Caminando desde el barrio de clase trabajadora Sabana Grande hasta el centro de la ciudad, no hay señales de que Venezuela esté al borde de una “crisis” que requiera la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA), a pesar de lo que John Kerry diga. El Metro también trabajaba muy bien, aunque no pude bajarme en la estación Altamira, donde los rebeldes habían puesto su base de operaciones hasta que los sacaron esta semana.
Logré ver las barricadas por primera vez en Los Palos Grandes, área de clase alta donde los manifestantes sí tienen apoyo popular y los vecinos gritarán a cualquiera que trate de remover las barricadas – algo arriesgado de intentar (al menos cuatro personas aparentemente han sido asesinadas a tiros por hacerlo). Pero incluso aquí en las barricadas, la vida era bastante normal, excepto por algún tráfico fuerte. El fin de semana, Parque del Este estaba lleno de familias y corredores sudando en un calor de 32 grados – antes de Chávez, había que pagar para entrar y los habitantes, según me dijeron, estaban decepcionados porque a los menos acomodados se les permitía entrar de gratis. Los restaurantes siguen llenos en la noche.
Viajar ayuda a verificar la realidad un poco más, por supuesto, y yo visité Caracas principalmente para obtener información en el área económica. Pero vine escéptico respecto al cuento, reportado a diario en los medios, de que el desabastecimiento de productos básicos era la razón para las protestas. La gente a la que la escasez le crea más molestias es, por supuesto, los pobres y las clases trabajadoras. Pero los habitantes de Los Palos Grandes y Altamira, donde vi verdaderas protestas, tienen sirvientes que hacen cola para lo que necesitan y tienen el ingreso y el espacio para acumular algo de existencias.
Esta gente no está sufriendo – les está yendo muy bien. Sus ingresos han aumentado a buen paso desde que el gobierno de Chávez tomó control de la industria petrolera hace una década. Incluso tienen un gran apoyo del gobierno: cualquiera con una tarjeta de crédito (excepto pobres y millones de la clase trabajadora) tiene derecho a $3.000 por año, a una tasa de cambio subsidiada. Después, pueden vender los dólares seis veces más caros de lo que pagaron, en lo que suma un subsidio anual multimillonario en dólares para los privilegiados – y todavía estos son los que abastecen la base y a las tropas de la sedición.
La naturaleza de clase de esta lucha siempre ha sido cruda e irrefutable, ahora más que nunca. Caminando entre las masas que fueron a las ceremonias por el aniversario de la muerte de Chávez, el 5 de marzo, se veía un mar de venezolanos de la clase trabajadora, decenas de miles de ellos. No había ropas caras o zapatos de $ 300. Qué contraste con las masas descontentas de Los Palos Grandes, que tenían camionetas todoterreno Grand Cherokee de $ 40.000 portando el eslogan del momento: SOS VENEZUELA.
En lo que se refiere a Venezuela, John Kerry sabe de que lado de la guerra de clases está. La semana pasada, justo cuando me iba, el Secretario de Estado de Estados Unidos duplicó su descarga de retórica contra el gobierno, acusando al presidente Nicolás Maduro de fomentar una “campaña de terror contra su propio pueblo”. Kerry también amenazó con invocar la Carta Democrática Interamericana de la OEA contra Venezuela, así como de aplicar sanciones.
Alardear sobre la Carta Democrática contra Venezuela es casi como amenazar a Vladimir Putin con un voto de la ONU sobre la secesión en Crimea. Quizás Kerry no se dio cuenta, pero apenas unos días antes de sus amenazas, la OEA votó una resolución que Washington introdujo contra Venezuela y le dio la vuelta, declarando la “solidaridad” del organismo regional con el gobierno de Maduro. Veintinueve países la aprobaron y sólo los gobiernos de derecha de Panamá y Canadá se aliaron con Estados Unidos contra ella.
El artículo 21 de la Carta Democrática de la OEA aplica ante la “interrupción inconstitucional del orden democrático de un Estado miembro” (como el golpe militar de 2009 en Honduras, al cual Washington ayudó a legitimar, o el golpe militar de 2002 en Venezuela, que tuvo aún más colaboración del gobierno estadounidense). Debido a este voto reciente, la OEA podría invocar la Carta Democrática más en contra del gobierno de Estados Unidos, por las muertes que causan sus drones a ciudadanos estadounidenses sin juicio, de lo que podría hacerlo contra Venezuela.
La retórica de “campaña de terror” de Kerry está igualmente divorciada de la realidad y como era de esperarse provocó una respuesta equivalente del canciller de Venezuela, que llamó “asesino” a Kerry. Esta es la verdad sobre las acusaciones de Kerry: desde que comenzaron las protestas en Venezuela, resulta que más personas han muerto de la mano de los manifestantes que de las fuerzas de seguridad. De acuerdo a las muertes reportadas por el CEPR (Centro de Investigación en Economía y Política) durante el último mes, además de los asesinados por tratar de remover las barricadas puestas por los manifestantes, por lo menos siete aparentemente han muerto debido a las obstrucciones creadas por los manifestantes – incluyendo un motorizado que se degolló con una guaya colocada en la carretera – y cinco oficiales de la Guardia Nacional han sido asesinados.
Respecto a la violencia por parte de cuerpos de seguridad, presuntamente tres personas podrían haber sido asesinadas por la Guardia Nacional u otras fuerzas de seguridad – incluyendo dos manifestantes y un activista que apoyaba al gobierno. Algunas personas acusan al gobierno de otras tres muertes por civiles armados; en un país con un promedio de más de 65 homicidios por día, es completamente posible que esta gente actuara por su cuenta.
Un total de 21 miembros de las fuerzas de seguridad están bajo arresto por supuestos abusos, incluyendo por algunos de los asesinatos. Esto no es una “campaña de terror”.
Al mismo tiempo, es difícil encontrar una denuncia seria sobre la violencia opositora entre los más importantes líderes de la oposición. Según datos de encuestas, las protestas son rechazadas en gran medida en Venezuela, aunque se ven mejor afuera cuando son promovidas como “protestas pacíficas” por gente como Kerry. Las encuestas también sugieren que la mayoría de los venezolanos ven estos disturbios como lo que son: un intento de derrocar un gobierno elegido.
La política interna de la postura de Kerry es bastante simple. Por un lado, tienes el lobby cubano-americano de la derecha de la Florida y sus aliados neoconservadores gritando a favor del derrocamiento. A la izquierda de la extrema derecha, bueno, no hay nada. A esta Casa Blanca le importa muy poco América Latina y no hay consecuencias electorales por hacer que la mayoría de los gobiernos del hemisferio se molesten con Washington.
Quizás Kerry piensa que la economía de Venezuela colapsará y que eso llevará a algunos de los venezolanos no ricos a las calles contra el gobierno. Pero la situación económica en realidad se está estabilizando – la inflación mensual bajó en febrero y el dolar del mercado paralelo ha bajado drásticamente ante las noticias de que el gobierno está introduciendo una nueva tasa de cambio basada en el mercado. Los bonos soberanos de Venezuela tuvieron un rendimiento de 11,5% desde el 11 de febrero (el día que comenzaron las protestas) al 13 de marzo, el más alto rendimiento según el índice de bonos de mercados emergentes de Bloomberg. La escasez probablemente bajará en las próximas semanas y meses.
Por supuesto, esto es exactamente el principal problema de la oposición: la próxima elección será dentro de un año y medio y para esa fecha, la escasez económica y la inflación que han aumentado tanto en los últimos 15 meses se habrán aliviado. En este sentido, la oposición posiblemente perderá las elecciones legislativas, así como ha perdido cada elección en los últimos 15 años. Pero su actual estrategia insurreccional no está ayudando a su propia causa: parece que han dividido a la oposición y unido a los chavistas.
El único lugar donde la oposición parece estar ganando amplio apoyo es en Washington.
* Publicado en The Guardian, el jueves 20 de marzo de 2014.
* Traducido por AVN.
Em 1989, o Senado aprovou um projeto de lei complementar (PLC), de autoria do então senador Fernando Henrique Cardoso (PSDB-SP), que determinava a imediata entrada em vigor do IGF, mas continha imperfeições aos olhos da esquerda. Por exemplo, permitir que os valores pagos fossem deduzidos do imposto de renda. Na Câmara, o projeto acabou substituído por outro, elaborado por deputados do PSOL, aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) em junho de 2010 e pronto para ir a voto em plenário. No entanto, dorme em alguma gaveta da Mesa Diretora à espera de uma decisão política que destrave a discussão.
Em relação às iniciativas em trâmite na Câmara dos Deputados, Curi diz que são dois tributos sobre o mesmo fato gerador: “A Constituição não proíbe a identificação de fatos geradores entre imposto e contribuição, o que tecnicamente resolveria o problema. Mas, se já há resistência política por parte do Congresso Nacional para a instituição de um gravame sobre as grandes fortunas, problema maior ainda teremos ao se tratar de dois gravames distintos.
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