por Juan Carlos Escudier
La regresión, debería decir José Ignacio Wert, va por buen camino. Cangrejeamos sin desmayo en el Código Penal, donde la cadena perpetua pronto volverá a ser algo tan real como los abortos en Londres, los inmigrantes a Alemania, las cerilleras en las puertas de Eurovegas, la reválida, la misa de doce, el señorito, los obreros y las vajillas de Duralex.
Lo sucedido este martes a las puertas del Congreso debiera hacer recapacitar al Gobierno sobre la conveniencia de recuperar la ley de Orden Público de 1867, hija de González Bravo, ministro de Narváez, por la que podía prohibirse toda manifestación pública que ofendiera “a la religión, a la moral, a la monarquía, a la Constitución, a la dinastía reinante, a los cuerpos colegisladores y al respeto debido a las leyes”. Con ese punto de apoyo, una delegada del Gobierno como Cristina Cifuentes movería el mundo.
Hay que acabar con esos molestos derechos de reunión, asociación, manifestación y huelga, que tanto mal hacen a la mente de las nuevas generaciones y a las de las antiguas. Clausuremos esa factoría de antisistemas, que han llegado a creerse que pueden protestar impunemente cuando el Gobierno legítimo, en el ejercicio de sus funciones, les toca la cartera, el trabajo, la sanidad, la educación y la dignidad.
¿Y ESTAS SON EL TIPO DE FOTOS QUE NO PODREMOS GRABAR?
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