Los delitos contra la humanidad, ni prescriben, ni son amnistiables

por Virginia Díaz

Cartaz de propaganda do franquismo
Cartaz de propaganda do franquismo. Viva Itália de Mussolini. Viva Alemanha de Hitler. Viva Portugal de Salazar

… una cuestión de fondo de trascendencia mucho más profunda para la sociedad en su conjunto y que afecta a la esencia de la defensa de los derechos humanos entendidos como bienes protegidos universalmente.

… el Tribunal Supremo aborda las cuestiones relativas a la calificación penal de los crímenes del franquismo, a la competencia de los tribunales españoles y a la vigencia y aplicación en el momento de la comisión de los hechos de los Convenios y Pactos de Derecho Internacional y a la Ley de Amnistía.

… seguimos afirmando que nos encontramos ante la comisión de los delitos más graves que pueden ser cometidos contra  hombres y mujeres, y que éstos gozan de la mayor protección por parte de la comunidad internacional y ello, por si solo, obliga a los países democráticos a intervenir, garantizando la investigación de los hechos, la persecución de los responsables y el resarcimiento a las víctimas.
            Así, la propia sentencia recoge, a pinceladas, la doctrina opuesta a la aplicada por el Alto Tribunal relativa a la fuerza expansiva de los derechos humanos que hace posible la condena por delitos contra la humanidad,  desde cualquier país y por cualquier tribunal, con independencia de donde se hayan cometido los terribles crímenes, precisamente, por el carácter universal que tiene la protección de estos derechos. Ello es lo que lleva a que los tribunales españoles hayan conocido, perseguido y condenado a los autores de crímenes contra la humanidad cometidos por los militares y todos los miembros de la cadena de mando en Argentina, durante la dictadura que asoló ese país. Difícil de entender para las víctimas y los defensores de derechos humanos que en esos casos si son competentes los tribunales españoles, y no lo son para conocer de los crímenes cometidos en nuestro país desde el golpe militar de 18 de julio de 1936, hasta años después de la muerte del Dictador Franco. Los problemas jurídicos planteados son muy parecidos, prácticamente idénticos.
            Desde esta premisa, lo que nosotros hemos mantenido es que existen pruebas evidentes de que en España, tras el golpe militar, ilegal y anticonstitucional, se produjo una guerra civil prolongada durante casi 3 años y una feroz dictadura que reprimió durante 40 años – y algunos más tras la muerte de Franco-, a la población civil mediante asesinatos, torturas, desapariciones…, con el fin de acabar físicamente con una parte de la población: aquella que era contraria a los objetivos pretendidos por los golpistas y criminales.
            Ello despeja las cuestiones de prescripción y amnistía, pues los delitos contra la humanidad, ni prescriben, ni son amnistiables. Y ello lleva también a la aplicación del Derecho Internacional -incluido el derecho consuetudinario internacional  (cláusula Martens y principios de Nuremberg)- con lo que el hecho de que los delitos se hayan cometido con anterioridad a la aprobación de la Declaración de Derechos Humanos y de los Convenios y Tratados que la desarrollan, no es impedimento para su aplicación. Recordemos -como hace la sentencia- que el art. 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (ratificado por España en 1977) establece, tras asegurar el principio de irretroactividad de las leyes, que: “el presente artículo no impedirá el juicio o la condena de una persona culpable de una acción o de una omisión que en el momento de su comisión, constituía delito según los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas”. 
Esos principios generales son los que se aplicaron en Nuremberg para condenar a todos los nazis responsables de los crímenes (sin que se pudiera alegar la inexistencia de norma positiva cuando se cometieron los hechos, ni el principio de obediencia debida a los mandos, estableciendo toda la responsabilidad criminal de todos los intervinientes en la cadena de mando); y lo que ha producido, también, que se dicte en nuestro país una sentencia condenatoria contra el capitán de marina argentina Scilingo, aunque  cuando la comisión de los hechos por él perpetrados no existía el do delito de lesa humanidad. Por eso se le condena por los crímenes cometidos dentro del contexto de delitos contra la humanidad porque, de otra manera, hubiera sido imposible su condena y el Tribunal Supremo consideraba que la gravedad de dichos delitos no podía quedarse sin sanción penal por esta razón. Y esa condena, y esos argumentos, los utiliza el mismo Tribunal Supremo de nuestro país  pero ahora en sentido contrario, alegando la inexistencia de delitos que puedan ser encajados dentro del contexto de delitos contra la humanidad y llevándolo al terreno de delitos “comunes” que como tales, han prescrito y, además, en ningún caso. podría existir condena al no existir tipificación del delito en la época en que se cometieron (vulneración del principio de legalidad). Es decir, para nuestro Alto Tribunal, los asesinatos, secuestros, torturas, desapariciones…, perpetrados durante la dictadura franquista desde el golpe militar de 18 de julio de 1936, no son delitos de lesa humanidad, pero si se cometen en Argentina, si lo son.
La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su resolución de 21 de abril de 2005, establece que no se puede conceder amnistía a quienes hayan cometido violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario que constituyan delito.
Por lo tanto, las víctimas, las asociaciones de derechos humanos y  los organismos internacionales de derechos humanos, no acuden a los tribunales sólo en busca de la verdad, acudimos a ellos porque sólo en sede judicial y sólo a través de la intervención de los tribunales y de la aplicación de las leyes penales en materia de derechos humanos, podemos llegar al resarcimiento de las víctimas, a levantar el manto de la impunidad y a conseguir los tres objetivos que cualquier país civilizado debe anteponer para completar su sistema democrático de valores y derechos: la justicia, la verdad y la reparación. Esta sentencia es un nuevo retroceso en el avance y consecución de la defensa de los derechos humanos.”
(Transcrevi trechos)

Publicado por

Talis Andrade

Jornalista, professor universitário, poeta (13 livros publicados)

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