Por José Manuel Rambia
Más policías, la misma pobreza
También aquí han sido numerosas las voces que dentro y fuera de Brasil han denunciado esta criminalización de la pobreza. Y ello a pesar de que, según sus críticos, los macrooperativos policiales y militares desplegados en Rio con motivo de otros eventos, no han logrado una reducción de los altos índices de criminalidad. En cualquier caso, está previsto que el aparato de seguridad en torno a la Copa del Mundo tenga un costo de 2.100 millones de reales (803,7 millones de euros) e implique la contratación de 53.000 nuevos agentes. Mientras tanto, el pasado mes de marzo expresaba su preocupación otro grupo de trabajo de Naciones Unidas, el responsable de analizar los casos de detenciones arbitrarias. En sus conclusiones, los expertos censuraron la política de “limpieza de las calles” que se está realizando en las ciudades brasileñas a costa de detenciones masivas de toxicómanos y pobres. Al mismo tiempo destacaban su preocupación porque “según relatos, habría presiones para reforzar este tipo de detenciones debido a los grandes eventos de los que Brasil será sede, como la Copa del Mundo 2014 y los Juegos Olímpicos en 2016”.
Las sombras ligadas a estos macroeventos también se proyectan sobre uno de los aspectos más destacados en su justificación: el empleo. En este sentido, las condiciones laborales en las obras de construcción de las instalaciones han provocado no pocos paros y huelgas, hasta el punto de que el entonces ministro de Deporte, Orlando Silva, del Partido Comunista de Brasil (PCdB), llegó incluso a apelar al “patriotismo de los trabajadores” para no retrasar las proyectos. A ello se le suma el castigo que sufre el comercio informal, un sector clave para la supervivencia económica de miles de brasileños de renta baja. Y es que el monopolio económico impuesto por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) sobre los estadios y sus alrededores para garantizar el negocio a sus empresas y patrocinadores, pasa por la marginación, cuando no directa criminalización, de vendedores callejeros tan tradicionales como las baianas de Salvador que estos días se movilizaban contra el veto que les impedirá vender junto al estadio, su típica comida afrobrasileña de acarajé.
En realidad, no resulta extraño si se tiene presente que la organización de este tipo de eventos es, esencialmente, un gran negocio. Y tampoco muy transparente. La adjudicación de la gestión del nuevo estadio Maracanã de Rio de Janeiro es una buena muestra. El contrato fue adjudicado este mes de mayo al Consorcio Maracanã S.A. por un periodo de 35 años, a cambio de la inversión de unos 300 millones de dólares en mejoras del entorno y el pago de unos 2,2 millones de dólares al año al gobierno estadual. En compensación obtendrá unas ganancias totales de 715 millones de dólares. Entre las empresas que componen el consorcio está Odebrecht que junto a la sociedad Mendes Junior, responsable de la construcción del nuevo estadio de Salvador de Bahía, son dos de las firmas que mayores aportaciones realizaron a las campañas electorales de 2006 y 2010 de Aldo Rebelo, candidato del PCdB y actual ministro de Deportes. En concreto, juntas donaron unos 83.500 dólares a su candidatura, si bien los defensores del ministro señalan que en aquel momento las empresas – que también donaron dinero a otros candidatos – no podían saber su nombramiento en octubre de 2011. Un nombramiento, por cierto, provocado por la salida de su antecesor y compañero de partido, acosado por denuncias de corrupción. En cualquier caso, el pasado 27 de abril la policía dispersaba con gases a un grupo de manifestantes que denunciaba irregularidades en la concesión durante la inauguración del nuevo campo de fútbol. Solo unos días más después la Justicia iba más allá y anulaba la adjudicación, después de que una jueza carioca aceptaba el recurso de la Fiscalía en el que se planteaba “la presencia de ilegalidades que contaminan la licitación”.
De este modo, el deporte se transforma en motor de una burbuja especulativa que, en ocasiones, adquiere niveles ilógicos. La evolución del mercado inmobiliario en Rio es un buen reflejo de ello. La capital carioca experimentó entre 2010 y 2012 una encarecimiento del 116,6% en el precio de venta de las viviendas, revalorización que en el caso de los alquileres fue del 68,5%. En algunas zonas la subida de los precios ha sido todavía mayor, sobre todo en el área centro donde barrios como Cidade Nova e Estácio se revalorizaron desde 2008 hasta enero de 2013 por encime del 300%.
De nuevo, las obras del emblemático Maracanã resultan paradigmáticas. Entre 1999 y 2006, el gobierno de Rio de Janeiro invirtió unos 400 millones de reales (unos 153,9 millones de euros) en adaptar sus instalaciones a las exigencias de la FIFA. Solo cuatro años más tarde toda esa inversión acabaría en la basura al decidirse cerrar el campo y acometer las obras del Nuevo Maracanã por un valor mínimo de 808 millones de reales (unos 310,9 millones de euros). Los trabajos, además, también han implicado la demolición del Estadio de Atletismo Célio de Barros, una de las mejores pistas del país, o el parque acuático Julio Alamare que ahora, en el mejor de los casos, tendrán que ser reconstruidos en otro lugar.
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