Brasil y EEUU. Que los torturadores respondan por sus crímenes

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SOAWatch
Los Informes, recientemente divulgados, del senado de EEUU, sobre la aplicación de la tortura por la CIA, y el Informe de la Comisión Nacional de la Verdad (CNV) de Brasil han hecho resurgir el tema del uso de la tortura y del entrenamiento de los agentes de seguridad ante la opinión pública.

SOA Watch, el Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas, ha sostenido reiteradamente que el uso de la tortura en EEUU, como en América Latina, no es una noticia nueva, ni ha comenzado apenas el 11 de septiembre del 2001.

El hecho de no haber llamado a rendir cuentas a la Escuela de las Américas, en 1996, cuando se supo públicamente que hacía uso de manuales de tortura y que por esta razón se estaban cometiendo atrocidades en América Latina ha contribuido a que la CIA perpetrara las torturas que acaban de salir a la luz pública en el informe del Comité de Inteligencia del Senado relativo a la CIA y la práctica de la tortura.

El informe de la CNV documenta que EEUU enseñó técnicas de torturas a sus agentes

El lanzamiento del informe de la Comisión Nacional de la Verdad de Brasil, emitido públicamente este 10 de diciembre de 2014, ha levantado renovados bríos de que haya justicia por los casos de derechos humanos sucedidos en este país entre numerosos brasileños.

Documentos no revelados hasta ahora, relativos a la dictadura que sufrió Brasil, por 21 años, arrojan a la luz pública casos sobre torturas y otras violaciones a los derechos humanos puestas en práctica durante la los años 1964 y 1985.

La Presidenta Dilma Rousseff, ella misma fue torturada y encarcelada 3 años durante la dictadura, afirmó que Brasil merece la verdad.

El informe no entra en detalles sobre los nombres de los violadores de derechos humanos pero sí describe las raíces de dichas violaciones: “La colaboración de los Estados Unidos fue intensa en la formación y especialización de los agentes”, señala el documento.

El segundo volumen del informe explora datos específicos sobre la participación de EEUU en las tácticas de tortura cometidas en Brasil, incluyendo nombres de egresados de la Escuela de la América (SOA).

Entre los egresados de SOA figuran Lúcio Valle Barroso y Abílio Correa de Souza, secuestradores, torturadores y asesinos de Stuart Edgard Ángel Jones, quien fuera objeto de uno de los crímenes más atroces de aquel entonces.

Barroso, conocido como el “Dr. Celso”, estudió inteligencia militar en la Escuela de las Américas y Souza, conocido como el “Dr. Pascoal”, estudió Inteligencia de combate y contrainteligencia.

Los egresados de SOA formaban parte de las agencias brasileras vinculadas a la tortura, el Departamento de operación e información DOI, el Centro de operaciones y defensa interna CODI, así como el Centro de Información para la Seguridad Aeronáutica, CISA.

Jones (1945-1971), hijo de madre brasilera y padre estadounidense, y miembro del grupo de izquierda MR-8, fue atado a un automóvil y llevado a las instalaciones de la CISA en Río de Janeiro.

Según el testimonio de Alex Polari, amigo que presenció la tortura de Jones desde la ventana de su celda, le obligaron a agarrar el tubo de escape del vehículo inhalando sus emisiones tóxicas.

Esta y otras brutales tácticas de tortura contenidas en el informe de Brasil están ligadas directamente a las torturas publicadas en el informe de la CIA.

El informe del Comité de inteligencia del Senado describe otros métodos de tortura que fueron transmitidos a los oficiales militares brasileños.

La Escuela de las Américas transmitía sus enseñanzas con el mensaje de que preservar la vida de los detenidos carecía de interés durante las operaciones; ni la policía ni los oficiales del ejército necesitaban justificar sus acciones para nada, cuando sus contrapartes integraban la oposición al régimen imperante.

El informe del Comité de inteligencia del Senado sobre las torturas de la CIA entrega datos sobre los numerosos manuales puestos en práctica durante el transcurso de diversas operaciones de contrainsurgencia, como el “Manual KUBARK” de interrogación de contrainteligencia elaborado por la CIA en 1963 y que fue usado para enseñar formas de privar a las víctimas de estímulos sensoriales y lograr que sufrieran alucinaciones y colaboraran.

La CIA ofreció este tipo de “manuales de tortura”, con técnicas de interrogación, a siete países latinoamericanos en los años ochenta. Brasil fue uno de ellos.

Un hallazgo bastante notorio ha sido el involucramiento de USAID (Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional) con la militarización policiaca en Brasil, incluso antes del golpe militar acaecido en 1964.

El entrenamiento impartido por el policía del FBI Dan Mitriori a la policía de Brasil en 1960, fue llevado a cabo bajo la supervisión de la agencia USAID.

Mitriori creía que la tortura era una modalidad de la ciencia y solía utilizar a “los sin techo” para que la policía de Belo Horizonte y Río de Janeiro practicara las técnicas de tortura más brutales, aprovechando las “partes vulnerables del cuerpo humano”.

La tortura se utilizaba para recolectar información, disuadir e intimidar, así como para diseminar el terror entre los grupos de la oposición.

Más adelante, después del golpe y establecido el régimen militar, el sistema de represión fue perfeccionado e institucionalizado.

Este no sólo se afianzó durante la dictadura, sino que continúa prevaleciendo entre la policía militar del Brasil con sus incontables casos de brutalidad y represión hasta el día de hoy.

El papel de la Escuela de las Américas (cuyo nombre fue cambiado al de Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad en 2001) y de la militarización estadounidense en América Latina ha sido siempre proteger el estatus quo de las élites usando violencia y represión militar.

* Este artículo fue traducido del inglés al español por Anabel Torres. Ha sido editado por Pablo Ruiz.

 

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Documentos Adjuntos:

– Parte II, Las estructuras del Estado y las graves violaciones de los derechos humanos de la Comisión Nacional de la Verdad de Brasil (en portugués). El Informe completo lo puede ver en: http://www.cnv.gov.br

– Recomendamos leer: “Un comercio execrable: el comercio de la tortura” de Amnistía Internacional, Capitulo 5. Especialistas en tortura página 49 y La Escuela de las Américas página 51.

 

 

Quando um país tem justiça democrática faz assim com os golpistas

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O Clube Militar, que concedeu apoio à Marina Silva, vota em Aécio Neves neste domingo.

Defende Aécio a anistia para os sequestradores, os torturadores e os assassinos, que impuseram 21 anos de ditadura militar no Brasil.

Os governos de Lula da Silva e Dilma Rousseff são culpados de não educar politicamente o povo, mostrando as diferenças entre Democracia e ditadura. Entre Liberdade e terrorismo estatal.

A Justiça e o Legislativo brasileiros também são responsáveis pelas tentativas golpistas que o Brasil hoje está sendo vítima.

Os professores deveriam ter ensinado a recente História do Brasil, o chamado passado que a imprensa ignora, e que Aécio tenta esconder. Idem os jornalistas, que os patrões – os Marinho, os Civita, os Mesquita, os Frias, os Associados – planejaram, defenderam e faturaram o golpe de 64.

 

ARGENTINA. EL TRIBUNAL ORAL Nº 1 DE LA PLATA CONDENO A PERPETUA A 15 DE LOS 21 IMPUTADOS POR LOS CRIMENES COMETIDOS EN LA CACHA

“No es una alegría, es un gran paso de la Justicia”

 

Gianfranco Uber
Gianfranco Uber

Se juzgaron los crímenes cometidos contra más de 100 hombres y mujeres que pasaron por el centro clandestino que funcionó en Olmos durante la dictadura. También hubo penas de 13 y 12 años de prisión, y un absuelto.

 
por Ailín Bullentini
El Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata condenó a prisión perpetua a 15 de los 21 imputados por los delitos de lesa humanidad cometidos contra más de 100 hombres y mujeres en el centro clandestino de tortura y exterminio conocido como La Cacha durante la última dictadura cívico-militar argentina. La sentencia incluyó condenas de 13 y 12 años de cárcel para tres civiles y un marino que participaron de la cotidianidad de aquel centro de detención ilegal que funcionó entre 1976 y 1978 en la localidad platense de Olmos, en la provincia de Buenos Aires, y la absolución de un militar. Entre los condenados a perpetua están Jaime Smart, quien fuera ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, y Miguel Etchecolatz, ex director de Investigaciones de la policía provincial. Si bien la recepción de la condena entre el público que colmó la sala Amia de los Tribunales platenses –sobrevivientes y familiares de víctimas, pero también militantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos y de izquierda– fue buena, el abucheo ante la absolución fue total.

Para los sobrevivientes del infierno de La Cacha y los familiares de las víctimas que no lograron salir con vida de allí, la Justicia llegó 37 años tarde. Para ellos y el resto del público que colmó la sala ayer, tardó dos horas más de lo pautado: recién a las 20 el presidente del TOF 1, Carlos Rozanski, ocupó su asiento y llamó a los acusados a que ocuparan sus sillas. “Asesinos”, los recibió el público. “Como a los nazis les va a pasar”, les dedicó. Uno de ellos se ofendió: “Váyanse a la puta que los parió”, gritó. El resto, solo miró con desdén.

Ninguno de los acusados reaccionó ante las condenas. Por genocidio, por privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos, los jueces condenaron a prisión perpetua a casi todos los militares que integraron el Destacamento de Inteligencia 101: Carlos del Señor Hidalgo Garzón, Jorge Di Pascuale, Gustavo Cacivio, Ricardo Fernández, Miguel Angel Amigo, Roberto Balmaceda, Emilio Herrero Anzorena, Carlos Romero Pavón y Anselmo Palavezzati. Luis Perea, por fallo voto mayoritario de los jueces Pablo Jantus y Pablo Vega, fue absuelto. Los tres civiles miembros del destacamento, Raúl Ricardo Espinoza, Claudio Raúl Grande y Rufino Batalla, recibieron 13 años de prisión por ser considerados partícipes necesarios y no coautores de los mismos delitos. Lo mismo ocurrió con el marino Juan Carlos Herzberg, quien recibió 12 años de cárcel. Prisión perpetua también recibieron Héctor “Oso” Acuña, uno de los más feroces torturadores de La Cacha, e Isaac Miranda, los únicos dos penitenciarios sometidos a este juicio.

Los cálculos no son específicos, porque todo es a fuerza de reconstrucción permanente, pero permiten una idea: 200 personas, más o menos, pasaron horas, algunos días o meses encerradas en el edificio central de La Cacha, una estructura no muy grande de dos pisos y sótano. Engrilletadas. Encapuchadas. Algunas, como las embarazadas, reunidas en una zona igual, las “cuevitas”. La mayoría, mezclada: estudiantes secundarios, jóvenes militantes universitarios, obreros recientes y experimentados, sus mujeres. Sus padres e incluso meros conocidos. Las torturas sucedían en una estructura separada de la principal, pero lo suficientemente contigua como para que los prisioneros oyeran los gritos de los castigados con golpes o picana, insultados, amenazados, violados. La Cacha dejó de funcionar como centro clandestino en 1978. Unos años después, funcionarios de la aún viva dictadura ordenaron la demolición. De aquellas más o menos 200 víctimas, sólo un tercio logró salir con vida de La Cacha. De aquellos, más o menos 200 casos, 135 integraron el juicio que ayer culminó su etapa formal.

Pero el juicio también integró el análisis de la muerte de Marcelo Bettini y Luis Bearzi, por quienes sólo fueron imputados y condenados Etchecolatz y otros tres policías bonaerenses, Eduardo Gargano, Horacio Elizardo Luján y Julio César Garachico. El Tribunal los sentenció a prisión perpetua. “Fueron más de 30 años de esperar este momento de Justicia. No repara por completo, pero es un buen final para contarle a mi mamá, que siempre esperó por esto”, evaluó emocionado Carlos Bettini, embajador argentino en España. Además del homicidio, la familia Bettini –asistieron a la sentencia su hermana y sus sobrinas– también obtuvo justicia por el secuestro del padre del grupo, Antonio Bettini, y la abuela Mercedes Hourquebie. A Smart, la perpetua le correspondió por todos los delitos.

“Esto no es una alegría, pero es un gran paso de la Justicia. Por fin esta gente estará donde siempre debió, la cárcel.” Estela de Carlotto abandonó la sala con una sonrisa, después de pegar los tres gritos de ¡presente! Por los 30 mil desaparecidos. La muerte de su hija, Laura Carlotto, así como la de Olga Casado, no fueron tenidas en cuenta como homicidios en el fallo, sino como agravantes de los secuestros, y se les atribuyó a los miembros del 101, a los penitenciarios y a Smart. Pese a eso, y a que el tribunal no se expresó por los casos de bebés nacidos y apropiados en La Cacha, ni por el pedido para que se investigue a Fernández específicamente por uno de los casos, el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Emanuel Lovelli, se mostró conforme con el fallo.

“Este juicio ha terminado”, soltó casi dos horas después de haber iniciado la lectura Rozanski y, entonces, el público puso su sello. Como al principio, pero más fuerte y ruidoso: “Asesinos”, les enrostraron a los culpables, que entonces sí mostraron su cara, aún manchada de odio. Al Oso Acuña se lo tuvieron que llevar entre siete ex colegas. Entre las butacas, Carlotto se abrazó con sus hijos, Claudia y Guido. La sobreviviente y militante Nilda Eloy, firme en las primeras filas como lo estuvo desde la primera audiencia, lloró de emoción.

 

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Latuff

Campanha: bote um milico num fusca e mande-o pro RIOCENTRO!

In Ficha Corrida

Para quem não entendeu, a Wikipédia desenha: Atentado do Riocentro!

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O antipetismo do Clube Militar e a vala comum do esquecimento

por Denise Felipe Ribeiro

Após a derrocada dos regimes ditatoriais-militares no Cone Sul, a partir de meados dos anos 1980, teve início o processo de reconstrução democrática. Entre os grandes desafios aí colocados estão a pacificação, a mudança nas relações entre civis e militares e as questões relacionadas a como lidar com o passado autoritário. Foram então adotadas algumas medidas denominadas como políticas de justiça de transição, que buscam o estabelecimento da noção de não-repetição de atos arbitrários por parte do Estado e de uma maior confiança dos cidadãos nas instituições. Tais objetivos seriam alcançados por intermédio do conhecimento dos fatos (direito à verdade e à memória), da indenização aos que sofreram perseguições (reparação), da responsabilização daqueles que agiram de forma ilegal e perpetraram crimes contra a humanidade (restabelecimento do preceito de justiça e devido processo legal) e da reforma das instituições, particularmente os órgãos de segurança, para que estas sejam vocacionadas para a vida democrática.

No Brasil, somente em 1995, o Estado reconheceu a sua responsabilidade pelas mortes e desaparecimentos ocorridos no curso do período ditatorial. No mesmo ano, foi criada a Comissão Especial de Anistia, que contemplou empregados do setor privado, de empresas públicas e mistas, dirigentes e representantes sindicais, e a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. No final do governo FHC, a Lei 10.559/2002 responsabilizou o Estado por torturas, prisões arbitrárias, demissões, transferências por razões políticas, sequestros, compelimento ao exílio e à clandestinidade, banimentos e expurgos, determinando o pagamento de indenizações aos atingidos.

Ao longo dos governos petistas, ainda que com uma série de limitações, as ações de justiça de transição têm sido postas em prática, particularmente no que diz respeito ao tema da memória e verdade. Projetos como o Direito à Memória e Verdade, de 2006, que registrou oficialmente as mortes e desaparecimentos, e as Caravanas da Anistia, que fazem julgamentos simbólicos públicos em várias cidades onde ocorreram perseguições, se inserem nas ações que propõem o conhecimento do passado como uma forma de garantir a não repetição dos fatos e trazer mudanças significativas nas instituições, tendo em vista a (re)construção democrática. A criação do projeto Memórias Reveladas, em 2009, ao reunir, preservar e facilitar o acesso à documentação referente ao período ditatorial se insere nesse conjunto de ações de promoção do direito à verdade e à memória. Ademais, em 2012, teve início uma das mais significativas ações de justiça de transição: a Comissão Nacional da Verdade.

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A despeito das cobranças feitas ao governo brasileiro pelas cortes internacionais de direitos humanos, especialmente a OEA, para que sejam investigados os crimes contra a humanidade perpetrados pelo regime civil-militar brasileiro, e punidos os agentes envolvidos, ainda existem muitas resistências contra as medidas de justiça de transição. Essas resistências têm feito com que, lamentavelmente, o governo brasileiro não tenha tomado as medidas exigidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso dos desaparecimentos do Araguaia. Entre os atores sociais que criticam de modo mais encarniçado essas políticas, encontram-se os setores das Forças Armadas que defendem publicamente o período ditatorial, sobretudo o Clube Militar. A instituição, criada em 1887, com participação na proclamação da República e nos debates sobre a exploração do petróleo que resultaram na criação da Petrobras, ficou mais marcada pelo protagonismo em movimentos golpistas, especialmente aquele que destituiu o Presidente João Goulart, em 1964. É essa instituição que todos os anos, no dia 31 de março, reúne os seus membros na sede do Rio de Janeiro para comemorar o que dizem ser a “revolução democrática”.

O antipetismo, publicizado de maneira desinibida pela instituição militar, por meio de um recente manifesto de apoio à candidata Marina Silva, reflete e tenta disfarçar a enorme contrariedade em relação às medidas de justiça e verdade promovidas pelo governo federal. Não à toa, o manifesto foi publicado logo após a candidata pesebista ter se posicionado de modo contrário à revisão da Lei da Anistia e à punição de torturadores. O documento do Clube Militar vai ao encontro de outras ações como a do general Enzo Peri, comandante do Exército, que teria proibido a colaboração dos quarteis com as investigações da Comissão da Verdade.

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O que o apoio do Clube Militar à candidata Marina Silva tende a revelar, por trás do saliente antipetismo e de uma suposta contrariedade em relação a denúncias de corrupção, é o potencial compromisso da candidata de que todos os avanços acima mencionados sejam jogados na vala comum do esquecimento.

 

Dilma e companheiras de cela: “fomos pra prisão por lutar pelo direito do povo”

 

Dilma e as companheiras que  dividiram uma cela no Dops
Dilma e as companheiras que
dividiram uma cela no Dops

A presidenta Dilma esteve reunida com as mulheres paulistas neste sábado (6) em ato de apoio a sua reeleição. A assessoria da presidência estima que um total de 4 mil pessoas estiveram presentes no ato. Dilma, ao subir no palco, cumprimentou em primeiro lugar as mulheres que estiveram presas com ela durante a ditadura e fez uma fala emocionada sobre o tempo em que dividiram uma cela no Dops.

“Nós, mulheres, fomos para a prisão, inclusive eu. Porque lutar pelo direito do povo, naquela época, dava cadeia”, declarou.

Ao lado de Maria Aparecida Costa, Rita e Helenita Sipahi, da Ministra Eleonora Menicucci, Lenira Machado, Guimar Lopes, Ilda Martins da Silva e Rose Nogueira, Dilma falou da época em que todas dividiam uma cela nos porões da ditadura: “essas mulheres fazem parte da minha vida, fazem parte de mim. Vocês imaginam como é dividir todas as horas do dia juntas”, disse.

No ato, Dilma falou da importância dos programas sociais de distribuição de renda para a vida das mulheres, como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida. E de como programas como o Pronatec e o Prouni têm ajudado as mulheres a complementar a renda familiar.

Ao final, a presidenta terminou a fala emocionada: “agradeço ao apoio de todas as mulheres, inclusive aquelas que estiveram na cadeia comigo. Vamos nos multiplicar por essa campanha em que a verdade vai vencer a mentira”.

Confira abaixo a fala de Maria Aparecida Costa em apoio à reeleição de Dilma:

Marina defende anistia. É contra investigar empresários e banqueiros que financiaram os crimes da ditadura

Esculacho contra Fiesp e IItaú
Esculacho contra Fiesp e IItaú

 

Marina Silva mudou de posição quando passou a ser financiada pelo Banco Itaú. Defende a Anistia ampla, geral e irrestrita. Inclusive é contra a Comissão da Verdade abrir investigação para apurar os empresários que financiaram os crimes de torturas, desaparecimentos e assassinatos durante a ditadura militar.

“Estamos em cima dos que deram dinheiro para a Oban [Operação Bandeirante, que coordenava a repressão]”, disse o ex-ministro da Justiça José Carlos Dias em um encontro em sua casa com outros três integrantes da comissão – Maria Rita Kehl, Paulo Sérgio Pinheiro e Rosa Maria Cardoso Cunha.

Dias fez um paralelo do suporte empresarial à ditadura com o escândalo de corrupção que levou à queda de Fernando Collor em 1992. “PC Farias [tesoureiro de campanha de Collor] tinha uma empresa, a EPC, que fingia que prestava consultoria e emitia notas fiscais frias a empresários que davam dinheiro a ele. Descobrimos uma consultoria fictícia que fazia a mesma coisa na ditadura: fornecia notas fiscais de ‘assessoria econômica’ a empresas que davam dinheiro à repressão.”

Os integrantes da comissão revelaram que estão tendo dificuldades para acessar documentos oficiais que poderiam esclarecer crimes. O principal obstáculo estaria no Ministério da Defesa.

“Buscamos documentos, e eles dizem que foram incinerados”, diz José Carlos Dias.

 

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A Frente de Esculacho Popular (FEP) promoveu, no dia 9 de março último, ato de protesto na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), localizada na Avenida Paulista, criticando o apoio da entidade à ditadura militar (1964-1985). Além da Fiesp, a frente denunciou o Banco Itaú, que, segundo os ativistas, ajudou a financiar o regime militar.

“Hoje estamos esculachando não uma pessoa, como fizemos até agora, mas duas empresas, que são mais representativas de toda uma estrutura: a Fiesp e o Itaú. A Fiesp foi uma das principais organizadoras das reuniões, chamadas de grupos de trabalho, onde os empresários se reuniam para contribuir para a caixinha da ditadura”, explicou Lavinia Clara Del Roio, uma das organizadoras do ato. Segundo Lavinia, essas empresas, entre várias outras, financiaram a preparação do golpe, a ditadura e a repressão e, em troca desse apoio, receberam “facilitações fiscais”, o que as fez “crescer enormemente”.

Quanto ao Itaú, Lavinia disse que o banco foi escrachado principalmente pelo fato de um de seus controladores, Olavo Setúbal, ter sido prefeito biônico de São Paulo entre os anos de 1975 e 1979. Olavo é pai de Maria Alice Setúbal, Neca, mentora política e financiadora de Marina.

Segundoa Frente de Esculacho Popular, a “caixinha” era feita pelo regime entre os empresários paulistas para financiar a Operação Bandeirante (Oban), responsável por atos de repressão durante o regime. Em fevereiro do ano passado, a Comissão da Verdade de São Paulo apresentou documentos obtidos no Arquivo Público do Estado que mostravam indícios de ligação entre a Fiesp e os serviços de repressão da época. Entre os documentos, há seis livros datados dos anos 70 que registram entradas e saídas de funcionários e visitantes do extinto Departamento de Ordem Política e Social (Dops) em São Paulo, um dos órgãos da repressão. Segundo a comissão, nesses livros, há registro de entradas de Geraldo Resende de Matos, cujo cargo é identificado como representante da “Fiesp”.

De acordo com Lavinia, as empresas e a federação precisam dar uma resposta à sociedade. E não somente isso. Para ela, a Fiesp, por exemplo, deveria abrir seus arquivos, encontrar os culpados e puni-los. “As empresas tem que se posicionar. Pedimos uma posição e também que, eventualmente, sejam encontrados os nomes e que se tenha punição e ressarcimento”, disse ela.

Durante o protesto, vários cartazes denunciando a participação e apoio da Fiesp e do Itaú na ditadura militar foram colados em postes, orelhões e pontos de ônibus na região da Avenida Paulista.

Usando uma máscara de gorila, uma atriz segurava cartolinas com os nomes “Dr Geraldo” e “Olavo Setúbal”, em referência a Geraldo Resende de Mattos, ex-funcionário da Fiesp, e ao banqueiro Olavo Setúbal, que foi prefeito biônico de São Paulo, entre 1975 e 1979.
Usando uma máscara de gorila, uma atriz segurava cartolinas com os nomes “Dr Geraldo” e “Olavo Setúbal”, em referência a Geraldo Resende de Mattos, ex-funcionário da Fiesp, e ao banqueiro Olavo Setúbal, que foi prefeito biônico de São Paulo, entre 1975 e 1979.

 

Ao microfone, o deputado Adriano Diogo (PT), ex-preso político e presidente da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva”, citou empresas colaboradoras da ditadura, sendo seguido pelos manifestantes, que repetiam, em coro: “Supergel, Cobrasma, Mercedez Benz, Volkswagen. Elas financiaram o golpe, acompanharam sessões de tortura com o Boilesen e o Dr. Geraldo. A Fiesp é o símbolo da ditadura”.

Outra ex-presa e militante de direitos humanos, que atua nas comissões da Verdade e de Familiares, Maria Amélia Teles, a Amelinha, afirmou:

– Viemos mostrar nosso repúdio à participação do empresariado e da Fiesp não só no golpe como em todo o aparato repressivo que torturou e matou pessoas durante a ditadura. Aqui, na Fiesp, tem de ter um centro de memória e verdade para contar a história dos trabalhadores perseguidos.

Entre os participantes do protesto, estavam a ex-guerrilheira do Araguaia Crimeia de Almeida, viúva de André Grabois; Denise Crispim, viúva de Eduardo Collen Leite, o Bacuri, e Angela Almeida, viúva de Luiz Merlino.

A Frente de Esculacho Popular, criada em 2012, é uma organização composta por familiares de vítimas da ditadura e ativistas de direitos humanos, em geral. O objetivo da frente é promover esculachos, denunciando os colaboradores da ditadura militar, sejam eles pessoas ou empresas.

 

 

 

 

 

 

Nunca mais Operação Con-dor. Passou da hora de aprisionar em uma gaiola de ferro as aves agourentas

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Sergei Tunin
Sergei Tunin

A articulação política e militar das ditaduras na América Latina, chamada de Operação Condor, foi criada pelo regime brasileiro.

O presidente do Movimento de Justiça e Direitos Humanos, em 2012, Jair Krischke contou que já ouviu muito sobre a responsabilidade dos Estados Unidos na operação, mas que não é possível aceitar que se isente o Brasil. “Quem criou a operação foi a ditadura brasileira; afirmo mesmo sem poder comprovar com documentos. Quando ocorreu o golpe no Chile, em 1973, o embaixador brasileiro no país disse: ‘Ganhamos’. Mais de cinco mil brasileiros estavam exilados lá. Logo depois do golpe, mais de 100 foram presos”, disse.

Já para o presidente da Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, Marco Antônio Barbosa, o Brasil foi um dos protagonistas da operação. “Em 1974, houve uma reunião de oficiais em Buenos Aires para um acordo sobre os mecanismos repressivos que seriam usados. A operação foi adotada como política de Estado”.

RUMO À OPERAÇÃO CONDOR – DITADURA, TORTURA E OUTROS CRIMES

torturador ultra brilhante

Neusah Cerveira escreveu artigo que analisa os casos Cerveira/Rita Pereda como uma estréia bem sucedida ou o embrião que gestou a Operação Condor. Ele sustenta que a Operação Condor partiu dos órgãos de repressão brasileiros e posteriormente foi aperfeiçoada pelo governo dos EUA, até desaparecer temporariamente nas selvas da Nicarágua, no final da experiência sandinista. O artigo traz também uma entrevista concedida pelo coronel Brilhante Ustra, onde ele reconhece que houve tortura e desaparecimento dos corpos de militantes durante a ditadura brasileira. O texto objetiva também por um ponto final na “Lenda da Boa Ditadura”, demonstrando que no Brasil ela foi tão ou mais violenta quanto em qualquer outro país e o pior, devido à falta de punição desses crimes hediondos, deixou uma herança de práticas policiais de tortura que persiste até o dia de hoje.

Pra frente Brasil. Bom que o Correio Brazilense lembre a necessidade de abater o Condor. 

 

Ronaldo
Ronaldo

Turismo em centro de tortura

Que a passeata do retorno da ditadura lembre as torturas e mortes dos presos políticos

Ares
Ares

Vai ter marcha soldado amanhã, porque existe democracia no Brasil, depois de 21 anos de ditadura militar.

Marcha soldado,
cabeça de papel.
Quem não marchar direito,
vai preso pro quartel.

No Brasil do golpe de 64 era assim: quem não pensasse direito ia preso por quartel. Pensar direito era não ter direito de expressão, não pensar diferente, ter cabeça de camarão.

Devemos fazer passeatas sim, no dia 31 de março, pela paz, pelo civismo, pelo brasilidade, pelo patriotismo, pelo nacionalismo, pela fraternidade, pela igualdade, pela liberdade, pela democracia.

E gritar bem alto:
Tortura nunca mais!
Ditadura nunca mais!

O “Essencial”no Diário do Centro do Mundo:

Coronel admite ter sumido com corpo de Rubens Paiva e descreve as torturas em outros presos políticos

Em depoimento à Comissão Estadual da Verdade, o coronel reformado Paulo Malhães, de 76 anos, um dos mais atuantes agentes do Centro de Informações do Exército (CIE) na ditadura, confirmou ter desenterrado e sumido com o corpo do ex-deputado Rubens Paiva, morto sob torturas em janeiro de 1971, e explicou como a repressão fazia para apagar os vestígios de suas vítimas.

Para evitar o risco de identificação, as arcadas dentárias e os dedos das mãos eram retirados. Em seguida, o corpo era embalado em saco impermeável e jogado no rio, com pedras de peso calculado para evitar que descesse ao fundo ou flutuasse. Além disso, o ventre da vítima era cortado para impedir que o corpo inchasse e emergisse. À Comissão da Verdade, contou que o destino do ex-deputado foi o mesmo rio da Região Serrana onde foram jogados outros desaparecidos políticos:

“Rubens Paiva, calculo, morreu por erro. Os caras exageravam naquilo que faziam, sem necessidade. Ficavam satisfeitos e sorridentes ao tirar sangue e dar porrada. Isso aconteceu com Rubens Paiva. Deram tanta porrada nele que, quando foram ver, já estava morto. Ai ficou o abacaxi, o que fazer? Se faz o que com o morto? Se enterra e se conta este negócio do sequestro”, disse.

Os generais que mandam no Brasil desde 1889, proíbem visita ao DOI-CODI

por Helio Fernandes

Edifício do DOI-CODI (SP)
Edifício do DOI-CODI (SP)

 

DOI-CODI NÃO PÔDE
SER VISITADO

Os militares continuam mandando. O que não é nenhuma novidade. O primeiro golpe de nossa História ocorreu em 15 de novembro de 1889, quando os propagandistas da República, que desde 1860 lutavam pela República, foram ultrapassados pelos dois marechais que serviam apaixonadamente à monarquia.

Em 1868, o bravo Saldanha Marinho fundou o diário “A República”, mas a República nasceu militar, militarista e militarizada. E tendo estado sempre no Poder, continua. A Comissão da Verdade queria visitar o histórico e ditatorial DOI-CODI, foi impedida pelos generais do Ministério da Defesa.

124 anos depois, cada vez mais poderosos, inatingíveis. Não sei se é mais perigoso discordar deles, antes ou agora.

A Comissão da Verdade, criada com 28 anos de atraso, vai consagrar a todos que serviram à ditadura, civis ou militares. Por que os membros dessa Comissão não pedem DEMISSÃO COLETIVA? Seria um libelo maior do que qualquer investigação capenga, caolha, castrada.