Amnistía Internacional dice que Peña Nieto no reconoce la gravedad de la crisis de derechos humanos
Las agresiones policiales y de narcotraficantes sufridas por los estudiantes de Ayotzinapa, que dejaron seis muertos, 25 heridos y 43 desaparecidos, no son “hechos aislados”, sino parte de un contexto de violaciones graves a los derechos humanos, y a pesar de eso el presidente de México, Enrique Peña Nieto, califica las protestas desatadas de “intentos de desestabilización” y advierte que incluso usará la fuerza, lamentó hoy Amnistía Internacional (AI).
“La afirmación del Presidente pone en evidencia que su administración continúa sin reconocer la grave crisis de derechos humanos que enfrenta México y que en los últimos años, la falta de acceso a la justicia y la impunidad ante violaciones graves a los derechos humanos ha sido una constante”, indicó el organismo en un comunicado recogido por el diario capitalino La Jornada.
El pronunciamiento de AI agrega que las afirmaciones presidenciales parecen “ignorar el elevado número de personas desaparecidas en el país, que de acuerdo a cifras oficiales son 22.000 y que la práctica de tortura se ha elevado en un 600 por ciento. A esto se suman el cúmulo de medidas que no han sido efectivas para la búsqueda de personas”.
Peña Nieto “muestra una vez más la falta de compromiso de su gobierno para hacer frente a la situación que se vive en el país, marcando una tendencia a la criminalización de las demandas de justicia y la manifestación libre de ideas, derechos que, lejos de desestabilizar son la piedra angular de una sociedad democrática”, afirmó Perseo Quiroz, director ejecutivo de AI en México.
“Los hechos han rebasado ya los compromisos verbales. Es momento de que el Presidente reconozca la grave crisis de derechos humanos que ha atravesado México en los últimos años y que su administración no ha logrado combatir la impunidad en el país”, recalcó.
Provistos de herramientas para cavar, las brigadas ligadas a las familias y a la comunidad de origen de los jóvenes, Ayotzinapa, cuyo paradero se desconoce del 26 de septiembre pasado, busca por todos los rincones de cerros, barrancos y zonas agrestes cercanas a Iguala, la sureña ciudad donde fueron vistos por última vez los estudiantes, según informó la agencia ANSA.
Las brigadas de búsqueda enfocan su búsqueda sobre todo en las zonas donde han sido localizadas fosas clandestinas, de las que se exhumaron una treintena de cadáveres, sin que lograra indentificarse a ninguno como perteneciente al grupo de estudiantes.
Los alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, de edades entre 18 y 23 años, fueron atacados en la noche del 26 de septiembre por policías municipales de Iguala, por órdenes del alcade José Luis Abarca, y tres de ellos murieron, junto con otras tres personas (un taxista, un futbolista y una ama de casa).
Luego, los agentes se los llevaron a la comisaría local y más tarde los entregaron a la banda Guerreros Unidos, que se encargaría de darles muerte y arrojar sus restos a un río, según la teoría de las autoridades, de la que dudan sus padres, que los creen todavía vivos.
Esos restos, encontrados a partir del testimonio de uno de los detenidos, fueron analizados por miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense, que realiza peritajes a pedido de los familiares de los estudiantes, que desconfían abiertamente de las autoridades mexicanas.
Esta mañana, en tanto, la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) confirmó el arresto de César Nava González, exsubdirector de la policía de Cocula, en el sureño estado de Guerrero, vinculado con la desaparición de 43 estudiantes y que era integrante de la organización criminal Guerreros Unidos, según destacan la agencia Efe y al diario La Jornada.
La PGR indicó en un comunicado que Nava González estaba prófugo desde los días posteriores a la represión policial del 26 de septiembre cuando policías de Iguala atacaron a estudiantes del magisterio de la localidad de Ayotzinapa.
La Fiscalía afirmó que el ex jefe policial de Cocula, quien pertenecía a Guerreros Unidos, se había escondido en el Distrito Federal y después en Colima, capital del estado homónimo, donde fue detenido.
Las autoridades mexicanas informaron primero a los familiares de los estudiantes desaparecidos del arresto antes de darlo a conocer a la opinión pública, de acuerdo con los compromisos establecidos con el Gobierno.
La PGR indicó Nava González contaba con orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y secuestro en agravio de 43 estudiantes del magisterio por lo que el detenido quedó recluido en el centro penitenciario número 2 en Puente Grande en el estado de Jalisco.
Ayer, en Chilpancigo, los familiares de los 43 estudiantes protestaron por los nulos avances de la Gendarmería en la búsqueda y lanzaron botellas de agua y refrescos enlatados contra la comitiva del gobierno federal, encabezada por Enrique Galindo Ceballos, comisionado general de la Policía Federal; Tomás Zerón, director de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), y Jaime Ramos, subsecretario de Gobernación.
Los familiares anunciaron en ese momento la decisión de iniciar una búsqueda independiente de sus hijos. “Iremos armados y pediremos a la policía comunitaria (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias) que nos apoye”, dijo uno de ellos.
Vidulfo Rosales Sierra, abogado de Tlachinollan, reveló además que, durante la reunión, Tomás Zerón les informó de la detención de César Nava González, quien habría confirmado que el prófugo ex seceretario de Seguridad de Iguala, Felipe Flores, le pidió que auxiliara en la detención de los alumnos de Ayotzinapa, y que había sacado a los estudiantes de la sede de la policía preventiva del municipio para entregárselos a la banda Guerreros Unidos en Lomas de Coyote (Iguala).
La detención de Nava González, si bien fue informada ayer, ocurrió el 16 de noviembre, dijo Vidulfo Rosales.
El abogado de Tlachinollan confirmó que se propuso que a la brevedad la comisión de asistencia técnica de expertos (que se integrará a las investigaciones con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) puedan abocarse y coadyuvar en la investigación; “estamos pidiendo datos que el Presidente de la República se comprometió a darnos, que obran en el expediente y que por obvias razones no los puedo decir, que se nos ha estado negando”, agregó.
Las autoridades federales, dijo Rosales, se comprometieron a tener la información para el próximo lunes y detacó que los familiares van a proponer la participación de 10 expertos en el grupo de asistencia técnica de la CIDH, entre otros está Ariel Dubovsky, argentino; Claudia Paz, de Guatemala; Roberto Garretón, de Chile, y Gino Costa, peruano.
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