El debate sobre dónde hacer justicia
El Programa Verdad y Justicia propuso juzgar a los represores en el lugar donde cometieron sus crímenes. Para algunas víctimas del terrorismo de Estado, tendría fuerte impacto simbólico. Para otras, sería “perverso”. Una delegación de jueces ya visitó el predio.
Por Irina Hauser
El predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), que actualmente es un espacio de promoción de los derechos humanos, recibió el miércoles pasado una visita peculiar. Una delegación integrada por jueces, miembros del Consejo de la Magistratura y del Ministerio de Justicia, llegó cerca de media mañana con un objetivo impactante: evaluar si alguno de los edificios del predio es apto para hacer allí el próximo juicio por los crímenes cometidos en ese mismo lugar, donde funcionó el mayor centro de extermino de la última dictadura. El proyecto, que está en etapa de análisis y discusión, genera reacciones diversas entre las víctimas querellantes. Están los que piensan que sentar a los represores en el banquillo en el escenario de sus propias aberraciones sería de un fuerte simbolismo frente a la sociedad; pero también hay sobrevivientes y familiares de desaparecidos que ven un sufrimiento adicional en tener que revivir los hechos en el lugar donde ocurrieron.
Beinusz Szmukler, del Programa Verdad y Justicia, enumeró a Página/12 tres razones por las que propuso la ex ESMA como lugar para el gran juicio: “Cuando se planteó que podría tener por lo menos 60 imputados y más de 700 testigos, se hizo evidente que el Poder Judicial no tiene un lugar adecuado para un proceso de esa magnitud. Además, la mayor aspiración de todo tribunal es la de tener la máxima proximidad posible con el lugar de los hechos. Y por último, hacer las audiencias allí tendría una fuerte carga simbólica no sólo importante para el movimiento de derechos humanos sino para toda la sociedad, ya que se juzgaría a los imputados de los crímenes más horrendos de la historia argentina en el mismo lugar que los cometieron”. El Programa Verdad y Justicia, explicó Szmukler, tiene entre sus metas la de “colaborar para acelerar el trámite de los juicios por crímenes de lesa humanidad y resolver necesidades de los tribunales, además de dar protección a testigos, querellantes y funcionarios judiciales”. También aclaró que “aún está pendiente debatir el tema con los organismos de derechos humanos”. “Seguro que habrá resistencias, tanto de los testigos, que pueden sentirse mal de volver a ese lugar, como del Poder Judicial”, dijo.
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