar las herramientas que les brinda el Derecho (que muchos aún aprenden de un modo acrítico en la facultad), no para conservar privilegios e intereses estatuidos (como quiere parte de la doctrina), sino para tender a la organización de una sociedad más igualitaria y más justa, única forma, como advierte Zaffaroni en su texto de renuncia, de disminuir los niveles de violencia imperantes en la sociedad. Hay muchas formas de violencia que aún los abogados no vemos. Formas de la violencia que la Justicia (el Poder Judicial) no nombra: la desigualdad es una de ellas. La pobreza es otra forma de violencia. La exclusión es violencia. Estas formas de violencia que el derecho no nombra y la Justicia no juzga como tales (y muchas veces gran parte de la sociedad no ve como “hechos de violencia”, no se considera a la desigualdad o a la pobreza como formas de una violencia muy grave) están, sin embargo, en la base del problema de la inseguridad. La desigualdad tiene que ver con la inseguridad. Tambien la pobreza.

El texto es valioso porque asume para la Justicia la periodicidad en los cargos, que no debiera ser asumida como un gesto de debilidad de los jueces ni de la Justicia ni como una amenaza a su independencia. El carácter vitalicio de los cargos es un elemento monárquico que, como bien señala Zaffaroni, poco se corresponde con los tiempos y debates y recambios de una democracia republicana y deliberativa, donde los jóvenes –como abogados o no– están llamados a participar cada vez más (y no cada vez menos) con voz propia, la juventud está llamada a intervenir y a tomar la palabra para rediscutir el Derecho, y es para eso, como dice Zaffaroni, que debe formarse y ser apoyada en su formación: para tener elementos para dar la discusión. Para poder construir un derecho mejor. Diferente. Y más justo.

Finalmente, Zaffaroni asume que la misión central de todo Estado que quiera organizar una sociedad mas justa pasa, en primer lugar, por una reforma de la educación, que ponga al alcance de sectores tradicionalmente excluidos y marginados de la vida civil y política ese derecho: el derecho a saber, el derecho a la educación, sin el cual la participación política efectiva de los jóvenes no se hace posible. En esto se esconde una semilla y es la de un nuevo modelo de ejercicio de derechos, que va empoderando a las personas antes “representadas”, dejando atrás el paradigma de la tutela. Del modelo tutelar se sale con más educación y otorgando mayores niveles de autonomía a las personas.

Zaffaroni habla de una revolución pacífica y silenciosa: la de sectores que se incorporan por primera vez a la universidad pública. El saber jurídico no puede permanencer impasible ante esta nueva realidad social, porque en ella radica, precisamente, la mayor oportunidad de cambio de cosmovisión del Derecho: sectores antes excluidos, ahora empoderados, que el día de mañana se incorporarán como funcionarios en la administración de Justicia, es decir, que se incorporen a un poder (como el Poder Judicial) que siempre los ha mirado desde arriba, los ha negado o los ha mirado con desprecio. La revolución pacífica y silenciosa es la revolución de la administración de Justicia, a través de una nueva composición mucho más abierta y plural. Una Justicia administrada por más manos, más y diferentes miradas, nuevos lenguajes, nuevos sectores, nuevos desafíos. Nuevos problemas que antes no veíamos. Que una parte de la sociedad no nombraba. Una Justicia a la que se le quita homogeneidad y uniformidad en los pensamientos y en su forma de composición. Para eso hace falta recambio generacional e ideológico, porque así se potencia el debate al interior de cada poder del Estado. La juventud está llamada a tomar en sus manos la defensa de los derechos. A ellos les habla Zaffaroni con su renuncia. Está diciendo: yo me voy porque vienen otros jóvenes. Y porque hay que formarlos. Porque sin formación es difícil luchar por el derecho. La incorporación educativa de sectores privados históricamente del derecho a la educación es el primer paso concreto para transformar el Poder Judicial en Argentina. Y la sociedad toda. La transformación de la educación es la transformación de la Justicia. El acceso a la educación es el acceso a la justicia. Y a una mayor igualdad. Y una mejor cultura.

 

* UBA-Conicet.

El control judicial orientado por una matriz ética

Por María Francisca Zapata García

Sistema disciplinario

La disciplina se activa, en nuestro modelo, por dos vías: una de ellas la resultante del envío de información de los mecanismos de control del sistema de evaluación del desempeño que ha detectado, a partir de sus medidores e indicadores, un grado de deficiencia relevante en el cumplimiento de las metas y/u objetivos predeterminados y frustración en los resultados de las estrategias de mejoramiento disponibles para el caso en particular. La segunda vía es la activación directa por infracción de los deberes y prohibiciones que se contemplen taxativamente en la legislación. Nuestra propuesta, desde luego es contraria a cláusulas amplias alusivas a conductas personales, especialmente si aluden a etiquetas del tipo “decoro de la magistratura”.

Las conductas ilícitas deben estar graduadas conforme su gravedad y así, demarcadas las posibles sanciones conforme su mayor o menor entidad. Las sanciones también deben estar predeterminadas, desde las menores a aquellas que signifiquen separación del cargo. La posibilidad de suspensión de funciones debe contar con una estricta reglamentación orientada por el principio de proporcionalidad, a fin que sea procedente sólo en faltas de extrema gravedad.

El procedimiento debe ajustarse a las exigencias de un debido proceso y, en particular, a los derechos de audiencia, defensa, contradicción y recursos legales que correspondan. Se estima como nota básica del procedimiento el que la acusación quede en manos de un investigador o instructor, quien formulará los cargos o solicitará sobreseimiento, según el mérito de la investigación y no participará de la decisión condenatoria o absolutoria definitiva. La investigación no podrá exceder el plazo de treinta días y la duración total del proceso no más de tres meses.

Decimos con Atienza que el concepto de “buen juez” no se deja definir exclusivamente en términos normativos. El buen juez no es simplemente el que cumple ciertas normas de conducta (y no incurre en responsabilidad penal, civil o disciplinaria) sino el que ha desarrollado profesionalmente ciertos rasgos de carácter que constituyen las virtudes judiciales.

(Transcrevi trechos)