Argentina. Las doce víctimas de la iglesia de la Santa Cruz

 

El operativo en la Iglesia Santa Cruz

por Sebastián Alejandro Rey
Abogados por la Justicia Social (AJUS).

MEMORIA. Hoy [6 de diciembre] se cumplen 33 años del operativo realizado en la Iglesia Santa Cruz por el Grupo de Tareas 3.3.2 de la Armada Argentina, donde fue secuestrada la hermana Alice Domon. Dos días más tarde, fueron privadas de su libertad Azucena Villaflor la hermana Léonie Duquet. Mucho se conoce en la actualidad sobre la vida de las hermanas Alice y Léonie a través de documentales, entrevistas y numerosas notas. Algo similar ocurre con relación a Azucena, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. Sin embargo, otras nueve personas –cuyas historias de vida también merecen ser recordadas– fueron víctimas de la infiltración ideada por la mano derecha de Massera, Jorge “el Tigre” Acosta, y practicada por Alfredo Astiz.

Las 12 víctimas fueron llevadas a la ESMA, donde se las torturó y, luego de dos semanas, fueron “trasladadas” en los “vuelos de la muerte”. Gracias a la infatigable labor del Equipo Argentino de Antropología Forense los restos óseos de Auad, Ponce de Bianco, Duquet, Villaflor y Ballestrino de Careaga que habían sido enterrados como N. N. en el cementerio de General Lavalle, lograron ser identificados. Los cuerpos de las otras siete víctimas no han sido hallados hasta el momento.

Un relato sobre las desapariciones en la Iglesia de la Santa Cruz

por María Laura Ortiz

(…) Este escrito recupera la historia más conocida de la Iglesia de la Santa Cruz, la que se fue contando de boca en boca por el pueblo argentino. La historia que algunos se animaron a gritar a los cuatro vientos pidiendo justicia. Esa es la historia de la desaparición de las dos monjas francesas: Alice Domon y Léonie Duquet, que se vincula también con la desaparición de Azucena Villaflor de Devincenti, todas acaecidas en diciembre de 1977. Esa cuenta cómo un crápula como Alfredo Astiz pudo infiltrarse en el grupo de familiares de desaparecidos que estaba comenzando a formarse en torno de la Iglesia de la Santa Cruz, en la Capital Federal, cómo pudo hacerse pasar por otra persona -un hermano de desaparecido-, cómo señaló a algunos de ellos y cómo los secuestraron, los llevaron a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), los torturaron y finalmente, los asesinaron.

Pero esa no es toda la historia. Hay otra historia, menos mediática que la anterior. Una que rememora la desaparición de los otros miembros de ese grupo de la Iglesia de la Santa Cruz, los que no eran extranjeros sino argentinos, los que no eran madres sino compañeros. Los que también dieron su vida, pusieron su cuerpo, su cuero, su lomo, todo, al servicio de sus ideas revolucionarias: los cinco militantes de Vanguardia Comunista (VC).

La caída

 

En esas reuniones en la Iglesia de la Santa Cruz comenzó a asistir un tal Gustavo Niño, aunque en realidad deberíamos decir Alfredo Astiz que se hacía pasar por Niño. Había sido invitado por el artista plástico Remo Berardo, quien lo conoció en las rondas de las Madres en Plaza de Mayo. Y no sólo lo invitó a la Iglesia, sino que además profundizó el lazo con varios convites organizados en su atelier en La Boca, lugar del que fue secuestrado antes que el resto del grupo gracias al trabajo de Astiz como miembro del GT332, el grupo de tareas de la Armada.

Niño no iba solo, concurría acompañado de una joven que debía hacerse pasar por su hermana. Se llamaba Silvina Labayrú, era una secuestrada de la ESMA, ex militante de Montoneros. Tenía 20 años cuando fue secuestrada por la Marina y estaba embarazada de unos meses. Cuando dio a luz a su hija Vera durante su cautiverio, Astiz entregó a la recién nacida a sus abuelos, y al mismo tiempo comenzó a amenazar a la familia para que cumpla con sus órdenes, so pena de perder a Vera. Para Silvina, la orden era asistir a las reuniones de la Santa Cruz como hermana de Gustavo Niño para que su infiltración fuese más creíble.

Esa infiltración es recordada por los sobrevivientes de esta terrible historia. Recuerdan que en las reuniones y debates adoptaba una actitud desenfadada, que estimulaba a la participación de los otros miembros del grupo para que expongan sus objetivos, sus ideas, sus proyectos; y que más de una vez dijo cosas con el claro objetivo de fragmentar y dividir al grupo.

Tanto en el grupo de la Santa Cruz como en la Plaza con las Madres, la presencia de Astiz fue siempre notoria. En parte eso se debió a que Azucena Villaflor le había tomado mucho cariño, lo defendía y casi lo había “adoptado” con su actitud sobreprotectora. No era para menos: Niño se le acercó diciendo que tenía un hermano desaparecido, que sus padres no sabían nada de la desaparición, que su madre estaba muy enferma y – para rematar esta siniestra historia- simuló ser menor de lo que era para generar una imagen de mayor desprotección: aseguró tener 18 años, aunque en realidad tenía 27. Leer más

La integrante de la línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Taty Almeida, afirmó que el dolor por los familiares de detenidos desaparecidos que se reunían en la iglesia de la Santa Cruz, que fueron secuestrados y desaparecidos por un grupo de tareas “hoy se puede reparar al saber que existe la justicia legal y que ya no hay marcha atrás”.

El juicio ESMA III, donde se juzga a 68 imputados por 789 víctimas, es para Careaga “una síntesis de la magnitud de la represión en la que cada caso que se ventila es una tragedia familiar que muestra el horror de un plan sistemático implementado por la dictadura cívico militar”.

A ditadura brasileira praticou vários delitos sexuais. Argentina investiga

No romance Quando Alegre Partiste – Melodrama de um Delirante Golpe Militar -, Moacir Japiassu fala de vários delitos sexuais praticados pela ditadura em 64. O romance de Japiassu é uma obra prima. Toco no assunto no livro O Enforcado da Rainha. 

Crimes sexuais. Crimes encobertos. Que o Brasil considera coisa do passado.

Na Argentina:

Los delitos sexuales cometidos por militares, marinos, prefectos, gendarmes, policías y demás represores durante la última dictadura no quedarán impunes. Ese es al menos el objetivo de la instrucción a los fiscales federales que firmó la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, en el marco del programa “Políticas de Género”, creado la semana pasada para garantizar a las mujeres víctimas de violencia el “acceso efectivo a mecanismos judiciales eficaces y respetuosos de los derechos en juego”. La resolución de la procuradora ordena a los fiscales de todo el país que actúan en causas por delitos de lesa humanidad que implementen las directivas del documento “Consideraciones sobre el juzgamiento de los abusos sexuales cometidos en el marco del terrorismo de Estado”, elaborado por la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

Tras la reapertura de las causas, el fiscal federal Federico Delgado solicitó al juez Daniel Rafecas que investigue a los represores Julio Simón, Samuel Miara y Juan Carlos Falcón por abusos sexuales a detenidos en cautiverio. Fue la primera vez desde la anulación de las leyes de impunidad que se pidió que los abusos sexuales y violaciones sufridas por personas secuestradas en el marco de la represión ilegal fueran investigados por la Justicia Federal. En abril de 2010, el tribunal de Santa Fe que condenó a once años de prisión a Horacio Américo Barcos, ex agente civil de Inteligencia, emitió el primer fallo en el país que estableció la violación como delito de lesa humanidad y por ende imprescriptible. Fue en una causa en la cual la propia querellante había guardado el secreto de la violencia sexual durante 32 años.

Dos meses después, en Mar del Plata, otro tribunal condenó a prisión perpetua al suboficial de la Fuerza Aérea Gregorio Molina por secuestros, tormentos, homicidios y también por violaciones reiteradas agravadas cometidas en el centro clandestino La Cueva de Mar del Plata. “Los abusos sexuales en La Cueva no constituían hechos aislados, sino una práctica habitual que se exteriorizaba a través de diversas conductas que lesionaban el marco de protección a la integridad sexual previsto por el ordenamiento legal”, argumentaron los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani. Tanto Barcos como Molina murieron luego.

El capitán Jorge Eduardo Acosta, ex jefe de inteligencia de la ESMA, fue procesado en primera instancia por el juez federal Sergio Torres por una violación, pero la Cámara Federal señaló luego que el hecho debía ser calificado como imposición de tormentos, el mismo criterio adoptado hasta ahora por la mayor parte de los jueces que instruyen causas por delitos de lesa humanidad. El documento elaborado por la Unidad Especial, ahora respaldado por la propia procuradora, tiene entre sus objetivos centrales que los delitos sexuales no queden subsumidos bajo la figura de tormentos, porque “impide reflejar la especificidad de la agresión sufrida por la víctima”. En junio de 2011, al alegar en el primer juicio a represores de la ESMA, la querella del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), pionera en el estudio del tema, reclamó que se inicien investigaciones autónomas por los delitos de violencia de género cometidos por marinos, prefectos y policías en ese centro de exterminio.

El documento elaborado por la Unidad que conduce Jorge Auat y coordina Pablo Parenti describe las falencias en el tratamiento judicial que reciben los delitos contra la libertad sexual y ofrece pautas de actuación para evitar o morigerar sus efectos perniciosos, en consonancia con las Observaciones Finales que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer efectuó al Estado argentino en 2010. El Comité recomienda que se adopten “medidas proactivas para hacer públicos, enjuiciar y castigar los incidentes de violencia sexual perpetrados durante la pasada dictadura, en el marco de los juicios por crímenes de lesa humanidad”.

El documento también enfatiza que no es necesario que los abusos sexuales hayan sido generalizados o sistemáticos para poder ser considerados delitos contra la humanidad, y que tampoco hace falta que existan órdenes explícitas para responsabilizar a los superiores de los perpetradores directos como coautores o autores mediatos del delito. “Debe decirse de todos modos que cada vez hay más evidencia de que los delitos sexuales tuvieron una enorme extensión durante el terrorismo de Estado”, escribieron Auat y Parenti. Gils Carbó destacó en su resolución que el documento es “en un todo compatible con las metas y objetivos que persigue el Programa del Ministerio Público Fiscal sobre Políticas de Género”, creado el 9 de noviembre con el fin de “difundir, sensibilizar y capacitar sobre las temáticas de género y los derechos de las mujeres”.

LA COMPLICIDAD DE LOS JUECES EN LAS APROPIACIONES

Una tarea pendiente

Durante las audiencias del juicio se puso en evidencia que funcionarios judiciales que podrían haber evitado algunas apropiaciones de niños no lo hicieron. Los casos.
Por Irina Hauser

Cuando los juicios orales son largos puede pasar que la riqueza de los testimonios se desdibuje en el camino. En este juicio que termina después de un año y medio, el valor de esas historias quedó condensado en condenas que reconocen, por fin, que la apropiación de hijos de desaparecidos fue fruto de un plan sistemático pergeñado por la cúpula militar. Pero esos relatos, lejos de quedar diluidos, dejaron una importante ventana entreabierta: la que muestra que hubo un estamento de poder, el de los jueces, que tenía la posibilidad de cortar por lo menos una parte del sistema de apropiaciones y, sin embargo, no lo hizo y en ocasiones lo apañó. Si bien en las audiencias del Tribunal Oral Federal 6 (TOC6) la mayoría de los casos juzgados fueron entregas directas de niños con partidas de nacimiento falsas, quedó evidencia la existencia de otros mecanismos que intentaban dar aspecto de legalidad a las apropiaciones. Los jueces que dieron en guarda a chicos nacidos en cautiverio o arrancados a sus padres fueron mencionados por múltiples voces, desde la de una asistente social hasta la de Estela de Carlotto y la de algunos nietos recuperados. Ahora quedará a prueba la voluntad del Poder Judicial de investigarse a sí mismo.

(Transcrevi trechos)

“Una práctica sistemática y generalizada”

Y el día llegó. La Justicia dio por probado que la existencia de una “práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad” en “el marco de un plan general de aniquilación que desplegó sobre parte de la población civil, con el argumento de combatir la subversión implementando métodos del terrorismo de Estado durante los años 1976 a 1983 de la última dictadura militar”. Esa definición, pendiente desde el Juicio a las Juntas de Comandantes que no lo había dado por probado, reclamada durante más de 36 años por las Abuelas de Plaza de Mayo y por los nietos identificados, la dijo ayer la presidenta del Tribunal Oral Federal 6, María del Carmen Roqueta, en la sentencia del juicio por el robo de bebés. El dictador Jorge Rafael Videla recibió la pena histórica de 50 años de prisión, que se da por primera vez, por haber organizado esa práctica. El tribunal condenó además a otros ocho represores, entre ellos a Reynaldo Bignone, Santiago Riveros y los marinos Antonio Vañek y Jorge “El Tigre” Acosta. Los jueces imputaron a los acusados por los casos de los niños que aún están desaparecidos, es decir, dieron por probados sus secuestros y entendieron que el delito continúa. También impulsaron una investigación sobre el emblemático vicario castrense Emilio Graselli y dispusieron la rectificación de las partidas de nacimiento. “Es un día memorable para la Argentina y para todo el mundo civilizado que sabe que en un país donde no hay justicia, no puede haber democracia. Y acá la estamos haciendo entre todos”, señaló Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

(Transcrevi trechos)

Dictan condena a exdictadores argentinos por robo de bebés

El exgeneral Jorge Videla (86 años) fue condenado a 50 años de reclusión, mientras que el exgeneral Reynaldo Bignone (84 años) a 15 años. Foto: Reuters

Organización Editorial Mexicana

5 de julio de 2012

AFPBuenos Aires, Argentina.- Los exdictadores argentinos Jorge Videla (1976/81) y Reynaldo Bignone (1982/83) fueron condenados a 50 y 15 años de cárcel, respectivamente, por un plan sistemático de robo de bebés, hijos de detenidas-desaparecidas, aunque ambos deberán seguir cumpliendo sendas penas a prisión de por vida.

“Condenar al exgeneral Jorge Videla (86 años) a 50 años de reclusión (…) y al ex general Reynaldo Bignone (84 años) a 15 años (…)”, leyó la presidenta del tribunal, María Roqueta, ante una sala colmada y en presencia de Estela de Carlotto, líder de la organización humanitaria Abuelas de Plaza de Mayo.

Carlotto dijo que la embargaba “un sentimiento de satisfacción porque el fallo confirma y aclara que hubo en Argentina un plan sistemático para el robo de bebés”.

La presidenta del Tribunal explicó después del dictamen que al tener Videla dos condenas a prisión perpetua por homicidios, torturas y desaparición de disidentes políticos, la pena unificada a cumplir será también de por vida, en tanto que Bignone cumple una perpetua y otra de 25 años.

“El Tribunal entendió que Bignone tuvo una participación menor por haber actuado en el final de la dictadura”, dijo Alan Iud, abogado de Abuelas.

Unos 500 niños fueron robados por militares, policías o allegados durante la dictadura, según Abuelas de Plaza de Mayo, cuya presidenta aún busca a su nieto Guido, hijo de Laura Carlotto, ejecutada sin juicio cuando estaba desaparecida y cuyo cadáver fue devuelto a la familia.

Hasta la fecha, 105 niños han recuperado su identidad, por la labor de Abuelas.

Centenares de familiares de las víctimas, nietos recuperados por Abuelas y activistas humanitarios festejaron el veredicto con gritos y cánticos, en medio de escenas de llantos y desahogo por tantos años de espera de justicia, frente a una pantalla gigante en la puerta de los Tribunales.

Por el sistema de sustracción y cambio de identidad de menores hubo otras sentencias a diferentes penas de cárcel contra exjerarcas y agentes de la dictadura (1976-1983), entre ellos un médico militar que operaba de partero en las maternidades clandestinas del régimen.

Videla acaba de confesar en un libro que “unas 7 ú 8 mil personas debían morir” en la represión a opositores y está cumpliendo dos penas de prisión perpetua en celda común por crímenes de lesa humanidad.

Tras casi un año y medio de audiencias, con más de un centenar de testigos, el dictamen del jueves se completó con las sentencias a los jefes navales Jorge ‘Tigre’ Acosta (30 años de cárcel), Antonio Vañek (40), Juan Azic (14) y el capitán médico Jorge Magnacco (10); los jefes de ejército terrestre Santiago Riveros (20) y Víctor Gallo (15), y la maestra Susana Colombo (5), exesposa de Gallo, ambos apropiadores de niños.

Fueron absueltos el jefe naval Rubén Franco y el policía Eduardo Ruffo.

ROBO DE BEBES. “Queremos que la condena sea ejemplar”

Abel Madariaga y su hijo Francisco reclaman que la Justicia tenga en cuenta la gravedad del delito de apropiación

Por Victoria Ginzberg/Página 12/ Argentina

“Quiero llamar a una reflexión de la Justicia en general, de los jueces a los que les toca fallar en particular y de toda la sociedad. La apropiación de un menor, para mí, en este caso 32 años y medio sin mi hijo, es más que un delito de lesa humanidad. Creo que la Cámara de Diputados de la Nación también debería reflexionar sobre este tipo de delitos, que se siguen cometiendo, porque faltan más de 300 nietos por encontrar”, dice Abel.

El reclamo está relacionado con una particularidad del juicio que, luego de más de un año y medio de audiencias, terminará esta semana. Los imputados son los dictadores Jorge Videla y Reynaldo Bignone, los represores Jorge Acosta, Santiago Riveros, Rubén Franco, Antonio Vañek, Jorge Magnacco (médico de la ESMA), Eduardo Ruffo, Juan Azic y Víctor Gallo y Susana Colombo. La mayoría fue acusada por su participación en el plan sistemático y se descuenta que recibirán una importante pena, pero Azic, Gallo y Colombo afrontan condenas por haberse quedado ellos mismos con hijos de desaparecidos.

Silvia Quintela, la mamá de Francisco, fue secuestrada el 17 de enero de 1977 y llevada al centro clandestino de Campo de Mayo. En la maternidad clandestina que se montó en el Hospital Militar, nació Francisco, que sólo estuvo con su madre unas horas. “Sabemos que la trajeron después de la cesárea y que se la llevaron en el primer traslado posterior, es decir, un vuelo. Sabíamos que había tenido un varón porque en Campo de Mayo la vio Juan Carlos “Chacho” Scarpati, que la conocía de la militancia. El llegó herido a Campo de Mayo y Silvia, que era casi cirujana, le faltaban seis meses de residencia, lo atendió”, cuenta Abel.

Poco después de que Francisco recuperara su identidad escuchó junto a su padre la sentencia a Santiago Omar Riveros y otros represores responsables del cautiverio de su madre en Campo de Mayo. El jueves irán juntos a tribunales. Pero ambos temen que esta vez las condenas no sean lo que esperan.

Argentina. Ditadores executavam parturientes para roubar recém-nascidos

 

 

Cada recém-nascido roubado, uma jovem parturiente assassinada, para que o filho fosse criado por uma família branca, cristã e ocidental. O projeto satânico de uma Argentina pura de sangue. Sem negros e índios e mestiços. Era uma política hitlerista e herodiana. Estabelecida pelos carrascos Jorge Rafael Videla, Reinaldo Benito Bignone, Santiago Omar Riveros, Jorge Acosta, Antonio Vañek, Jorge Azic, Rubén Franco y el médico Jorge Luis Magnacco.

Victoria Montenegro, Catalina de Sanctis Ovando, Francisco Madariaga, Macarena Gelman, Simón Riquelo, Alejandro Pedro Sandoval, Leonardo Fosatti, Juan Cabandié, Claudia Poblete, los hermanos Antole Boris y Victoria Eva Julien Grisonas y los otros 95 niños secuestrados durante la última dictadura que recuperaron su identidad son la prueba más firme y palpable del plan de apropiación de niños. Pero los análisis de ADN, sus historias (en lo que se pudo) reparadas no son lo único que demuestra la existencia de aquella práctica que hicieron sistemática y perfeccionaron los ejecutores del terrorismo de Estado. Hay documentos, papeles que dejó la burocracia, memos secretos y cartas familiares. Y hay palabras, testimonios de sobrevivientes y confesiones de represores ante jueces y de apropiadores ante los niños que pretendían aliados.

Hay numerosas declaraciones judiciales en las que testigos o imputados mencionan la existencia de órdenes provenientes desde la cúpula militar para apropiarse de los hijos de desaparecidos. Todas coinciden en que había un objetivo definido: que los niños se criaran en hogares “occidentales y cristianos”. Los testimonios del médico militar Julio César Caserotto, el fundador del CELS Emilio Mignone, la sobreviviente Lila Pastoriza y Jorge Eduardo Noguer, un ex marino cuya hija y nieta fueron secuestradas, son solo algunos ejemplos.

“En el Hospital Militar de Campo de Mayo, sector de maternidad, durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional existieron órdenes verbales y escritas por la superioridad para que en el lugar se asistiera a las parturientas traídas por personal de Inteligencia. Las órdenes escritas estaban tituladas ‘Plan de Operaciones Normales para con el Personal de Inteligencia’, y estaban firmadas por el director del hospital” (Ramón Posse), reveló en 1998 el médico militar Julio César Caserotto, que se desempeñó entre 1977 y 1983 como jefe del servicio de obstetricia del Hospital Militar de Campo de Mayo. Cuando se le preguntó por el destino de esas mujeres y de los niños, respondió que se dirigía “al despacho del director del hospital y le mencionaba que la paciente estaba en condiciones de recibir el alta” y él se desligaba de la cuestión, pero que al otro día ni la parturienta ni el recién nacido estaban en el lugar.

Leia mais. Texto de Victoria Ginzberg e Alejandra Dandan