“¡Basta de tanta corrupción, impunidad y violencia!”, exige el Episcopado Mexicano

 

Ciudad de México, 11 de noviembre (SinEmbargo) – La Conferencia del Episcopado Mexicano se unió a los reclamos contra la violencia, corrupción e impunidad del país y pidió a las autoridades llevar hasta las últimas consecuencias las investigaciones sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre.
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“Frente a estos lamentables hechos, y ante los crímenes sucedidos en Tlatlaya y el espeluznante descubrimiento de fosas clandestinas, unimos nuestra voz a la del pueblo de México, del cual formamos parte, para gritar: ¡Basta ya de tanta corrupción, impunidad y violencia!”, dijo mediante un comunicado.
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En el primer día de actividades de la Asamblea Plenaria de los Obispos de México que se realizará hasta el 4 de noviembre, los prelados exigieron llevar las investigaciones de Ayotzinapa hasta sus últimas consecuencias para que se conozca el paradero de los alumnos de la Escuela Normal Isidro Burgos y “se sancione con todo el peso de la ley a los autores intelectuales y materiales“.

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Asimismo, se solidarizaron con las familias de los 43 normalistas desaparecidos. “A sus padres, hermanos, familiares y compañeros, les reiteramos, una vez más, nuestra cercanía y solidaridad. Estamos pidiendo a Dios que les dé fortaleza y que pronto quede esclarecido el paradero de sus hijos, hermanos y compañeros”, expresaron.
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Sobre algunos actos violentos que han tenido lugar en las manifestaciones que exigen la aparición con vida de los estudiantes de Iguala, el Episcopado exhortó a la sociedad a no traducir su dolor e indignación en actos violentos pues “provocan más violencia e injusticia para miles de inocentes, dañando la convivencia pacífica y retrasando el progreso”.
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“Por eso, invitamos a todos a unirnos en la diversidad y participar en la búsqueda de soluciones de fondo con diálogo, creatividad, solidaridad y respeto a las leyes y a todos los ciudadanos”, remarcó.
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A finales de octubre, el Episcopado Mexicano pidió a las fuerzas políticas del país no lucrar con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, ni convertir su caso en una bandera “para causar daños a terceros o provocar desestabilización”.
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Los obispos hicieron un llamado al gobierno mexicano a redoblar esfuerzos para encontrar a los estudiantes desaparecidos, sancionar a los culpables y hacer prevalecer el Estado de Derecho, “a fin de garantizar la seguridad y una vida digna a todos los mexicanos y mexicanas”.
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“Con profundo dolor ante los reprobables acontecimientos sucedidos en Ayotzinapa, Guerrero, unimos nuestra voz a lo ya expresado por los Obispos de la Provincia de Acapulco, de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y muchos más, para manifestar nuestra solidaridad a los familiares de los 43 normalistas desaparecidos”, dijo el Episcopado en un comunicado de prensa.
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Realizaron un exhortó “a las fuerzas políticas y a la sociedad en general a actuar con responsabilidad y no lucrar políticamente con esta desgracia, ni convertirla en bandera para causar daños a terceros o provocar desestabilización, lo que alejaría aún más la necesaria justicia, equidad, seguridad y paz que México requiere para alcanzar un desarrollo del que nadie quede excluido”.
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Días antes, los obispos católicos de Acapulco advirtieron que la crisis generada por la desaparición de 43 estudiantes normalistas y el homicidio de seis personas en el municipio de Iguala es “un adelanto” de la capacidad desestabilizadora que tiene la violencia que se vive en aquella entidad del sur de México.
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“Este criminal hecho es como una ventana que nos permite mirar hacia el fondo del profundo Guerrero adolorido por tanta violencia. La cifra espantosa de más de 12 mil homicidios dolosos desde el año 2007 nos hace pensar que el caso de Iguala es una muestra de lo que ha sido la vida cotidiana en los últimos años”, dijeron los obispos de la Provincia Eclesiástica de Acapulco en un comunicado.
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Denunciaron que además de los homicidios “hay miles de víctimas de secuestros, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados; extorsiones y amenazas son algunas de las formas más comunes de violencia que padecemos”.
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Los obispos también aludieron al hecho de que fueron fuerzas del gobierno las probables responsables de la agresión contra los normalistas como indicador de la urgencia que existe en el país por sanear los cuerpos policiacos y del “factor político” que presentan los diversos hechos de violencia.

 

Las facultades de derecho como fábricas de creyentes

La Facultad de Derecho como institución de encierro

Todo buen manual de filosofía del Derecho que se preste dedica al menos un capítulo a la relación Poder-Derecho. Mas no se trata de una relación entre dos entidades diferenciadas, como en muchas ocasiones encontramos en la manualística – aunque sería preferible denominarla gast(r)onomía – universitaria. Poder y derecho son una misma cosa o, incluso, se puede decir que el derecho es un medio más para el poder. Remarco el adverbio porque el poder se ejerce en muchas ocasiones en un espacio vacío o anómico y en lo que se conoce como los ilegalismos estatales (núcleos de permisibilidad). No obstante, en otras tantas ocasiones el poder es ejercicio por medio del derecho.

El docente en una Facultad de Derecho se convierte, en muchos casos, en un instrumento más para la perpetuación del poder o, por decirlo con Althusser, en un aparato ideológico del Estado. Su función consiste, básicamente, en enseñar –léase dogmatizar, domesticar, socializar – al futuro jurista a acatar de forma acrítica el sistema (tanto jurídico, como económico, social y político), convertir la ley en tótem a idolatrar y en tabú que no es posible cuestionar, ni siquiera en sus consecuencias respecto a la clase oprimida. Pero, eso sí, revestirlo todo con conceptos, que con su solo pronunciar ya se deshacen, como democracia, libertad, igualdad o paz. Enseñar qué dicen los códigos, sin saber por qué lo dicen y quién dice lo que dicen, muestra la servidumbre en la que nos encontramos, en cierto modo voluntaria, al estilo La Boëtie, sostén y fundamento de la tiranía. La pedagogía dominante es la pedagogía de la clase dominante. Al final los estudiantes se convierten en fieles y disciplinados creyentes ajenos a la realidad inmediata, cómplices de un sistema represivo.

Como en la República de Platón, los profesores de Derecho enseñamos – a través de una pedagogía del miedo: exámenes, listas, castigos – la ficción orgánica por la que cada miembro cumple una función predeterminada hacia la eternidad en el macro-cuerpo en que se nos (re)presenta el Estado y el Mercado. Una forma de control y disciplina social a través de la jerarquía funcional: cada miembro de una clase social, nos insisten, debe cumplir la función asignada a dicha clase, sin salirse de sus márgenes, sin cuestionar el sistema, puesto que de lo contrario el mismo sistema moriría y con él también el rebelde. Bienvenido el jurista-perito incapaz de poseer un pensamiento autocrítico.

La Facultad de Derecho se estructura al modo de un lugar de encierro que genera un tipo de sujeto (producción de subjetividad). La pedagogía jurídica dominante perfecciona el funcionamiento represivo de la institución, maquillada con un rostro suave, delicado y democrático. Los profesores de derecho fabrican un modelo de jurista al servicio – militante y militar – de la estructura político-económica dominante. Leer más

“No creo que la mejor forma de resolver los problemas sociales sea aplicando penas”

“El derecho penal no resuelve los problemas sociales”

Por Eduardo Videla

 
Horacio Guillermo Corti acaba de asumir como defensor general del Ministerio Público de la Ciudad.

–Desde el Ejecutivo porteño están proponiemdo nuevamente reformas en el Código Contravencional para sancionar con más rigor a los cuidacoches y a los limpiavidrios. ¿Cuál es su opinión sobre esas propuestas?

–El Derecho Penal no resuelve los problemas sociales. No creo que aumentar las penas sea la primera forma de resolver esos problemas. Y el Derecho Contravencional debe estar pensado en términos de convivencia, con formas de resolver los conflictos cuyo único recurso no sea la pena. Soy escéptico de que un problema de este tipo pueda resolverse con castigo. No sé si tampoco se resuelve vigilando. Es necesario repensar las formas en que convivimos y nos relacionamos con los otros y descartar esas expectativas desmesuradas sobre los efectos de castigar al otro.

–¿Cuáles serían estrategias útiles para resolver estos conflictos?

–Uno de los ejes es la relación con la comunidad y la metodología de generar mesas de diálogo, que es un proceso que tal vez lleve más tiempo, pero que va a tener resultados más fructíferos que dictando una sentencia coercitiva o un castigo.

–¿Qué objetivos se propone para la Defensoría?

–Tenemos una pluralidad de objetivos. Por un lado, consolidar institucionalmente la Defensoría y que esté presente en toda la Ciudad. La Defensoría tiene que estar en la calle, para que los ciudadanos sepan que la Defensoría está y que pueden acceder a ella. Por otro, que la Defensoría sea un elemento central en el ejercicio de los derechos y la integración social. La preocupación por los derechos sociales es algo inherente a nuestra cultura política y la forma de manifestarla es a través de garantizar esos derechos sociales. Se trata de una concepción muy diferente de la concepción liberal y conservadora de la Justicia.

Chile. Definitivamente, no somos iguales ante la ley

Luis Mesina M.

Rebelion

 

 

Chile es una sociedad claramente dividida en clases sociales  

 

Que el tan cacareado “Estado de Derecho” al que tanto recurren los poderosos y, que los presidentes Frei y Lagos se esforzaron en garantizar a cualquier precio con tal de dar “estabilidad” a los dueños de Chile, no es más que un ordenamiento político y jurídico que permite garantizar a cada cual “lo que se merece”: a los ricos, seguridad jurídica, económica y policial para mantener y seguir incrementando su ilegítima riqueza; y a los pobres, subsidios, represión y castigo para que no se subleven pidiendo justicia y mejores salarios. Frei, amparándose en el “Estado de Derecho” alegó “razones de Estado” para poner fin a la investigación que condenaba al hijo de Pinochet (“pinocheques”) a terminar en la cárcel; luego, por las mismas razones, movilizó todas las instituciones del Estado chileno, invirtiendo millones de dólares, para evitar que Pinochet fuera juzgado y condenado en Inglaterra. Igualmente, haciendo uso de las franquicias del “Estado de Derecho”, Lagos, desconociendo todo el historial de Horst Paulmann, que lo vinculaban a un pasado nazi, le otorgó la “nacionalidad por gracia”, y agregó: “ello, gracias a su tremendo aporte a Chile”. Paulmann es aficionado a destruir sindicatos, aplica permanentemente prácticas antisindicales pagando salarios de hambre, evade el pago de impuestos, etc. ¿Cuál es su aporte a Chile?.

Cuando se nos obliga a respetar el “Estado de Derecho”, lo que se busca es que los trabajadores no rompamos con el ordenamiento jurídico que ellos han diseñado y materializado para perpetuar su poder. Aparentemente, las leyes las promulgan desde el Ejecutivo y luego las sanciona el Legislativo. Eso es apariencia. La verdad, es que las leyes responden a correlaciones de fuerzas entre las clases sociales y se adecuan a contextos determinados. En nuestro país, la mayor parte de las leyes, especialmente las laborales, son funcionales al empresariado y se adaptan permanentemente a sus intereses. El mejor ejemplo es que en Chile negocia menos del 7% de la fuerza de trabajo. La ley de subcontratación, que permite la existencia de empresas como Azeta donde murió Juan Pablo, responde a las estrategias de las grandes compañías para bajar los costos, precarizando el empleo y bajando al máximo los salarios. En consecuencia, ninguna ley está hecha para favorecer los intereses de los desposeídos. Quienes han hecho las leyes en estos últimos 40 años, no han sido los gobernantes de turno, han sido los grandes empresarios: los Matte, los Luksic, Paulmann, Angelini, Yarur, etc. Son ellos quienes construyen la agenda y que los gobiernos aplican cautelando uno de sus principios esenciales en todas las áreas de la sociedad, el lucro y la iniciativa privada como fundamento de toda su filosofía.

Es falso, de falsedad absoluta, que todos “somos iguales”. La jerarquía eclesiástica que promueve este discurso, especialmente la Católica vinculada en estos años a las más horrendas conductas contra menores, se empeña en dictar cátedra sobre “moral” y trata de convencernos que somos todos iguales, ¿iguales en qué?- Por supuesto que en los ingresos no. Pero, además, tenemos distinta moral. Ellos creen en la explotación del hombre por el hombre; creen que el crecimiento personal es fruto del esfuerzo individual y no influye el contexto socio económico donde la persona nació. Nosotros, creemos que la riqueza es consecuencia del trabajo humano colectivo, en vinculación armoniosa y respetuosa con la naturaleza; ellos, no trepidan en destruirla si pueden obtener lucro; se apropian de la riqueza que nosotros generamos. Ellos creen en la salud, en la educación y en la previsión privada; nosotros en cambio, creemos que la salud, la educación y la previsión son derechos fundamentales irrenunciables que el Estado debe garantizar a todos los trabajadores, tanto en su vida activa como pasiva, independiente de su condición social, y que por tanto no puede estar sujeta al lucro. Ellos, creen en el individualismo y apoyan a sacerdotes vinculados a las más atroces y espurias conductas, como Karadima. Los trabajadores, creyentes o no, creen en lo colectivo, en el esfuerzo mancomunado y practican la solidaridad real como parte de su vida, con sus escuálidos ingresos. Ellos, solidarizan con cargo a franquicias tributarias como los hacen por ejemplo en la Teletón.

Huelga general en el sur de Europa el 14 de noviembre

O Brasil nunca realizou uma greve geral. Nunca jamais! Já imaginou uma greve geral no Cone Sul? Impossível. Até que a direita aprovaria no Mercosul. Para derrubar Cristina, Chávez, Dilma, e que arrastasse, na onda golpista, Evo Morales e Rafael Correa. Seria uma festa do PIG e da FTP – Família, Tradição e Propriedade. Igreja rezaria unida.

La decisión de los sindicatos en Grecia, Italia, Portugal, el Estado español, el sur de Chipre y Malta de llamar a una huelga general de un día como parte de un día de acción a nivel europeo contra la austeridad no tiene precedentes. Ofrece una magnífica oportunidad para unir la resistencia de las masas a los recortes y ataques a los derechos de los trabajadores y trabajadoras que se han venido desarrollando en toda Europa en los últimos dos años. También refleja la presión de los sindicalistas de base a sus dirigentes para que resistan.

Desde los años 30 no se había visto una crisis de tal magnitud. Los viciosos programas de austeridad impuestos por la troika han devastado millones de vidas. Los servicios públicos están a punto de colapsar en Grecia, mientras en el Estado español y Portugal van por el mismo camino.

Más que nunca hay una necesidad de generalizar la resistencia. Las protestas aisladas son claramente insuficientes, dada la gravedad de este asalto a la clase trabajadora. Las huelgas generales de un día pueden proporcionar un excelente foco para la movilización, más aún cuando se extienden a través de las fronteras y unen a todos los trabajadores en una lucha común.
Pero la huelga el 14N no puede ser un fin en sí mismo. Debe servir como un trampolín para la acción futura: huelgas sectoriales, ocupaciones, bloqueos y otras formas de protesta militante. También debe ser un paso hacia una movilización europea aún mayor.

La resistencia a la austeridad también debe ir acompañada de una respuesta política más general, la participación de colectivos como el movimiento Occupy y otras campañas de base. La ausencia de una política alternativa de izquierdas viable abrirá aún más las puertas a los nazis. Amanecer Dorado en Grecia es el ejemplo más claro de cómo los fascistas pueden construir una salida a la crisis. Pero no es el único, y la extrema derecha está ganando apoyos en estados como Francia, Hungría o el Estado español.

Necesitamos con urgencia un amplio movimiento socio-político en torno a demandas tales como el cese del pago de la deuda, impuestos a los ricos, no a los recortes, aumentar el salario mínimo, jubilación a los 60 años y la nacionalización de los bancos bajo control obrero y democrático. Esto se debe combinar con la oposición al racismo y al fascismo y por el cambio democrático. El movimiento Occupy vinculó la oposición a la austeridad con los llamamientos por el fin de los privilegios parlamentarios y con cambios que van al corazón del fraude de la democracia burguesa.