Colombia, el goteo incesante de la desaparición forzada

Acto para exigir justicia y verdad en el caso de desaparecidxs en Bogotá.
Acto para exigir justicia y verdad en el caso de desaparecidxs en Bogotá

 

Hoy se celebra el día internacional de lucha contra la desaparición forzada. Guatemala, Argentina o Chile están en la memoria colectiva latinoamericana como escenarios donde la justicia a los desaparecidos aún está pendiente. Mientras, México y Colombia siguen desangrándose con unas prácticas criminales que no cesan. Sólo en lo que va de año, Colombia suma 2.959 personas desaparecidas.

Las cifras siempre son injustas con las víctimas y con sus familiares, auténticos sujetos de derechos que buscan activamente el rastro de los detenidos desaparecidos o de los desaparecidos sin clasificar. Y las cifras y registros son injustos porque categorizan pero desdibujan rostros.

Por ejemplo, los rostros de los activistas de derechos humanos Ángel José Quintero y Claudia Patricia Monsalve, ambos parte de laAsociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes) en Antioquia y desaparecidos el 6 de octubre del año 2000. Los registros aseguran que fueron ‘sólo’ 2 de los 3.000 desaparecisos ese año en Colombia. No opinan igual sus familias, sus amigos, sus compañeros de activismo. En este caso es bastante evidente la relación entre la detención-desaparición y las escuchas ilegales que practicaba la unidad militar al mando del general (r) Mauricio Santoyo. El ex jefe de seguridad de Álvaro Uribe cuando éste era presidente está detenido ahora en Estados Unidos  y que ha confesado con detalles su relación con los paramilitares.  Por eso, Asfaddes y los familiares de estos dos desaparecidos con rostro exigen que se investigue de una vez por todas el papel del Gaula, la unidad “antisecuestro”, en Antioquia en este caso.

Los registros y las informaciones periodísticas también pueden ser engañosos. Primero porque hasta la promulgación de la ley 589 del año 2000 la desaparición forzada no era delito en Colombia y, por tanto, no había registros oficiales, sino listados realizados por las asociaciones de derechos humanos. Segundo, porque los datos fríos y globales esconden realidades puntuales y hechos de esta guerra interminable.

Lo que sí se puede afirmar revisando la información disponible es que hay una clara relación directa entre los años de fuerte presencia paramilitar (que todavía vivimos) y la desaparición forzada. De hecho, para el Movice, “la desaparición forzada es el crimen de lesa humanidad ‘preferido’ por los paramilitares”. “Algunos paramilitares han confesado que la desaparición forzada, como método generalizado de terror,  tenía una intención adicional ordenada por los militares: bajar las cifras de homicidios y masacres que estaban generando serios señalamiento de la comunidad internacional por los informes y denuncias de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales”, asegura el Movice en un informe denominadoGénesis de la Desaparición Forzada en Colombia.

Las declaraciones de los jefes paramilitares que se acogieron a la denominada Ley de Justicia y Paz (el parcial y cuestionado proceso de desmovilización impulsado por Uribe) sí han permitido avanzar en un criticado calendario de exhumaciones de fosas comunes. Los organismos de derechos humanos critican que se haya hecho de forma poco transparente para los familiares de las víctimas y que no se les haya tratado como sujetos de derecho. Aún así. la Fiscalía de la Nación ha realizado casi 3.000 exhumaciones y ha localizado –que no identificado- unos 3.500 cadáveres. De éstos, sólo ha sabido entregar hasta el momento unos 1.700 cuerpos (entre 2007 y 2012). El proceso va demasiado lento por la falta de recursos económicos y humanos, lo traumático de las exhumaciones y el miedo de muchos familiares de víctimas (ya que muchos victimarios siguen libres o forman parte de las estructuras del Estado).

Desaparición forzada, un mecanismo represivo que, inaugurado por los nazis, sigue aplicándose

Cuando en 1942 el mariscal Keitel – ministro del Interior de Hitler – ordenó a las fuerzas alemanas en el extranjero el ocultamiento del paradero y destino final de los prisioneros de forma tal que “se perdieran como en la noche y en la niebla” (imagen que hizo conocer ese decreto como “Noche y Niebla”), estaba inaugurando una forma de represión propia de la época contemporánea: la desaparición forzada de personas (DF). Desde entonces, se da en un contexto represivo, de indefensión, acompañando otros crímenes de lesa humanidad como las ejecuciones extrajudiciales y las torturas.

Terminada la Segunda Guerra Mundial, la DF pasó a engrosar el menú represivo de la contrainsurgencia. Fue practicada sobre los pueblos que llevaban adelante la lucha anticolonialista (la practicó Francia en Vietnam y Argelia), o antidictatorial, por ejemplo en América Latina (AL), o simplemente reivindicativas en regímenes democráticos (México, Perú).

Era la época de la “guerra sucia” en la AL de la Doctrina de la Seguridad Nacional, del combate al gran enemigo del momento: el comunismo. La etapa en que todo opositor que no compartiera las ideas del sistema era llamado (lo fuera o no) “comunista” y por ende era enemigo. Su marco internacional era la Guerra Fría, un estado de equilibrio entre las dos superpotencias de la época, en torno al cual el mundo se dividió en áreas de influencia, y en el que se conformaron las respectivas alianzas militares (OTAN y Pacto de Varsovia) que garantizaban la paz en sus metrópolis y se trazaban “fronteras ideológicas” resguardadas por los arsenales nucleares.

No obstante, durante la Guerra Fría ambos bloques protagonizaron episodios bélicos como las invasiones a países en Europa Oriental por parte de la URSS, la guerra de Vietnam (Francia y luego EEUU) y las múltiples intervenciones en AL por EEUU con las consecuencias que todos conocemos. Las Fuerzas Armadas y de Seguridad de AL fueron instruidas en esta contrainsurgencia. La Escuela de las Américas (hasta 1984 instalada en la zona del Canal de Panamá) dictaba cursos permanentemente y los asesores de seguridad recorrían el hemisferio, al tiempo que las agencias de inteligencia prosperaban.

Fueron nuestros años tenebrosos. AL perdió decenas de miles de personas, vio distorsionado el desarrollo de sus sociedades y saqueados sus países.

El concepto de terrorista, más ambiguo aún que el de comunista, se usa con una enorme amplitud, pero en el fondo sólo quiere decir “el que está contra mí”, ya sea Estado, organización política, civil o persona. “Contra mí” quiere decir “contra mis intereses”.

El eje del mal es una definición lo suficientemente vaga como para “justificar” cualquier acción militar en cualquier lugar del mundo. Ya sea para cooperar con la población de los estados fallidos o para reforzar sus gobiernos o sustituirlos. Han cambiado las características de la guerra y de la injerencia. Pero las nuevas guerras incorporan las viejas formas de violar los DDHH: los asesinatos, las torturas, la DF, aunque tiendan a enmascarar al Estado como responsable último.

En AL, donde los grupos guerrilleros han pasado de comunistas a terroristas, donde se agregó la “guerra contra el narcotráfico” y la combinación narcoterrorista, están en marcha dos planes: Colombia (2000) y México (2006). Se han registrado decenas de miles de víctimas y la DF campea por esos países.

Nos queda denunciar, solidarizarnos y difundir estas realidades para que todos los ciudadanos sigamos atentamente la política exterior, militar y de seguridad que llevan nuestros Estados. Sabemos que AL está en proceso de siembra de bases, que los cuerpos especializados están instruyendo a personal nativo, que se están usando mercenarios y que los paramilitares “buenos” proliferan impunemente. Trabajar contra la DF no es tener ojos en la nuca, es tener información del presente y prever el futuro.

En materia de violaciones a los DDHH, sus daños conllevan:

• Desapariciones forzadas. El representante del alto comisionado de la ONU para los DDHH en Colombia, Christian Salazar, informó el 18 de agosto: “Colombia es uno de los países en América Latina y en el mundo con más desaparecidos”, y agregó que “décadas de conflicto armado interno y de persecución estatal” han dejado “miles y miles de desaparecidos y con ello un sufrimiento prolongado de sus familias”. Sobre las más de 16.600 desapariciones forzadas, explicó que fueron “cometidas por agentes del Estado y fuerzas paramilitares que colaboraban con ellos”.

• Desplazamientos forzados. Más de cuatro décadas de conflicto armado interno -que tiene por centro la pugna entre modelos de propiedad y explotación de las riquezas naturales- han dejado cuatro millones de desplazados. La población civil, campesinos, comunidades indígenas y afrodescendientes son víctimas vulnerables, simplemente por el valor y la riqueza que encierran sus tierras para megaproyectos de explotación de empresas transnacionales, o por ser consideradas estratégicas para la lucha contrainsurgente. Este despeje de territorios se impone a comunidades enteras, conllevando masacres, desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias, torturas, bombardeos indiscriminados, acciones de una guerra que se justifica en la destrucción de las supuestas “bases sociales” de apoyo a la guerrilla y/o en la lucha contra el narcotráfico, desplazando, asimismo, los mecanismos de control social.

• Falso positivo. Desde el accionar de las FFAA emerge una de las figuras de los albores de este siglo XXI en Colombia: el falso positivo. Esta verdadera escenografía del horror, enmarcada en una política de eficiencia de las fuerzas de seguridad, ejecuta a miembros de la población civil, presentados como supuestos combatientes abatidos. El relator de las Naciones Unidas para las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias, Philip Alston, en su informe sobre Colombia -junio de 2009- afirma: “Las fuerzas de seguridad han perpetrado una cantidad impresionante de asesinatos premeditados de civiles y han presentado de manera fraudulenta a los civiles como ‘muertos en combate’. Sin embargo, es claro que si bien los así llamados ‘falsos positivos’ no fueron asumidos como objeto de una política de Estado, tampoco ocurrieron como casos aislados. Los asesinatos […] Se dieron porque las unidades militares se sintieron presionados a mostrar resultados exitosos contra las guerrillas mediante el número de muertos”.

• Biodiversidad e inversión. Las políticas del PC orientadas a la implementación de capitales extranjeros en el país conducen a la afectación de derechos esenciales, a la apropiación de las riquezas naturales e incluso atentan contra su sustentabilidad ecológica. Se implementa así el monocultivo de palma africana13 -sustituto de cultivos “ilícitos”- para producir biodiésel y etanol y venderlo a EEUU libre de aranceles en el marco del TLC entre ambos países. Hoy esta producción ocupa 7,8% del territorio cultivable (350.000 hectáreas), pero se proyecta potencialmente a 3.352.000. Este megaproyecto, al igual que la hidroeléctrica del río Ranchería y las explotaciones mineras, requiere territorios despejados que se obtienen generando desplazamientos forzados. Las comunidades ven así afectadas sus formas tradicionales de cultivo y subsistencia, pero además la fumigación sistemática de vastas zonas con el fin de la eliminación de los cultivos ilegales elimina indiscriminadamente otras riquezas y contamina fuentes fluviales – con sus consecuentes secuelas sanitarias.
(Transcrevi trechos)

30 de agosto: Día Internacional del Detenido Desaparecido

 

Por iniciativa de FEDEFAM (Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos) el 30 de agosto se conmemora el Día Internacional del Detenido Desaparecido.

Esta fecha constituye un aporte al fortalecimiento de la conciencia mundial sobre la persistencia de la práctica de la desaparición forzada de personas -catalogado como crimen de lesa humanidad por la OEA y la ONU. Se inscribe, asimismo, en el trabajo que los organismos de derechos humanos realizan para influir en las políticas publicas nacionales e internacionales con el objetivo de prevenir toda forma de autoritarismo y consolidar la vigencia de los derechos y libertades.

En la última sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Ginebra, 29 de junio de 2006) se aprobó el proyecto de Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

ONU: Resolución aprobada por la Asamblea General

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos humanos y libertades fundamentales,

Teniendo en cuenta la Declaración Universal de Derechos Humanos,

Recordando el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los otros instrumentos internacionales pertinentes de derechos humanos, del derecho humanitario y del derecho penal internacional,

Recordando también la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 47/133, de 18 de diciembre de 1992,

Conscientes de la extrema gravedad de la desaparición forzada, que constituye un delito y, en determinadas circunstancias definidas por el derecho internacional, un crimen de lesa humanidad,

Decididos a prevenir las desapariciones forzadas y a luchar contra la impunidad en lo que respecta al delito de desaparición forzada,

Teniendo presentes el derecho de toda persona a no ser sometida a una desaparición forzada y el derecho de las víctimas a la justicia y a la reparación,

Afirmando el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de una desaparición forzada y la suerte de la persona desaparecida, así como el respeto del derecho a la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones a este fin,

Han convenido en los siguientes artículos:

 

Verdadeiros juízes exigem o esclarecimento dos casos de tortura, mortes, desaparecimentos forçados e ocultação de cadáveres pela ditadura militar

 

Manifesto Assinado por Juízes pela Comissão da Verdade

 

Nós, juizas e juizes brasileiros, exigimos que o país quite a enorme dívida que possui com o seu povo e com a comunidade internacional, no que diz respeito à verdade e justiça dos fatos praticados pela ditadura militar, que teve início com o golpe de 1964.

A Comissão da Verdade, criada por lei, é mecanismo que deve contribuir para melhorar o acesso à informação e dar visibilidade às estruturas da repressão, reconstruindo o contexto histórico das graves violações humanas cometidas pela ditadura militar e promover o esclarecimento dos casos de tortura, mortes, desaparecimentos forçados e ocultação de cadáveres.

Estamos certos, como decidido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que “as atividades e informações que, eventualmente, recolha (a Comissão de Verdade), não substituem a obrigação do Estado de estabelecer a verdade e assegurar a determinação judicial de responsabilidades”.

Manifestações que buscam cobrir as violações cometidas sob o manto da ignorância são um golpe para os direitos humanos e afrontam o patamar da dignidade humana estabelecido na Constituição Federal e normativa internacional. Todos e todas têm o direito de saber o que ocorreu em nosso país, tarefa que compete à Comissão da Verdade, a ser composta por pessoas comprometidas com a democracia, institucionalidade constitucional e direitos humanos.

Aguardamos que a Comissão da Verdade seja constituída o quanto antes, devidamente fortalecida e com condições reais para efetivação do seu mister.

Jorge Luiz Souto Maior – SP

João Ricardo dos Santos Costa – RS

Kenarik Boujikian Felippe – SP

Alessandro da Silva- SC

Marcelo Semer- SP

André Augusto Salvador Bezerra – SP

Gerivaldo Neiva – BA

Roberto Luiz Corcioli Filho – SP

Aluísio Moreira Bueno – SP

Carlos Frederico Braga da Silva – MG

Angela Maria Konrath – SC

Fernanda Menna Pinto Peres – SP

Adriano Gustavo Veiga Seduvim – PA

Rubens Roberto Rebello Casara – RJ

Mauro Caum Gonçalves – RS

Roberto Arriada Lorea – RS

Alexandre Morais da Rosa – SC

João Batista Damasceno – RJ

Marcos Augusto Ramos Peixoto – RJ

Lygia Maria de Godoy Batata Cavalcanti – RN

Luís Carlos Valois Coelho – AM

Dora Martins – SP

José Henrique Rodrigues Torres – SP

Andréa Maciel Pachá – RJ

Maria Coeli Nobre da Silva – PB

Ruy Brito – BA

Paulo Augusto Oliveira Irion – RS

Amini Haddad – MT

Geraldo Prado – RJ

Michel Pinheiro – CE

Alberto Alonso Muñoz – SP

Julio José Araujo Junior – RJ

Fernando Mendonça – MA

André Luiz Machado – PE

Grijalbo Fernandes Coutinho – DF

Fábio Prates da Fonseca – SP

Marlúcia de Araújo Bezerra – CE

Maria das Graças Almeida de Quental – CE

Rodolfo Mário Veiga Pamplona Filho – BA

Weliton M. dos Santos – MG

Célia Regina Ody Bernardes – MT

Oscar Krost – SC

Adriana Ramos de Mello – RJ

José Roberto Furquim Cabella – SP

Maria Cecília Alves Pinto – MG

Sergio Renato Domingos – SC

Mário Soares Caymmi Gomes – BA

Fábio Henrique Rodrigues de Moraes Fiorenza – MT

Jeferson Schneider – MT

Eduardo Vandré Oliveira Lema Garcia – RS

Lucas Vanucci Lins – MG

Douglas de Melo Martins – MA

Alberto Silva Franco – SP

Fernanda Souza P. de Lima Carvalho – SP

Cristiana de Faria Cordeiro – RJ

Umberto Guaspari Sudbrack – RS

Erico Araújo Bastos – BA

Edson Souza – BA

Amilton Bueno de Carvalho – RS

José Augusto Segundo Neto – PE

Salem Jorge Cury – SP

Rita de Cássia M. M. F. Nunes – BA

José Viana Ulisses Filho – PE

Milton Lamenha de Siqueira – TO

Maria da Graça Marques Gurgel – AL

Luiz Alberto de Vargas – RS

João Marcos Buch – SC

Ivani Martins Ferreira Giuliani – SP

Maria Cecilia Fernandes Alvares Leite – SP

Saint-Clair Lima e Silva – SP

Magda Barros Biavaschi – RS

Bernardo Nunes da Costa Neto – PE

Beatriz de Lima Pereira – SP

Rodolfo Mário Veiga Pamplona Filho – BA

Edvaldo José Palmeira – PE

Denival Francisco da Silva – GO

Maria Madalena Telesca – RS

Reginaldo Melhado – PR

Ana Claudia Petruccelli de Lima- PE

Albérico Viana Bezerra – PB

Carlos Eduardo Oliveira Dias  – SP

Ana Paula Alvarenga Martins – SP

Theodomiro Romeiro dos Santos – PE

José Tadeu Picolo Zanoni – SP

Maria Sueli Neves Espicalquis – SP

Sandra Miguel Abou Assali Bertelli -SP

Luís Christiano Enger Aires – RS

Carmen Izabel Centena Gonzalez – RS

Rute dos Santos Rossato – RS

Reno Viana  –  BA

Orlando Amâncio Taveira – SP

André Luis de Moraes Pinto – RS

Norivaldo de Oliveira – SP

Eugênio Couto Terra – RS

Denise Oliveira Cezar – RS

Helder Luís Henrique Taguchi – PR

Sérgio Mazina Martins – SP

Eugênio Facchini Neto –  RS

Gilberto Schäfer – RS

Rodrigo de Azevedo Bortoli – RS

André Luis de Moraes Pinto – RS

Paulo da Cunha Boal – PR

Laura Benda – SP

Joana Ribeiro Zimmer – SC

Bráulio Gabriel Gusmão – PR

Graça Carvalho de Souza – MA

Andrea Saint Pastous Nocchi – RS

Fernando de Castro Faria – SC

Dyrceu Aguiar Dias Cintra Junior – SP

Angélica de Maria Mello de Almeida – SP

Andréia Terre do Amaral – RS

Fabiana Fiori Hallal – RS

Maria Lucia Boutros Buchain Zoch Rodrigues – RS

Laura Borba Maciel Fleck – RS

Luís Fernando Camargo de Barros Vidal – RS

Régis Rodrigues Bonvicino – SP

Luis Manuel Fonseca Pires – SP

Carlos Vico Mañas  – SP

Mylene Gloria Pinto Vassal –  RJ

Leonardo Vieira Wandelli – PR

Luiza Barros Rozas – SP

Ana Izabel Ferreira Bertoldi- SP

Carlos Moreira De Luca – SP

Marcia Malvar Barambo –RJ

Hugo Cavalcanti Melo Filho – PE

Arnaldo Boson Paes – PI

Andréa Saint Pastous Nocchi – RS

Fabiola Amaral – SP

Cláudia Regina Reina Pinheiro – SP

José Carlos Arouca –  SP

Ione Salin Gonçalves

Siro Darlan de Oliveira – RJ

André Tredinnick  -RJ

Gustavo Tadeu Alkmim –  SP

Valdete Souto Severo – RS

Damir Vrcibradic – RJ

Claudia Marcia de Carvalho Soares – RJ

Cláudia Regina Reina Pinheiro – RJ

Silvio de Albuquerque Mota – CE

Tereza Cristina de Assis Carvalho – RN