Brasil y EEUU. Que los torturadores respondan por sus crímenes

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SOAWatch
Los Informes, recientemente divulgados, del senado de EEUU, sobre la aplicación de la tortura por la CIA, y el Informe de la Comisión Nacional de la Verdad (CNV) de Brasil han hecho resurgir el tema del uso de la tortura y del entrenamiento de los agentes de seguridad ante la opinión pública.

SOA Watch, el Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas, ha sostenido reiteradamente que el uso de la tortura en EEUU, como en América Latina, no es una noticia nueva, ni ha comenzado apenas el 11 de septiembre del 2001.

El hecho de no haber llamado a rendir cuentas a la Escuela de las Américas, en 1996, cuando se supo públicamente que hacía uso de manuales de tortura y que por esta razón se estaban cometiendo atrocidades en América Latina ha contribuido a que la CIA perpetrara las torturas que acaban de salir a la luz pública en el informe del Comité de Inteligencia del Senado relativo a la CIA y la práctica de la tortura.

El informe de la CNV documenta que EEUU enseñó técnicas de torturas a sus agentes

El lanzamiento del informe de la Comisión Nacional de la Verdad de Brasil, emitido públicamente este 10 de diciembre de 2014, ha levantado renovados bríos de que haya justicia por los casos de derechos humanos sucedidos en este país entre numerosos brasileños.

Documentos no revelados hasta ahora, relativos a la dictadura que sufrió Brasil, por 21 años, arrojan a la luz pública casos sobre torturas y otras violaciones a los derechos humanos puestas en práctica durante la los años 1964 y 1985.

La Presidenta Dilma Rousseff, ella misma fue torturada y encarcelada 3 años durante la dictadura, afirmó que Brasil merece la verdad.

El informe no entra en detalles sobre los nombres de los violadores de derechos humanos pero sí describe las raíces de dichas violaciones: “La colaboración de los Estados Unidos fue intensa en la formación y especialización de los agentes”, señala el documento.

El segundo volumen del informe explora datos específicos sobre la participación de EEUU en las tácticas de tortura cometidas en Brasil, incluyendo nombres de egresados de la Escuela de la América (SOA).

Entre los egresados de SOA figuran Lúcio Valle Barroso y Abílio Correa de Souza, secuestradores, torturadores y asesinos de Stuart Edgard Ángel Jones, quien fuera objeto de uno de los crímenes más atroces de aquel entonces.

Barroso, conocido como el “Dr. Celso”, estudió inteligencia militar en la Escuela de las Américas y Souza, conocido como el “Dr. Pascoal”, estudió Inteligencia de combate y contrainteligencia.

Los egresados de SOA formaban parte de las agencias brasileras vinculadas a la tortura, el Departamento de operación e información DOI, el Centro de operaciones y defensa interna CODI, así como el Centro de Información para la Seguridad Aeronáutica, CISA.

Jones (1945-1971), hijo de madre brasilera y padre estadounidense, y miembro del grupo de izquierda MR-8, fue atado a un automóvil y llevado a las instalaciones de la CISA en Río de Janeiro.

Según el testimonio de Alex Polari, amigo que presenció la tortura de Jones desde la ventana de su celda, le obligaron a agarrar el tubo de escape del vehículo inhalando sus emisiones tóxicas.

Esta y otras brutales tácticas de tortura contenidas en el informe de Brasil están ligadas directamente a las torturas publicadas en el informe de la CIA.

El informe del Comité de inteligencia del Senado describe otros métodos de tortura que fueron transmitidos a los oficiales militares brasileños.

La Escuela de las Américas transmitía sus enseñanzas con el mensaje de que preservar la vida de los detenidos carecía de interés durante las operaciones; ni la policía ni los oficiales del ejército necesitaban justificar sus acciones para nada, cuando sus contrapartes integraban la oposición al régimen imperante.

El informe del Comité de inteligencia del Senado sobre las torturas de la CIA entrega datos sobre los numerosos manuales puestos en práctica durante el transcurso de diversas operaciones de contrainsurgencia, como el “Manual KUBARK” de interrogación de contrainteligencia elaborado por la CIA en 1963 y que fue usado para enseñar formas de privar a las víctimas de estímulos sensoriales y lograr que sufrieran alucinaciones y colaboraran.

La CIA ofreció este tipo de “manuales de tortura”, con técnicas de interrogación, a siete países latinoamericanos en los años ochenta. Brasil fue uno de ellos.

Un hallazgo bastante notorio ha sido el involucramiento de USAID (Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional) con la militarización policiaca en Brasil, incluso antes del golpe militar acaecido en 1964.

El entrenamiento impartido por el policía del FBI Dan Mitriori a la policía de Brasil en 1960, fue llevado a cabo bajo la supervisión de la agencia USAID.

Mitriori creía que la tortura era una modalidad de la ciencia y solía utilizar a “los sin techo” para que la policía de Belo Horizonte y Río de Janeiro practicara las técnicas de tortura más brutales, aprovechando las “partes vulnerables del cuerpo humano”.

La tortura se utilizaba para recolectar información, disuadir e intimidar, así como para diseminar el terror entre los grupos de la oposición.

Más adelante, después del golpe y establecido el régimen militar, el sistema de represión fue perfeccionado e institucionalizado.

Este no sólo se afianzó durante la dictadura, sino que continúa prevaleciendo entre la policía militar del Brasil con sus incontables casos de brutalidad y represión hasta el día de hoy.

El papel de la Escuela de las Américas (cuyo nombre fue cambiado al de Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad en 2001) y de la militarización estadounidense en América Latina ha sido siempre proteger el estatus quo de las élites usando violencia y represión militar.

* Este artículo fue traducido del inglés al español por Anabel Torres. Ha sido editado por Pablo Ruiz.

 

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Documentos Adjuntos:

– Parte II, Las estructuras del Estado y las graves violaciones de los derechos humanos de la Comisión Nacional de la Verdad de Brasil (en portugués). El Informe completo lo puede ver en: http://www.cnv.gov.br

– Recomendamos leer: “Un comercio execrable: el comercio de la tortura” de Amnistía Internacional, Capitulo 5. Especialistas en tortura página 49 y La Escuela de las Américas página 51.

 

 

 OPERAÇÃO CONDOR

por Talis Andrade

 

 

Herzog torturado. Desconheço a autoria deste excelente quadro que ilustra o cartaz do Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog

1

Em uma ceia demoníaca
os generais do Cone Sul
aprovaram a Operação Con
dor cujas asas agourentas
selam a noite com chumbo

O conúbio dos generais
arranca do calor dos lares
artistas e intelectuais
para os interrogatórios imbecis
de cegos vampiros
as cabeças lavadas
nas apostilas da CIA
os cérebros curetados
pelas palavras-ônibus
dos pastores eletrônicos

2

Em sombrios porões
os massagistas atestam
os instrumentos de suplício
os massagistas adestram
os toques de fogo
arrancando unhas e gritos
espicaçando as últimas palavras
os nomes e codinomes
de um exército de fantasmas
um exército apenas existente
nas doentias mentes dos agentes

3

Em refrigerados gabinetes
os técnicos em interrogatórios
e informações estratégicas
trabalham noite e dia
na burocracia cívica
de selecionar os copiosos
relatórios dos espias
decifrar os depoimentos
tomados sob tortura
depoimentos escarnificados
na escuridão dos cárceres
depoimentos cantados
no limiar do medo
confissões soluçadas
nas convulsões da morte

Los imperdonables, versión argentina

COMIENZAN A TRATAR EN DIPUTADOS UN PROYECTO PARA PROHIBIR QUE SE INDULTEN LOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD
ARGENTINA
ARGENTINA

 

Por Laura Vales

El Congreso Nacional comenzará a analizar hoy un proyecto de ley para prohibir a los futuros presidentes que indulten, amnistíen o beneficien con una conmutación de penas a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad. Este límite a las atribuciones presidenciales ya fue puesto por la Corte Suprema de Justicia cuando anuló los indultos firmados por el ex presidente Carlos Menem; de lo que se trata ahora es de reglamentar esa prohibición. La Corte ha señalado, en sintonía con los tratados internacionales de derechos humanos, que no sólo está vedado indultar estos crímenes, sino que el Estado tiene la obligación de perseguirlos, investigarlos y sancionar a los responsables.

El proyecto fue redactado por el legislador y nieto recuperado Horacio Pietragalla, con el acompañamiento de otros dieciséis diputados del Frente para la Victoria. Como primer paso para su debate, esta tarde será tratado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

En los fundamentos del proyecto, Pietragalla explica por qué tomó la decisión de llevar el tema al Congreso, teniendo en cuenta que la jurisprudencia ya lo establece sin dejar dudas. “El Poder Judicial dicta fallos vinculantes para los casos concretos que llegan a su estudio, mientras que el Poder Legislativo sanciona leyes para la generalidad de los casos”, indicó. También habló de la intención de que las instituciones democráticas reafirmen “la gravedad de los delitos de lesa humanidad y la obligación del juicio y castigo” a quienes los cometan.

Alcances

El texto que discutirán los legisladores extiende la restricción de indultar no sólo a los condenados por delitos de lesa humanidad, sino también a aquellos que estén siendo investigados o bajo proceso. Este aspecto del tema ya fue discutido en su momento y, en este sentido, también la Corte Suprema adoptó el criterio de aplicación más amplio.

Pietragalla citó en este sentido un fallo del máximo tribunal en la llamada causa Mazzeo, que en el año 2007 declaró inconstitucionales los indultos (el expediente llevaba el nombre del represor Julio Mazzeo y el perdón que fue declarado inconstitucional fue el de Santiago Omar Riveros, comandante del Cuerpo IV de Ejército que tuvo bajo su jurisdicción centros clandestinos de detención así como el Hospital Militar de Campo de Mayo, donde funcionó una maternidad clandestina empleada para el robo de bebés). “Cualquiera sea la amplitud que tenga el instituto del indulto”, dijo entonces el tribunal al declarar inconstitucional el perdón que Menem le había concedido en 1989, el indulto “resulta una potestad inoponible para este tipo de proceso, pues para el supuesto que se indultara a procesados partícipes de cometer delitos de lesa humanidad, ello implicaría contravenir el deber internacional que tiene el Estado de investigar, y de establecer las responsabilidades y sanción.”

En el Congreso hay consenso entre los diputados de los diferentes bloques para avanzar en el dictamen, por lo que el proyecto podría ser debatido en el recinto de la Cámara baja antes de fin de año. Después de pasar por la Comisión de Derechos Humanos deberá obtener además el visto bueno de la de Asuntos Constitucionales.

Como antecedentes, quedaron en el camino propuestas similares presentadas en otros períodos parlamentarios por los ex diputados Patricia Walsh, Gerardo Conte Grand y Marcela Rodríguez, que habían recibido dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia en el año 2005.

Entre los cofirmantes del proyecto de Pietragalla aparecen otros hijos de desaparecidos, como Eduardo “Wado” De Pedro y Juan Cabandié, y referentes de La Cámpora como Andrés Larroque y Mayra Mendoza. También es cofirmante Remo Carlotto.

El poder de indultar o conmutar penas que tiene el presidente es una atribución constitucional. La Carta Magna se la otorga al jefe de Estado en su artículo 99.

Menem lo utilizó al otorgar los indultos entre 1989 y 1990. El primer decreto, de octubre del ‘89, benefició a los responsables del Primer Cuerpo del Ejército. Jorge Rafael Videla y Emilio Massera fueron perdonados con un decreto firmado el último día hábil de 1990. En la tanda de ese año también entró el ex ministro de Economía José Martínez de Hoz.

Como excepción, la Constitución fija “los casos de acusación por la Cámara de Diputados”. Con la reforma de 1994, los convencionales agregaron una limitación más, la de indultar a los autores de golpes institucionales. Pero en esa misma reforma quedaron incorporados a la Constitución tratados internacionales que prohíben cualquier tipo de amnistía o conmutación de penas frente a los delitos de lesa humanidad.

“El espíritu de la ley”, dijo ayer Pietragalla (ver aparte), “surge porque todavía hay sectores de la sociedad, políticos y económicos, que no están muy de acuerdo con las políticas que se están llevando adelante en el país para juzgar a los responsables de estos crímenes.”

“Creemos que a esta altura, después de recorrer muchos aniversarios del golpe, después del proceso que generó la reparación política hacia las víctimas del terrorismo de Estado, no nos podemos dar la posibilidad de que ningún sector pueda avanzar en eventuales indultos. Los delitos de lesa humanidad no pueden ser indultados; a partir de esta ley, ningún presidente podrá hacerlo nuevamente.”

Ditadura nunca mais na América do Sul

O golpe militar de primeiro de abril de 1964 no Brasil – comemorado no dia 31 de março – provocou a derrubada da democracia nos países da América do Sul.

Este efeito dominó, isto é, o retorno das ditaduras ameaçam a Bolívia, o Equador e a Venezuela. Isso depois de um golpe do judiciário em Honduras, e um golpe parlamentar no Paraguai.

El presidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica rechazó este lunes las intenciones de Estados Unidos (EE.UU.) de sancionar al gobierno de Venezuela por los hechos violentos iniciados el pasado 12 de febrero tras un llamado a las calles hecho por la extrema derecha de esa nación suramericana con el fin de derrocar al gobierno electo de Nicolás Maduro; al tiempo que exigió “respeto y cariño” para Venezuela y su gente.

“Cuando el mundo entero le pide a Estados Unidos que archive su política de bloqueo económico a Cuba, surgen desde ese gobierno voces amenazando con sanciones a Venezuela. ¿No se aprende nada de la historia? ¿Acaso esa actitud ha servido para resolver algo que no sea imponer privaciones a los débiles en distintas sociedades?”, se preguntó el dignatario uruguayo.

Mujica agregó que en Venezuela “sus contradicciones son también las nuestras y su resolución no debería ser violenta, y menos, azuzada desde afuera” por lo que exhortó a encontrar una solución pacífica para la crisis política que enfrenta el gobierno de Nicolás Maduro y a respetar la Constitución como “un camino necesario” para encontrar una salida, informó la Secretaría de Comunicación de la Presidencia.

El pasado jueves el Gobierno de Venezuela rechazó de manera categórica las declaraciones injerencistas de EE,UU., a través de su subsecretaria de Estado, Roberta Jacobson, quien insistió en amenazar al país suramericano con posibles sanciones de no abrirse al diálogo, desconociendo así la disposición al diálogo para la paz de todos los sectores del país que fue reconocida por la comisión de cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que visitó el país esta nación.

El canciller venezolano Elías Jaua, recalcó este lunes que el gobierno de los Estados Unidos (EE.UU) hace lo posible por ver a Venezuela convertida en un campo de batalla, donde los venezolanos se enfrenten unos a otros con el fin de derrocar el Gobierno Bolivariano del presidente Nicolás Maduro.

“Los sectores más conservadores del gobierno de los Estados Unidos quieren una Venezuela inmersa en un conflicto. Lamentablemente, unos hasta sueñan con un conflicto armado, con una guerra civil”, dijo.

Sin embargo el canciller venezolano dejó claro que los gobiernos de América Latina no se dejan engañar por las difamaciones de la extrema derecha venezolana sobre el Gobierno revolucionario de su país, pues tienen un compromiso leal con los valores de paz de la región.

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DITADURA. O poder e a força das polícias de Sérgio Cabral e Alckmin

Matteo Bertelli
Matteo Bertelli

A estrema direita e alguns generais de pijama planejam o retorno dos festejos macabros do dia 3l de março, que já foi feriado nacional, para enaltecer o golpe militar de primeiro de abril.

A proposta terrorista de venezualização do Brasil conta com o apoio de partidos que serão derrotados nas eleições presidenciais deste ano, e os jornais não denunciam a apologia da volta da ditadura.

Do blogueiro Marcos Simões, na sua página no Facebook, transcrevo alguns alertas e cartazetes:

Militarização da polícia: É a doutrina milica ensinada extraoficialmente pela corporação em suas escolas de formação, que carrega ainda o ranço criminoso e nojento de sua criação, dos tempos da escravidão, da exclusão social, do desprezo pelo ser humano pobre e sem influência alguma.

É preciso acabar com esse câncer militarizado que maltrata as populações mais pobres, negras, moradoras de periferias fedorentas, inóspitas e insalubres.

Mais uma vez a Polícia Militar mostrou sua cara, arrastando essa trabalhadora depois de atirar nela.

Claudia da Silva era auxiliar de serviços gerais, ou no bom português, era trabalhadora, precarizada, negra e pobre.

negra

Repetindo as marchas da TFP – Tradição, Família e Propriedade -, que pediam a derrubada de Jango: Essa é uma das traidoras do Brasil que idealizou a marcha da família (rica e elitista) para o golpe no país.

TFP

Financiamento do golpe: Assim como os organizadores da Marcha da Família que foram beneficiados na Ditadura, esses milicos do tempo do golpe receberam uma grana preta para apoiar o Golpe de 64. Denúncia do Major Moreira.

Kruel

Escreve Eduardo Guimarães: Os desmandos e a ingerência política dos governos de São Paulo na TV Cultura ao longo dos vinte anos – a se completarem em 1º de janeiro de 2015 – durante os quais o PSDB governa o Estado são bastante conhecidos e só não geram inquérito a partir do Ministério Público estadual por conta do aparelhamento desse órgão por esse grupo político.

Um dos maiores escândalos na utilização política dessa tevê pública foi a concessão ao Grupo Folha de São Paulo do horário mais nobre da tevê brasileira, as noites de domingo.

O escândalo reside no posicionamento político da Folha, sabidamente de oposição ao governo federal.

Essa postura política da Folha em relação aos adversários dos controladores da TV Cultura deveria ser impeditiva à entrega ao jornal de espaço na emissora, pois uma tevê pública tem que se pautar muito mais pela isenção política do que as tevês privadas, ainda que a estas caiba a mesma imposição.

No último domingo, porém, a TV Cultura extrapolou no uso político que faz de sua programação.

O programa “TV Folha”, concedido pelo governo Geraldo Alckmin à família Frias, deu um jeitinho de fazer propaganda de um protesto contra o governo Dilma Rousseff que está sendo prometido por um grupo de extrema-direita em São Paulo. Leia mais

golpismo

Para quem não viveu os tempos da dita-dura, veja no exemplo da Argentina que é moleza lamber as botinas dos milicos.

EL PODER Y LA FUERZA

La edición definitiva del libro de Eduardo Luis Duhalde, El Estado Terrorista argentino, escrito en el exilio y publicado por primera vez en 1984, exhibe en toda su plenitud una tarea que parecía titánica y que fuera llevada a cabo con rigor por el ex secretario de Derechos Humanos: combinar la abstracción teórica con la denuncia, logrando convertir su ensayo en una suma de análisis y testimonio, una forma extremadamente lúcida de pensar el horror.

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Nayer

por Fernando Bogado
La tarea intelectual de Eduardo Luis Duhalde (1939-2012) puede sintetizarse en una sola frase: pensar el horror. Duhalde, quien durante sus últimos días fue responsable de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación luego de haber ejercido las funciones de abogado en la defensa de las víctimas del terrorismo de Estado (aquí y en el exterior), ocupó toda su capacidad intelectual y conocimiento en tratar de demostrar que detrás de lo que muchos consideraban mera barbarie había un aparato racional (y no por eso “razonable”, como él mismo aclara) cuya operatoria podía desarmarse. El fin de tal ejercicio es clave: entender la ligazón lógica e histórica del siniestro e inaudito Estado Terrorista que se mantuvo en el poder en el período que va de 1976 a 1983 es, estrictamente, poder conjurar de manera eficaz la peligrosa impronta ideológica que tal tipo de organizaciones puede dejar en la sociedad civil, en las futuras formas de Estado democrático, en la práctica cotidiana de cada individuo. La reciente edición definitiva del texto clave de Duhalde, El Estado Terrorista argentino, escrito durante el exilio del autor en España durante 1983 y publicado finalmente en 1984 –momento clave para entender el desarrollo de la política de derechos humanos en nuestro país– permite poner en perspectiva este esfuerzo intelectual y, además, cumple con el objetivo último de todo un proyecto del pensamiento: pensar ese horror, en definitiva, es brindar medios para evitar que se repita.

¿Qué es el Estado Terrorista? Para decirlo en pocas palabras, en las de Duhalde, estrictamente, es la versión más “eficiente” del Estado Militar, digamos, su “degeneración” eficiente. No es raro encontrar en la historia latinoamericana el surgimiento de formas de Estado de Excepción, cuyo centro era ocupado, en algunos casos, por un tirano “pintoresco” (¿bufonesco?) que mantiene intacto el aparato y lo utiliza sólo para su gloria narcisista. La necesidad por parte del gobierno de Estados Unidos de mantener una política de Seguridad Nacional que sobrepase sus fronteras –en el marco de la Guerra Fría y de los fracasos en las operaciones militares en Cuba y Vietnam– obliga a la aparición en los países latinoamericanos de Estados de Excepción menos “personalistas” y de rasgos tecnocráticos. Es la propia fuerza militar la que, con ascetismo y visos de autocontrol, toma el poder. Y si bien las primeras formas plantean ciertos límites a esa toma de poder, en la Argentina de 1976 apareció un tipo de Estado Militar que terminó extendiendo su control no sólo sobre los organismos de la democracia parlamentaria burguesa, no sólo sobre el aparato represivo, sino también sobre los aparatos ideológicos, estrategia que les permite ratificar su propio accionar y, en alguna medida, extenderlo en el tiempo.

Esa es una característica central del Estado Terrorista: el control del aparato represivo sobre las formas del aparato ideológico. Así, se logra someter a la sociedad civil a una violencia real y simbólica que puede asegurar, con el paso de los años, el mantenimiento de las condiciones necesarias para la implementación de las recetas económicas dictadas por la potencia. Para ello, para “alisar el terreno” y asegurar que la oligarquía siga ejerciendo el poder que el Estado burgués no puede ya garantizar, el Estado Terrorista adopta otra particularidad, su segunda gran característica: además de tener un carácter público, en donde se proyecta cierto respeto a los derechos humanos internacionales, adopta una naturaleza clandestina que reprime (mata, tortura) indiscriminadamente y oculta sus huellas para mantener indemne a la faz “respetable”. Como Jano, señala bien Duhalde, el Estado Terrorista tiene dos caras.

El Estado Terrorista argentino es un hito dentro de la producción intelectual nacional no sólo porque es un impresionante análisis de la forma que adopta el poder durante la última dictadura, sino que también es una contundente denuncia de las vejaciones llevadas adelante por los diferentes miembros de las Fuerzas Armadas y por miembros de la sociedad civil durante el Proceso, responsables directos cuyos nombres aparecen en el libro ya sea para inculparlos o, en el caso de los agregados de esta edición en particular, para comentar el estado de su causa.

El Estado Terrorista argentino. Edición definitiva Eduardo Luis Duhalde Colihue 512 páginas
El Estado Terrorista argentino. Edición definitiva Eduardo Luis Duhalde Colihue 512 páginas

Sorprende leer en esta edición el largo prólogo de 1998, el cual, quince años después de la primera edición, lleva adelante algunas observaciones acerca de la perpetuación, en tiempos de democracia, del aparato ideológico-represivo del Estado Militar. En los tiempos finales del menemismo, Duhalde lee la supervivencia del afán represivo y el individualismo a ultranza sintetizada en la frase que caracterizó a cierto subdiscurso negacionista que comenzó a formarse a partir del regreso del orden democrático: el “por algo será” aplicado sobre los sufrimientos de esas mismas víctimas que sustenta, ideológicamente, la perversa “teoría de los dos demonios”. Extendamos aquí la lectura: ¿no es también la perpetuación de la idea de “pena de muerte”, de “al paredón con los culpables” que acompaña a la condena social de ciertos casos de delincuencia en la actualidad, la aplicación de esa fuerza represiva aparecida entre el ’76 y el ’83 que busca eliminar, erradicar y ocultar al que se “desvíe” de lo considerado “normal”, “derecho” y “humano”?

Buscar la verdad con respecto a los hechos de la dictadura, si bien implica la completa declaración de los sucesos de esos tiempos para el concreto enjuiciamiento de los responsables, es también analizar el complejo sistema teórico de su accionar. Así, El Estado Terrorista argentino funciona como un testimonio contra la repetición de esos males y a favor de una consciente profundización democrática que se sostiene, como todos sabemos, sobre tres pilares fundamentales: la memoria, la verdad, la justicia.

 

Brasil extraditó a un exagente de la SIDE – Plan Cóndor Argentina

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El Supremo Tribunal Federal de Brasil concedió la extradición del exagente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) César Alejandro “Pino” Enciso, requerido por el juez federal Daniel Rafecas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en el centro clandestino de detención “Automotores Orletti”. Enciso también tenía un pedido extradición de Italia por los mismos hechos.

Rafecas había requerido al prófugo – tras haber viajado a Uruguay en 2011 a entrevistar a víctimas de ese centro clandestino – para juzgarlo por delitos de privación ilegal de la libertad y el sometimiento a torturas de unas 40 víctimas, delitos calificados como de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles.

“No obstante, la decisión de la Suprema Corte brasileña sólo permitirá el juzgamiento de Enciso por los secuestros de cuatro de esas víctimas, Gerardo Francisco Gatti, Julio César Rodríguez, Manuela Santucho y Cristina Navajas, en la medida de que actualmente se encuentran desaparecidas y se considera que el delito ‘se sigue cometiendo'”, explicaron fuentes judiciales.

 

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En el caso de las 35 víctimas restantes, “el Supremo Tribunal de Brasil consideró que, por haber sido liberadas luego de su cautiverio en el centro clandestino de detención y tortura o por haber aparecido sus cuerpos asesinados, los delitos se encuentran prescriptos al igual que la totalidad de los casos por el sometimiento a torturas”, detallaron las fuentes.

Con esa decisión, el máximo tribunal de Justicia del Brasil desconoce el principio de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad que rige en materia internacional.

Enciso, yerno del general Otto Carlos Paladino, por entonces secretario de Inteligencia de la SIDE, habría actuado en “Orletti” bajo el apodo de “Pino” junto con otros agentes de inteligencia, de la Triple A y del Ejército uruguayo y fue mencionado y reconocido en fotografías por víctimas uruguayas que estuvieron en cautiverio en ese centro.

“Automotores Orletti” funcionó entre mayo y noviembre de 1976 como un centro clandestino de la SIDE, bajo el liderazgo del fallecido Aníbal Gordon, en un inmueble del barrio de Floresta de esta ciudad, y fue una de las sedes donde tuvo lugar el plan represivo implementado por las dictaduras del cono sur, conocido como “Plan Cóndor”. (Página 12)

 

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Jueces chilenos pidieron perdón por omisiones en la dictadura de Pinochet

[Quando a Justiça brasileira vai fazer o mesmo? Até a Globo pediu perdão]

La dictadura de Augusto Pinochet dejó poco más de 40 mil víctimas, tres mil 200 fatales, entre las que se incluyen todavía un millar de desaparecidos forzados. Los jueces solicitaron al actual presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, hacer también un pedido de perdón.

Durante la dictadura de Augusto Pinochet, unas 40 mil personas resultaron víctimas de violaciones a los derechos humanos
Durante la dictadura de Augusto Pinochet, unas 40 mil personas resultaron víctimas de violaciones a los derechos humanos

La Asociación de Magistrados del Poder Judicial de Chile pidió perdón este miércoles a las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet y sus deudos “por acciones y omisiones cometidas” durante el régimen militar (1973-1990).

“Ha llegado la hora de pedir perdón a las víctimas, sus deudos y la sociedad chilena”, dijo la agrupación de jueces en una inédita declaración pública a 40 años del golpe de Estado que derrocó el gobierno del socialista Salvador Allende e instaló la dictadura de Pinochet, el 11 de septiembre de 1973.

“Hay que decirlo y reconocerlo con claridad y entereza: el Poder Judicial y, en especial, la Corte Suprema de la época, claudicaron en su labor de tutelar los derechos fundamentales y proteger a quienes fueron víctimas del abuso estatal”, agrega la declaración.

La dictadura de Augusto Pinochet dejó poco más de 40 mil víctimas, tres mil 200 fatales, entre las que se incluyen todavía un millar de desaparecidos forzados.

“La inadmisibilidad o el rechazo por parte de nuestros tribunales de miles de recursos de amparo, muchos de los cuales fueron fundadamente interpuestos en nombre de compatriotas de cuya suerte nunca más se supo, la negativa sistemática a investigar las acciones criminales perpetradas por agentes del Estado y la renuencia a constituirse personalmente en centros de detención y tortura, sin duda alguna, contribuyeron al doloroso balance que en materia de derechos humanos quedó tras ese gris período”, agregaron.

En la nota, los jueces solicitan al actual presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, hacer también un pedido de perdón.

“La respuesta que esperamos aliviará a las actuales y futuras generaciones de magistrados de la vergüenza y oprobio anudados a este capítulo de nuestra historia”, agrega la declaración.

Organizaciones sociales y movimientos civiles chilenos celebran este miércoles el 43 aniversario de la victoria del expresidente Salvador Allende, un Gobierno enmarcado en la participación política del pueblo y de reivindicación ciudadana.

Salvador Allende, quien fuese electo presidente de la República de Chile el 4 de septiembre de 1970, inició una transformación política y social para el pueblo chileno, ávido de justicia e igualdad. Sin embargo sus trabajos por el bienestar social fueron truncados tras ser víctima hace 40 años del golpe de Estado líderado por el dictador Augusto Pinochet, quien instaló su dictadura el 11 de septiembre de 1973.