Macroeventos deportivos: nueva forma de control social y territorial en Brasil

Por José Manuel Rambia

copa deixa q eu chuto

Negocios y deporte se fusionan así  para desatar un tsunami de emociones en el que los números de la contabilidad son tanto o más asombrosos que las gestas de los atletas. Un tsunami que con su elección para la organización del Mundial de Fútbol en 2014 y las Olimpiadas en Rio para 2016, viene azotando a un Brasil que ve ambas fechas como la reválida definitiva a su entrada en el selecto club de los ricos. Las cifras previstas parecen justificar por sí solas las ilusiones.  Según un estudio realizado por la consultora Ernest & Young  en colaboración con la Fundación Getúlio Vargas,  la organización de la Copa implicará para Brasil un gasto de unos 29.600 millones de reales (11.000 millones de euros), una cantidad compensada por 3,6 millones de empleos anuales por los preparativos, que a su vez distribuirán una renta entre la población de 63.480 millones de reales (24.100 millones de euros), además de generar una recaudación tributaria adicional de 18.130 millones(6.886 millones de euros). Así mismo, se espera un incremento del flujo turístico del 74%.

No obstante, los tsunamis no son solo dignos de admiración por su manifestación de naturaleza desbordada. La devastación que dejan a su paso alcanza niveles sin duda no menos espectaculares. Sin embargo, los medios de comunicación, que suelen centrar sus focos en esta letal irrupción de la calamidad en las vidas humanas cuando se trata de fenómenos sismológicos, normalmente optan por apartar del daño colateral el objetivo de las cámaras cuando se trata de estos modernos tsunamis deportivos. Y, como no podía ser de otro modo, daños colaterales no faltan en las olas gigantes proyectadas sobre la tierra brasileña por la Copa del Mundo y los juegos Olímpicos. Un informe elaborado por los Comités Populares de la Copa enumera algunos. Así, por ejemplo, unas 170.000 personas – según las estimaciones  más conservadores – se verán desplazados de sus casas como consecuencia de las obras de infraestructuras ligadas a las competiciones. Para la mayoría de ellos las alternativas recibidas son limitadas, cuando no, sencillamente inexistentes.

El listado es interminable y está compuesto en su mayoría por favelas y ocupaciones irregulares que, en muchos casos, tienen más de medio siglo de historia. En Curitiba, por ejemplo, la ampliación del aeropuerto y las obras del estadio Joaquim Américo Guimarães amenaza a más de 2.000 familias. Otras 6.900 serán desalojadas en Belo Horizonte a causa de la construcción de carreteras, hoteles, centros comerciales y otras infraestructuras. La resistencia ha sido duraLa represión también. Los vecinos de la comunidad Dandarafueron desalojados por la policía sin orden judicial, utilizando gases y destruyendo las endebles barracas con el vuelo rasante de los helicópteros. Mientras tanto, en Fortaleza 5.000 familias pierden sus casas por distintos proyectos de transporte público y 15.000 más por otras actuaciones urbanísticas ligadas al Mundial. En Rio otras 3.000 viviendas se verán impactadas, mientras que en São Paulo se estima que solo las conexiones entre el futuro estadio del Corinthians y el aeropuerto internacional de Guarulhos afectaron a unos 4.000 hogares y amenazan a otros 6.000.

La maquinaria del evento no respeta nada. El proyecto inmobiliario Granja Werneck prevé ocupar en Belo Horizonte unos 10 millones de metros cuadrados para construir 75.000 apartamentos destinados a turistas, delegaciones deportivas y periodistas que acudan a cubrir los partidos del Mundial programados en la capital minera. Como una apisonadora, estos planes amenazan con llevarse por delante el Quilombo de Mangueiras, una comunidad creada en la segunda mitad del siglo XIX por descendientes de esclavos negros, de los que hoy apenas quedan 35 familias. Igualmente, el pasado 22 de marzo unidades de la policía de choque entraron en las instalaciones del antiguo Museo del Indio en Rio de Janeiro. Aunque el museo estaba inactivo, colectivos indígenas de distintas etnias mantenían ocupado el espacio como referente cultural. El edificio fue demolido dentro de las obras del nuevo Maracanã.

La contundencia en la ejecución de estos proyectos adquiere en ocasiones tintes absurdos. Los habitantes de Vila Harmonia y Metrô Mangueira, por ejemplo, recibieron un buen día y por sorpresa una notificación judicial con la orden de desalojo y el plazo fijado para dejar sus casas: cero días. Los casos se repiten por las distintas sedes del campeonato de fútbol, en ocasiones alegando problemas geotécnicos obviados durante décadas. Adriano Evangelista, vecino de Itaquera, en São Paulo, recuerda cuando le notificaron que debía dejar su vivienda. “Vinieron y me entregaron un documento que decía que la casa iba a ser clausurada. No me dijeron si iba a tener derecho a algo o si nos iban a trasladar a otro lugar”. Situaciones, en suma, que no han dejado de provocar denuncias y quejas como las de  José Renato, uno de los afectados por las obras en Porto Alegre: “no sabemos cuándo comenzarán la obras, ni quién se verá afectado, o hacia dónde serán realojadas las familias. Queremos tener el derecho a discutir nuestro futuro. Defendemos la realización de la Copa, pero con respeto a los derechos de la población”.

La opacidad se ha convertido en moneda corrienteLa urgencia en el cumplimiento de los plazos o el argumento de un pretendido interés general hace que la falta de transparencia sea la norma en la tramitación de estos grandes proyectos. Ello a pesar de la cascada de instituciones creadas, entre otras cuestiones, precisamente para encauzar la participación, como el Comité Gestor da Copa 2014, el Grupo Executivo da Copa, el Comité de Responsabilidad de las ciudades sede o la Autoridad Pública Olímpica. Sin embargo, en la práctica la supuesta participación se ha limitado a lo que algunos han denominado irónicamente como “democracia directa del capital”, donde lo que cuenta son las conversaciones a puerta cerrada entre instituciones y empresas privadas.

No es extraño pues que en este contexto entidades como Amnistía Intenacional o la Plataforma Brasileña de Derechos Humanos, Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, hayan criticado el impacto negativo de estas prácticas. Sus denuncias  fueron oídas por el grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre derechos humanos, especialmente las relativas a los procedimientos utilizados en algunos desalojos. Incluso, la ministra brasileña de Derechos Humanos, María do Rosario Nunes, tuvo que admitir, durante un encuentro con miembros del grupo de trabajo de la ONU en mayo de 2012, la necesidad de prestar una atención especial a los derechos humanos en el marco de los proyectos vinculados a la Copa y el Mundial. Finalmente, en julio del pasado año,  la comisión recomendó a Brasil – a propuesta de Canadá – que se tomaran medidas que “eviten los desplazamientos y los desalojos forzosos. Además, se reclamaba la necesidad de que los afectados tengan acceso a la información, incluyendo plazos, se realizaran negociaciones con los vecinos implicados para buscar alternativas o, en su caso, se fijaran indemnizaciones adecuadas”.

Pero además, en la práctica, al amparo de estos proyectos se está  promoviendo un modelo urbanístico basado en la exclusión social y la criminalización de la pobreza. Es así como en los últimos meses se han puesto en marcha auténticos cordones sanitarios para aislar de la pobreza las zonas deportivas y turísticas potenciadas por los eventos. El exponente más directo ha sido, sin duda, las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) puestas en marcha en Rio con el objetivo declarado de controlar la violencia y el crimen organizado en las favelas. Sin embargo, para Cleonice Dias, líder comunitario en la favela de Cidade de Deus, la realidad tiene otra cara. “Nosotros, que somos de la comunidad, sabemos que la UPP busca satisfacer a la opinión pública mostrando que el Estado tiene el control de  las comunidades. Quieren destacar que habrá seguridad porque nosotros, los pobres, estaremos controlados y que pueden venir las inversiones para los macroeventos”. El coronel de la Policía Militar Robson Rodrigues confirmaba las sospechas de las comunidades: “realmente son las Olimpiadas las que dictan nuestra selección. Yo diría incluso que sin este evento la pacificación nunca habría ocurrido”.

El modelo, exportado a otras ciudades como São PauloSalvador de Bahía o Curitiba, supone a menudo una auténtica militarización de la sociedad, implicando incluso al ejército en estas labores de “pacificación”. En total, Rio tiene previsto desplegar 40 UPP en la ciudad, con un despliegue de 8.ooo policías y un coste anual estimado en 408 millones de reales (156 millones de euros). Paradójicamente, las favelas y barrios situados en la zona oeste de la ciudad, controlados por milicias criminales en las que a menudo están implicados agentes públicos, han sido excluidas del programa de pacificación. Leer más 

a-copa-do-mundo-nossa

Publicado por

Talis Andrade

Jornalista, professor universitário, poeta (13 livros publicados)

Um comentário sobre “Macroeventos deportivos: nueva forma de control social y territorial en Brasil”

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google

Você está comentando utilizando sua conta Google. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s