Los tribunales y el derecho penal internacional

por Hernán Hormazábal Malarée

 

cartazes direitos se conquistam

Al finalizar la II Guerra Mundial se constituyeron el Tribunal Militar Internacional de Nüremberg y en Tokio el Tribunal Penal Militar para el Lejano Oriente para juzgar a los responsables de los abominables crímenes que se cometieron en esa contienda. En la Carta del Tribunal de Nüremberg y en las sentencias de este Tribunal se establecieron las bases de un derecho penal internacional para la protección de los derechos humanos. En esa dirección se creó la categoría “crímenes contra la humanidad” en la que se comprenderían los comportamientos delictuales que afectan a los derechos humanos y se estableció el principio de responsabilidad individual de los autores de esos crímenes y la obligación de perseguirlos.

Después, un mandato de la Asamblea General de las Naciones Unidas a la Comisión de Derecho Internacional para que elaborara un documento en el que se plasmaran los fundamentos jurídicos de la responsabilidad penal internacional de los autores de crímenes internacionales dio lugar a que se formularan los llamados Principios de Nüremberg. En este texto, aprobado por la Comisión en el año 1950, se reconoce la existencia de delitos internacionales, es decir de delitos cuya existencia no depende de las legislaciones internas de los países y se establece la responsabilidad internacional de sus autores, cualquiera que sea su nacionalidad, el lugar donde hayan cometido el crimen y sin que puedan alegar inviolabilidades, inmunidades o cualquier otro privilegio de carácter personal.

Poco antes, en el año 1948, la Asamblea General adopta y deja abierta para la firma, ratificación o adhesión la Convención para la Prevención y Castigo del Crimen de Genocidio. Con este crimen se completaron las cuatro categorías que dan contenido al derecho penal internacional. El genocidio se sumó a los crímenes contra la humanidad o delitos de lesa humanidad, contra la paz y de guerra recogidos en los Principios de Nüremberg. Estas categorías delictuales, a su vez, fueron contempladas en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, conocido como Estatuto de Roma, en vigor desde el 1 de julio de 2002. Por eso se ha dicho, con razón, que en el Estatuto de Roma cristalizan delitos preexistentes que, con la excepción del genocidio que tiene carácter convencional, tienen su fuente en la costumbre internacional y los principios generales de derecho internacional.

En el Estatuto de Roma se concretan dentro de cada una de las mencionadas categorías las conductas específicas que son constitutivas, bien sea de genocidio, delito de lesa humanidad, de guerra o de agresión y se establece que el tribunal competente para investigar y enjuiciar a los responsables individuales será la Corte Penal Internacional. Pero junto con decir eso al mismo tiempo indica que ella será complementaria de las jurisdicciones penales nacionales. Al señalar el carácter complementario, el Estatuto está diciendo al mismo tiempo que la principal responsabilidad en la investigación, enjuiciamiento de los responsables y reparación de las víctimas la tienen los tribunales nacionales de los Estados parte del Estatuto.

Por eso, en el Art. 17 del Estatuto se dice que la Corte solo actuará si los tribunales nacionales no puedan o no estén dispuestos a hacerlo. De esta forma, se puede decir con propiedad que los tribunales ecuatorianos – Ecuador es un Estado parte del Convenio de Roma – no solo son competentes para aplicar derecho penal internacional sino que están obligados a hacerlo. Pero esta obligación internacional no solo lo es respecto de los delitos del Estatuto, sino que también alcanza a las llamadas graves violaciones de derechos humanos como lo ha establecido en numerosas sentencias la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La fuente de estas obligaciones se encuentra en los diferentes convenios internacionales de derechos humanos firmados por Ecuador que, de acuerdo con lo establecido en el Art. 11 de la Constitución del Ecuador, deben ser aplicados directa e inmediatamente por los tribunales. Estamos hablando, desde luego del Estatuto de Roma y también, entre otros textos, de la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio de 1948, de los llamados Pactos de Nueva York de 1966, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969. Todos estos textos obligan a los Estados, por tanto también a sus tribunales, a luchar contra la impunidad de los autores de estos crímenes. Como se dice en el Preámbulo del Estatuto de Roma: “es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales”.

 

30 de agosto: Día Internacional del Detenido Desaparecido

 

Por iniciativa de FEDEFAM (Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos) el 30 de agosto se conmemora el Día Internacional del Detenido Desaparecido.

Esta fecha constituye un aporte al fortalecimiento de la conciencia mundial sobre la persistencia de la práctica de la desaparición forzada de personas -catalogado como crimen de lesa humanidad por la OEA y la ONU. Se inscribe, asimismo, en el trabajo que los organismos de derechos humanos realizan para influir en las políticas publicas nacionales e internacionales con el objetivo de prevenir toda forma de autoritarismo y consolidar la vigencia de los derechos y libertades.

En la última sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Ginebra, 29 de junio de 2006) se aprobó el proyecto de Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

ONU: Resolución aprobada por la Asamblea General

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos humanos y libertades fundamentales,

Teniendo en cuenta la Declaración Universal de Derechos Humanos,

Recordando el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los otros instrumentos internacionales pertinentes de derechos humanos, del derecho humanitario y del derecho penal internacional,

Recordando también la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 47/133, de 18 de diciembre de 1992,

Conscientes de la extrema gravedad de la desaparición forzada, que constituye un delito y, en determinadas circunstancias definidas por el derecho internacional, un crimen de lesa humanidad,

Decididos a prevenir las desapariciones forzadas y a luchar contra la impunidad en lo que respecta al delito de desaparición forzada,

Teniendo presentes el derecho de toda persona a no ser sometida a una desaparición forzada y el derecho de las víctimas a la justicia y a la reparación,

Afirmando el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de una desaparición forzada y la suerte de la persona desaparecida, así como el respeto del derecho a la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones a este fin,

Han convenido en los siguientes artículos:

 

Rafael Correa: Ecuador no aceptará presiones como la hecha por el Reino Unido

 

El presidente Rafael Correa afirmó este sábado que Ecuador no aceptará presiones como la hecha por el Reino Unido al país tras la concesión soberana del asilo diplomático al periodista australiano Julian Assange.

“No saben con quién están tratando, pensaron que nos iban a amedrentar”, dijo el Primer Mandatario.

Correa  calificó de “intolerable e inaceptable” la advertencia del Reino Unido y cuestionó que ese gobierno aluda a una ley interna que lo facultaría para invadir la legación diplomática y la cual contradice los tratados internacionales al respecto.

Aclaró que la amenaza se hizo de manera “directa” y para ello leyó el comunicado del gobierno británico enviado un día antes de anunciarse la decisión de conceder el asilo.

“¡Qué desubicados! ¿Con quién creen que están hablando?. No se han dado cuenta que aquí hay un gobierno soberano, digno representante de un pueblo que no se arrodilla ante nadie”, puntualizó el Mandatario.

El secretario del Presidente, Gustavo Jalkh, expuso que el Reino Unido distorsiona el sentido de su propia ley interna sobre la cual argumentó su facultad para ingresar en Embajada ecuatoriana, ya que ésta señala que la incursión sería para proteger al gobierno allí representado.

De acuerdo con Jalkh, las autoridades británicas estarían atentando a los principios del derecho internacional contenidos en la Carta de la ONU, en contra de la buena fe de las naciones, rubricada por los gobiernos del mundo en esos textos.

“Jamás, al menos mientras yo sea presidente, Ecuador aceptará amenazas como la que en forma totalmente grosera, desconsiderada (e) intolerable presentó Gran Bretaña esta semana”, reiteró el Jefe de Estado.

“Nosotros no vamos a claudicar nuestra soberanía. Respetando a todos, buscando siempre el diálogo pero finalmente decidiendo nosotros, ejerciendo nuestra soberanía, tomaremos decisiones dignas y soberanas”, añadió.

Escreve Sally Burch:

Es conocido que en EEUU, la “guerra contra el terrorismo” lanzada por el gobierno de George W. Bush ha significado un deterioro progresivo de los derechos civiles, que en buena parte se mantiene con la administración Obama. Por ello, es bastante creíble que Assange podría incurrir el riesgo de indefensión y atentado a sus derechos en caso de ser extraditado a ese país, donde, según alega, un gran jurado estaría preparando en secreto un juicio en su contra por la publicación de miles de documentos internos de las misiones diplomáticas. A la vez, no deja de ser insólito que el gobierno de Reino Unido haya amenazado con violar la inmunidad diplomática de la embajada de Ecuador en Londres para detener a Assange, apoyado en una ley interna (lo cual implicaría desconocer el derecho internacional); si bien luego el canciller William Hague lo descartó, ante las reacciones desatadas.
Lo que no cabe duda es que para un Estado como el Reino Unido, le debe resultar una afrenta intolerable que un pequeño e insignificante país del Sur, como Ecuador, pueda darle lecciones en materia de derechos humanos.

Baltasar Garzón: “Si entran en la Embajada ecuatoriana quebrantarían la normativa internacional”

por JJ Velasco

Un buen número de personas tiene sus ojos puestos en Londres y más concretamente en la misión diplomática de Ecuador en el Reino Unido, lugar en el que se encuentra Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, desde que acudió a pedir un asilo político que le ha sido concedido. La concesión del asilo político podría generar un gran conflicto diplomático entre Ecuador y Reino Unido puesto que éste último ha avanzado que no permitirá que Assange salga libre del país y se rumoreaban planes de asalto a Embajada de Ecuador (que legalmente se reconoce como suelo ecuatoriano). Ante esta situación, buena parte de las miradas se han centrado en Baltasar Garzón que, desde finales de julio, está al cargo de la defensa de Assange y WikiLeaks y ha realizado unas breves declaraciones para la Cadena Ser de España.

La situación de “bloqueo policial” a la que se ha sometido a la Embajada de Ecuador llama mucho la atención, máxime cuando se rumorea que existen planes de asalto y que Reino Unido no permitirá que Assange “escape” del país. Baltasar Garzón, precisamente, ha matizado esta “huída” que achaca Reino Unido indicando que Assange no se va a escapar y que no entienden tal movilización de efectivos porque la concesión del asilo político obliga a Reino Unido a conceder un salvoconducto y facilitar el traslado de Assange a Ecuador:

Desde el punto de vista de la defensa, entendemos que las únicas obligaciones que de acuerdo con la legislación internacional aplicable debe cumplir es otorgar un salvoconducto y posibilitar la salida del señor Assange hacia territorio ecuatoriano. Eso es lo que creemos y eso es lo que vamos a defender y pedir, y si no es así, comienza una andadura legal complicada que puede llevar a optar la reclamación en La Haya

Según comentó Garzón a la Cadena Ser, la concesión del asilo político ha sido comunicada debidamente a Embajada de Reino Unido en Ecuador y donde la documentación adjunta expone los motivos que ha encontrado Ecuador para dar este status a Assange y reconocer que es fruto de una persecución de carácter político.

Sobre la amenaza de Reino Unido de entrar en la Embajada “al asalto” en virtud de una ley nacional que se lo permite, Garzón ha manifestado que Reino Unido debe dispensar a la Embajada de Ecuador, por coherencia, el mismo trato que ellos piden para sus propias misiones diplomáticas:

No me atrevo a pensar que lo podría hacer, pues quebrantaría la normativa internacional y los propios precedentes de apoyo que ellos mismos pidieron y le fueron concedidos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el 29 de noviembre de 2011, cuando su embajada en Irán fue invadida, ahí estableció la inviolabilidad absoluta de las embajadas.