LA COMPLICIDAD DE LOS JUECES EN LAS APROPIACIONES

Una tarea pendiente

Durante las audiencias del juicio se puso en evidencia que funcionarios judiciales que podrían haber evitado algunas apropiaciones de niños no lo hicieron. Los casos.
Por Irina Hauser

Cuando los juicios orales son largos puede pasar que la riqueza de los testimonios se desdibuje en el camino. En este juicio que termina después de un año y medio, el valor de esas historias quedó condensado en condenas que reconocen, por fin, que la apropiación de hijos de desaparecidos fue fruto de un plan sistemático pergeñado por la cúpula militar. Pero esos relatos, lejos de quedar diluidos, dejaron una importante ventana entreabierta: la que muestra que hubo un estamento de poder, el de los jueces, que tenía la posibilidad de cortar por lo menos una parte del sistema de apropiaciones y, sin embargo, no lo hizo y en ocasiones lo apañó. Si bien en las audiencias del Tribunal Oral Federal 6 (TOC6) la mayoría de los casos juzgados fueron entregas directas de niños con partidas de nacimiento falsas, quedó evidencia la existencia de otros mecanismos que intentaban dar aspecto de legalidad a las apropiaciones. Los jueces que dieron en guarda a chicos nacidos en cautiverio o arrancados a sus padres fueron mencionados por múltiples voces, desde la de una asistente social hasta la de Estela de Carlotto y la de algunos nietos recuperados. Ahora quedará a prueba la voluntad del Poder Judicial de investigarse a sí mismo.

(Transcrevi trechos)

“Una práctica sistemática y generalizada”

Y el día llegó. La Justicia dio por probado que la existencia de una “práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad” en “el marco de un plan general de aniquilación que desplegó sobre parte de la población civil, con el argumento de combatir la subversión implementando métodos del terrorismo de Estado durante los años 1976 a 1983 de la última dictadura militar”. Esa definición, pendiente desde el Juicio a las Juntas de Comandantes que no lo había dado por probado, reclamada durante más de 36 años por las Abuelas de Plaza de Mayo y por los nietos identificados, la dijo ayer la presidenta del Tribunal Oral Federal 6, María del Carmen Roqueta, en la sentencia del juicio por el robo de bebés. El dictador Jorge Rafael Videla recibió la pena histórica de 50 años de prisión, que se da por primera vez, por haber organizado esa práctica. El tribunal condenó además a otros ocho represores, entre ellos a Reynaldo Bignone, Santiago Riveros y los marinos Antonio Vañek y Jorge “El Tigre” Acosta. Los jueces imputaron a los acusados por los casos de los niños que aún están desaparecidos, es decir, dieron por probados sus secuestros y entendieron que el delito continúa. También impulsaron una investigación sobre el emblemático vicario castrense Emilio Graselli y dispusieron la rectificación de las partidas de nacimiento. “Es un día memorable para la Argentina y para todo el mundo civilizado que sabe que en un país donde no hay justicia, no puede haber democracia. Y acá la estamos haciendo entre todos”, señaló Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

(Transcrevi trechos)

Publicado por

Talis Andrade

Jornalista, professor universitário, poeta (13 livros publicados)

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