Ley de Medios. Eu sou argentino!

por Altamiro Borges

“A mídia hegemônica não descansa e vive em permanente estado de guerra. Passadas as eleições municipais, em que ela apostou tudo no “show do mensalão” para evitar o desastre completo da oposição demotucana nas urnas, ela agora afia as suas armas para duas novas batalhas. Uma no front interno, com a tentativa de criminalizar o ex-presidente Lula. E outra no front externo, com a aproximação da data do fim do monopólio do Clarín na Argentina. A máfia midiática do planeta se une para derrotar a presidenta Cristina Kirchner.

Uma guerra aberta, frontal

No país vizinho, a situação já é de guerra aberta, frontal. Manifestações favoráveis e contrárias à “Ley de Medios”, que democratiza os meios de comunicação, são diárias e agitam até os estádios de futebol. A guerra também já está sendo travada nas emissoras de tevê. Os dois canais do Grupo Clarín – TN (Todo Notícia), no cabo, e El Trece, na TV aberta – promovem ataques raivosos ao governo. Jorge Lanata, âncora de um programa no El Trece, faz imitações grosseiras contra a presidenta Cristina Kirchner.

Já o governo responde através da TV Pública. Ele procura esclarecer que a Ley de Medios (…) visa garantir maior pluralidade e diversidade na radiodifusão. Aprovada em 2009, ela limita as licenças dos grupos midiáticos. Para o Clarín, que controla vários veículos desde a época da ditadura militar, ela será fatal. O império terá que se desfazer de várias emissoras de rádio e tevê. O seu espaço será ocupado por canais comunitários. O governo abrirá concurso para definir os futuros donos.”

Contra la “justicia cautelar”

“Es impresionante cómo algunos jueces utilizan su poder para favorecer corporaciones: no les alcanzó con favorecer a Clarín que ahora favorecen a la Sociedad Rural”, afirmó el vicepresidente Amado Boudou. “Son jueces que están comprometidos con los poderosos y con el pasado de la Argentina”, consideró. A su vez, estimó que “hay un gran sector del Poder Judicial que está marcando su disconformismo”.

“Tomaron una decisión contraria a los intereses del pueblo y de la Patria, como es la de otorgarle la cautelar a la Sociedad Rural”, opinó el titular de la Afsca, Martín Sabbatella, quien estimó que la Cámara “es un tribunal muy afín a darles protección a sectores poderosos”. “No me sorprende visto los antecedentes que tiene esta Cámara con la ley de medios”, se sumó el diputado Carlos Heller. “Nos preocupa que las cautelares sean un mecanismo para frenar la aplicación de una ley como la de medios, y en este caso, una decisión a todas luces legítima de la Presidenta”, consideró el senador Daniel Filmus.

Una cautelar a medida de la Sociedad Rural

La Cámara Nacional de Apelación en lo Civil y Comercial volvió a fallar en contra del Estado. Sobre el final del día, habilitó la feria judicial y le concedió a la Sociedad Rural una medida cautelar que frenó la recuperación del predio ferial de Palermo por parte del Estado nacional.

La decisión adoptada por la Cámara fue decidida “ante el riesgo inminente” del desalojo fijado por el Poder Ejecutivo, en función de la anulación de la venta del predio. Hay que destacar que los jueces que intervinieron son los mismos que ya le concedieron al Grupo Clarín una medida cautelar. Al igual que De las Carreras, Guarinoni fue recusado por el Gobierno por haber aceptado un viaje a Miami, auspiciado por el Grupo Clarín. Incluso, la Sala II –que tuvo la cautelar de la SRA antes de la feria– es la misma que unificó dos causas diferentes del Grupo Clarín, una iniciada por la empresa Supercanal y una mucho más antigua vinculada con la fusión de Multicanal y Cablevisión. Esta movida, que terminó beneficiando al holding empresario, fue firmada por Guarinoni y Santiago Kiernan, otro juez recusado por haber viajado a Miami y que optó por renunciar a su cargo.

A través del decreto 2699/91, el gobierno de Carlos Menem entregó el predio conocido como La Rural por 30 millones de dólares, un valor que estuvo por debajo del 50 por ciento del precio real en ese momento (precio vil). La cámara patronal había acordado un pago de 10 millones de dólares en efectivo y luego una financiación a 10 años, donde pagaría dos millones de dólares por año. En 2001, luego de la crisis económica tras la caída del gobierno de la Alianza, la SRA dejó de pagar.