Assaltantes treinados pela indústria do espetáculo

EXPLOSÃO OCULTA
por Nei Duclós

 

Sem a literatura, o espírito acaba
entrando para as gangs de rua
quadrilhas da religião e da política
assaltantes treinados pela indústria
do espetáculo. ladrões do dinheiro
público, fundamentalistas crônicos
burros com pose de malandros
idiotas em cargos importantes

Sem a literatura, o coração seca
antes do corpo e afunda no mar
da mediocridade explícita, a falta
do amor expressa em cegueira
Não que os livros nos salvem
do destino humano de perder
todas as batalhas ou nos circundem
de uma aura santa, nada disso

A sintonia com almas mediúnicas
nos transporta para outro mundo
este mesmo, mas sem as camadas
que nos tolhem a vista. Revela o sol
que há na lua, a seiva com espuma
a flor de milagrosa cura, a arte
que teus olhos contemplam, musa
e geram a explosão oculta, a poesia

 

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Dos verdadeiros e grandes poetas, o dom da linguagem profética de Nei Duclós

 

Indultos, nunca mas! “Para que no se pueda volver atrás”

Por Irina Hauser

 

 

DITADURA NUNCA MAIS

Horacio Pietragalla, diputado del Frente para la Victoria, explica las razones por las que quiso impulsar el proyecto para limitar por ley la facultad del Poder Ejecutivo de indultar, amnistiar o conmutar penas a los involucrados en crímenes de lesa humanidad. Después de todo lo logrado en los juicios por los crímenes dictatoriales, advierte, “puede pasar que venga un próximo presidente e indulte”. El número cada vez mayor de cómplices civiles, a su entender, aumenta ese riesgo.

–¿Por qué hace falta una ley? ¿No alcanza con los fallos de inconstitucionalidad de la Corte Suprema?

–Es para garantizar que no se pueda volver atrás con los juicios que han avanzado. Los fallos son para el caso al que aluden y no son de aplicación general; aunque estén fundados en tratados internacionales en materia de derechos humanos que son obligatorios para nosotros, es necesario que sus principios estén reflejados en una ley programática de acuerdo con los estándares que fijó la Corte. La Constitución establece la facultad de indultar del Poder Ejecutivo, y también prevé limitaciones, aunque hasta ahora no ha sido contemplada legislativamente la que atañe a los delitos de lesa humanidad. El objetivo es que no se pueda indultar a ninguno de los genocidas que fueron o están siendo juzgados y de ese modo no obstaculizar la persecución, investigación y sanción de las violaciones a los derechos humanos, como dicen los pactos que la Argentina suscribe.

–¿El proyecto está fundado en algún temor específico de que pueda haber indultos?

–Si no hay una ley, puede pasar que venga un próximo presidente e indulte. El temor de que alguien pueda intentar hacerlo, está. Y no son sólo los militares que nos preocupan sino que cada vez se descubren más cómplices civiles, complicidad económica, eclesiástica, judicial. Cada vez más causas judiciales los involucran. Son grupos que pueden llegar a ejercer fuerte influencia. Los grupos económicos que se favorecieron con la dictadura, por ejemplo, podrían salir a bancar a algún candidato y que haya devolución de favores. En materia de derechos humanos ha habido un gran esfuerzo judicial, salvando excepciones de jueces reacios a tramitar estos casos por tener intereses en juego. Es inimaginable tener que empezar de nuevo si hay indultos o amnistías, y tener que llegar hasta la Corte. Queremos evitar judicializar conflictos en torno a este tema.

–Entre los civiles involucrados en causas de lesa humanidad que usted imagina que podrían propiciar devolución de favores, ¿en quiénes está pensando?

–Se me vienen a la cabeza muchos nombres: la investigación contra Carlos Blaquier sobre los desaparecidos del Ingenio Ledesma; las complicidades de Loma Negra, aunque la principal empresaria (Amalia Lacroze de Fortabat) murió; Vicente Massot del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca; los socios de Papel Prensa. Ahora, quienes sean sospechosos en un juicio abierto, no podrán tener ningún beneficio. Además, como decimos en el proyecto, también en función de los pactos, las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura se deben poder perseguir todo el tiempo necesario y con retroactividad.

 

A morte não faz ninguém santo. Corrupto sempre corrupto.

Quem tem medo de plebiscito e referendo?

O POVO QUER.

QUEM NÃO QUER PLEBISCITO E REFERENDO?

OS TOGADOS QUE PROÍBEM  MANIFESTAÇÕES DE RUA.

OS GOVERNADORES QUE JOGAM OS CACHORROS E AS BESTAS DA CAVALARIA MONTADA CONTRA O POVO.

OS HEDIONDOS PEQUENOS CÉSARES QUE MANDAM A POLÍCIA ATIRAR BALAS DE BORRACHA E BALAS DE CHUMBO, E JOGAR BOMBAS DE GÁS LACRIMOGÊNEO NAS MULTIDÕES.

TEMOS GOVERNADORES, E ATÉ PREFEITOS DE MERDA, QUE COMPRARAM E USAM CANHÕES SÔNICOS.

É O ETERNO BRASIL DO PRENDE E ARREBENTA. 

 

 

 

 

 

 

La Asociación de Magistrados se mueve como si fuera un nuevo partido político, el judicial, cuya única idea visible es la defensa ciega de determinados colegas y de privilegios insostenibles

Por Javier Augusto De Luca

Pavel Constantin

 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes con el fin presentar mi renuncia a la Asociación.

La razón de mi renuncia es estrictamente social, y la motivan estas últimas noticias, que vienen a ser las gotas que rebasaron el vaso, porque se enmarcan en la misma concepción de una larga lista de expresiones que viene tomando la conducción de nuestra institución, totalmente extraña al objeto social y a la razón de ser de una asociación de magistrados y funcionarios. Esas acciones consisten en enfrentar a unos socios contra los otros, en lugar de trabajar para concebir la AMyFJN como un espacio de contención, de encuentro y de discusión, que acoja a todos los sectores con ideologías diferentes. La conducción se mueve como si la Asociación fuera un nuevo partido político, el judicial, cuya única idea visible es la defensa ciega de determinados colegas y de privilegios insostenibles en una democracia del 2013, ya que, en nombre de la representación que ostentan, aceptan o denuestan políticas de Estado (no del gobierno de turno) al que en realidad debemos servir, como si los jueces tuviesen algún tipo de competencia en la sanción y promulgación de la leyes que son el producto de la soberanía popular. Todas las expresiones de esta conducción siempre se reducen al mismo patrón, la defensa de los intereses de quienes pertenecen al círculo áulico de su dirección, sin reparar en que muchos de los socios piensan distinto y que se sienten ofendidos por los “comunicados” y acciones emprendidas. Por ejemplo, los funcionarios abogados y los fiscales y defensores oficiales, todos abogados, no podíamos votar para candidatos a consejeros de la magistratura, pese a que ese órgano ejercía el cogobierno del poder del Estado, el Judicial, en el que trabajamos o ante el que actuamos. O también, en muchas ocasiones desplegaron la defensa de colegas sin reparar en que habían sido denunciados por otros magistrados o funcionarios también socios, especialmente por la participación de aquéllos en delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado. Leer más

Los tribunales y el derecho penal internacional

por Hernán Hormazábal Malarée

 

Al finalizar la II Guerra Mundial se constituyeron el Tribunal Militar Internacional de Nüremberg y en Tokio el Tribunal Penal Militar para el Lejano Oriente para juzgar a los responsables de los abominables crímenes que se cometieron en esa contienda. En la Carta del Tribunal de Nüremberg y en las sentencias de este Tribunal se establecieron las bases de un derecho penal internacional para la protección de los derechos humanos. En esa dirección se creó la categoría “crímenes contra la humanidad” en la que se comprenderían los comportamientos delictuales que afectan a los derechos humanos y se estableció el principio de responsabilidad individual de los autores de esos crímenes y la obligación de perseguirlos.

Después, un mandato de la Asamblea General de las Naciones Unidas a la Comisión de Derecho Internacional para que elaborara un documento en el que se plasmaran los fundamentos jurídicos de la responsabilidad penal internacional de los autores de crímenes internacionales dio lugar a que se formularan los llamados Principios de Nüremberg. En este texto, aprobado por la Comisión en el año 1950, se reconoce la existencia de delitos internacionales, es decir de delitos cuya existencia no depende de las legislaciones internas de los países y se establece la responsabilidad internacional de sus autores, cualquiera que sea su nacionalidad, el lugar donde hayan cometido el crimen y sin que puedan alegar inviolabilidades, inmunidades o cualquier otro privilegio de carácter personal.

Poco antes, en el año 1948, la Asamblea General adopta y deja abierta para la firma, ratificación o adhesión la Convención para la Prevención y Castigo del Crimen de Genocidio. Con este crimen se completaron las cuatro categorías que dan contenido al derecho penal internacional. El genocidio se sumó a los crímenes contra la humanidad o delitos de lesa humanidad, contra la paz y de guerra recogidos en los Principios de Nüremberg. Estas categorías delictuales, a su vez, fueron contempladas en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, conocido como Estatuto de Roma, en vigor desde el 1 de julio de 2002. Por eso se ha dicho, con razón, que en el Estatuto de Roma cristalizan delitos preexistentes que, con la excepción del genocidio que tiene carácter convencional, tienen su fuente en la costumbre internacional y los principios generales de derecho internacional.

En el Estatuto de Roma se concretan dentro de cada una de las mencionadas categorías las conductas específicas que son constitutivas, bien sea de genocidio, delito de lesa humanidad, de guerra o de agresión y se establece que el tribunal competente para investigar y enjuiciar a los responsables individuales será la Corte Penal Internacional. Pero junto con decir eso al mismo tiempo indica que ella será complementaria de las jurisdicciones penales nacionales. Al señalar el carácter complementario, el Estatuto está diciendo al mismo tiempo que la principal responsabilidad en la investigación, enjuiciamiento de los responsables y reparación de las víctimas la tienen los tribunales nacionales de los Estados parte del Estatuto.

Por eso, en el Art. 17 del Estatuto se dice que la Corte solo actuará si los tribunales nacionales no puedan o no estén dispuestos a hacerlo. De esta forma, se puede decir con propiedad que los tribunales ecuatorianos – Ecuador es un Estado parte del Convenio de Roma – no solo son competentes para aplicar derecho penal internacional sino que están obligados a hacerlo. Pero esta obligación internacional no solo lo es respecto de los delitos del Estatuto, sino que también alcanza a las llamadas graves violaciones de derechos humanos como lo ha establecido en numerosas sentencias la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La fuente de estas obligaciones se encuentra en los diferentes convenios internacionales de derechos humanos firmados por Ecuador que, de acuerdo con lo establecido en el Art. 11 de la Constitución del Ecuador, deben ser aplicados directa e inmediatamente por los tribunales. Estamos hablando, desde luego del Estatuto de Roma y también, entre otros textos, de la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio de 1948, de los llamados Pactos de Nueva York de 1966, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969. Todos estos textos obligan a los Estados, por tanto también a sus tribunales, a luchar contra la impunidad de los autores de estos crímenes. Como se dice en el Preámbulo del Estatuto de Roma: “es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales”.

 

Murió el genocida Albano Harguindeguy

El exgeneral de división, poderoso exministro del Interior de la última dictadura cívico militar, murió en las últimas horas, mientras cumplía prisión domiciliaria por crímenes de lesa humanidad. Tenía 85 años, y había ocupado la cartera política entre el 29 de marzo de 1976 y el 29 de marzo de 1981, durante la presidencia del dictador Jorge Rafael Videla.

É interessante a prática do esculacho, uma boa maneira de punir os torturadores de 64

  Carlos Newton

 

Tenente-coronel Maurício Lopes Lima, torturador, assassino de presos

Não há crime hediondo como a tortura, quando o algoz usa do poder de que dispõe para seviciar a vítima indefesa, não importa se o torturador é militar, civil ou um simples sequestrador – o crime abjeto é o mesmo. Mas é claro que o torturador que age sob o manto da farda militar tem a circunstância agravante de representar um Poder desmesurado, não há dúvida. Fica mais covarde ainda.

É preciso punir esses criminosos, não há dúvida. Mas acontece que o Supremo já decidiu que a Lei da Anistia valeu, está em vigor e não pode haver condenação para os torturadores do regime militar. O que se pode fazer, então? Ora, a solução já está encontrada. É o esculacho-escracho, uma manifestação que surgiu na Argentina e no Chile e que agora ganhou uma versão bem brasileira.

Assim, com o intuito de chamar a atenção da sociedade sobre a importância da Comissão Nacional da Verdade, que tem por objetivo investigar os crimes cometidos por agentes de Estado (torturas, assassinatos, sequestros) no período da Ditadura Militar (1964-1985), jovens manifestantes têm promovido atos de esculacho contra os torturadores.

Já foram feitos esculachos em diversas cidades. No Rio, o alvo foi o torturador José Antônio Nogueira Belham, em frente a sua casa, no Flamengo, Zona Sul do Rio. Ele foi um dos responsáveis pela morte do deputado Rubens Paiva. Em Guarujá, São Paulo, o esculachado foi Maurício Lopes Lima, tenente-coronel reformado, reconhecido por Dilma Rouseff como o seu torturador.

 

Tenente-coronel Maurício Lopes Lima, retrato da época que sequestrava e torturava, para reconhecimento das vítimas

É claro que a versão brasileira do esculacho tende a ser muito mais alegre e festiva, como é do nosso temperamento, que comprova a cordialidade de nosso povo na sábia visão do sociólogo Sergio Buarque de Holanda, o pai do Chico (que também apoiava a guerrilha, teve de deixar o país mas não chegou a ser torturado).

Daqui a pouco, vão aparecer surdos, bumbos, caixas e tamborins, e o esculacho vai ficar completo, podem apostar. E assim vai indo o Brasil, este estranho país onde tudo acaba em pizza ou em… samba.

 

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T.A.: Mataram o samba. Agora tudo termina in Rock in Rio, patrocinado pelos governos do Estado e da cidade do Rio de Janeiro, para o enriquecimento de malandros.

Duvido que Tio Sam patrocine o Samba in Washington. Promover a cultura doutros países fica para governos corruptos e colonizados.

Rio de Janeiro, ex-Cidade Maravilhosa, ex-Capital do Samba.

 

 

 

Para que se investiguen los crímenes del franquismo

Junto con la entrega del informe “Casos cerrados, heridas abiertas: el desamparo de las víctimas de la Guerra Civil”, la organización Amnistía Internacional solicitó formalmente a la jueza federal María Servini de Cubría que continúe investigando los crímenes cometidos durante la dictadura de Francisco Franco, entre 1936 y 1977, bajo la aplicación del principio de jurisdicción universal, y denunció que los datos remitidos por la fiscalía española a la justicia argentina por esos casos “no se ajustan a la verdad”, ya que “las pesquisas en relación a estos hechos en ese país están prácticamente paralizadas”.

El informe entregado a la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1, con asiento en Comodoro Py, contiene 21 de los 47 casos presentados en juzgados ibéricos, donde esas causas están bloqueadas en una virtual denegación de justicia, e incluye la sentencia del “caso Baltasar Garzón”, y “sus consecuencias adversas para la lucha contra la impunidad”.

El motivo por el cual fue entregado a Servini es porque su juzgado es el único que mantiene abierta esas causas, algunas de las cuales inició el juez español Baltasar Garzón, absuelto por investigar las desapariciones durante el franquismo pero suspendido en el cargo durante un decenio por otra causa, lo que significó su expulsión del sistema judicial y el estancamiento de esa investigaciones.

“La denegación del derecho a la justicia a las víctimas y la ausencia de investigación son manifiestamente contrarios al derecho internacional. En España no se ha llevado a cabo ninguna investigación judicial exhaustiva para conocer la verdad de los hechos”, dijo el director de AI España, Esteban Beltrán, tras la presentación de informe, junto con la directora de esa organización en Argentina, Mariela Belski, quienes fueron recibidos por el secretario judicial Adolfo Piendibene, no por Servini.

El informe “muestra la forma en que las autoridades de ese país están denegando los derechos a verdad, justicia y reparación a las víctimas de la guerra civil y el franquismo”, señalaron los representantes de la organización a través de un comunicado. El documento también fue presentado ayer ante la embajada de España en Argentina, donde la organización fue recibida por el embajador Román Oyarzún. (Página 12)