España. Los inspectores se plantean combatir la corrupción revelando todos los datos fiscales

 

Urgen a que se cree una oficina antifraude con policías y funcionarios especializados

 

vozgalicia. sigilo fiscal

por Rubén Santamarta

 

Esta asociación de funcionarios de la Agencia Tributaria le presentó al ministro de Hacienda, hace más un año, una batería de medidas, más de 200, para luchar contra el fraude y la corrupción, pero el equipo de Cristóbal Montoro las ha dejado en un cajón. Ahora las retoman con alguna propuesta más arriesgada. La principal, un «estriptís fiscal», en palabras de Pérez Boga, para que se hagan públicas todas las declaraciones de la renta de personas físicas y jurídicas. «Es un cambio brutal, pero que despertará la conciencia fiscal y la denuncia», apunta Francisco Vázquez, secretario de esta organización de inspectores.
La propuesta de desvelar los datos fiscales de todos los ciudadanos y empresas funciona en algunos países europeos. Y lo hizo en España a inicios de los 80, con la UCD en el Gobierno. «Sin embargo, esos datos los utilizaron grupos terroristas para exigir el impuesto revolucionario, y por eso se abandonó; por fortuna esta amenaza ya no es tal, y se puede volver a plantear», apunta Pérez Boga. La organización plantea esa transparencia total en varias fases: primero, las empresas y profesionales, teniendo en cuenta que a través del Registro Mercantil ya se puede tener acceso a las cuentas anuales de las sociedades. Y en una segunda fase, se «daría publicidad» también a la declaración de los particulares. «Habría que ver qué cantidad de información se puede dar, en qué condiciones… Pero si una persona sabe que sus datos serán públicos no se atreverá a defraudar», añade el presidente de los inspectores.

 

Los inspectores lamentan que «gobiernos de todo tipo» han evitado entrar a conciencia en la lucha contra la corrupción y el fraude fiscal. Y ello pese a que, calculan, hay unos 14.000 millones para las arcas públicas solo en deudas pendientes. La reforma fiscal que completó este agosto Mariano Rajoy es el último ejemplo, «una oportunidad perdida», dicen, para ayudar a esta tarea.

Macroeventos deportivos: nueva forma de control social y territorial en Brasil

Por José Manuel Rambia

copa deixa q eu chuto

Negocios y deporte se fusionan así  para desatar un tsunami de emociones en el que los números de la contabilidad son tanto o más asombrosos que las gestas de los atletas. Un tsunami que con su elección para la organización del Mundial de Fútbol en 2014 y las Olimpiadas en Rio para 2016, viene azotando a un Brasil que ve ambas fechas como la reválida definitiva a su entrada en el selecto club de los ricos. Las cifras previstas parecen justificar por sí solas las ilusiones.  Según un estudio realizado por la consultora Ernest & Young  en colaboración con la Fundación Getúlio Vargas,  la organización de la Copa implicará para Brasil un gasto de unos 29.600 millones de reales (11.000 millones de euros), una cantidad compensada por 3,6 millones de empleos anuales por los preparativos, que a su vez distribuirán una renta entre la población de 63.480 millones de reales (24.100 millones de euros), además de generar una recaudación tributaria adicional de 18.130 millones(6.886 millones de euros). Así mismo, se espera un incremento del flujo turístico del 74%.

No obstante, los tsunamis no son solo dignos de admiración por su manifestación de naturaleza desbordada. La devastación que dejan a su paso alcanza niveles sin duda no menos espectaculares. Sin embargo, los medios de comunicación, que suelen centrar sus focos en esta letal irrupción de la calamidad en las vidas humanas cuando se trata de fenómenos sismológicos, normalmente optan por apartar del daño colateral el objetivo de las cámaras cuando se trata de estos modernos tsunamis deportivos. Y, como no podía ser de otro modo, daños colaterales no faltan en las olas gigantes proyectadas sobre la tierra brasileña por la Copa del Mundo y los juegos Olímpicos. Un informe elaborado por los Comités Populares de la Copa enumera algunos. Así, por ejemplo, unas 170.000 personas – según las estimaciones  más conservadores – se verán desplazados de sus casas como consecuencia de las obras de infraestructuras ligadas a las competiciones. Para la mayoría de ellos las alternativas recibidas son limitadas, cuando no, sencillamente inexistentes.

El listado es interminable y está compuesto en su mayoría por favelas y ocupaciones irregulares que, en muchos casos, tienen más de medio siglo de historia. En Curitiba, por ejemplo, la ampliación del aeropuerto y las obras del estadio Joaquim Américo Guimarães amenaza a más de 2.000 familias. Otras 6.900 serán desalojadas en Belo Horizonte a causa de la construcción de carreteras, hoteles, centros comerciales y otras infraestructuras. La resistencia ha sido duraLa represión también. Los vecinos de la comunidad Dandarafueron desalojados por la policía sin orden judicial, utilizando gases y destruyendo las endebles barracas con el vuelo rasante de los helicópteros. Mientras tanto, en Fortaleza 5.000 familias pierden sus casas por distintos proyectos de transporte público y 15.000 más por otras actuaciones urbanísticas ligadas al Mundial. En Rio otras 3.000 viviendas se verán impactadas, mientras que en São Paulo se estima que solo las conexiones entre el futuro estadio del Corinthians y el aeropuerto internacional de Guarulhos afectaron a unos 4.000 hogares y amenazan a otros 6.000.

La maquinaria del evento no respeta nada. El proyecto inmobiliario Granja Werneck prevé ocupar en Belo Horizonte unos 10 millones de metros cuadrados para construir 75.000 apartamentos destinados a turistas, delegaciones deportivas y periodistas que acudan a cubrir los partidos del Mundial programados en la capital minera. Como una apisonadora, estos planes amenazan con llevarse por delante el Quilombo de Mangueiras, una comunidad creada en la segunda mitad del siglo XIX por descendientes de esclavos negros, de los que hoy apenas quedan 35 familias. Igualmente, el pasado 22 de marzo unidades de la policía de choque entraron en las instalaciones del antiguo Museo del Indio en Rio de Janeiro. Aunque el museo estaba inactivo, colectivos indígenas de distintas etnias mantenían ocupado el espacio como referente cultural. El edificio fue demolido dentro de las obras del nuevo Maracanã.

La contundencia en la ejecución de estos proyectos adquiere en ocasiones tintes absurdos. Los habitantes de Vila Harmonia y Metrô Mangueira, por ejemplo, recibieron un buen día y por sorpresa una notificación judicial con la orden de desalojo y el plazo fijado para dejar sus casas: cero días. Los casos se repiten por las distintas sedes del campeonato de fútbol, en ocasiones alegando problemas geotécnicos obviados durante décadas. Adriano Evangelista, vecino de Itaquera, en São Paulo, recuerda cuando le notificaron que debía dejar su vivienda. “Vinieron y me entregaron un documento que decía que la casa iba a ser clausurada. No me dijeron si iba a tener derecho a algo o si nos iban a trasladar a otro lugar”. Situaciones, en suma, que no han dejado de provocar denuncias y quejas como las de  José Renato, uno de los afectados por las obras en Porto Alegre: “no sabemos cuándo comenzarán la obras, ni quién se verá afectado, o hacia dónde serán realojadas las familias. Queremos tener el derecho a discutir nuestro futuro. Defendemos la realización de la Copa, pero con respeto a los derechos de la población”.

La opacidad se ha convertido en moneda corrienteLa urgencia en el cumplimiento de los plazos o el argumento de un pretendido interés general hace que la falta de transparencia sea la norma en la tramitación de estos grandes proyectos. Ello a pesar de la cascada de instituciones creadas, entre otras cuestiones, precisamente para encauzar la participación, como el Comité Gestor da Copa 2014, el Grupo Executivo da Copa, el Comité de Responsabilidad de las ciudades sede o la Autoridad Pública Olímpica. Sin embargo, en la práctica la supuesta participación se ha limitado a lo que algunos han denominado irónicamente como “democracia directa del capital”, donde lo que cuenta son las conversaciones a puerta cerrada entre instituciones y empresas privadas.

No es extraño pues que en este contexto entidades como Amnistía Intenacional o la Plataforma Brasileña de Derechos Humanos, Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, hayan criticado el impacto negativo de estas prácticas. Sus denuncias  fueron oídas por el grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre derechos humanos, especialmente las relativas a los procedimientos utilizados en algunos desalojos. Incluso, la ministra brasileña de Derechos Humanos, María do Rosario Nunes, tuvo que admitir, durante un encuentro con miembros del grupo de trabajo de la ONU en mayo de 2012, la necesidad de prestar una atención especial a los derechos humanos en el marco de los proyectos vinculados a la Copa y el Mundial. Finalmente, en julio del pasado año,  la comisión recomendó a Brasil – a propuesta de Canadá – que se tomaran medidas que “eviten los desplazamientos y los desalojos forzosos. Además, se reclamaba la necesidad de que los afectados tengan acceso a la información, incluyendo plazos, se realizaran negociaciones con los vecinos implicados para buscar alternativas o, en su caso, se fijaran indemnizaciones adecuadas”.

Pero además, en la práctica, al amparo de estos proyectos se está  promoviendo un modelo urbanístico basado en la exclusión social y la criminalización de la pobreza. Es así como en los últimos meses se han puesto en marcha auténticos cordones sanitarios para aislar de la pobreza las zonas deportivas y turísticas potenciadas por los eventos. El exponente más directo ha sido, sin duda, las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) puestas en marcha en Rio con el objetivo declarado de controlar la violencia y el crimen organizado en las favelas. Sin embargo, para Cleonice Dias, líder comunitario en la favela de Cidade de Deus, la realidad tiene otra cara. “Nosotros, que somos de la comunidad, sabemos que la UPP busca satisfacer a la opinión pública mostrando que el Estado tiene el control de  las comunidades. Quieren destacar que habrá seguridad porque nosotros, los pobres, estaremos controlados y que pueden venir las inversiones para los macroeventos”. El coronel de la Policía Militar Robson Rodrigues confirmaba las sospechas de las comunidades: “realmente son las Olimpiadas las que dictan nuestra selección. Yo diría incluso que sin este evento la pacificación nunca habría ocurrido”.

El modelo, exportado a otras ciudades como São PauloSalvador de Bahía o Curitiba, supone a menudo una auténtica militarización de la sociedad, implicando incluso al ejército en estas labores de “pacificación”. En total, Rio tiene previsto desplegar 40 UPP en la ciudad, con un despliegue de 8.ooo policías y un coste anual estimado en 408 millones de reales (156 millones de euros). Paradójicamente, las favelas y barrios situados en la zona oeste de la ciudad, controlados por milicias criminales en las que a menudo están implicados agentes públicos, han sido excluidas del programa de pacificación. Leer más 

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Transparência. Supremo derruba sigilo sobre nome de investigados em inquéritos

O Supremo Tribunal Federal (STF) derrubou nesta quarta-feira (10) o sigilo dos nomes de pessoas investigadas em inquéritos em andamento na corte.

Em sessão administrativa, por sete votos a quatro, os ministros decidiram revelar o nome completo dos investigados, que incluem deputados federais, senadores e ministros, que têm foro privilegiado no STF para investigações criminais.

[Foi uma decisão histórica. Devia ter sido a manchete principal de todos os jornais, hoje.

A imprensa burra não pressentiu quanto importante para a sua própria Liberdade. Por exemplo, acabou a desculpa que motivou várias sentenças de censura judicial.

Um grande passo para acabar com a corrupção. Para o filósofo Soren Kierkegaard:

“Não há nada em que paire tanta sedução e maldição como num segredo”. 

A omertà é a razão de ser de todas as máfias.

Finalmente, o Brasil mostra a cara. Rememore Cazuza]

santo de pau oco

Desde 2010, por decisão do então presidente do STF Cezar Peluso (já aposentado), quando os inquéritos eram abertos, em vez de aparecer o nome completo do investigado, ficam disponíveis apenas as iniciais, prejudicando a possibilidade de identificação.

A partir de agora, eles serão cadastrados com o nome completo do investigado. No entanto, cada relator poderá, se considerar necessário, pedir a reautuação do inquérito apenas com as iniciais. A medida começa a valer para as novas investigações que chegarem, mas não há informações sobre se as as ações em andamento serão reautuadas.

Nas últimas duas semanas, o presidente do STF, Joaquim Barbosa, criticou por duas vezes o sigilo.

Votaram a favor da derrubada do sigilo os ministros Ayres Britto (já aposentado), Marco Aurélio Mello, Joaquim Barbosa, Rosa Weber, Cármen Lúcia, Celso de Mello e Teori Zavascki. Foram contrários Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Luiz Fux e Dias Tofffoli.

Discussão

Primeiro a votar, Fux argumentou que as iniciais são importantes para que uma pessoa ainda investigada não seja prejudicada em razão de acusações. “Tendo em vista a proteção na fase de inquérito, cabe ao relator romper ou decretar o sigilo. Mas a regra geral, tendo em vista no que inquérito não há acusação substanciosa, é autuar com as iniciais. […] O direito vive para o homem e não o homem para o direito.”

Joaquim Barbosa argumentou, então, que o Supremo, se mantivesse o segredo, concederia um “privilégio” para autoridades. “Estaríamos estabelecendo um privilégio que só vale para pessoas que detêm prerrogativa de foro.”

O ministro Marco Aurélio concordou: “Com as iniciais, se passa a ver chifre em cabeça de cavalo, imaginar coisa pior.”

O ministro Dias Toffoli lembrou que o sigilo foi adotado após jornais publicarem notícia, em 2010, sobre a abertura de inquérito contra o então presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, que acabou arquivado depois. Ele disse que o caso prejudicou o país no exterior e que naquele caso ocorreu a “publicidade da mentira”.

“É uma falsa discussão. Ninguém defende publicidade ou não. A publicidade vai ficar na mão do relator ou do servidor [que cadastra os processos]? Que fique na mão do relator”, afirmou Toffoli ao defender que fosse mantida a autuação por iniciais.

Rosa Weber estava entre os que votaram pela derrubada do sigilo. “Sou pela regra da transparência, pela regra da publicidade.”

 

Fonte: G1/   Fenapef

A desculpa de sempre: o crime tem tudo demais

Numa sociedade capitalista o dinheiro patrocina as ações. A melhor pista ainda é o dinheiro. Mas o dinheiro do crime mais organizado, com mais poder de fogo, com tecnologia de vanguarda e outras vantagens mil, nunca aparece. Dinheiro encantado. E o dono do dinheiro sempre invisível.

BRA^MG_EDM obras inacabadasBRA_OP a desculpa de q o crime usa a tecnologias avançadas. E a polícia cada vez mais burraBRA_ZH barbabe3

Comprou de quem?
Comprou de quem?

BRA_DC Santa Catarina depois de uma semana incendiada pelo terrorismo voltou a ser a cidada pacífica de sempre. Não dá para entenderBRA_ZH crime mais sofisticado. Qual? O das favelas?BRA_AGAZ justiça que se escondebr_diario_comercio.coca poupança inflaçãoautoridades brasileiras vicinas em propina

br_extra. milícia