Argentina. La reforma judicial y los trabajadores

por Carlos Marín

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El Poder Judicial en la Argentina -como poder del Estado- ha sido siempre el reaseguro del establishment económico y del poder político, cuando éste es la continuación de aquél.

Para esa garantía, la democracia era -es-, meramente, un detalle.

En 1930 la Corte Suprema de Justicia creó, con una acordada, lo que se denominó “La Doctrina de Facto”.

La Acordada del 10 de septiembre de 1930 establece la doctrina de los gobiernos de facto sobre las siguientes bases:

1. Que los gobiernos de facto se encuentran en posesión de las fuerzas militares y policiales y que las mismas son “necesarias para asegurar la paz y el orden de la nación”
2. Que un gobierno de facto debe tener “la posibilidad de realizar válidamente los actos necesarios para el cumplimiento de los fines perseguidos por él”
3. Que un golpe militar debe ser considerado como “vicio o deficiencia” en el nombramiento del gobierno que no puede afectar la protección del público y los individuos
4.El fundamento de fondo para reconocer a los “gobiernos de facto” es el que establecen las “razones de policía y necesidad”
5. Que los habitantes no pueden discutir el título de un gobierno impuesto por la fuerza, por razones de “orden y seguridad social”
6. Que el Poder Judicial puede dejar sin efecto ciertos actos de un gobierno de facto, una vez finalizado éste, en caso de graves ilegalidades constitucionales

Esta fue la piedra fundamental que institucionalizó y le dio basamentos jurídicos a los golpes de estado en la Argentina.

¿Cuándo se ha recurrido a este “mecanismo” jurídico, represivo y antidemocrático?

Cuando en cierta medida los sectores populares empezaban a generar derechos propios, que “rasguñaban” algunos de los intereses del poder económico.

Los golpes de estado siempre representaron la contradicción entre el poder económico y los sectores populares.

Los golpes de estado en la Argentina representaron la instauración de políticas liberales, por ende, representaron el más cruel de los despojos hacia la clase trabajadora en términos económicos, de derechos, de su dignidad y, en muchos casos, de la vida misma.

Y esto fue “legalizado” por un Poder Judicial que se ha perpetuado en el tiempo, producto de quienes son los que llegan a sus estamentos más altos.

Ese Poder Judicial “independiente” que, al jugar en favor de ese status quoeconómico, justificaba “jurídicamente” la exacción de derechos de los trabajadores, la intervención a los sindicatos, la restricción o, en algunos interregnos, la eliminación del derecho de huelga, las rebajas salariales, la justificación a ultranza de las tercerizaciones, la eliminación de los convenios colectivos de trabajo y la supresión de las comisiones gremiales internas.

Un Poder Judicial que, si bien en cierta medida se ha aggiornado, no tendría problemas en volver a la Doctrina de Facto si fuese “necesario”.

(Transcrevi trechos)

 

Publicado por

Talis Andrade

Jornalista, professor universitário, poeta (13 livros publicados)

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