Antes de adentrar o assunto do post, vale explicar que ele é longo, bem longo. Mas se você quer tirar de verdade qualquer dúvida sobre a regulação da comunicação que agora vige na Argentina – à exemplo do que ocorre em países desenvolvidos –, e se anseia que vigore também no Brasil, não pode deixar de ler. Se o fizer, suas dúvidas serão dissipadas.
Nos últimos dias, mais uma vez se confirmou a decrepitude da legislação brasileira sobre a comunicação social, sobretudo em relação a mídias eletrônicas, com destaque para a televisão, ainda o meio de comunicação mais influente do país, à diferença do que ocorre nos países desenvolvidos, onde a internet, há muito, já se tornou o principal meio de comunicação.
A evidência do atraso brasileiro na legislação sobre mídias se deu na forma distorcida e, inclusive, mentirosa com que a dita “grande mídia” reportou a decisão da Corte Suprema de Justiça da Argentina no sentido de considerar “constitucional” a Lei de Serviços de Comunicação Audiovisual, dita “Ley de Medios” – ou, em bom português, “Lei da Mídia”.
A grande mídia brasileira é composta por cadeias de televisões e rádios, jornais e revistas impressos, grandes portais de internet e redes de tevê a cabo pertencentes a um reduzido grupo de magnatas do setor. Ela tratou de apresentar o novo marco regulatório argentino como produto de “Guerra entre o governo da presidente Cristina Kirchner e o grupo Clarín”.
Mais do que isso, tenta vender a ideia de que na lei argentina recém-aprovada haveria alguma coisa diferente do que há nas legislações de países desenvolvidos, sobretudo dos Estados Unidos e de países da Europa central.
A legislação argentina (“Ley de Medios”) foi considerada pela ONU uma das mais avançadas do mundo exatamente porque se amparou nas experiências de países desenvolvidos.
Tanto nos EUA quanto no Canadá, na França, na Inglaterra, na Alemanha e em praticamente todas as nações mais democráticas e econômica e socialmente mais desenvolvidas não só as leis são duras com oligopólios inclusive de mídia como, também, as populações desses países, mais escolarizadas, entendem que excesso de poder de um único grupo de mídia é danoso à sociedade. Transcrevi trechos do Blog da Cidadania. Leia mais
Quando, no Brasil, os barões da mídia impõe a ditadura do pensamento único, na Argentina está em prática a democratização, para que a voz do povo seja ouvida, principalmente as pessoas mais carentes.
Participam do debate as universidades, que no nosso País elitista e conservador, funcionam como feudos dos reitores chamados de magníficos – um dos títulos que aclamavam a divindade dos césares.
El rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Eduardo Rinesi, uno de los siete directores de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), dice que la contracara del rol de la ley de medios como reguladora de los actores más poderosos es la promoción de “voces más pequeñas”.
–Se trata de un desafío muy interesante y una lindísima oportunidad para acercar al directorio de la autoridad de aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual lo que venimos haciendo, que es mucho y muy bueno, en el sistema de universidades públicas, tanto a nivel teórico y académico sobre la problemática de los medios en general y de los medios audiovisuales en particular, como en la producción de medios: el desarrollo de canales de televisión y radios propias en el último tiempo ha sido muy grande gracias al estímulo de la política pública que nos ha permitido desarrollos muy interesantes. Entonces, esto ha generado un sistema en algunas universidades más fuerte que en otras, algunas con una historia larga en el tema y otras que recién empiezan, cuyo desarrollo es interesantísimo en la materia, desde el que espero poder aportar a la discusión hacia adentro de la Afsca.
–La preocupación por la educación superior universitaria y aquella otra por la democratización del sistema de medios en la que está empeñada la Afsca como autoridad de aplicación de la ley suelen ser presentadas como dos dimensiones diferentes, cuando sólo lo son en apariencia. En realidad están completamente vinculadas. Son, diría, dos caras de la misma moneda: la preocupación por la generalización, expansión y universalización del derecho a la educación superior, que es lo que las universidades públicas estamos procurando, y la preocupación por la democratización del sistema de medios que, creo, también es la preocupación por la universalización de un derecho, el de comunicar y recibir información múltiple, plural, diversa. La militancia en ambos casos apunta a procurar una sociedad más democrática en la que rijan de manera universal el conjunto pleno de derechos; se trata de dos componentes de una misma pelea. El ida y vuelta entre la academia como un lugar que investiga la problemática de los medios, pero también como productora de ellos y de profesionales que les dan vida y sentido, y la autoridad que verifica la aplicación de una ley que busca diversificar las voces, es plenamente necesario. Es más: cuanto más ida y vuelta haya, mejor.
–Con respecto a los desafíos de la ley me gustaría insistir en una cosa: el caso Clarín, la tremenda espectacularidad que ha tenido el asunto, la fortísima militancia del grupo y de todos sus medios en relación con la presunta ilegalidad o inconstitucionalidad de la ley, y todo el alboroto armado en relación con eso, le ha dado una importancia extraordinaria en el ámbito público a la gestión del carácter antimonopólico de la norma. Se discutió en todos lados si es justa o no, si es abusiva, si es inclusiva. Esta discusión es muy importante: es fundamental tener una ley antimonopólica que garantice el efectivo funcionamiento del mercado de los medios y que, a la vez, proteja a los menos poderosos, permitiendo una competencia razonable entre actores de diferente porte. Al mismo tiempo es importante la enorme capacidad que tiene la ley, y lo mucho que promueve la aparición y el sostenimiento de nuevas voces de sectores menos privilegiados, más débiles. Se ha prestado mucha atención a la capacidad de la ley de disciplinar al más grandote de los medios, pero junto a esa virtud tiene otras: la de promover voces más pequeñas que, sin ella, difícilmente hubieran logrado las condiciones para tener un lugarcito en el espacio público. Esta capacidad multiplicadora de la ley de medios es la contracara de su capacidad de regular el juego de los actores más poderosos y es, si se quiere, su desafío más grande.
ENTREVISTA AL FILOSOFO ITALIANO Y EURODIPUTADO DE LA IZQUIERDA GIANNI VATTIMO
La diferencia que puede haber entre una empresa como Fiat y un grupo como Clarín aquí, u O Globo en Brasil o El Universal en Venezuela?
Imagen: Bernardino Avila
Por Fernando Cibeira
El filósofo italiano y eurodiputado de la izquierda Gianni Vattimo estuvo de nuevo en la Argentina para participar de un ciclo de charlas invitado por la Asociación de Docentes de la UBA. A días de estadía ya había podido ser testigo de varias cosas: desde el triunfo de Sergio Massa en las elecciones en la provincia de Buenos Aires hasta el fallo de la Corte Suprema declarando constitucional la ley de medios, cuestiones sobre las que puede ofrecer su mirada. “Sin conflicto no hay libertad”, opina sobre el panorama de “consenso” general que plantean todos los aspirantes a 2015. Uno de sus temas de análisis es la Iglesia Católica y, en especial, el papado de Francisco, al que evalúa muy positivamente. En medio de una agenda apretada, la entrevista se realizó en el spa del piso 23 del Hotel Panamericano con amplias panorámicas de la ciudad de Buenos Aires. “Lástima que ya me voy, está lindo acá para venir a leer”, dice, risueño.
–El escenario que quedó delineado a partir de las elecciones legislativas dejó a varios posibles aspirantes presidenciales que dicen cosas parecidas. Daniel Scioli, Sergio Massa, Mauricio Macri o Julio Cobos, por ejemplo, plantean que hay que buscar los consensos, dejar atrás los conflictos, mejorar algunas cosas pero mantener otras. ¿Cómo ve usted ese panorama, tal vez más parecido al europeo que a lo que ha sido lo habitual de Latinoamérica durante estos últimos años?
–A mí me interesó el proceso latinoamericano sobre todo como un proceso de emancipación del imperialismo y el colonialismo y las consecuencias de ellos. Cuando todos parecen decir más o menos lo mismo, inmediatamente es bueno para la paz social, pero es muy peligroso para la democracia. En Europa pasa eso, no hay diferencias. En Italia, tenemos un gobierno que está formado por ex comunistas y por la gente de (Silvio) Berlusconi.
–Que, sin embargo, pueden ponerse de acuerdo porque las políticas no difieren demasiado. ¿Es así?
–La política no permite muchas diferencias. Al gobierno anterior al actual en Italia lo llamaban “técnico”. Es decir, que estaba más o menos dictado por los bancos y las financieras. Efectivamente, esto me parece peligroso para la democracia. Yo no soy un cultor del conflicto, pero sin conflicto no hay libertad. Un buen liberal tiene que esperar que haya conflictos en la sociedad.
–¿Considera que sin conflictos no hay libertad?
–Cuando no hay diferencias hay alguien que gobierna. Los que tienen el poder ganan cuando no hay conflictos y hay estabilidad. Lo descubrimos ahora en Europa porque hay como una caída de la tensión política en todos los sentidos. De votantes, de militantes, de dirigentes políticos. Todo esto puede modificarse sólo si la situación es incluso peor, si el conflicto social es muy profundo y la gente sufre. Me gustaría una sociedad más liberal, aunque soy de izquierda.
–En dirección a lo que usted dice, poner tan de relieve los conflictos le significó al kirchnerismo la adhesión de mucha militancia juvenil, algo que hacía tiempo no se veía en el país.
–Efectivamente, yo considero la situación argentina –aunque en el interior se pueden ver todavía muchísimos problemas– políticamente más estimulante y más viva que la situación europea en este momento. Europa es un cementerio desde el punto de vista de las ideas. No pasa nada y no parece que pueda pasar nada. Siempre pienso si, por ejemplo, las elecciones pasadas las hubiera ganado un movimiento de extrema izquierda o de extrema derecha probablemente habría hecho la misma política económica.
–A propósito de los conflictos que el kirchnerismo puso sobre la mesa durante estos años, la Corte Suprema declaró constitucional la ley de medios, lo que disparó toda una serie de repercusiones. ¿Cómo ve usted esa relación conflictiva, que se reproduce en otros países de la región, entre los grupos de medios más poderosos y los gobiernos de signo progresista y de izquierda?
–Puedo hablar desde el punto de vista europeo, pero creo que es bastante compartido. Se ve una tensión conflictual con el poder económico de los grandes grupos. Hemos tenido problemas análogos con Fiat en Italia, por ejemplo. Son grandes empresas a las que los gobiernos no pueden imponerle las leyes. Independientemente de la situación específica de la Argentina, el problema de la política es el mismo. Si se impone una política inspirada por los economistas, que no son dioses.
–La diferencia que puede haber entre una empresa como Fiat y un grupo como Clarín aquí, u O Globo en Brasil o El Universal en Venezuela, es que cualquier límite a su expansión se plantea como un riesgo para la libertad de expresión. ¿Usted nota que existe un riesgo a coartar la libertad de expresión en la Argentina y en la región?
–Yo soy más un estatista que un privatista. Obviamente, trato de considerar las situaciones específicas. En Italia el problema de este tipo no era con Fiat, sino con Berlusconi. Si hubiéramos tenido hace 20 años una ley de medios como la de Argentina, probablemente no habríamos tenido Berlusconi, lo que a mí como antiberlusconiano me parece importante. Puede ser que en un país donde no existe un monopolio tan importante como el de Clarín nadie se imagine una ley de medios, pero la ley corresponde a un problema actual por una situación existente desde hace años.
–Ya pasaron más de seis meses del papado de Francisco y hay algunos especialistas que opinan que su gestión marca un gran cambio mientras que otros creen que es más que nada gestual y no de fondo. ¿Qué posición tiene usted?
–Pienso que está cambiando bastante. Pero un papa es un papa, no se puede pensar que va a ser otra cosa. Pero mejor Bergoglio que Ratzinger. Incluso ligado a la imagen que da, porque no es sólo una cuestión de imagen. Cómo el papa se presenta, representa cómo lo sienten y lo viven los fieles, así que no es solamente una apariencia exterior. Es efectivamente algo, porque los otros papas también tenían una apariencia exterior pero muy diferente. Yo soy un hincha de Latinoamérica y me gusta tener un papa latinoamericano.
–¿Aunque en algunos casos sea más que nada gestual, le parece que es mucho para un papa?
–Creo que lo está haciendo bien y que está haciendo todo lo que puede.
–Es otro interrogante, ¿hasta dónde puede llegar un papa? ¿Puede hacer todo lo que quiere o todo lo que puede dadas las circunstancias?
–Por ejemplo, un consenso en la Iglesia para un sacerdocio femenino podría permitírselo Bergoglio. No puede ser demasiada cuestión. Las mujeres incluso son una parte importante de la Iglesia formal. Las monjas, las hermanas americanas, siempre lamentaron que todas las decisiones fueran tomadas por los cardenales. Ellas son las que dirigen las escuelas, hacen las asistencias, son la fuerza de la Iglesia. Esto lo podría hacer. Si yo fuera papa, lo haría (ríe).
–Uno de los gestos fuertes del papado de Bergoglio fue cuando dio una misa frente a la isla de Lampedusa. Después allí sucedieron nuevas tragedias con las embarcaciones con inmigrantes que intentan llegar a Europa. ¿La situación no cambió nada?
–Esto puede suscitar la sospecha de que la visita del Papa a Lampedusa no ha tenido consecuencias políticas. Esto es verdad. Era un gesto que significaba algo pero no lo suficiente, los gobiernos no lo tuvieron en cuenta para nada. Se precipitaron a visitar Lampedusa algunos gobernantes pero sin cambiar nada hasta ahora. El problema de los inmigrantes no es problema sólo de Italia, que está muy cerca de la frontera y tiene una economía bastante débil frente, por ejemplo, a la alemana. Nosotros tenemos menos inmigrantes en Italia que en Alemania, pero los sufrimos más porque no hay estructuras de recepción, no hay formas de incorporarlos. Esto debe arreglarse inventando alguna forma de inmigración legal o temporaria, porque en Italia tenemos problemas en temporadas cuando, por ejemplo, es la temporada del tomate, que dura algunos meses. Hemos vivido bajo el chantaje de la Liga del Norte, que era aliada de Berlusconi, quien sigue en el gobierno italiano. Hay toda una cultura xenófoba que cree que la culpa de todo es de los inmigrantes. Lo que no es verdad, los inmigrantes pagan impuestos sociales, incluso, muchas veces sin utilizarlos. Porque pagan impuestos de seguridad social y después se van.
–Incluso la fuerza de Beppe Grillo, que se muestra como antisistema, habla contra la inmigración.
–El típico argumento. Grillo tiene una cultura política muy elemental, actúa como la Liga del Norte al comienzo. Me parece la parte débil, en el sentido de malo, de la política de Grillo. El punto es que para Europa, y el mundo occidental industrializado, la relación con el mundo de “afuera” es constitutiva de este momento. Es como la lucha de clases de otro tiempo. ¿Cuándo se dará cuenta el 85 por ciento de la población mundial que el otro 15 por ciento es el que consume la mayoría de los recursos? Ahí va a pasar algo. El problema del capitalismo occidental es que ahora se disfraza en estas cuestiones locales, pero fundamentalmente es saber qué va a pasar entre este mundo de la abundancia y el mundo de la pobreza.
–Volviendo al papa Francisco, el ranking de Forbes lo ubicó como la cuarta persona más poderosa del mundo. Sin embargo, fue allí a Lampedusa y no consiguió que nadie se ocupara del problema. ¿Será confiable ese ranking?
–Es como esa frase de Stalin, ¿cuántas divisiones tiene? Pobre, hace lo que puede. Es cierto que desde el interior mismo de la Iglesia sería posible ayudar más a los pobres, hay muchos edificios religiosos en Italia que están vacíos. Obviamente, yo lo comprendo, ha asumido toda la responsabilidad sobre una Iglesia milenaria. Incluso, si pusiera los recursos financieros para distribuirlos también tendría un problema, porque cuando se acaben esos recursos y no haya más dinero, qué hace. Pero, en ese sentido, se podría hacer algo más.
–Incluso a veces aparecen noticias sobre el Papa repartiendo cheques de 200 euros a personas que le plantearon casos de extrema necesidad, pero eso no parece una solución a la pobreza, ¿no?
–No, esas son cuestiones de políticas públicas, de políticas de los Estados, incluso de políticas europeas. Obviamente, si tuviera la solución yo ya la hubiera propuesto. Pero, por ejemplo, debe organizarse un poco mejor la recepción de los inmigrantes, evitando que sean obligados a inmigrar clandestinamente. Porque nosotros, en Italia, tenemos una ley antiinmigrantes clandestinos que penaliza y castiga también a quienes los ayudan. Es una de las invenciones más perversas de la Liga del Norte. Eso tendría que hacerse inmediatamente.
El advenimiento de la dictadura militar en Brasil, ocurrido en 1964, fue un importante impulso para la expansión de la Red Globo de televisión, sostuvo Sergio Murillo de Andrade, director de Relaciones Internacionales de la Federación Nacional de Periodistas de Brasil (Fenaj, por sus siglas en portugués). Murillo es miembro de la Comisión de Verdad y Memoria de los Periodistas Brasileños, presentada el viernes pasado por la Fenaj.
El apoyo del grupo mediático a la tiranía impuesta contra el pueblo brasileño representó un soporte importante del régimen, que incluyó la censura sistemáticamente aplicada para restringir las voces del movimiento social y popular. La Red Globo es la mayor cadena televisiva en un país de unos 200 millones de habitantes, donde 7 empresas detentan prácticamente la totalidad del espectro radioeléctrico, en desmedro de la población mayoritaria, que es la legítimamente dueña de tales señales.
El fortalecimiento de las cadenas empresariales, como la Globo, siguió la misma senda recorrida por el grupo Clarín en Argentina, así como por el diario Abc Color, en Paraguay, que fueron sostenes de las dictaduras en ambas naciones. Tanto la Red Globo, de la familia Marinho, el grupo Clarín, de Ernestina Noble, así como Abc, de Aldo Zuccolillo, son abiertamente afines a los regímenes opresores contra los trabajadores y tienen recurrentes prácticas antisindicales y antipopulares.
El modelo de justificación de la dictadura y acumulación de fortunas se hizo sobre la base de la sangre de millares de trabajadores. “La democratización de la comunicación es nuestra tarea, así como la defensa del periodismo y de la profesionalización del oficio”, expresó Murillo, que forma parte de la Comisión de Verdad y Memoria de los Periodistas Brasileños.
El 2013 empezó con el foco puesto sobre el fuero civil y comercial, sobre todo luego de que la cámara de apelaciones fallara a favor del Grupo Clarín en una cautelar. Y a la vez, aunque aparecen pocas precisiones, muchos funcionarios del Ejecutivo empezaron a hablar de una reforma del Poder Judicial. Lo hicieron luego de que la Presidenta mencionara lo que ella misma definió como “democratización de la Justicia”. El ministro de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni es jurista, pero suele interesarse por pensar el Poder Judicial desde límites que están más allá de los formales.
–Si uno tomara el ejemplo del fuero civil y comercial, tan en discusión en los últimos tiempos, ¿cómo podría cambiar los tiempos?
–No soy un procesalista civil, pero esas instituciones hay que reformarlas. No puede ser que la Justicia civil consista en no litigar, porque entonces cada causa es interminable. El Código de Procedimientos es muy antiguo. Hay que hacerlo más expeditivo. En la Corte estoy viendo expedientes del fuero civil que tienen muchos años, mucha demora…
–En el fallo de la Corte Suprema a raíz de la presentación del Grupo Clarín, usted votó en disidencia y sostuvo la posición de la procuradora Alejandra Gils Carbó.
–En la Corte estamos acostumbrados a opinar diferente. Es lo habitual. Que me quede solo en un voto tampoco es extraño. Me pasó muchas veces. Por ejemplo, he sostenido que la pena máxima vigente es de treinta años, fundado en que la ratificación del Tratado de Roma habría derogado las anteriores previsiones legales, y emití el único voto en ese sentido, en tanto que el resto sostuvo que no había cuestión constitucional a dirimir. Hubo otros casos también. Son las reglas normales de juego en un tribunal colegiado, donde todos nos respetamos aunque opinemos diferente. El pluralismo es sano.
–No es cualquier tema.
–Todos los casos son trascendentes. Una pena exagerada o injusta también lo es, tanto como la impunidad selectiva, al menos para quien la sufre o para la víctima. La trascendencia del caso no depende de la publicidad, sino del sufrimiento de la injusticia. Por suerte, los jueces no estamos sometidos a elecciones.
–La Presidenta pidió la democratización de la Justicia. ¿Está de acuerdo?
–Hasta que no se concrete en medidas, no sé de qué se trata.
–¿Le molesta?
–Al contrario. Me siento complacido por el simple desafío de “repensar” lo judicial. Nadie puede dudar de que la Presidenta, más allá de la posición que se tenga a su respecto, es un verdadero cuadro político, alguien que viene de la política de toda su vida. Que de una persona de esa condición emane un reclamo de “repensar” lo judicial me entusiasma, porque puede abrir un debate en el que participen todos los cuadros políticos de la oposición. Sería bueno lograr que, al fin, la política se haga cargo de la necesidad de “pensar” y “repensar” al judicial. Espero que lo hagan bien, seriamente, sin tirar propuestas al voleo, sino poniendo lo que hay que poner en la silla durante muchas horas, estudiando, sobre todo estudiando. No se hace ingeniería institucional inventando el embudo.
–¿Por qué dijo que “al fin” los dirigentes políticos tal vez puedan acercarse a repensar la Justicia?
–Porque la política sencillamente ignoró el tema. Hace casi veinte años publiqué un librito (Estructuras Judiciales) en el que llamaba la atención acerca de la necesidad de discutir lo judicial desde lo político, de profundizar el análisis de los modelos de control de constitucionalidad y del mejor servicio de resolución de conflictos. Parece que todos creen que el judicial es un apéndice que funciona solo. Desde la política nadie ha pensado seriamente que un Estado democrático necesita un modelo de Poder Judicial acorde y que eso no se hace por sí mismo, sino que debe pensarse, meditarse y estructurarse. Armarse.
–Si tuviera que rescatar una idea que no considere gastada, ¿cuál sería?
–Que no intentemos inventar la pólvora. En el mundo existen modelos de judiciales corporativos y burocráticos que provienen de Napoleón, modelos políticos puros como el norteamericano, modelos más o menos horizontales como el italiano, distintas formas de reclutamiento de los jueces, controles de constitucionalidad difusos como el nuestro o el norteamericano, y centralizados como la mayoría de los europeos continentales. Esto solo por tocar algunos temas. Así como existen modelos de gobiernos parlamentarios y presidencialistas, unitarios o federales, también hay modelos judiciales e incluso hay algunos institutos y científicos sociales y políticos dedicados al tema. Es cuestión de estudiarlos, ver sus ventajas y desventajas, las dificultades que acarrearon en los respectivos países, los problemas que solucionaron o evitaron y su viabilidad en nuestro contexto. Eso es ingeniería institucional. Cómo armar un Poder Judicial es un problema político, constitucional, y la Constitución es un código político, de gobierno. Siempre lo ha sido. No puede negarse la esencia de los fenómenos, la naturaleza de las cosas, si no se quiere caer en el ridículo o en la insensatez.
A primera vista, en el ámbito del Poder Judicial argentino el inicio del año 2013 no parece traer vientos de cambio. La misma Cámara Civil y Comercial que el año pasado se tornó en la muralla de protección del “Gran Multimedio Argentino” (Clarín), evitando que éste se ajuste a las disposiciones de una ley sancionada por el Congreso, cautelar mediante; ahora concedió una medida cautelar en beneficio de la Sociedad Rural evitando con ello la recuperación, por parte del Estado Nacional, del predio palermitano. Adquirido al Estado, vale recordarlo, a un precio irrisorio en 1991 por la entidad rural.
Es verdaderamente sorprendente observar cómo, sin ruborizarse, el fuero Civil se arroga automáticamente una decisión que, en principio, corresponde al fuero Contencioso-Administrativo; ya que lo que se está dejando sin efecto es una decisión del Poder Ejecutivo. No obstante, lo que causa mayor estupor es que, mientras tanto, en el fuero federal penal se esté desarrollando, desde hace años, una causa que tiene como imputados al ex ministro de economía, Domingo F. Cavallo y al ex titular de la Sociedad Rural por haber participado en la venta “a precio vil” del predio de Palermo.
Si a esto le añadimos los respectivos informes de la Procuración del Tesoro de la Nación, donde se cuestionó “la venta realizada” bajo el mandato del ex presidente Menem; cuesta aceptar la procedencia de una cautelar. Recordemos que las medidas cautelares son dictadas inaudita parte, es decir, sin escuchar a la persona (en el caso el Estado) que se verá afectada por la medida; de ahí que el derecho invocado por el beneficiado con la medida debe tener altos signos de verosimilitud para que los jueces contemplen su pedido. Resulta cuando menos difícil imaginarnos el derecho que asiste a una entidad donde tanto en el ámbito judicial, como en la esfera administrativa han quedado evidenciadas una serie de irregularidades; si hasta en el ámbito obligacional y contractual no han cumplido con las condiciones acordadas, en la irregular adquisición, durante la transferencia del predio.
Lo cierto, es que los integrantes de la Cámara en cuestión siguen “administrando justicia” en función de criterios muy particulares. Hecho éste que nos hace sospechar sobremanera, respecto de su “independencia” de los poderes fácticos y, obviamente, la demostrada asistencia (de la mayoría de sus miembros, con todos sus gastos pagos) a los cursos brindados, en Miami, oportunamente por una ONG de estrechos vínculos con el “gran multimedio argentino”, nos hace dudar aún más de la supuesta imparcialidad de sus decisiones.
Párrafo aparte merece, como es de costumbre, la actitud de “ la dirigencia opositora” que sigue exponiendo no solo su mediocridad; sino que termina dejando a las claras que intereses representa. Que por cierto, no son los intereses del Estado; sino de toda expresión corporativa existente en el país.
Llegan al extremo de justificar una venta perjudicial para el patrimonio del Estado, en aras de defender a la Sociedad Rural; algunos como Ocaña y Bullrich expresando, inclusive, un profundo desconocimiento del derecho.
Por suerte, una buena franja de miembros de la justicia ha reaccionado en estos días y convocado a la realización de un primer encuentro
“Hacia una justicia legítima”,
hecho éste que tendrá lugar en la Biblioteca Nacional los días 27 y 28 de febrero próximo.
Frente a tan oscuro panorama, que alrededor de 600 firmantes del ámbito judicial convoquen a discutir la democratización de la justicia es un evento sumamente alentador para dar un primer paso en vistas de alcanzar un acercamiento con lo que la sociedad reclama.
Tal vez, y de ese modo, con el tiempo logremos que aquel principio consagrado constitucionalmente en el art.16 de nuestra Carta Magna: “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales, ni títulos de nobleza.Todos sus habitantes son iguales ante la ley……” deje de ser una expresión cuasi abstracta, para convertirse en una realidad concreta.
La igualdad, entre otras cosas, implica que no se establezcan excepciones o privilegios y que se trate a todos del mismo modo en iguales situaciones. No hace falta imaginarnos que sucedería si un ciudadano común adquiriese algo “irregularmente”, no cancelara su deuda hipotecaria o no se ajustase a la ley vigente. Las corporaciones, nos guste o no, también son personas jurídicas y nadie lo ignora, el problema es que para algunos “administradores de justicia” ellas suelen gozar de mayores derechos que los que nos corresponden a los individuos “de carne y hueso”, es decir, a las personas físicas.
“Hay una parte de la Justicia que está colonizada”, consideró ayer el ministro de Interior y de Transporte, Florencio Randazzo.
Además de criticar la decisión de los camaristas, Randazzo abonó los fundamentos que desde el Ejecutivo se esgrimieron para sostener la decisión de decretar la expropiación del predio de Palermo. “Creemos desde el gobierno nacional que ese bien le pertenece a todo el conjunto de los argentinos y no a un grupo de dueños de tierras que manejan la Sociedad Rural”, afirmó y recordó que la Sociedad Rural “adquirió el predio a precio vil en 1991 y nunca lo pagó”, por lo que “el Gobierno hizo simplemente lo que correspondía: acudió a la Justicia porque ese lugar es de los 40 millones de argentinos”.
En la misma línea había opinado el senador Aníbal Fernández, quien en el marco de una entrevista ofrecida a Página/12 dijo que “era impensado que esta Cámara fallara de otra manera que no fuera a favor de las corporaciones” y definió la aceptación de la medida cautelar como “un despropósito, una locura”: “Da la sensación que les importa poco lo que dice la Justicia de fondo”, en relación a la consideración del juez federal Sergio Torres, a cargo de la causa, respecto de la compra del predio por la Sociedad Rural a principios de la década del ’90, a la que consideró como sustracción al Estado nacional.
A través de su cuenta de Twi-tter, Cristina Kirchner criticó el sábado el fallo conocido el viernes pasado, emitido “por la Cámara Cautelar en lo Clarín y lo Rural”, como ironizó al referirse al tribunal. Tampoco se mostró sorprendida con la apelación concedida, a lo largo de una seguidilla de tweets que se extendió por más de una hora el sábado: “Al final. ¿Cómo falló? ¿A favor del Estado o de la Sociedad Rural Argentina? A favor de las corporaciones, siempre. Always”. Además, consideró que el fallo traspasó “todos los límites” por convalidar la “venta a precio vil” del terreno que ocupa la Rural y concluyó: “Eso no es inmunidad judicial, es impunidad judicial”.
A través de su cuenta personal en la red social Twitter, la jefa de Estado señaló que “a cualquier ciudadano que no paga las cuotas de su hipoteca o su auto se lo sacan. A la Sociedad Rural, no”.
Para la presidenta, con sus últimos fallos y resoluciones, la Cámara en lo Civil y Comercial Federal “ha traspasado todos los límites”.
“Esta Cámara ha traspasado, y se le ha permitido traspasar, todos los límites”, dijo, ya que “no sólo se arroga competencia propia del fuero contencioso administrativo” para entender sobre un decreto presidencial, sino que “mucho peor, convalida un acto calificado por el juez federal competente como una sustracción al Estado Nacional, en criollo léase: Un robo”.
También recordó que “hay ex funcionarios de Economía y miembros de la SRA de entonces, procesados por la venta a precio vil de la Rural”.
Siempre a través de Twitter, la mandataria resaltó que “este viernes, la Cámara que mantiene suspendida desde hace 4 años una ley del Congreso debía resolver sobre el decreto que revocó la venta a precio vil, impago además, de la Rural. Al final, ¿Cómo falló? ¿A favor del Estado o de la Sociedad Rural Argentina? A favor de las corporaciones, siempre”, manifestó.
La jefa del Estado aseguró que a los jueces que integran la Cámara “nada les importó”, a la hora de redactar su resolución, y afirmó que esa conducta “no es inmunidad judicial, es impunidad judicial”.
En ese marco, la jefa de Estado manifestó que la Cámara “no sólo se arroga competencia propia del fuero contencioso administrativo, algo muy técnico para el hombre común, sino que mucho peor, convalida un acto calificado por el juez federal competente como una sustracción al Estado Nacional”.
Por otra parte, la mandataria se refirió además a la sitiación jurídica de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que se encuentra en estudio en la misma Cámara, que favoreció al Grupo Clarín prorrogando otra medida cautelar qie impide su aplicación.
“La Ley de Medios está suspendida desde hace 4 años: el período completo de un presidente electo, un gobernador o un legislador”, dijo a modo de ejemplo la Presidenta, y aseguró que cuando una ley no puede aplicarse por este tipo de acciones judiciales se provoca un “desequilibrio total del sistema democrático”.
Añadió que ese desequilibrio se origina en que existen “jueces (que) gobiernan anulando decisiones propias intransferibles del Ejecutivo y Legislativo”.
“El sistema democrático (esta) severamente dañado por la falta de administración de justicia y la generación de un nuevo orden judicial: el cautelar”, expresó la jefa de Estado.
En otro pasaje de sus comentarios, Cristina se refirió a las críticas que recibió en los últimos días el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, por la realización de un brindis en el predio de la ex ESMA, actual Espacio para la Memoria.
La Presidenta se refirió al espacio que esto tuvo en los medios hegemónicos definiéndola como una “típica `noticia` cazabobos de la cadena del odio y el desánimo”.
“¿Por qué Alak? Porque es el comunicador institucional judicial de Gobierno y por su impugnación a la Cámara Cautelar en lo Clarín y lo Rural”, dijo la Presidenta.
En ese marco, enumeró “los ingredientes para la Receta Mediática del Monopolio: 1. Cualquier hecho nuevo, repetido o inventado, 2. No importa lugar, tiempo, si fue ayer, hace una semana o 1 año, 3. Ingrediente fundamental: QUIEN, preferentemente un funcionario del gobierno nacional o personaje público que apoya al proyecto”.
Seguidamente explicó que este tipo de noticias “cazabobos” tienen lugar en los medios “a. En tiempos electorales b. Para ocultar hechos relevantes que beneficien a las corporaciones c. Todos los días, para desgaste”.
También expresó que quienes colaboran con este tipo de noticias son “políticos de partidos varios” y “Loros mediáticos `críticos` que repiten el libreto”, expresó.
Por último, aseveró que “en la ex-ESMA se han hecho y se seguirán haciendo asados, festivales, reuniones, Hebe cocinando, el Canal Encuentro, Paka Paka, etc. es la vida que por fin alcanza un lugar donde reinaron la muerte, el dolor, la tragedia y también las miserias humanas”.
En medio de una gran expectativa periodística, el titular de la AFSCA llegó a las 9.40 a la sede de Clarín, acompañado por asesores del organismo y la escribana Lorena Mosca, quienes fueron recibidos por los abogados del grupo en el hall del edificio, donde se colocó una mesa y varias sillas, y mantuvieron una reunión de una hora.
Durante el encuentro, los abogados del Grupo Clarín -encabezados por Damián Cassino- “se notificaron” de inicio del proceso de transferencia y “expresaron sus opiniones en un acta” confeccionada durante la reunión.
“La ley es constitucional y está en plena vigencia, porque el juez (Horacio) Alfonso dejo atrás todas las medidas cautelares”, dijo Sabbatella a la prensa, en referencia al dictamen de constitucionalidad de los artículos de la norma que el Grupo Clarín impedía aplicar desde hace tres años mediante una medida cautelar.
El titular de la Afsca explicó que la transferencia de oficio tiene varios pasos. “El primero es la notificación, después viene el proceso de tasación, luego la selección de licencias y bienes afectados al uso de la misma para concursar, el concurso y la adjudicación, y finalmente el traspaso al nuevo titular”, enumeró.
Precisó asimismo que “todo el proceso de transferencia de oficio tiene un plazo de 100 días hábiles”.
En cuanto a la apelación que presentó esta mañana el Grupo Clarín, Sabbatella dijo que “tienen todo el derecho a apelar, pero no corresponde ninguna medida suspensiva” de la vigencia plena de la ley de servicios de comunicación audiovisual.
Esta ley ha causado gran preocupación en los oligopolios mediáticos argentinos. Por esta razón, están utilizando toda clase de artificios jurídicos para dilatar su plena ejecución. El artículo 45 regula la cantidad de licencias. La puesta en vigencia de este artículo, por ejemplo, reduciría de 237 a 24 las licencias a nivel nacional que serían concedidas a Clarín. El artículo 161 dio un año de plazo a los licenciatarios para cumplir con la desinversión, a partir de que se establecieran los mecanismos de transición.
Sin embargo, las “acrobacias jurídicas” continuaron y el día 6 de diciembre de 2012, ¡qué casualidad!, dos jueces de la Cámara Civil y Comercial Federal amplían nuevamente el plazo para la plena aplicación de la ley 26.522, “hasta que haya sentencia de primera instancia”. Esta resolución la firman María Najurieta y Francisco de las Carreras. El otro miembro del Tribunal se encontraba de vacaciones.
El asunto de fondo es que el círculo del poder fáctico continúa funcionando en Argentina: las élites agroexportadoras, el sector financiero, los medios de comunicación privados. Esta trilogía se resiste a perder el control mediático. Es conocido que varios medios privados argentinos mercantilizan la palabra para defender los intereses de unos pocos. Se presentan –eso sí– como “prensa libre”.
En un acto que contó con la presencia de miles de argentinos/as que colmaron la Plaza de Mayo el domingo 9 de diciembre de 2012, la presidenta Cristina habló claro: “Quiero una democracia plena y profunda, sin privilegios de sectores minoritarios, ese poder económico concentrado que en una etapa se sirvió de los militares, porque eran golpes cívico-militares, hay que decirlo de una vez por todas”.
La presidenta también advirtió que a esos sectores, “cuando les fallan los fierros mediáticos, intentan construir fierros judiciales para tumbar a un gobierno”.
El pueblo argentino va a lograr –más temprano que tarde– deshacerse también del cuadro de la dictadura mediática privada.
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