Argentina contra a justiça PPV

No Brasil impera a justiça PPV.  Até quando?

Basta de justiça absolutista e “divina”!

página 12

Por Emilio Ruchansky

En medio de la conmoción por el fallo que absolvió en Tucumán a los acusados del caso Marita Verón, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner convocó a sesiones extraordinarias del Congreso con el fin de aprobar las reformas a la ley de trata, que ya tienen media sanción del Senado. Las sesiones se extenderán entre el 18 y el 31 de diciembre y los bloques de la oposición dieron el visto bueno para que el próximo miércoles se trate la reforma en la Cámara de Diputados. El proyecto deja en claro que puede haber condena aunque las víctimas no se declaren como tales y plantea elevar las penas para que sean de cumplimiento efectivo. Además, refuerza la asistencia integral para las víctimas. Ayer, distintos organismos de derechos humanos se pronunciaron en contra de la sentencia. La onda expansiva de las críticas obligó a la renuncia del ministro de Seguridad tucumano, Mario López Herrera.

La ley 26.364, sancionada en 2008 por impulso del oficialismo, había impuesto mecanismos de protección para las víctimas de esclavitud sexual o laboral, como el derecho a recibir alojamiento, manutención y contar con asistencia psicológica, médica y jurídica gratuitas. También estableció que su testimonio se tome “en condiciones especiales de protección y cuidado” y tipificó la trata como la captación, traslado y acogida de personas con fines de explotación, “cuando mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad”.

Justamente, la norma fue una derivación del caso Marita Verón, desaparecida en el año 2002. En el juicio que acaba de terminar en las absoluciones no se aplicó porque se trataba de una ley sancionada después de los hechos que se juzgaban.

En el punto que más discusión provocó, la norma establece que una mujer adulta considerada víctima de trata puede alegar que en realidad había prestado su consentimiento para ejercer la prostitución en ese contexto. En el caso de menores de edad, esa posibilidad no existe.
A partir de esta ley, se creó una Oficina de Rescate para damnificados por la trata y se avanzó en el cambio de paradigma en los operadores judiciales, quienes descreían (y descreen aún) del relato de las víctimas, exponiéndolas peligrosamente en la instrucción y en los juicios orales. Pero esto no fue suficiente. “El consentimiento no impide condenar porque basta con que haya abuso de una situación de vulnerabilidad y se aplique esta ley y el protocolo de Palermo. Pero no todos lo jueces interpretan la norma de esta manera”, explicó Daniel Adler, fiscal general de Mar del Plata, distrito record, con siete sentencias condenatorias por trata.

Por este motivo, la modificación aprobada en el Senado el 31 de agosto de 2011 aclara: “El consentimiento dado por la víctima de la trata y explotación de personas no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa de los autores, partícipes, cooperadores o instigadores”. Otro punto de la propuesta que será analizada el martes en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Minoridad y Familia y Presupuesto es la elevación de penas. Establece penas mínimas de cuatro años por proxenetismo y promoción de la prostitución, cuando la ley actual impone tres.

Este último punto hace que el castigo sea de cumplimiento efectivo. Además se instala una serie de agravantes en caso de que para someter a la víctima se emplee violencia, amenazas o cualquier otro medio de intimidación o coerción o cuando el autor “fuera familiar, cónyuge, autoridad o ministro de cualquier culto, o encargado de la educación o de la guarda de la víctima o funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad”. Si alguien es detenido en plena captación, traslado o acogimiento de la víctima, puede recibir penas de 4 a 8 años, si se demuestra que existió explotación, el castigo sería de 8 a 12 años.

En el caso de que la persona damnificada sea menor de edad, la propuesta penal oscila entre los 10 a 15 años. Además se permiten las denuncias anónimas y se preserva la identidad si la persona da su nombre “inclusive para fuerzas de seguridad que intervengan”. La reforma también plantea un “sistema sincronizado de denuncias” en el ámbito del Ministerio Público Fiscal. “El decomiso de los bienes usados para esos delitos conformará un fondo especial de asistencia a las víctimas”, señaló la diputada oficialista Diana Conti.

Fotoxmaritaveron
“¿De qué inocencia me hablan?”

por Eva Giberti

(…) cómo sancionar al rufián, a los proxenetas en general. En materia punitiva no se podía pasar por encima del Código Penal (hoy en día sabemos que no sólo se puede corregir un código, también se puede escribir otro), y también los derechos y garantías de los proxenetas están avalados constitucionalmente como los de cualquier ciudadano.

Entonces la cuestión era: “Cuidado con victimizar a los rufianes si se los dejaba a merced de las declaraciones de las víctimas, que podían intentar incriminarlos faltando a la verdad”. Para quienes no somos abogados, estos argumentos –que reconocíamos como legalmente válidos porque los defendían quienes habían estudiado Derecho– desbordaban la experiencia y la lógica doméstica. Pensábamos que los proxenetas no correrían riesgo alguno por calumnias procedentes de las víctimas. La sentencia de absolución en la historia de Marita Verón acaba de rubricar la lógica de lo posible: las víctimas mienten, calumnian y los acusados son inocentes. Era algo de lo que se temía cuando discutíamos el proyecto de ley. Acabamos de presenciar que sucedió lo anticipado por algunas de las personas con las que nos reuníamos: hay que proteger los derechos y garantías de los que son injustamente acusados por víctimas que no son creíbles porque son prostitutas. En realidad no era exactamente ése el argumento en aquella época, pero correspondía cuidar los derechos de los acusados.

Por otro lado, opuesto, exponíamos la lógica de los derechos humanos: la víctima es la víctima, cualquiera sea su edad y su situación inicial ha sido victimizada en situación de esclavitud y, desde allí, sus declaraciones que incriminen a los rufianes pueden considerarse válidas.

Publicado por

Talis Andrade

Jornalista, professor universitário, poeta (13 livros publicados)

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