Las deudas pendientes de la justicia en América Latina

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Los tiempos por venir dirán cuánta justicia se podrá alcanzar en los ámbitos más diversos al cabo de estas luchas por la vida y el desarrollo en cada uno de nuestros países.

La justicia tiene tantas deudas pendientes en América Latina – y en todas partes del mundo – que quizás llevará siglos, entre triunfos y reveses, para enderezar los miles de entuertos sembrados a lo largo de otros muchos siglos bajo el imperio de reinados de crímenes y explotación.

Sin embargo, en los últimos años – verdad que en un proceso más lento que lo deseado – algo se ha avanzado en poner fin a la impunidad de crímenes horrendos en América Latina. Los casos de la condena y muerte del dictador Videla en una cárcel en Argentina, la permanencia en la cárcel de Fujimori en Perú, la condena de Ríos Montt en Guatemala, aunque anulada por el Tribunal Supremo, pero aún pendiente de proseguir la misma causa, son ejemplos de cuánto se ha avanzado en el camino por llevar ante la justicia a los que en otras épocas fueron sacrosantos intocables en nuestros países.

Crímenes de lesa humanidad y crímenes menores han sido juzgados ejemplarmente, y con los individuos, han sido condenadas, a la vez, formas específicas de regímenes capitalistas que eran apoyados material y moralmente por el padrino universal de todos: los Estados Unidos.

Estos regímenes eran antes considerados como los prototipos, los dechados, las democracias representativas ideales, que merecían nuestros pueblos levantiscos. Frente a una supuesta amenaza comunista a los valores del mundo occidental, se optó por aquellos gobiernos de fuerza que eran ilegítimos por su origen, ya por elecciones o por golpes de estado, capaces de sumir a sus pueblos en un mar de sangre y de vender los recursos de los países en el libre mercado que dictaba una corrupción engreída. El vuelo del Cóndor, u operación masacre concebida en nuestra América, nunca imaginó que durante su marcha triunfalista de un país a otro, vendría una época en que se le cortaría las alas a aquel instrumento de dominación macabro y, mucho menos que, años después, llegaría la ocasión de hurgar en el pasado con ojos judiciales.

Algo se ha avanzado. Ahora también Brasil instaura una Comisión de la verdad. Quizás después venga la hora de abrir un espacio a la justicia ante la tremenda verdad que se descubra.

Sí, algo se ha avanzado, pero ¡qué lento andar! Aún existen muchos países donde en nombre de los muertos se solicita que se ponga fin a esa impunidad histórica mediante una acción justiciera de los gobiernos y de toda la sociedad. No obstante, hay una resistencia contumaz en muchos países para que se abran las puertas a la justicia. Fuerzas retrógradas, comprometidas con el pasado, emplean cuantos resortes pueden y saben manejar para que todo quede sepultado, como si fueran los difuntos reconocidos oficialmente como sepultados o como desaparecidos.

¡Qué decir de aquellos países que fueron sometidos a verdaderas políticas de exterminio y, sin embargo, todo transcurre en plena desmemoria y, por lo tanto, como si nada hubiera pasado o como si se tratara de un simple juego remoto de ajustes de cuentas!

Ante esta realidad cabe apuntar que se es cómplice, se es en cierta forma criminal cuando, convencidos de la certeza de prácticas de exterminio humano injustificable, se quiere -mediante el silencio, la ceguera simulada, la inacción o la prohibición- poner un valladar al ejercicio de la justicia, con su consiguiente efecto sancionador de los verdugos y reivindicador de las víctimas y sanador de sus descendientes y de todo el pueblo.

La lucha contra la impunidad es un asunto que no es sólo del presente. Su necesidad dimana de los retos que pueden preverse en el futuro.

Es obligado señalar que este proceso de imperio de la justicia frente a la criminalidad como política de Estado, se inició en Cuba con el triunfo de la Revolución cubana, el primero de enero de 1959, hace cincuenta y cuatro años. Fue entonces que, por primera vez en la historia de Cuba –según la expresión de Fidel- un pueblo juzgaba y sancionaba o ajusticiaba a sus verdugos.

Este acontecimiento ejemplarizante y ajustado a leyes previas de la Revolución, contó con un respaldo unánime del pueblo cubano que había padecido durante siete años a una dictadura sangrienta, y se enfrentó a ella al costo de más de 20 000 vidas.

Sin embargo, es obligado señalar también que la justicia no pudo dictar sentencia contra los mayores criminales y ladrones de aquella dictadura oprobiosa de Batista, pues estos se fugaron hacia el territorio de los Estados Unidos, donde, por supuesto, fueron bien acogidos y con los brazos abiertos, cual buenos aliados y servidores fieles. Allí han vivido ellos y sus descendientes, la mayoría holgadamente o ricachonamente, orquestando planes y realizando agresiones contra Cuba.

El territorio norteamericano devino paraíso de la impunidad continental, pues a partir de entonces, y particularmente ahora que en muchos países se pide cuentas a estos personajes criminales, muchos de ellos escapan y buscan refugio acogedor en ese país. ¡Vaya paradoja de una nación que representa a la llamada civilización occidental en este hemisferio! Para estos afamados criminales no existe extradición alguna, y menos juzgamiento en el territorio donde se han residenciado como ángeles, aunque aún acechan como águilas rapaces a sus países de orígenes.

Independientemente de las diferencias políticas legítimas a nivel nacional e internacional se debe reconocer que nunca debiera aceptarse que a los gobernantes y a sus seguidores se les permita cometer crímenes con impunidad contra sus pueblos u otros pueblos.

Y lo mismo que hemos dicho con respecto al crimen, se puede expresar sobre la corrupción: Antes del triunfo de la lucha armada en la Sierra Maestra, Fidel había señalado: “A las puertas de los malversadores, tocaremos después del triunfo de la Revolución”. Y así se cumplió como un mandato justiciero inaplazable.

Hoy la lucha contra los malversadores en la América Latina está ocupando también su lugar en los procesos transformadores de nuestras sociedades, especialmente en los revolucionarios y progresistas. Se impone esta batalla difícil contra la podredumbre prevaleciente en la mentalidad y actuación de dirigencias voraces que actúan bajo la capa del poder político, económico, financiero y otras esferas sociales chapadas a la antigua y moderna usanza capitalista.

Los tiempos por venir dirán cuánta justicia se podrá alcanzar en los ámbitos más diversos al cabo de estas luchas por la vida y el desarrollo en cada uno de nuestros países.

“Juzgar a los genocidas abre paso a una verdadera reconciliación”

El ex presidente Ríos Montt responde por crímenes de genociodio y de lesa humanidad cometidos durante su mandato (1982-83)

La historia reciente de Guatemala no deja de generar una sensación de nudo en la garganta, debido a un limbo entre pasado y futuro; entre la necesidad imperativa de seguir adelante y el recuerdo de una historia de violencia, represión y violación sistemática de derechos humanos como política de Estado, que no puede, ni debe ser olvidada.

Para el jurista Edgar Pérez, miembro de la Asociación Justicia y Reconciliación y abogado de las víctimas del largo conflicto armado interno (1960-1996) que sufrieron las atrocidades cometidas por los gobiernos dictatoriales y las juntas militares de las décadas de los 70 y 80, en Guatemala habrá una verdadera reconciliación “sólo y cuándo se juzgarán a los responsables de estos crímenes”.

Pérez dijo en una entrevista a Opera Mundi que el juicio en contra del ex presidente y general retirado José Efraín Ríos Montt por los delitos de genocidio y de lesa humanidad cometidos durante su mandato (1982-83), no sólo sienta un precedente histórico, sino que es parte de una estrategia mucho más amplia, iniciada después de la firma de los Acuerdos de Paz (1996). Estrategia que ya ha arrojado importantes resultados en cuanto al combate a la impunidad y la recuperación de la memoria histórica, en un país que ha sufrido más de 600 masacres, el asesinato y desaparición de más de 200 mil personas y el desplazamiento forzado de un millón de guatemaltecos. Por Giorgio Trucchi/ Opera Mundi.

O genocídio comandado pelo general Ríos Montt
O genocídio comandado pelo general Ríos Montt

“El 25 de marzo de 1982 asesinaron a mis tres hermanas, a mi mamá y a cinco hermanos menores de edad. Primero (los militares) los interrogaron para saber quiénes eran los guerrilleros (que buscaban) y, como no dijeron nada, los fusilaron”, relató a IPS Elena Chávez, sobreviviente de un incursión del ejército en 1982 en el occidente de Guatemala.

Desde entonces esta indígena ixil no cejó en su afán de llevar ante los tribunales a los máximos responsables de esta masacre, perpetrada durante el conflicto armado interno (1960-1996).

Pero no fue sino hasta este jueves 26 que escuchó por primera vez una señal favorable, cuando la jueza Patricia Flores dispuso abrir el proceso.

Sin embargo, la magistrada libró al general retirado de ir a prisión por el momento. “No existe obstaculización a la verdad ni peligro de fuga, razón por la cual considero pertinente exigir una fianza de 500.000 quetzales (unos 65.000 dólares) y disponer su arresto domiciliario y limitar su libertad de locomoción”, señaló en su dictamen.

Esta última decisión provocó desazón en los familiares de las víctimas, quienes piden la cárcel de inmediato para el militar retirado.

Queremos que vaya a la cárcel, queremos justicia y que se cumpla la ley, porque violaron los derechos de mis familiares durante la masacre que cometieron en Nebaj, Quiché”, situado en el noroccidente del país, dijo Chávez.