Argentina. Luz verde para dos reformas en el Poder Judicial

El plenario de comisiones del Senado dio dictamen favorable a los proyectos de renovación del Consejo de la Magistratura y la creación de tres nuevas Cámaras de Casación.

El proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura propone elegir por el voto popular a los representantes de los jueces en ese cuerpo, acádemicos y abogados, ampliar sus miembros de 13 a 19 y establece que la elección se hará en forma conjunta con las elecciones nacionales.

La creación de tres Cámaras de Casación en los fueros Contencioso Administrativo, Laboral y de Seguridad Social y Civil y Comercial (que se incorporan a la que ya existe en el fuero Penal), fue el segundo de los proyectos aprobados por el oficialismo.

La iniciativa “no pretende menguar la cantidad de representantes,  pretende que provengan de diversas profesiones”, explicó el funcionario, y criticó a los legisladores de la oposición que decidieron no asistir al plenario de comisiones en el Senado.

A su lado, el secretario de Justicia, Julián Álvarez, coincidió en sus cuestionamientos a la oposición, y consideró que se trata de iniciativas que “van a servir al pueblo por los próximos 100 años”.

“¿Cómo se pueden oponer a que los miembros del Consejo de la Magistratura sean elegidos por todos los argentinos mediante el voto popular?”, se preguntó el funcionario durante el plenario de las comisiones de Asunstos Constitucionales, Justicia y Presupuesto en el que se debate la reforma del Consejo de la Magistratura.

Álvarez invitó a la “reflexión y al debate” a los senadores de la UCR, el FAP y el peronismo federal que anunciaron que no se presentarían en la audiencia de hoy, y consideró que el Consejo “es un organismo político que no puede estar integrado por intereses corporativos”.

El secretario de Justicia aclaró por su parte que no se trata de la elección de jueces por el voto popular, ya que estos “deben ser independientes”.

“De lo que se trata -dijo- de es de la elección por voto popular de los representantes de los jueces en un órgano político como el Consejo de la Magistratura que no es un órgano independiente”.

El funcionario opinó que la sanción de estas leyes “no sólo significa un cambio sustancial en el sistema operativo” si no que “van a acompañadas de la transformación de normas de fondo como son el digesto jurídico y el Código Civil y Penal”.

Álvarez remarcó que Argentina tenía hasta ahora “un sistema jurídico del siglo XIX”.

Argentina. “La impunidad estuvo lograda a través de la parálisis del Consejo de la Magistratura”

 

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El espacio “Justicia legítima” salió ayer a respaldar los seis proyectos que la presidenta Cristina Kirchner envió al Congreso para introducir reformas en el Poder Judicial. Los proyectos “quiebran los sistemas corporativos” e implicarán “un cambio radical”.

Tomó la palabra Carlos Cruz, presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, un poco como dueño de casa, porque el encuentro se realizó en la sede de esa entidad. “La impunidad estuvo lograda a través de la parálisis del Consejo de la Magistratura”, afirmó Gils Carbó, quien fue la segunda en hacer uso de la palabra, al referirse al proyecto por el cual el Poder Ejecutivo propone ampliar de 13 a 19 los miembros del organismo que elige y juzga a los magistrados de todo el país y que esos miembros sean elegidos por el voto popular. Para la procuradora, la votación implicaría mayor transparencia y más participación, al tiempo que se mostró a favor de que no sean las cámaras de cada fuero las que elijan a los jueces subrogantes porque “es una herramienta de la corporación no querer gente de afuera, sino de adentro”.

Sobre el paquete de medidas propuestas por el Gobierno, la jefa de los fiscales apuntó que “estamos madurando progresivamente la relevancia que van a tener los proyectos. Tenemos motivos para pensar que esto va a ser diferente”. Y también consideró importante la inclusión de académicos que no sean abogados: “Incorporar más académicos implica incorporar la visión del hombre común”. Gils Carbó volvió a criticar a parte de la Justicia por el “oscurantismo de los pasillos tribunalicios” y las “redes de corrupción y servilismo que garantizan impunidad”, y concluyó expresando la esperanza de que “estas reformas se aprueben”.

También hablaron Omar Palermo, juez de Corte Suprema de Mendoza, y Fernanda López Puleio, secretaria de Política Institucional de la Defensoría General de la Nación. Para Palermo, la publicidad de las causas –otro de los proyectos del Ejecutivo para que se haga un registro de expedientes– implica un “mayor control para el justiciable”. E hicieron intervenciones Martín Vázquez Acuña, juez de la Cámara Correccional, y Angel Bruno, ex diputado.

A su turno, el camarista de Casación Alejandro Slokar afirmó que la reforma judicial anunciada por la Presidenta “busca una Justicia más plural e independiente” y defendió la elección popular de los jueces porque “amplía la base de la democracia”. Además, el magistrado señaló que los seis proyectos de ley buscan “democratizar la Justicia” a través de “la soberanía popular mediante el sufragio universal”. Según su criterio, “no es ningún exotismo elegir jueces mediante el voto popular” y remarcó que “nadie democráticamente puede censurar el principio participativo y representativo” de la sociedad.

Slokar enfatizó que el proyecto de democratización de la Justicia aspira a “la máxima realización de todos los derechos y a la protección de los más débiles”. En cuanto a la creación de las nuevas Cámaras de Casación Federal en lo Contencioso Administrativo, de Trabajo y Seguridad Social y Civil y Comercial, el juez afirmó que esto “va a agilizar el trámite de las causas definitivamente”. Y en relación con el límite de cautelares, aclaró que se aplicaría “sólo cuando son contra el Estado” y sostuvo que esto “pone un límite razonable a las medidas”.

El fiscal Auat cerró las alocuciones. Se refirió a los cuestionamientos sobre las subrogancias, dado que él viene criticando la de Luis María Cabral, titular de la Asociación de Magistrados y quien ocupa un cargo temporal en la Cámara de Casación. “Vemos con beneplácito la discusión y tenemos que pensar en jueces más cerca de la toga que de la cachiporra”, expresó. En diálogo con Página/12, Auat recordó que la agrupación “Justicia legítima” nació para colocarse “en las antípodas de la defensa corporativa del sistema judicial que un grupo de magistrados hizo en diciembre, pocos días después del fallo sobre la ley de medios, defensa de ese Poder Judicial encerrado y de espaldas a la sociedad que hizo crisis, y buscamos que se haga visible la patología del sistema judicial”. El fiscal explicó que la agrupación tiene “un verbo común” con el proyecto oficial en tanto poseen una misma mirada respecto de una “estructura que ya no está a la altura de los tiempos, que está atravesada por otro tipo de intereses, los que siempre fueron afines a esa corporación, que siempre estuvo mirando para otro lado, que no hace autocrítica y mantuvo por cien años los mismos paradigmas, el único poder que no fue atravesado por la democracia y fue funcional a los gobiernos dictatoriales”.

 

Fierros judiciales: Los delirios de Lorenzetti o “lo que me pone en pedo es la soda”

El discurso corporativista del Poder Judicial, encarnado en las palabras del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, no hace más que confirmar la alta politización del sistema judicial argentino. La propuesta del Poder Ejecutivo, justamente, redobla la apuesta y busca abrirlo definitivamente a la política.

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por Artemio López

La  memorable frase del dirigente radical César “Chacho” Jaroslavsky, “Hay que cuidarse de ese diario. Ataca como partido político y si uno le contesta, se defiende con la libertad de prensa”, puede ser perfectamente aplicada a muchos de nuestros magistrados. Atacan como partido político y, si uno les contesta, se defienden con la independencia del Poder Judicial. El caso más notable, por lo empinado de su rol institucional, es el del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Don Ricardo Lorenzetti.

En efecto, el magistrado, en su ya inocultable disputa con la Presidenta -y a fin de dar volumen a su candidatura opositora-, no dudó en subir el tono del enfrentamiento hasta poner en suspenso la soberanía del voto y las mayorías conformadas en democracia. Utilizó para ello una sentencia, no por falaz menos demostrativa del profundo desprecio a la voluntad popular que mueve a quien la pronuncia: “La Corte no debe gobernar, debe ser consistente con las mayorías del pueblo, con lo que van haciendo el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo a través de las leyes. Pero hay sobradas muestras históricas de que las mayorías han tomado decisiones inconstitucionales muy graves, como por ejemplo apoyar el Holocausto, el terrorismo de Estado o la pena de muerte”.

Seguramente Lorenzetti sabrá que también hay “sobradas muestras históricas” de magistrados acompañando dictaduras genocidas. Aún hoy podríamos enumerar  una lista, como él señala, “consistente”, de jueces cómplices del genocidio. Pero nadie pone en duda la legitimidad del Poder Judicial, menos con semejantes “sobradas muestras históricas”.

Sucede que, presumiendo inteligencia, Lorenzetti pone en acto una muy básica falacia post hoc (falsa causa), razonamiento que, a partir de la coincidencia entre dos fenómenos, establece, sin suficiente base (vaguedades como “sobradas  evidencias históricas”), una relación causal: el primero es la causa, y el segundo, el efecto. Clásicamente esa falacia era conocida con la expresiónPost hoc, ergo propter hoc (Después de esto, entonces por causa de esto).

Lamentable razonamiento el del Presidente de la Corte, quien desconoce la especificidad de los fenómenos que enumera (Holocausto, dictadura y pena de muerte) y a los que encuentra una extravagante “causa común”, las mayorías electorales. La sabiduría popular ha reaccionado ante tonteras semejantes, y hasta las ha transformado en un simpático chascarrillo: “Si tomo vino con soda me emborracho, lo mismo el whisky con soda, igual que el fernet con soda. Lo que me pone en pedo es la soda”.

En fin, si no gran conocimiento histórico, lo que sí prueba Lorenzetti, y de manera concluyente con estas intervenciones opositoras, es la politización ya existente en el aséptico Poder Judicial, frente a la cual, luego de denunciar la existencia de “fierros judiciales” que analizáramos en Télam oportunamente, la Presidenta impulsa ahora la democratización de la Justicia.

Se trata de abrirla definitivamente a la política, la cual en su formato conservador ya la rebasa de cabo a rabo, y sin hipocresías dejar que toda la política ingrese en el “inmaculado” Poder Judicial, y no solo la que representa el interés de las corporaciones y los grupos de poder concentrado, la política en su modalidad ultra conservadora, que hoy domina ese poder del Estado.

En esa dirección secular se ordenan los proyectos de voto popular para seleccionar los integrantes del Consejo de la Magistratura, la creación de nuevas cámaras de Casación, transparentar el acceso a la Justicia, devolver las Cautelares “a su verdadero lugar y a su verdadera funcionalidad”  y, finalmente, obligar a todos los funcionarios a presentar sus declaraciones juradas.

Ampliar la intervención de la política al conjunto de las alternativas existentes rompiendo el gheto político conservador que configura el Poder Judicial. No se trata entonces de “despolitizarlo”, vieja consigna liberal conservadora, sino de politizarlo al límite. Democratizar la Justicia, una propuesta que rememora, discretamente, aquella conmovedora sentencia con la que Louis Althusser describía su método de pensamiento: “Jamás pude alcanzar la transparencia. Entonces he practicado como Mallarmè, como Heidegger, el obscurum per obscurius. A lo oscuro por lo más oscuro”.

Argentina. El esqueleto de un Poder Judicial más democrático

CFK anunció una batería de proyectos de ley que llegarán al Congreso este mes. El más llamativo es el replanteo del Consejo de la Magistratura, cuyos miembros serán elegidos “por voto popular”. También planteó una serie de medidas dedicadas a “transparentar” el sector.

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Por Irina Hauser

Cuando llevaba más de tres horas de discurso, Cristina Kirchner dijo finalmente la palabrita tan esperada. “Democratización”, repitió entre frases alusivas al Poder Judicial. “Yo quiero en serio una Justicia democrática, no corporativa, no dependiente de los factores económicos”, enfatizó y anunció que pronto enviará al Congreso un conjunto de proyectos de ley con los que pretende lograr ese objetivo. Enseguida anticipó los ejes de la reforma que imagina y puso como punto de partida una modificación del Consejo de la Magistratura –el organismo que elige y sanciona a los jueces– por la cual “la totalidad” de sus integrantes “sean elegidos por el pueblo” y que entre ellos pueda haber ciudadanos que no sean abogados o juristas, sino “académicos o científicos” de cualquier otro ámbito. Siguió con la creación de nuevas cámaras de Casación, como tercera instancia en fueros donde no existe, en plan de descomprimir a la Corte Suprema para que ella se enfoque en cuestiones de constitucionalidad. La lista de iniciativas también incluyó el ingreso por concurso al sistema judicial; la creación de un registro de causas en trámite que permita su monitoreo; y una ley que reglamente y limite las medidas cautelares. La Presidenta responsabilizó a la Corte por dos cuestiones que el propio tribunal –advirtió– podría revertir: el ocultamiento de las declaraciones juradas de los jueces y la eximición del pago de Impuesto a las Ganancias (ver aparte).

El combo es muy vasto y, de ser aprobado íntegramente, generará sin dudas un sacudón de raíz en el aparato judicial. “Acá se echaron gobernadores, se encarcelaron presidentes, y se cerró este Parlamento, pero la Justicia nunca fue tocada”, advirtió la jefa de Estado. A nadie, por lo menos en la Corte, se le escapó el detalle de que en el saludo inicial incluyó a todo el mundo –gobernadores, diplomáticos, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, legisladoras y legisladores, el pueblo y los jóvenes– menos a los jueces supremos, dos de los cuales estaban allí sentados, Ricardo Lorenzetti y Raúl Zaffaroni.

Las leyes y medidas de Cristina Kirchner para democratizar la Justicia tienen algunos rasgos salientes: no requieren una reforma constitucional; apuntan a reducir la hegemonía y los privilegios corporativos; se basan en una mayor participación popular en los procesos judiciales; e inevitablemente impactarán en el espectro de dominación y las funciones de la Corte Suprema.

Consejo popular

En Diputados preveían que los primeros proyectos ingresarán la semana que viene y que se apurará el tratamiento. La composición del Consejo de la Magistratura fue modificada en 2006, a raíz de una iniciativa de la propia Cristina Kirchner, entonces senadora. El organismo quedó con trece miembros (seis legisladores, un delegado del Poder Ejecutivo, tres jueces, dos abogados y un académico), pero hoy está paralizado por la capacidad de bloqueo del sector opositor, que incluye a magistrados y abogados, manejado por el radicalismo. A los consejeros de cada estamento los eligen las propias corporaciones, desde determinadas asociaciones: “los abogados se eligen entre ellos, los jueces se eligen entre ellos”, ilustró la Presidenta. A los diputados y senadores, que sí surgen del voto popular, los asignan las cámaras. Según el proyecto de la mandataria los integrantes del Consejo tienen que ser “directamente elegidos por el pueblo. ¡Absolutamente ni los jueces ni los abogados tienen coronita!”, dijo. La sola idea de esta situación causó una revuelo ayer en Tribunales. Aunque aún no se conocen detalles, es difícil pensar en hacer ese tipo de elección sin que los candidatos queden asociados a fuerzas políticas, aun cuando la votación quede disociada de otras, nacionales, locales o parlamentarias. E inevitablemente todo deriva en una discusión sobre las implicancias de que a los propios jueces que anhelan ser consejeros, les financien su campaña. En la misma línea de la participación ciudadana, la Presidenta sostuvo que la Constitución en ningún lugar dice que los consejeros del ámbito académico o científico tienen que ser abogados, a pesar de que es la única especialidad designada. “Puede ser un médico, un contador, un economista, un ingeniero, puede ser un psicólogo, que además estaría muy bien porque le daría una perspectiva mucho más amplia al Consejo de la Magistratura”, dijo la mandataria. El proyecto oficial, es evidente, tratará de garantizarlo. Este cambio de dinámica en el organismo de selección y remoción de jueces implicaría un cambio de lógica con dos efectos posibles: invertiría la ecuación de los radicales en el Consejo y habilitaría la recuperación, para el organismo, de facultades que en los últimos años fue absorbiendo la Corte, entre ellas el manejo presupuestario, denunciado por el camarista Alejandro Slokar como método de “cooptación” y prebendario en el encuentro de esta semana de “Justicia legítima”.

Casaciones

En los últimos tiempos se habla mucho del “control de constitucionalidad difuso”, que permite que cualquier juez opine sobre la constitucionalidad de una ley. De momento, parece quedar descartada la opción de crear un tribunal constitucional que concentre esa tarea, según se desprende del discurso de ayer que, sin embargo, rescató la función de la Cámara de Casación Penal, y propuso reproducirla en otros fueros para “aligerar las causas que suben a la Corte”. La propuesta es crear una tercera instancia en tres ramas, con tres nuevas cámaras de Casación: Contencioso Administrativo; Civil y Comercial; Previsional y Laboral. En teoría, para el máximo tribunal, debería ser una buena noticia. De hecho, como dijo Lorenzetti esta semana, la política suprema es acotar cada vez más su campo de acción. No es que no intervendrían nunca, pero no lo harían ante cualquier recurso sino casi exclusivamente cuando haya que discutir cuestiones de constitucionalidad, al final del trayecto de un expediente. Se supone que este esquema debería descargar a la Corte, por ejemplo, de casos previsionales, que tramita de a miles. Es inédito en el mundo, dicen los entendidos, aunque hay países como Italia y Francia que lo aplican, no en todos los fueros.

Hay dos objeciones en puerta a las casaciones: que el Gobierno las quiere crear para designar sus propios jueces; y que prolongará más aún los procesos. Dos jueces de Casación y una camarista consultados por Página/12 pronosticaron que lo primero es posible pero poco probable: “Difícil que alguien consiga tantos jueces amigos, y más con todos los nombramientos que tienen atrasados”, coincidieron. La prolongación de los procesos es una posibilidad, pero –señalaron los jueces que hablaron con este diario– debería evitarse con un sistema control de la gestión de los jueces y del trámite de las causas, en cualquier tribunal o en la Corte. Hoy no existe ese control. Pero ésa fue otra de las reformas que Cristina Kirchner señaló que promoverá, a través de un “Registro de causas y publicidad”. “A veces no sabemos por qué algunos fallos están años allí en la Corte y otras salen más rápido”, dijo. Un caso record es la medida cautelar que le impide a la AFIP cobrarle al diario La Nación una deuda de 280 millones de pesos. La mandataria comparó: a los diputados y senadores, así como al Ejecutivo, “nos cuentan las costillas”.

Ingreso democrático

“También queremos democratizar el ingreso al sistema judicial. Creemos que el Poder Judicial no puede ser un lugar donde solamente acceda quien es ‘conocido de’ o ‘pariente de’. Todo ciudadano que reúna las calidades, los requisitos y apruebe los exámenes que se establezcan está en condiciones (…) ingresar al Poder Judicial no puede ser un privilegio”, proclamó Cristina Kirchner. En las últimas semanas se conocieron iniciativas dentro del propio sistema de justicia para instalar mecanismos de ingreso por concurso: ya lo implementó la Defensoría General y se discute en la Cámara del Crimen. En rigor, la Corte o el Consejo podrían directamente reformar el Reglamento para la Justicia Nacional y establecer una medida general de ingreso abierto por exámenes, pero no lo hicieron ni lo hacen. Es posible, así las cosas, que el Ejecutivo mande un proyecto. En cambio, la Presidenta advirtió que sólo los jueces supremos pueden revisar por qué no se aplica para el Poder Judicial la ley que obliga a todo el mundo por igual a pagar Impuesto a las Ganancias. Y algo similar, añadió, podría aplicarse a la publicidad de las declaraciones juradas.

La Presidenta dijo que era consciente de que ella había “disparado” el debate sobre una “Justicia legítima” cuando habló de democratizar la Justicia. Fue después de la sentencia que absolvió a los sospechosos del secuestro de Marita Verón, que instaló la idea de que ese desenlace con el juicio por jurados no hubiera pasado. Pero ese sistema de enjuiciamiento no estuvo ayer entre los anuncios presidenciales. El enfrentamiento con la Cámara en lo Civil y Comercial, por las cautelares a favor de Clarín, había sido otro de los detonantes. Habrá un proyecto para reglamentar esas medidas (ver aparte) y el movimiento crítico de “Justicia legítima” ya quedó instalado mientras pugna ambiciosamente por más modificaciones, incluso culturales.

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Cristina: “Proponemos que el Consejo de la Magistratura sea elegido por el voto popular”

Al inaugurar el 131 período de sesiones ordinarias, la Presidenta aseguró que “vengo a dar cuenta del estado de la Nación y a inaugurar las sesiones de este maravilloso Parlamento argentino, que coincide con dos aniversarios muy sensibles: los 30 años de la recuperación de la democracia, que nos permitió recuperar el derecho a la vida que nos había arrebatado el terrorismo de Estado, y el 25 de mayo vamos a cumplir 10 años en que un hombre, sentado en este mismo lugar (por Néstor Kirchner), daba comienzo a un proyecto político abarcativo a toda la Nación, y comenzado una lucha por la igualdad y el desarrollo económico”.

“Quiero saludar a todas las fuerzas políticas de origen democrático por haber acompañado la recuperación de tantos derechos”, agregó. En la primera referencia al Poder Judicial, Cristina Kirchner cuestionó la demora de las causas contra los funcionarios públicos, que se convierten “casi en rehenes”. “Lo digo porque alguien es culpable o inocente y punto. Tiene que ser culpable o inocente y punto. Rápido. Porque esa es la verdadera justicia”, advirtió.

CFK adelantó que enviará al Congreso proyectos de reformas para “hacer una profunda democratización” en el Poder Judicial, ya que “nunca fue modificada ni derribada ni siquiera durante los golpes militares”.

La Presidenta resaltó que la elección de los consejeros “está en absoluta regla con lo que establece la Constitución”, por lo tanto “no vamos a modificar ninguna Constitución”. Además, la mandataria denunció que las medidas cautelares se transformaron en “una verdadera distorsión del derecho, en fuente de injusticia, de inequidad y denegación de justicia”.

justiça argentina

La Presidenta anunció que enviará al parlamento una serie de proyectos para “lograr una justicia democrática, no corporativa ni dependiente de los factores económicos”, entre ellos el que propone que los miembros del Consejo de la Magistratura sean electos a través del voto popular. Cristina también anunció que se pondrá en debate la creación de nuevas cámaras de Casación en todos los fueros y la modificación de las condiciones para acceder al Poder Judicial, incluso mediante sorteo público. Además, la mandataria pidió el acceso público a las causas de cada juzgado y a las declaraciones juradas de todos los funcionarios de los tres poderes del Estado.

En el tramo final del discurso de inauguración de las sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa, Cristina sostuvo que el eje del primero de los proyectos es la “representación popular en la totalidad de los integrantes” del Consejo de la Magistratura. “Los jueces, abogados, académicos y científicos tienen que ser votados por sus conciudadanos, en absoluta regla con lo que expresa la Constitución”, dijo la mandataria, quien agregó que “el constituyente delegó en el Poder Legislativo la forma y el número de esos consejeros. Hay que darle a ese organismo una representación popular en la que la sociedad se vea reflejada y representada”.

Además dijo que es necesario crear las cámara de Casación en lo Civil y Comercial, en lo Contencioso Administrativo y en lo Previsional y Laboral, como una tercera instancia que “aligere y pueda darle mayor transparencia al sistema”. También remarcó el interés de “democratizar el acceso al sistema judicial”, para que pueda ingresar “todo ciudadano que reúna requisitos y apruebe el examen correspondiente, a través de un sistema de sorteo público”. “Ingresar al Poder Judicial no debe ser un privilegio”, enfatizó.

Asimismo la Presidenta planteó que debe haber Registro de causas y publicidad de acceso a la información para que “cualquier ciudadano sepa cuáles son las causas que tienen los jueces y cuánto tiempo están”. Explicó que “con un sistema de software se debe poder establecer un sistema transparente”, y subrayó que “a los políticos nos cuentan las costillas, y está bien, porque estamos en el Poder Público, pero el Poder Público son los tres poderes, y los tres deben la misma transparencia”.

Por otro lado explicó que la ley para que los jueces paguen el Impuesto a las Ganancias ya fue sancionada, la 24.631, por lo que aclaró que es una “decisión que deberá tomar el Poder Judicial”. “Técnicamente ya hay una ley que ha sido objeto de interpretación constitucional, la última palabra la tiene la Corte Suprema, y es la única que puede modificar su propia jurisprudencia”, informó la jefa de Estado, quien aclaró que lo enfatizaba para “evitar malos entendidos y que nadie se sienta presionado”.

Cristina indicó que enviará al Congreso de la Nación un proyecto para reglamentar las medidas cautelares que, señaló, “se han transformado en una verdadera distorsión de derecho, una fuente de injusticia, ya que detienen la administración de la Justicia sin discutir la cuestión de fondo”. Recordó los casos de Gendarmería y Prefectura, “un negocio formidable de algunos jueces subrogantes que dictan miles de cautelares y luego se declaran incompetentes”.

También recordó que fue un juez subrogante quien dictó una medida cautelar contra las antenas de TDA y después se declaró incompetente. “Tiene que haber una reglamentación, no una eliminación de las cautelares”, subrayó: “Tienen que volver a su verdadera funcionalidad dentro del sistema jurídico argentino”.

Además anunció una Ley de Responsabilidad del Estado, con el objetivo de que el “Estado no sea tratado igual que un particular”. “Necesita otro tratamiento, no privilegiado, pero tampoco castigado”, dijo y explicó que las relaciones que regula el Código Civil y Comercial, actualmente en debate, son entre privados o con el Estado como actor de derecho privado.

Finalmente anunció la Ley de Transparencia del Poder Público, para que se garantice el acceso público a las declaraciones juradas de los integrantes de los tres poderes del Estado. “Salvo la mía, nadie puede conseguir la declaración jurada de nadie”, manifestó la mandataria, y criticó que “es selectivo el conocimiento publico y el acceso a esas declaraciones”.

 

Bolívia tem hoje nova Justiça eleita pelo povo

A Bolívia tem, a partir de hoje, uma Justiça eleita pelo povo. A maioria dos bolivianos foi, durante mais de cinco séculos, vítima de uma justiça absolutista, racista, elitista, branca, majestática, intocável, infálivel, corrupta, ditatorial, cara, discriminadora, entreguista, iníqua, colonial, patriarcal e deificada.

El representante distrital del Consejo de la Magistratura, Tamer Medina, expresó que el reto principal para los nuevos magistrados, tomando en cuenta que su designación surge del voto popular, es lograr que la justicia sea más ágil, transparente, y sin corrupción, lo que “se constituye en una exigencia histórica, misma que generó el proceso de transformación que comenzó en 2003, ante un descontento acumulado durante décadas por la población en relación a las instancias que administran la justicia”.
Una vez posesionadas las nuevas autoridades, éstas deberán constituir sus respectivas directivas, asimismo, deberán revisar y establecer los mecanismos de funcionamiento y aplicación de competencias. “El proceso podría durar hasta tres años, en pos de la democratización, mientras tanto, la ciudadanía podrá asumir un rol fiscalizador del desempeño de los magistrados con la finalidad de transformar el sistema judicial, toda vez que las nuevas autoridades corresponden al voto popular”, expresó.
Medina dijo que, si bien el proceso será paulatino, a partir de hoy se aplica el criterio de gratuidad en cuanto a timbres y valores, “lo que conlleva un paso más en la revolución en la justicia que podrá favorecer a las personas de escasos recursos, toda vez que, de acuerdo a la ley de transición, se suprimen los timbres para todo tipo de procesos judiciales (de 2, 5, 10), que ya no serán puestos a la venta, quedando solamente vigentes las cédulas para notificaciones, formularios para notarios, los que serán gratuitos posteriormente, una vez establecidos los mecanismos necesarios”.
El Tribunal Supremo de Justicia, que comenzará hoy, según explicó Medina, es una instancia de cierre, misma que conoce en última instancia los recursos en las distintas materias legales, ya que por lo general toda demanda entre dos particulares, o de un particular con el Estado, litigio penal o civil, pasa por instancias procesales, la primera la sentencia, luego el auto de vista, que si presenta una parte que no está de acuerdo podrá interponer el recurso de casación, que implica que el conflicto jurídico sea revisado ante la instancia nacional.
Ahora bien, este Tribunal Supremo de Justicia tiene también otro tipo de competencias vinculadas a la estructura administrativa, además elige a los vocales de cada Corte Superior de Distrito, que desde ahora tiene el nombre de Tribunal Departamental de Justicia, donde dentro del proceso de refundación, se plantearán alternativas para evitar que los procesos duren tanto, siendo una posibilidad que los conflictos jurídicos tengan una instancia de cierre a nivel departamental, empero aún las propuestas deben estar concretadas.
El funcionario remarcó que el hasta ahora denominado Consejo de la Judicatura pasa a ser el Consejo de la Magistratura, cuyos representantes distritales poseen “cargos de confianza”, que serán designados por los consejeros de la Magistratura, quienes a su vez son electos por voto directo popular.
Respecto al Ministerio Público, dijo que si bien forma parte del sistema judicial, sus representantes distritales deberán ser electos acorde al reglamento interno de la entidad. “El elemento a considerar es que todavía hay corrupción en la justicia, abogados que dicen que hay que pagar al juez o fiscal, es ahí donde la justicia es más onerosa”, agregó.

Uma justiça com a cara do povo. Isso é possível

Justiça Justiça! clama o jornalista Helio Fernandes.
Uma definição que pressupõe: a justiça pode ser dupla.

O ministro Edson Vidigal revelou, quando presidente do Superior Tribunal de Justiça, a existência de uma justiça PPV.

Acrescento: contra o preto pobre, a puta pobre, o veado pobre.

Durante a escravidão legal garantiam para o escravo os três pês: pão, pano e pau.
Com a Lei Áurea tomaram o pão e o pano. Restou o pau no lombo. A polícia que chega derrubando portas e atirando nos morros murados do Rio de Janeiro.

Quando a Justiça tem fins: a) a felicidade, b) a utilidade, c) a liberdade, d) a paz.

No mundo inteiro existem marchas dos indignados.

Em 1971, o Papa Paulo VI demonstrou sua preocupação com a Justiça no mundo:

“As antigas divisões entre nações e impérios, entre raças e classes, possuem agora instrumentos técnicos novos de destruição; a corrida veloz aos armamentos ameaça o maior de todos os bens do homem, que é a vida; torna os povos e os homens pobres, mais miseráveis, enriquecendo, por outro lado, os que já são poderosos; gera continuamente o perigo de uma conflagração e, se se trata de armas nucleares, ameaça mesmo destruir totalmente a vida da face da terra. Ao mesmo tempo, nascem novas divisões para separar o homem do seu próximo. O influxo da nova organização industrial e tecnológica, se não for combatido e superado por adequada acção social e política, favorece a concentração das riquezas, do poder e da capacidade de decidir num pequeno grupo de directores, seja ele público, seja privado. A injustiça económica e a falta de participação social impedem o homem de desfrutar dos direitos fundamentais humanos e civis.

(…) Os processos judiciais dêem ao acusado o direito de conhecer os seus acusadores, bem como o direito a uma defesa conveniente. A justiça, para ser completa, deve incluir rapidez nos processos.

A esperança do Reino futuro mostra insofrimento por habitar nos espíritos humanos. A transformação radical do mundo, na Páscoa do Senhor, confere a plenitude de significado aos esforços humanos, e especialmente dos jovens, no sentido de minorar a injustiça, a violência e o ódio, e de se verificar um progresso de todos e simultâneamente, na justiça, na liberdade, na fraternidade e no amor”.

O POVO ELEGE A JUSTIÇA

Na Bolívia existia uma justiça branca e racista, que legalizava o apartheid indígena de 91 por cento da população, incluindo a maioria dos 30 por cento de crioulos.

Era a justiça de uma minoria de nove por cento. Mas isso mudou. Eleita nas urnas democráticas, pelo voto direto e secreto de cada cidadão livre, a Justiça tem nova cara: a do povo.