ENTREVISTA Christophe Dejours. El nuevo mundo laboral

Por Natalia Aruguete

Christophe Dejours es una eminencia en medicina laboral. Desde hace años, se ha dedicado a investigar las transformaciones en el mundo del trabajo de la mano de las “ciencias de la gestión”.  Dialogó con Cash sobre las consecuencias que esa política “reivindicada por la patronal y acompañada desde el Estado” tiene para la salud de los trabajadores.

tapagcash

¿A qué se refiere cuando expresa que, en la actualidad, el trabajo ha perdido valor?

–Está esencialmente ligado a un vuelco en el mundo del trabajo, a una destitución de la posición predecesora que fue reemplazada por la primacía de las “ciencias de la gestión”. Ese vuelco se corresponde con cambios de concepción sobre la producción de valor.

¿Cómo cuáles?

–Hasta ahora pensábamos que la producción de valor, en el sentido económico del término, pasaba siempre por el trabajo. Pero las ciencias de la gestión (management) instalaron la idea de que la producción de la riqueza no pasa por el trabajo sino por buenos métodos de administración. Por un lado, se da una fijación de objetivos cuantitativos, llamados “contratos por objetivo”, por otro lado, los resultados también son cuantitativos, y se miden por la performance. Pero en el medio no quieren saber nada sobre el trabajo, no lo conocen.

¿Por qué?

–Porque están enfrentados con su propia incompetencia: no son ni ingenieros ni trabajadores, no entienden lo que pasa en el trabajo y, como reacción defensiva, lo desprecian. Hay nuevas formas de organización del trabajo que fueron introducidas bajo el efecto de las ciencias de la administración. En particular, la evaluación individual del desempeño, instrumento inventado por los managers que confunde, de manera intencional, el trabajo con sus resultados. No hay una proporcionalidad entre el trabajo y el resultado del trabajo.

¿Cuáles son las consecuencias de este giro para el trabajador?

–Un aspecto muy importante es la autonomía. Es una autonomía falsa, porque el administrador no se interesa por el desempeño, y con ello rechaza tomar en cuenta la cuestión de los recursos que se le dan al trabajador para alcanzar ese objetivo. Para el trabajador, el solo hecho de fijar objetivos no se traduce en autonomía en el sentido de una nueva libertad. Por el contrario, las nuevas restricciones son ahora su problema y nadie lo va a ayudar para alcanzar esos objetivos. En otras épocas, los ingenieros tenían la responsabilidad de acompañar el trabajo de los subordinados y aportaban eventualmente una ayuda a los trabajadores para ejecutarlo. Mientras que los administradores no dan ninguna ayuda, no quieren saber nada sobre los medios otorgados al trabajador para hacer su trabajo. Y para “cerrar con candado” la cuestión, les hacen firmar a los empleados un contrato de objetivos.

¿En qué se traduce esa nueva lógica, concretamente?

–El aumento de la carga de trabajo se traduce en una patología de sobrecarga. Hay diversas patologías. La primera es la de los trastornos músculo-esqueléticos, que son un verdadero estrago; una catástrofe desde el punto de vista de la salud pública, que no solo afecta a quienes hacen trabajos manuales sino a aquellos que cargan datos y a los ejecutivos. En Francia es la enfermedad profesional que más ha aumentado. La segunda se denomina “burn out”, traducida como “estar quemado”. La tercera enfermedad fue caracterizada en Japón como una muerte súbita. Suelen ocasionarse por una hemorragia cerebral o un espasmo vascular, pero en ausencia de todo factor de riesgo cardiovascular. Sin obesidad, sin hipertensión arterial, sin epidemia, sin diabetes, sin tabaquismo, sin antecedentes familiares, no existe ningún factor de riesgo salvo la sobrecarga de trabajo. La cuarta patología es la utilización de drogas, no solo cocaína sino alcohol y medicamentos, para poder aguantar las exigencias de la performance. Vemos esto mucho en los ejecutivos en Estados Unidos, pero también en los obreros que consumen cocaína incluso al estar en la cadena de montaje, y no lo esconden.

En este escenario, ¿cómo se inserta lo que usted denomina “hiperactividad profesional”?

–Es una moda actualmente hablar de hiperactividad profesional, workaholism. Efectivamente existe, pero es propio de un grupo pequeño de personas para las cuales la hiperactividad es una estrategia de defensa para no pensar, para conjurar los riesgos de la angustia neurótica. Contaminan el espacio privado. Evidentemente despedimos muchos trabajadores y, entonces, los que se quedan tienen más trabajo. Esa hiperactividad no es una vulnerabilidad psicológica sino una consecuencia de nuevas formas de entender el trabajo y la gestión.

¿Qué análisis hace del actual escenario laboral en Europa, donde los elevados niveles de desocupación se conjugan con recortes progresivos de las protecciones sociales?

–En los países europeos, pero también en Estados Unidos, interpretamos estos fenómenos como crisis económica y crisis del empleo. Pero yo no pienso que eso sea verdad.

¿Por qué no?

–Se han impuesto nuevas formas de organización del trabajo. Aun así, esto genera nuevas patologías y acá hay una paradoja. El costo de la indemnización por patologías en el trabajo se volvió enorme, en Estados Unidos y en Europa alcanza el 3 por ciento del Producto Bruto Interno. Pero hay una diferencia: en Estados Unidos y en Canadá, este costo es asumido por empresas aseguradoras, por lo general privadas. Mientras que en Francia, este gasto es asumido por el Estado, por la seguridad social. La patronal no se preocupa por los problemas de salud mental, porque cuando la gente se enferma sale de la empresa y se transforma en un problema del Estado. Esto no tiene límite. Al mismo tiempo, la situación de los que están en empleos precarios no solo tiene efectos sobre quienes están en trabajos a tiempo parcial impuesto, en particular las mujeres, sino que tiene incidencia sobre los que se quedan. Porque tienen miedo de caer en esa precariedad y aumentan su carga de trabajo. Nosotros no lo llamamos “precariedad” sino “precarización”, porque es una política, no reivindicada desde el Estado aunque mostrada por las organizaciones patronales, que la llaman “libertad del empleo”.

¿Qué rol juega el Estado en esa política?

–Cada vez más el Estado libera a la patronal, el derecho es cada vez más frecuentemente violado en las empresas y el Estado no reacciona, no defiende particularmente a los inspectores del trabajo, que están entre el Estado y un problema de justicia social; los trabajadores son puestos en situaciones extremadamente difíciles. La patronal francesa organizó un servicio de abogados, juristas y magistrados –que antes eran funcionarios del Estado– para aconsejarlos. Cuando un inspector labra un acta con una acción consecuente contra la empresa, el patrón consulta este servicio para interrumpir la acción del inspector, con gran eficacia. Hay una voluntad patronal y una colaboración estatal. Es un movimiento general de retirada de los Estados europeos ante el sector privado, en lo que llamaríamos “una vuelta al neoliberalismo”. Quien innovó esto en Francia no fue justamente un hombre de derecha sino François Mitterrand, en lo que fue una conversión de los socialistas al neoliberalismo. Un sistema como éste no se desarrolla solo, sino que reposa sobre elecciones y decisiones políticas

(Transcrito do Página 12, Argentina)

Uma bom começo: colocar Tim na linha

A Justiça Federal do Distrito Federal manteve a decisão da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) de suspender uma nova promoção da TIM. A operadora havia entrado com um mandato de segurança para tentar reverter a decisão, alegando que a determinação da Anatel feria a livre concorrência.

Em sua decisão, o juiz da 17º vara civil, Flávio Marcelo Sérgio Borges, criticou a “ânsia lucrativa” da TIM e considerou que a agência tinha a prerrogativa de suspender a ação com objetivo de assegurar a qualidade do serviço.

“Há metas de qualidade a serem atingidas, objetivo que, por vezes, impõe à Agência atuação mais intensa”, afirma o juiz na decisão publicada no sábado.

O magistrado refuta o argumento da empresa de que a Anatel não quis receber representantes da empresa na semana passada. A justificativa da Anatel é de que só foi avisada da promoção no dia 9, mesmo dia em que a ação já estava sendo noticiada em meios de comunicação pela TIM.

“A ânsia empresarial e lucrativa devem ceder certo espaço ao comedimento (…). Não executada a reunião às vésperas de um feriado, como proposto, que se esperasse a semana seguinte, porque urgente não é o lucro, mas a qualidade do serviço”, escreveu Borges.

O juiz lembra ainda que a operadora está passando por um período especial de avaliação do seu serviço depois que teve parte de suas vendas temporariamente interrompidas em julho, por decisão da Anatel, devido às frequentes quedas de sinal. Borges destaca também em sua decisão o número recorde de reclamações de consumidores.

“Não é a Anatel que abala a imagem da TIM. Isso é retórica. A imagem se abala por atuação própria, e não de outrem. Os consumidores sabem avaliar”.

A TIM divulgou nota informando que vai cumprir a decisão judicial. A empresa informou, no entanto, que vai solicitar à Anatel o adiamento da suspensão sob o argumento de que há empecilhos técnicos à mudança de tarifação das ligações amanhã.

A promoção está suspensa desde sexta-feira, mas a operadora estava obrigada a praticar os valores promocionais até este domingo, para não lesar os consumidores.

A ação promocional, chamada de “Infinity Day”, oferecia ligações locais ilimitadas entre celulares TIM por apenas R$ 0,50 por dia. Além disso, por apenas mais R$ 0,50 também seria possível fazer ilimitadamente interurbanos com outros clientes da companhia.

Segundo a TIM, a promoção abrangia os Estados de Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, interior de São Paulo e Manaus (AM).

Primeros asesinatos ambientales después de Río+20

Por Fabiana Frayssinet

Entrada a la Bahía de Guanabara, en apariencia deslumbrante, vista desde el puente que une Río de Janeiro con Niterói.  Crédito: Crédito: Mario Osava/IPS Entrada a la Bahía de Guanabara, en apariencia deslumbrante, vista desde el puente que une Río de Janeiro con Niterói. Crédito: Mario Osava/IPS

 

RÍO DE JANEIRO, 6 jul (IPS) – Lejos de los pabellones que albergaron la conferencia ambiental más ambiciosa de las últimas dos décadas, Río+20, una aldea de pescadores de la región metropolitana de Río de Janeiro mostró que el precio de denunciar crímenes ecológicos puede ser una ejecución extrajudicial.

La aldea ubicada en la playa de Mauá, municipio de Magé, 84 kilómetros al norte de Río, no tuvo tiempo de evaluar los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en esta misma ciudad entre el 20 y el 22 de junio.

Precisamente el 22, día en que los jefes de Estado firmaban un documento cuestionado por su indefinición en temas cruciales como la protección de los océanos, dos pescadores y activistas ambientales que luchaban por esa causa, Almir Nogueira y Jõao Luiz Telles, no volvieron a casa.

El cuerpo de Nogueira fue encontrado dos días después, sumergido y amarrado a su barco, frente a una playa cercana. El de Telles apareció el 25 de junio, con manos y pies atados en posición fetal, en la costa de otro municipio próximo.

Ambos tenían señales de haber muerto ahogados.

“Si son hombres de mar, van a morir en el mar. Ese es el recado que nos están dando”, dijo entre sollozos Alexandre Anderson, presidente de la Asociación de Hombres y Mujeres del Mar (Ahomar), en un acto de repudio el viernes 29 para exigir a las autoridades una inmediata investigación.

Las víctimas eran miembros de esa organización de 2.000 pescadores artesanales que luchan contra la contaminación del mar, su hábitat y fuente de sustento de varias generaciones, en la Bahía de Guanabara.

Ahomar denuncia los impactos socioambientales de grandes industrias.

Desde 2007 la asociación protesta contra las obras del Complejo Petroquímico del Estado de Río de Janeiro, una de las mayores inversiones de la empresa estatal petrolera Petrobras y del Programa de Aceleración del Crecimiento del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) y de su sucesora, Dilma Rousseff.

Ahomar sostiene que las obras ejecutadas por las empresas GDK y Oceȃnica, contratistas de Petrobras, disminuyeron la pesca en 80 por ciento, entre otros daños a la salud humana, la fauna y la flora.

Los pescadores soportan amenazas y asesinatos desde que en 2009 ocuparon con sus barcos las obras de los gasoductos submarinos y terrestres de gas natural licuado y gas licuado de petróleo.

Las amenazas se intensificaron a fines de 2011, cuando volvieron a movilizarse contra la decisión del Instituto Estatal de Medio Ambiente de retomar una propuesta, descartada durante el proceso de licencia ambiental, de transformar uno de los afluentes de la bahía, el río Guaxindiba, en una hidrovía para transporte de equipos.

 

El puesto policial cercano a la sede de Ahomar fue desmantelado.

Beneficiado por un programa de protección a los defensores de derechos humanos, Anderson tiene escolta policial permanente, pero aun así ha sufrido amenazas y atentados.

“Queremos preservar ese ambiente porque somos parte de él. Los pescadores somos parte de la Bahía de Guanabara. Pero no queremos morir respirando su agua”, dijo Anderson.

En 2009, el tesorero de Ahomar, Paulo Souza, fue atacado frente a su familia y asesinado con cinco disparos en la cabeza, como denunció entonces un reporte de IPS.

En 2010, otro fundador de Ahomar, Marcio Amaro, fue asesinado en su casa, frente a su madre y su esposa.

 

Ninguno de estos crímenes fue aclarado.

“Es lamentable que consigamos reunir toda esta prensa frente a dos cadáveres más…, que este sea el requisito para llamar la atención sobre un problema que se arrastra hace tanto tiempo”, dijo en el acto de repudio el diputado del Partido Socialismo y Libertad, Marcelo Freixo, presidente de la comisión de derechos humanos de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro.

“Espero que la próxima vez que nos reunamos aquí no sea por la muerte de Alexandre”, advirtió indignado.

Poco después del acto del viernes, Anderson fue nuevamente intimidado frente a su casa. Desde entonces no ha sido posible comunicarse con él por teléfono.

“Ya no estamos hablando de inseguridad, sino de personas que han muerto por su militancia, por su legítima resistencia en defensa de la Bahía de Guanabara”, dijo a IPS la activista Sandra Carvalho, de Justicia Global.

Los denunciantes piden que las muertes, “con claras señales de ejecución”, sean investigadas por la policía y la justicia federal.

“Pido que las autoridades investiguen mucho, porque ya consiguieron lo que querían. Sacaron de su casa a los hombres de mar”, enfatizó Anderson.

Después de las muertes, las embarcaciones no han regresado al agua. Nadie se atreve a aventurarse al mar, que antes era “refugio” de los pescadores cuando “algo malo ocurría en la casa o en la playa”, recordó. “Hoy solo tenemos el camino del cementerio”.

 

Organizaciones de derechos humanos no dudan de que estos son “crímenes políticos”.

Según dijo Freixo a IPS, las compañías contratistas de las obras a veces apelan a empresas de seguridad que se valen de “intimidaciones, amenazas y hasta muertes”.

Pero el diputado y actual candidato a alcaldía de la ciudad de Río de Janeiro, cree que no se trata de “muertes encargadas” por Petrobras.

Sin embargo, subrayó, no por eso la petrolera “puede fingir que no tiene ninguna relación con el caso. La inversión es de Petrobras y la responsabilidad sobre quién contrata es de ellos”, opinó.

 

En Ahomar, todos saben quiénes son los asesinos, dijo Anderson.

“Son personas que ganan mucho dinero con este proceso de industrialización de la Bahía de Guanabara, con trabajos de seguridad, de transporte hidroviario y terrestre. Que están dentro del gobierno provincial y municipal e inclusive en la seguridad pública”, denunció.

En Magé, como en otros municipios de la región metropolitana de Río, actúan grupos de esa naturaleza conocidos como “milicias”, integrados por agentes de seguridad del Estado, activos o jubilados, con apoyo de sectores políticos locales, como demostró una investigación parlamentaria encabezada por Freixo.

Inclusive el diputado tiene escolta policial porque ha recibido amenazas a raíz de sus denuncias contra esas organizaciones mafiosas.

Ante el pedido de IPS de una respuesta, Petrobras envió un comunicado en el que dijo desconocer las muertes y repudiar cualquier amenaza a los pescadores.

La compañía también destacó que el proceso de licencia ambiental en Brasil considera todos los impactos ecológicos y a las comunidades. Además, “un riguroso estudio de impactos antecede la licencia de los emprendimientos y el órgano licenciador establece medidas compensatorias y fiscaliza su realización”, añadió.

Petrobras es una “empresa social y ambientalmente responsable que exige de sus abastecedores la misma postura”, reza el comunicado.

La próxima asamblea de pescadores discutirá si desistir de la lucha o, al contrario, tomar medidas como interceptar el paso de navíos.

La de Ahomar es una batalla de “los pescadores artesanales contra el capital petrolero”, según la presidenta de la comisión de derechos humanos de la Orden de Abogados de Brasil – Río de Janeiro, Margarida Pressburger.

Anderson la definió de otra manera: no es David contra Goliat, sino “contra el mismo diablo”.