ARAUTA KING
La Delegada del Gobierno en Madrid, la ultraconservadora Cristina Cifuentes ha afirmado que “las movilizaciones son una cuestión puntual que viene dada por el momento político y propiciado porque hay grupos que tratan de conseguir en la calle lo que no han conseguido en las urnas”.
Cifuentes ha pedido ”modular” el derecho de reunión porque la ley orgánica que lo regula tiene “muchos años, es de 1983, y habría que actualizarla”, para tener “un cierto margen”, que permita “quizás modificar las horas, cambiar determinados lugares”, para compatibilizar los derechos de los ciudadanos.
Para Cifuentes, “la ley es muy permisiva y muy amplia con respecto al derecho de manifestación”, y cuando desde la Delegación “han intentado modular, cambiar itinerarios, para no congestionar determinadas zonas, o cambiando de día”, el TSJM ha fallado en contra de la Delegación del Gobierno”, algo que “hace sistemáticamente”.
LA VOZ DE LAS CALLES
Entrevista a @AnitaBotwin, activista y participante activa de las movilizaciones del 15M y en la Coordinadora 25S.
Ana, ¿qué está pasando en España?
Nos encontramos en una escalada de represión por parte del poder en las calles, unido al deterioro del Estado de Bienestar y al creciente totalitarismo por parte de un Gobierno que ya sólo mira hacia la “mayoría silenciosa”.
Durante unos años primó la resignación y la indignación de sofá, pero finalmente se produjo el estallido y la gente empezó a tomar la calle, una y otra vez, cada vez con más contundencia y con los objetivos más claros.
Ahora ya no sólo se trata de exigir al Gobierno que paralice la deuda, que frene los recortes y que escuche al pueblo, si no que la gente ha decidido tomar las riendas de su futuro, ha decidido desobedecer y hackear el sistema.
UN JUEZ DE LA GENTE
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha la legitimidad de defender “opiniones subjetivas” como las del 25S, ”máxime ante la convenida decadencia de la denominada clase política”.
En el auto en el que archiva las diligencias abiertas contra los organizadores de la manifestación, el magistrado recuerda que la libertad de expresión ampara este tipo de manifestaciones y recuerda que exigir un proceso de destitución y ruptura del régimen vigente mediante la dimisión del Gobierno en pleno en modo alguno puede ser un delito.
“No sólo porque no existe sino porque en caso de sí existiera atentaría claramente al derecho fundamental de la libertad de expresión”, dice el juez. La decisión del magistrado ha supuesto la inmediata puesta en libertad de los acusados, que llegaron poco antes de las 10.30 de la mañana a la sede de la Audiencia Nacional en la calle Prim de Madrid y han permanecido con el magistrado menos de una hora.
El magistrado especifica en su auto que la sesión del Congreso en la jornada del 25 comenzó pasadas las cuatro de la tarde y se prolongó hasta las 22.50. “Es notorio, vista el acta de la sesión, que el elemento consecuecional de este tipo penal no se cumple pues no hubo alteración alguna: la ‘larga’ sesión se desarrolló normalmente”.
Pedraz asegura, además, que decidió abrir las presentes diligencias en base a la “gravedad” de los indicios que le expuso la UDEF, que aseguraba que el objetivo de la convocatoria era “ocupar una de las instituciones públicas más importantes del Estado”.
Precisa que este delito al que apuntaba no Policía, “no pudo ser cometido” por los imputados ya que la convocatoria de la marcha instaba a “rodear” la sede parlamentaria, y por tanto, no decía “ni siquiera algo parecido, teniendo en cuenta que invadir consiste en entrar violentamente en un lugar, que no pueden ser las calles aledañas”.
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